Ana Zarzuela.- Cruzan los dedos para llegar a tiempo y alargan los tentáculos del lobby hispano-estadounidense. Zapatero y Sinde no esperan que la regulación de la LES y la Comisión de Propiedad Intelectual sean efectivas antes de junio. Pero quieren ya hacer visible a los ojos de Obama el ‘monstruo legal’ que Cultura y Presidencia han tejido para luchar contra las ‘descargas ilegales’ y el intercambio de archivos ‘protegidos’ en la red. Al menos, lo justo para que les sirva de ‘llave’ para zafarse del título de ‘paraíso’ del “pirateo digital mundial” del 'Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EEUU' y escapar de la ‘lista 301’ -el grupo sospechoso bajo vigilancia- del Gobierno americano. España acaba de cumplir casi un año en la lista negra estadounidense sobre la ‘piratería’ -el Informe 301- elaborado a cuatro manos por la Oficina de Comercio y por la Oficina de Presidencia de EEUU. Le advirtieron, en su última revisión, que durante todo 2009 no saldría de la lupa de sus sospechas. En 2010 puede ser otra cosa. Ya la Oficina estadounidense de Comercio Internacional ha comenzado su evaluación anual de la protección de la Propiedad Intelectual en 77 países y si cumple sus calendarios, tendrá que hacerla pública antes de marzo. La maquinaria de Moncloa trabaja con el nuevo embajador en Madrid para que la Casa Blanca y el Congreso dejen de considerar a España la segunda red más insegura del mundo, la plataforma del P2P ‘ilegal’ en la UE y uno de los cinco ‘paraísos’ piratas de internet. Ha seguido la bitácora de Obama y de la Industria norteamericana. Y se pasa de largo, para que no queden dudas.

Pero las promesas de Sinde de perseguir por la vía express y con los galones prestados de la Audiencia Nacional a 200 webs con los apellidos ya marcados llueven sobre las aguas de la ‘cibersospecha’ que la Casa Blanca no le quita de encima al mercado español. No habrá contraparte nacional para el ‘ciberzar’ de Obama; Zapatero prometió llegar a la presidencia de la UE con el Plan Nacional de seguridad en internet a punto y estrenarlo en febrero en la Conferencia Mundial de ‘Confianza y Seguridad en la Red’ de León. No será por ahora. Las amenazas informáticas para 2010 preocupan a Washington: sigue viendo en España a uno de los diez países con más spam y record en virus y la puerta de algunas vulnerabilidades para ciberataques globales a través de la UE.

Esta vez, el Gobierno no quiere que siga por otro año la misma inercia que llevó a España a perpetuarse bajo las sospechas de la Administración cuando George W. Bush le dejó el despacho oval a Barack Obama. Le hacen ya ‘ojitos’ a Juan Verde. Saben que por las manos del recién estrenado secretario de Estado para las relaciones comerciales de EEUU y Europa del Departamento de Comercio de la Administración Obama pasará, entre otros, el dossier de la industria de contenidos española. En el ministerio de Miguel Sebastián intentan hacer valer la buena sintonía con el hasta ahora adalid de las energías ‘verdes’ españolas ante Washington. El ‘dossier’ del P2P ya está sobre la mesa de las prioridades del nuevo embajador en Madrid, Alan Solomont. Y con él, los esfuerzos de las empresas de contenidos españoles. Esperan que el 'efecto demoledor' sobre la ‘piratería’ que augura la Coalición de Creadores para la polémica ley resuene en los oídos de Barack Obama y el Congreso. Por si las dudas, la industria audiovisual española entona alto y claro el ‘mantra’ de las “felicitaciones por el nuevo compromiso del Gobierno para el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad”. Lo ha hecho ya Joan Navarro. No quieren seguir siendo la ‘oveja negra’ del comercio mundial. Hace meses que negocian el sitio para las distribuidoras americanas en las nuevas macrowebs de contenidos que cocinan la Coalición y Promusicae con el ‘mecenazgo’ de las subvenciones del Ministerio de Cultura.

