Javier Aldecoa.- Tenía una fecha, un plan y una mano ejecutora. Todo listo para llevar hasta la última consecuencia el ‘credo de Rodiezmo’ que el presidente proclamó ante sus vecinos leoneses y darle cuerda al consumo de carbón nacional. Este enero -prometía Zapatero- iba a ser el mes de la puesta de largo del Real Decreto de Restricciones por Garantía de Abastecimiento con incentivos al consumo del mineral autóctono, la hora de impulsar desde Bruselas la prórroga del reglamento comunitario a las ayudas estatales al carbón que vence el 31 de diciembre. Y con ellos, el punto de fuga al impasse que agolpa la producción de los últimos nueves meses en los almacenes temporales de Hunosa. El presidente estaba dispuesto a consumar su momento sin valedores -Sebastián lo dejó en manos de Marín-, en contra de las recomendaciones de sus consejeros de cabecera y a contrapié de sus esfuerzos para convertirse en abanderado europeo del combate a las emisiones de CO2. Pero la ecuación del carbón se ha roto por todas las costuras de Moncloa. El Real Decreto pasará esta semana de la mesa de Kroes a la de Almunia. Su orfandad tiene precio: el Gobierno por primera vez adelanta 250 millones de ayudas a empresas mineras y ha tenido que destinar una partida adicional de 166 millones de euros para que HUNOSA siga la compra de carbón, ya se le acumula más de un semestre completo sin salida.

Zapatero ve cumplidos sus temores en todas las aristas del carbón: a Moncloa se le rompe la sintonía de Ferraz, el muro de los silencios de Bruselas y el mapa de la paz con los barones socialistas. En Bruselas, Sebastián se le rebela, no incluye en las prioridades de la UE la gestión del nuevo Reglamento Europeo de Ayudas, quiere dejar que sea Oettinger el que lo lidere en el siguiente semestre; Areces y varios eurodiputados lo impulsarán por su cuenta ante el Parlamento Europeo y buscan el lobby con Berlín. Ya han comenzado a sacudirle a Zapatero ante los Veintisiete las contradicciones de su mapa asturleonés.

Asturias no ha consumido los 15 millones de euros que le corresponden en el fondo tecnológico de 3.000 millones para España, tiene 600 millones de fondos mineros sin ejecutar  y con el nuevo modelo que Bruselas ha comenzado a gestar casi dejaría de recibir fondos estructurales, desde los 700 millones actuales. Moncloa busca ya tentetiesos. Ante las rebeliones de Industria, con la campaña de Manuel Chaves y De la Vega para aplacar a los barones socialistas heridos y a los eurodiputados del PSOE dispuestos a levantar por su cuenta la bandera pro-carbón. Ante las ‘manchas’ del CO2 que no dejan de sacarle en Bruselas y la AIE, tratando de ‘limpiar’ al mineral autóctono con la financiación de la CE para almacenes de captura de C02, pero para Asturias no habrá subvenciones aún.

Zapatero tuvo que sacar ya al ‘cuerpo de paz’ de Manuel Chaves en persona a aplacar a los ‘barones’ y los presidentes sublevados por los olvidos y las rebeliones del carbón. Y ahora ha tenido que volver a enviar a De la Vega con el mantra del “apoyo español al reglamento europeo de incentivos al consumo” a que se lo entone al presidente Álvarez Areces por encima de las ‘dudas’ de Sebastián y los olvidos de su Director General de Energía. La vicepresidenta jura que el carbón será una prioridad y le ha prometido, en persona,  el impulso al desarrollo de la línea eléctrica entre Sama y Velilla -con compensaciones para que la Diputación de León y el grupo socialista no levanten nuevas lanzas ante su oposición-. Pero ni el presidente Álvarez Areces ni la Federación Socialista Asturiana esconden ya su malestar por los olvidos y las rebeliones del carbón de Sebastián.

La palabra maldita no salió de la boca del ministro durante toda la Cumbre de Energía de la UE de Sevilla ni en la presentación de los objetivos energéticos para el semestre ante el Parlamento Europeo la semana pasada. Como confesaba el director general de Energía, Antonio Hernández, la prórroga del reglamento de ayudas comunitarias al carbón no está entre las prioridades de la agenda de la presidencia española de turno de la UE.  Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, se aferra a las promesas de Rodiezmo de Zapatero, pero la ‘sinceridad’ de Sebastián y Hernández le ha obligado a reconocer que, como poco, al sector extractivo español le espera por delante este semestre “un proceso complejo”.

Juan Vicente Herrera y Álvarez Areces están dispuestos a hacer valer el espacio de las regiones como actores principales en las políticas europeas. Lo harán con el trazado de la línea eléctrica Sama-Velilla -congelada desde hace 25 años-, la Política Agraria Comunitaria (PAC), o la  inclusión en el Tratado de Lisboa del concepto de cohesión territorial, dentro del periodo 2014-2020, pero sobre todo el Reglamento de Incentivos al Carbón. No se fían. Lo han comenzado a ejecutar ya a contrapié de los calendarios y la coreografía de Moncloa en sintonía con Euracom (Asociación de Comarcas Mineras de Europa) y hacen lobby con la República Checa, Polonia o Hungría. Les pisan los talones a Zapatero, Sebastián y López Garrido en sus paseos por la Unión Europea. E intentan marcarle los tiempos al Ministro de Industria.

