edición: 2388 , Viernes, 19 enero 2018
Oro para el Tesoro

La prima de riesgo alimenta y refuerza los planes electorales del Gobierno

logo En clave política, el diferencial de la deuda -con la ayuda alemana- certifica el adiós a la crisis y consolida la recuperación

Juan José González
La percepción de los inversores sobre la situación española actual, parece estar en la base de la apreciación del riesgo de la deuda, sentimiento que expresa ese menor diferencial respecto al bono alemán, de 89 puntos básicos, que registra la prima de riesgo española. No es el único motivo que justifica la excepcional marca, pues habría que considerar que la crisis política alemana, con un avance del bono a diez años, ha colaborado en el estrechamiento del diferencial. Es, en todo caso, una buena noticia (un brote verde en jerga de otros tiempos) que refuerza la credibilidad de la deuda española y un voto de confianza en la estabilidad política, un tanto comprometida en los últimos meses, aunque aún sin despejar totalmente. El indicador financiero, sobreprecio que debe pagar una economía para financiarse, ha servido en el pasado como un arma de artillería para hostigar al Gobierno, cuando hace seis años se trabajaba a destajo para evitar el colapso económico, con una prima de riesgo en 650 puntos y un bono a diez años en el 7,7%. En sentido contrario, con la prima de riesgo en 93 puntos, con previsiones económicas que superan la media de la Unión Europea, con una cuentas públicas que ya comienzan a discurrir por los parámetros que marca la ortodoxia de Bruselas y, finalmente, con una situación política que todo indica se dirige hacia una mayor estabilidad, la prima de riesgo debería situarse antes del verano en el entorno de los 60 puntos básicos. Un escenario donde los responsables del Tesoro deberán mostrar habilidad y talento para reducir los costes de financiación, antes de que el BCE cambie su política monetaria y el Gobierno entre en campaña electoral.
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La ESMA somete a consulta pública restricciones a los contratos por la diferencia para minoristas

logo Entre los activos cuestionados como subyacentes están las criptomonedas por su volatilidad excesiva

Carlos Schwartz
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha sometido a consulta las restricciones que piensa aplicar a los contratos por la diferencia (CFD por sus siglas en inglés) para su comercialización entre inversores individuales a los que considera muy expuestos a estos productos complejos. El organismo define a los CFD como “derivados distintos de las opciones, futuros, swaps, o contratos sobre tipos de interés futuros cuyo propósito es dar a su titular una exposición larga o corta a las fluctuaciones en el precio, nivel o valor de un elemento subyacente con independencia de que sea negociado en una plataforma de negociación, que tiene que ser liquidado en dinero o puede ser liquidado en dinero a la opción de una de las partes salvo buen fin”. De acuerdo con la Autoridad una serie de elementos han centrado la atención de los reguladores en el último tiempo sobre estos instrumentos: los inversores minoristas han quedado expuestos a un significativo riesgo de pérdida tanto en las transacciones como en comisiones que se ve magnificado por su apalancamiento. La complejidad de estos productos y la falta de información transparente en sus puntos de venta limitan la posibilidad para los inversores minoristas de entender los riesgos que entrañan estos productos.
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Toque de Tentenublo

La CNMV, entre fuego cruzado

Por si no fuera suficiente con el contencioso político que hoy día jalona la vida española, representado en ese pulso político-jurídico entre el Estado y una de sus Autonomías, los ministros `trepas´ del Ejecutivo (De la Serna y Nadal) han descubierto en la compra-disputa de Abertis una colosal mina de proyección y gloria personal para ambos interesados. La excusa montada por el dúo `trepa´ consiste en defender la "españolidad" de la pretendida Abertis. Ese carácter patrio, hoy día regional y paleto, que se quiere preservar a costa de lo que sea.

Por la joya de la empresa compiten dos empresas, ACS y Atlantia. Competición que puede llevar al choque según resulte la intervención de las autoridades españolas. Costosa será, sea cual sea la vía elegida -o sentenciada-. Costosa porque la barrera española a Atlantia provocaría un incidente empresarial que dañaría las relaciones hispanoitalianas. Gravoso ya está siendo porque la disputa por la española está subiendo el valor de la compañía y, por tanto, su precio, que alguno de los dos acabará pagando. Sería este el contencioso internacional.

No es precisamente menor otro aspecto: el papel del supervisor; la CNMV, en este caso, intermediador de deseos y posturas de los interesados inversores. Papel que consiste en dilucidar si la Opa de la italiana sobre Abertis procede o no procede. Y según parece, procede. Proceder que no coincide con el gusto ni deseo de las autoridades, del Gobierno español. De ahí que los `trepas´ se hayan alzado en escuderos de la causa nacional sin mayores reparos. Luego, aquí está montado otro contencioso más; el institucional.

Como enseñanza, cabría concluir que para vender o comprar una empresa en España hay que contar con la resistencia y fuerte oposición de las autoridades, al parecer, celosas de un tiempo a esta parte de lo suyo y empuñando la bandera (más bien el trabuco) de los intereses estratégicos nacionales. Autoridades que están dispuestas a enviar a dos ministros al frente para evitar que el enemigo se cobre la pieza. Les da igual, incluso si tienen que  pasarse la independencia del supervisor por el forro.

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