Moncloa asume que, aún con el nuevo ‘entramado’ administrativo de la Comisión de Propiedad Intelectual y la ‘autorización’ judicial por la vía contencioso-administrativa a las medidas cautelares necesitará ayuda exterior operativa para acotar la ‘geografía pirata’: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas -a las que la industria le atribuye el 70% de las descargas- están en España. La mayoría se ubica en los EEUU y por cada web que cierra se abren 20. Al día siguiente de que el plan contra las descargas de la disposición final de la LES fuera aprobado por el Congreso y el Reglamento que lo desarrolla adoptado por el Consejo de Ministros, el proveedor de alojamiento de la web podría desalojarla. Washington, a cambio, pondrá a prueba la compensación de Moncloa a su sintonía con la negociación del ACTA. Y el lobby americano, en aliados y facilidades para llegar a los ‘piratas’ españoles. La industria estadounidense mira al segundo oasis pirata de su mapa internacional, pero España es también el segundo mercado con los internautas más activos en redes sociales y mayores crecimientos en contenidos digitales en 2009 de Europa. Y, como la Coalición de Creadores, quieren sacudir a la vez el palo de los bloqueos y la zanahoria de sus propios modelos comerciales a los ojos de los usuarios españoles. Los estudios y las discográficas de EE UU buscan sitio en las dos macrowebs de Promusicae y la Coalición que patrocina Cultura: incluirán su catálogo en español.

España no sólo tiene un sitio destacado en el capítulo de “mercados objeto de preocupación” para las autoridades y el sector industrial americano, sino ‘sillón’ con apellidos propios en el grupo 2 -el nivel intermedio- de sus ‘luces rojas’, una lista de “vigilancia” (con una especial atención a las conversaciones bilaterales) en la que comparte sitio con otro 32 países, desde Bolivia, hasta Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine o Uzbekistán, pasando por Brunei, Filipinas, Malasia, Egipto o Ecuador. Un escalafón de menos riesgo “para los intereses de EE UU” que China, Rusia, Argelia, Argentina, Canadá, Chile, la India, Indonesia, Israel, Pakistan, Tailandia y Venezuela. Pero España ocupa capítulo propio como ‘paraíso’ del “pirateo digital mundial”, junto a Corea, Taiwan, o Vietnam. Y desde 2008 está en la ‘lista’ de países permisivos del 'Caucus Antipiratería Internacional del Congreso de EEUU'- un comité compuesto por republicanos y demócratas tanto del Congreso como del Senado- aquí sí junto a Rusia, China y Canadá.

El Caucus consideraba que el Gobierno "no había materializado la responsabilidad que tienen los proveedores de servicios de Internet de cooperar con los legítimos propietarios de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar que sus redes no se utilizan con fines ilícitos". A pesar de que el ‘Grupo 301’ podría acarrearle sanciones económicas a España, ambos listados estaban llamados a ser ‘calabozos’ transitorios para la confianza estadounidense. Unos territorios a los que las propias autoridades norteamericanas le habían calculado la ‘llave’ y los peajes de salida: una campaña política contra el ‘piratero en internet’, una Comisión administrativa que actuara de ‘sheriff’ y nuevas vías judiciales contra las principales páginas webs que acaparan el mercado fuera de las redes de las asociaciones de derechos de la propiedad. Dicho y hecho. Ni las críticas de las organizaciones de consumidores internacionales -incluídas las norteamericanas como Consumers International, que considera “poco flexible” y “por lobbies” el informe del Gobierno americano- ni los recelos de las asociaciones de internautas y los especialistas españoles han podido contener el pundonor del presidente. Desde Washington le marcaron la bitácora de sus obligaciones. Y las ha cumplido todas, una a una.

El 'informe 301' denunciaba la “falta de esfuerzos del Gobierno español para atajar el intercambio P2P” y Moncloa ha lanzado a la ministra de Cultura. Acusaba al Gobierno de Zapatero de invertir "el mínimo esfuerzo para cambiar la extendida percepción errónea de que en España el sistema 'peer-to-peer' para compartir archivos es legal". Y repudiaba la postura de los tribunales españoles y de la Fiscalía General del Estado -que desde 2006 no considera delito los intercambios P2P- y Zapatero, Sinde y Caamaño han tejido un ‘monstruo’ legal que esquiva a los tribunales penales y civiles. Ha seguido todas sus bitácoras. No es otra que la brújula de Obama la que dio a luz a la Comisión Interministerial y a la Comisión de Propiedad Intelectual que aún Moncloa y su futuro Reglamento no han definido –sólo saben que la integrarán expertos en telecomunicaciones, internet, derechos y propiedad intelectual- pero que ejercerá como órgano de recepción y gestión de las denuncias sobre vulneración de derechos de autor en la red. Y si la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), que impulsaba las conversaciones entre las operadoras (Redtel) y la Coalición de Contenidos, fue durante el 2008 y 2009 la mala de la película a los ojos del Congreso y el lobby antipirata estadounidenses, ahora quedará relegada a un papel secundario ante la Comisión de Propiedad Intelectual y el dictamen de urgencia de la Audiencia Nacional.

