edición: 3003 , Lunes, 6 julio 2020

Competencia de Reino Unido quiere ser el único regulador que dictamine sobre la fusión O2 Virgin Media

logo La CMA comunicó a Bruselas que reclama ese derecho porque el único mercado afectado es el británico

Carlos Schwartz
La Autoridad de los Mercados y la Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) notificó formalmente a Bruselas que quiere ser el único regulador que entienda en la solicitud de fusión entre O2 y Virgin Media. La primera, una filial de Telefónica, y la segunda filial de la estadounidense Liberty Global, se han embarcado en un proceso de fusión valorado en 31.000 millones de libras. Para la CMA, de lo que se trata es que el único mercado afectado es el de Reino Unido y por otro lado la materialización de la fusión se va a concretar tras la salida del país de la Unión Europea (UE). La posición reclamando la exclusividad de la valoración del proceso y su correspondiente autorización contraviene el hecho cierto de que en el acuerdo transitorio entre Reino Unido y Bruselas se establece que corresponde a la UE dictaminar sobre procesos que afectan a la competencia aun cuando la resolución se dicte cuando RU ya no forme parte de la UE. En el derecho de la UE cualquier estado miembro tiene derecho a solicitar la exclusividad en materia de decisión administrativa de un proceso de concentración que afecte solo al mercado interno de ese país. Pero se da el caso que la cifra de esta concentración excede la dimensión que supone un solo mercado y da a Bruselas el derecho a reclamar para sí el estudio en profundidad de esta fusión.
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Un problema de casi 200.000 millones de euros

El Gobierno descarta condonar deudas a las Autonomías y ofrece más fondos a bajo coste

Juan José González
Se mantiene el secreto sobre la solución que aplicará a las deudas autonómicas, pero se sabe que el Ejecutivo solicitará más compromiso y seriedad a los deudores en el cumplimiento de los plazos. Las Comunidades autónomas más endeudadas; un grupo formado por la catalana (78.500 millones), la Valenciana (46.000 millones), Andalucía (34.300 millones) y Madrid (33.100 millones) recibirán en breve el planteamiento actual del Gobierno respecto al tratamiento futuro que piensa aplicar en materia de deuda. Se trata de una nueva postura del Ejecutivo que responde a la "nueva normalidad" que no es otra sino la situación real de la economía tras la primer golpe de la pandemia. La normalidad nueva aporta más deudas a las ya arrastradas de antaño y se suman así a una nueva situación que obliga a hacer un ajuste en la financiación autonómica, en particular, la parte de la que es responsable directo, o primer responsable, el Estado central. Se conoce la primera medida al respecto sobre la deuda autonómica hace dos meses cuando el Gobierno anunció a las Autonomías la creación de un fondo no reembolsable por valor de 16.000 millones de euros. La medida fue adoptada con carácter de urgencia dado que se trataba de financiar una serie de nuevos costes, extraordinarios, generados como consecuencia de la pandemia, en concreto en el ámbito de la sanidad. No hay que recordar que la decisión creó un escenario no previsto por el Ejecutivo central de confrontación, dado que los recursos, además de escasos, contemplaba un criterio de distribución con el que algunas Autonomías no estaban de acuerdo, o simplemente, se trataba de negar, en primera instancia, los criterios de distribución del citado fondo no reembolsable.
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Toque de Tentenublo

La doble vara de la JUR

De un tiempo a esta parte, nada es lo que parece en el proceloso mundo de los problemas bancarios. Varias entidades italianas se enfrentaron hace poco más de un año a situaciones complejas que amenazaban con su desaparición del mapa financiero local, y europeo. El Gobierno del país no tardó en pronunciarse al respecto: habrá fondos y medidas de flexibilidad interior (en el mercado local) para evitar desenlaces traumáticos para los accionistas de las entidades en problemas y, por supuesto, para el sistema financiero nacional.

La sangre no suele llegar al río en Italia cuando la decisión de salvar un banco o una empresa depende de una decisión del Gobierno. Funcionó el nacionalismo protector subestimando las reglas europeas sobre resoluciones bancarias. En España cuenta el sector bancario con una experiencia non grata: la del Banco Popular. Se acercaba el final de este, la quiebra del banco, cuando un organismo europeo bancario aplicó, expeditivo, unas reglas de resolución nuevas, desconocidas en la práctica y con las que se estrenaba la metodología legal de una resolución bancaria. No hubo clemencia.

La historia se repite en el sector financiero, en Europa, con el mismo órgano de resolución bancaria (la JUR) como protagonista, aunque la aplicación en esta ocasión será novedosa por cuanto no intervendrá en el asunto de Wirecard -entidad alemana, intermediadora en el mercado financiero de pagos online de las casas de apuestas y cotizada en el mercado del país-. Un asunto tan desagradable como la desaparición de cerca de 2.000 millones de euros, al parecer, sin explicación convincente del CEO responsable, ha obligado a las autoridades del país a tomar cartas en el asunto porque el agujero del banco es escandaloso.

Un asunto, un escándalo, un banco online -como otro cualquiera offline- sujeto a la normativa común del sector en Europa y, por tanto, materia de intervención de la JUR. Se trata -o trataba- de un caso de resolución bancaria de libro, aún más evidente que los casos de los colegas bancarios italianos y del otro desgraciado colega, el  español Popular. Pero no, el responsable europeo de las resoluciones cedió, mediante el `silencio administrativo´, en favor del Gobierno germano, que para eso Wirecard es alemán. Curiosa forma de resolver los problemas de casa en casa, al menos los que así convenga, y sin duda, una doble vara de medir aplicada por las autoridades y consentida por los reguladores. Europa no es esto. Pero esto es Europa.

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