La diplomacia americana y el lobby de la industria audiovisual han presionado durante meses al Palacio de Santa Cruz, a Ferraz y hasta a Génova con la denuncia de que el mercado español -según la gubernamental United States Trade Representative (USTR) es un ‘agujero negro’ para  el negocio del cine americano en España, uno de los primeros mercados europeos de cine en sala y en DVD. Un desencuentro que -advertían en Washington- podría provocar sanciones comerciales contra España. Ahora los medios especializados locales han empezado a ‘despejarle’ ya los cambios a Zapatero, tras la avanzadilla de la revista ‘Variety’ y sus previsiones de que el “nivel galopante de piratería” se reducirá y de que  las medidas incluidas en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible "podrían ser efectivas”. Cuenta con el aval de analistas como los de la compañía Screen Digest, que existen "evidencias" de que la nueva propuesta podría servir para reducir el impacto de la piratería 'on-line'. Pero los analistas de Variety le enseñan ya los nuevos ‘puntos negros’: si no sigue modelos como el surcoreano –donde el Gobierno facilitó web legales de descargas a los usuarios- perderá los trenes del nuevo modelo de negocio de la red y no podrá impedir que, tras las huellas de las webs bloqueadas surjan otras nuevas.

UNA BRÚJULA DE INSPIRACIÓN NORTEAMERICANA

El presidente quiere limpiarle los manchones de la mirada de Obama a un sector, el de los contenidos digitales, que facturó en 2008 un total de 15.858 millones de euros -un 15,8% más- que implica a 24,3 millones de personas y que ha hecho de España el segundo país del mundo que más utiliza las redes sociales y el líder mundial en firma electrónica, con entre 14 y15 millones de identificaciones. Pero que desde 2008 no ha podido sacarse de encima las ‘sombras’ de todas las sospechas de la industria y el Congreso norteamericanos. Trató de hacerlo en su primera visita a la Casa Blanca, el 16 de octubre, pero fue el propio Zapatero el que volvió de Washington, el 16 de octubre, con el ‘encargo’ de ponerle ‘puertas al campo’ del que EE UU considera el segundo mercado más pirata de la red y con un calendario y un guión claro, soplado al oído de Sebastián y Sinde por  la gubernamental y por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual. Intentó empezar a ‘purgar’ esa penitencia en la III edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod 2009), dedicada nada menos que a EE UU.

 Zapatero en persona dio contraorden para no esperar más allá de este trimestre por una política común de la UE ante la propiedad intelectual e internet y puso sobre la mesa as urgencias de una regulación que no iba a ver la luz hasta 2010: son las de los comentarios directos de Barack Obama, los informes de la Casa Blanca sobre el mercado español y la presidencia de la UE los que marcaron en rojo estos meses en el calendario de Moncloa, González- Sinde y Sebastián. Pero no ha sido hasta tener ‘emplatada’ la regulación de los contenidos de internet cuando Moncloa ha empezado a sentirse fuerte para exigir rectificaciones a la Casa Blanca. 

La Casa Blanca ha apretado durante estos meses las clavijas a González-Sinde, a Sebastián y a Ros. Ni la mediación del ministro Blanco ni los esfuerzos del lobby de la cultura española y las cifras de la industria nacional pudieron evitar en 2009 que el Congreso de los EE UU, a través de su Caucus Antipiratería Internacional, siguiera viendo a España en su lista global como la cuna de una “pandemia alarmante”, uno de los cinco grandes reinos de la piratería mundial a través de internet, junto a China, Rusia, México y Canadá. Los últimos datos del informe Recording Industry in Numbers: 2009, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) sitúan a España entre los 10 mercados con más piratería”; según sus cálculos, el 81% de los usuarios de Internet menores de 24 descargaban obras de páginas P2P, muy por encima de la media europea, de un 52%.

Desde la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), calculan que hay unos cinco millones de usuarios que intercambian archivos en redes P2P, y se estima que el pasado año se 'bajaron' de la Red unos 240 millones de películas, el doble que el año anterior. Washington no sólo señala, le pone apellidos a su mapa internacional: el Gobierno de ZP "carece en gran parte de voluntad política" para resolver el problema. Respiran por las venas de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) -que representa a la industria cultural de EEUU, genera un 0,7% del PIB y elabora informes anuales para el Departamento de Comercio de Estados Unidos- y el rosario de sus recomendaciones.

Es el propio Caucus el que reconocía -con todos sus recelos ante la justicia española en carne viva- que las descargas de archivos por Internet hasta ahora -incluyendo las sujetas a derechos de autor- han sido legales bajo la legislación española siempre que no se demostrara el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores le hace ‘palmas’ a la vía mixta administrativa de González Sinde. Y tratan a cuatro manos con Moncloa de hacerla valer como la ‘solución’ Made in Spain a todos los males que Washington les diagnosticó.

REZAGADA EN LA CARRERA DE LA CIBERSEGURIDAD

Se lo recordaba en junio en persona a Zapatero la secretaria de Seguridad Seguridad Nacional de EE UU, Janet Napolitano, durante su gira a Europa; el mismo mensaje que la Ministra de Defensa Carme Chacón y después Rodríguez Zapatero se trajeron de Estados Unidos: la ciberseguridad es una de las obsesiones de Barack Obama ha dedicado 90.000 funcionarios del Pentágono y 40 millones de dólares a ella sólo en el último semestre  y quiere aliados de este lado del Atlántico. Más ahora que la seguridad en internet es parte de la puesta en marcha de un Comité Europeo de Centros Nacionales de Coordinación Antiterrorista con el que EE UU quiere coordinarse desde este semestre. Hasta Italia tiene en Raoul Chiesa, ex hacker italiano, la jefatura técnica en ciberseguridad del Instituto Interregional de Investigación sobre Crimen y Justicia (UNICRI) de la ONU y ha firmado recientemente un acuerdo con Estados Unidos para luchar contra la ciberdelincuencia, que es un ejemplo del tipo de colaboración por el que abogan organizaciones como IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats.

Zapatero ya sabe que no podrá seguir marcando el ritmo de la simetría en ciberseguridad que buscaba con EE UU ni medirse en el ‘tú a tú’ con su homólogo americano. Le hubiera gustado responder al plan de acción detallado ante el cibercrímen y el nuevo ciberzar de Barack Obama con las mismas armas para España. Pero tendrá que aparcar sus planes. Al menos por ahora. El presidente estadounidense estrena su nuevo jefe de seguridad nacional en Estados Unidos para internet  y una llave para apagar internet en determinados sectores privados, la versión mejorada del Cybersecurity Act of 2009 del congresista demócrata por West Virginia, Jay Rockefeller, sin que Zapatero haya puesto aún de largo el Plan Nacional que el Senado le reclamó en julio.

Bruselas calcula que las amenazas digitales podrían costar 250.000 millones de euros a Europa en los próximos diez años, y Obama ha reconocido que en sólo dos años los ciberataques han costado 8.000 millones de dólares a los EEUU, que ha recibido 44.000 'ciberataques' de China en seis meses. Siguen a pies juntillas las advertencias de Panda Security: los ataques a objetivos políticos y a infraestructuras criticas a través de Internet aumentarán en 2010, mucho más lejos que los del año pasado, jalonado por la infección de la Armada Real del Ministerio de Defensa del Reino Unido, el bloqueo de la república asiática de la red de Kyrgyzstán durante más de una semana, o el asalto a los ordenadores del Departamento de Policía de Nueva York.  Y de ahora en adelante, según la compañía de seguridad informática ESET, pueden aprovechar aún más las redes sociales, un terreno en el que España es el segundo mercado mundial más activo. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) empieza a estudiar el perfil de algunas de esas vulnerabilidades y las potenciales amenazas que los servicios cloud pueden representar para la privacidad y la seguridad de los datos de los consumidores.

En la Casa Blanca, los apellidos ‘españoles’ siguen asociados a la inseguridad en la red de redes en todas sus aristas, más allá del comercio y la propiedad intelectual. El informe de la empresa de seguridad Sophos le deja a España un sillón propio entre los “Dirty Dozen”, la docena de países más emisores de ‘basura’ en internet. Es responsable del 3,4% del spam mundial -el octavo ‘líder’mundial- y los informes de la Comisión Europea alertan de que los españoles se resisten a comprar por internet por miedo al fraude: sólo el 20% de los españoles ha realizado algún tipo de compra virtual en los últimos meses, frente al 32 % de media en la Unión Europea. Aunque la seguridad de las grandes empresas españolas no tenga nada que envidiar a sus homónimas de ningún país, EE UU no saca a España de la ‘ Champions League de la inseguridad en Internet’. Ocupa el puesto 5 sobre el número de máquinas que la herramienta de Microsoft ha detectado (y limpiado) algún tipo de código malicioso, con más de 1.8 millones de máquinas limpiadas, lo que supone un incremento del 20% respecto al semestre anterior.

Según el informe de Microsoft, que utiliza geo-localización para asignar el país a las direcciones IP que envían SPAM, España se encuentra en la posición 7, detrás de EEUU, China, Corea, Brasil, Argentina y Rusia, pero según las estadísticas de los TLD que más emiten SPAM, ocupa la posición 5, sólo por detrás de China, EEUU, Rusia y Austria. Y, en atención a las máquinas que albergan páginas de phishing, según las estadísticas internas de S21sec, donde hay registrados más de 8.000 incidentes de fraude, España ocupa la posición 7 y alberga  el 3% de las máquinas afectadas, sólo por detrás de EEUU (41%), Alemania (4%), Rusia (3.7%), Turquía (3.3%), México (3.1%) y Polonia (3.1%).

El barómetro de seguridad de Interoute, que mide los ataques en tiempo real, muestra que España es junto a Gran Bretaña el país más ciberatacado del mundo -en torno a 200.000 acciones hasta ahora- y Madrid la primera ciudad por alertas de riesgo, pero no hay un responsable claro que aúne todos los esfuerzos. Por un lado, los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CERT, en inglés). Hay seis, tres de ámbito nacional. Por el otro, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). De la Vega y Ros sangran por las heridas de la dispersión de competencias. Tanto que, a pesar de seis CERT -en tres ministerios diferentes, Defensa, Industria e Interior- le han pedido a una entidad privada que marque la bitácora del Senado.

Son los analistas privados del  Consejo Nacional Consultivo de CiberSeguridad (CNCCS) -el "lobby" que reúne a las principales empresas españolas de "seguridad informática" (Panda Security, S21Sec, Hispasec y Secuware)- los que desde el 21 de junio le ‘soplan’ al oído de Moncloa las urgencias y las bitácoras del futuro. Zapatero buscaba subirse a la obligación asumida por la Comisaria Vivianne Reding y engendrar con apellidos propios un "Plan Europeo de Ciberseguridad" en sintonía con el español aprovechando la presidencia de la UE en 2010, pero se conformará por ahora con elevar a su León natal a la categoría de epicentro de la ciberseguridad, al menos la europea, ahora que España se sumó, a través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al grupo de miembros permanentes de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y colaborará de forma activa en el diseño de la estrategia europea de ciberseguridad.

Moncloa  no quería perder un tren que ya han seguido Francia o Reino Unido, con planes de ciberseguridad similares al estadounidense. Trataba de hacer de la necesidad virtud: en junio, fue el Senado español el que le sacó los colores a la orfandad de una estrategia nacional y una autoridad centralizada y  exigió al Gobierno que mejore la seguridad del ciberespacio, aprovechando la presidencia española de la UE y dé a luz un Plan Estratégico de Seguridad Nacional. Pero seis meses después aún ni Inteco ni la Guardia Civil tienen mucho más a mano que la disponibilidad para encarar spam, o los ataques DDos hacia las empresas.

Y en la Casa Blanca no lucen los galones de la e-administración: sólo tras dos años de funcionamiento de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos de 2007, justo ahora que Caamaño pone en marcha un nuevo registro civil electrónico y que los ciudadanos tienen derecho a exigir todos sus trámites con las administraciones en la red de redes, el Consejo de Ministros ha dado  luz verde a dos Reales Decretos que fijan los esquemas nacionales de interoperabilidad entre Ayuntamientos, CCAA y el Ejecutivo -intercambio de datos entre distintos sistemas- y cánones y procedimientos de seguridad para la administración electrónica. Y a pesar de que los cálculos de De la Vega descuentan que ya se puede acceder al 96,4% de los trámites de la Administración General a través de medios electrónicos, sólo 8 millones de personas han contactado con la Administración Pública a través de Internet.