Lo hace ya el grupo socialista en la Eurocámara, con Antonio Masip y la diputada asturiana Muñiz de Urquiza en cabeza. Cocinan un acuerdo de diputados de todos los grupos de países en los que se mantiene la actividad minera para defender la continuación de las ayudas más allá de diciembre de 2012. Nada que a domicilio no le hayan dejado claro la Delegación socialista asturiana y leonesa. El PSOE de Castilla y León va más lejos aún: reclaman a Zapatero un nuevo Plan del Carbón más allá de 2018. Nada diferente a las exigencias del Club de la Energía. El Club Español de la Energía le acelera las urgencias: aboga por el final de los sucesivos ajustes que, plan tras plan, ha venido sufriendo en las últimas décadas y le exige una nueva hoja de ruta minera que vaya hasta el año 2020, una vez que expire el actual plan allá por el año 2012, en el marco del nuevo Plan del Carbón que se negocie para el período 2013-2020, al calor de proyectos de investigación para lograr la combustión limpia del carbón.

NI TOCAR EL CARBÓN

La consigna de Sebastián es no tocar el carbón de Zapatero. No, desde luego, con sus propias manos. Menos aún en el marco de cualquier escenario de la presidencia de la UE. El ministro discutió el Plan del Carbón hasta 2012 y le ha dado la espalda al Real Decreto que Moncloa pactó con las eléctricas. Sebastián traga dos veces con los desagravios de Zapatero en la Ley de Economía Sostenible, la ausencia aún de Ley de Ahorro Energético y de cotas a la eficiencia y financiación del Fondo Sostenible para su coche eléctrico -que no se estira más allá de los 10 millones de euros iniciales del Movele-, pero el ministro se resiste a digerir los números de su política energética en las aristas del carbón: mientras el Gobierno dotará con 967 millones a la partida de 2010 del Plan de la Minería del Carbón entre 2006 y 2012, se mantendrá una reserva estratégica de carbón nacional que garantice la continuidad del sector y se sigue ahondando en el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, sólo se reservarán 50,98 millones para la seguridad nuclear y se destinarán, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), otros 67,09 millones al Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2010.

En la horquilla más alta de su precio, el coste total del plan de incentivos al consumo para térmicas hasta 2012 se elevará a 4.700 millones de euros, con cargo al recibo de la luz y un impacto del 8% en el precio de la luz, según la patronal eléctrica. Por eso el ministro hace lo mínimo, ha enviado ahora la comunicación de respuesta a la consulta planteada desde mayo por la CE sobre la reforma o la prórroga del Plan Comunitario que vence en julio de 2010. El único argumento -reconocen en Industria- es el carbón limpio y el de la supervivencia de las tecnologías de combustión limpia y los bienes de equipo de captura y almacén de CO2. “Sin ayudas al carbón no se avanzará en la combustión limpia”, proclama literalmente el documento, que pone a la mano de la Comisión las balas dialécticas para emborronar el futuro de una economía alternativa en las regiones mineras españolas: “la transformación de la economía del carbón de las comarcas mineras mediante el desarrollo de actividades alternativas tropieza con elevadas dificultades”.

Se lo recordaba Ignacio Sánchez Galán antes de viaje de Miguel Sebastián a EE UU: si el modelo astur-leonés no se hubiera dedicado a subvencionar una producción ineficiente y cara, sino a I+D+i, Asturias sería ahora una ‘Silicon Valley’ española. Pero Zapatero no se ha resistido a ponerle muletas a un sector aquejado de sobreproducción por el hundimiento de la demanda eléctrica, el aumento de las renovables y el alto precio del CO2.  Ahora, para disgusto del presidente le ha empezado a poner cifras a la orfandad del perfil de las comarcas mineras españolas la propia Unión Europea.

Moncloa contaba con que no le estallara en las manos el contencioso de los fondos estructurales que Bruselas ‘calentaba’ desde 2007. Pero lo ha hecho también: con los criterios que se aplican ahora, y que castigan a España por el llamado efecto estadístico generado por las últimas incorporaciones a la Unión Europea, Asturias pasaría a recibir unos 250 millones de euros, frente a los 700 actuales. Si se aprueba la línea dura de reestructuración del gasto que la CE baraja ya y que defienden entre otros Alemania, Gran Bretaña y Francia -además, claro de los países del este- Asturias casi dejaría de recibir fondos. En la defensa de regiones como Asturias, España sólo encontraría a países como Irlanda, Portugal y Grecia. Hasta ahora el bosque del carbón no le han dejado ver los árboles del desarrollo tecnológico y el I+D´+i.

El ministro sólo conjugó los planes del carbón a preguntas del  eurodiputado socialista Antonio Masip, fuera de la cámara y del discurso en el que expuso ante el Parlamento Europeo las prioridades energéticas de España para su semestre de presidencia. Industria mantiene la legalidad del Real Decreto, pero no será Sebastián el que quede en fuera de juego con él. Se lo dejó en bandeja a Noelee Kroes sobre la mesa y ahora esperará a que sea el Comisario Joaquín Almunia el que avale el plan de incentivos y le ponga sus apellidos a las manchas del carbón y su CO2. Sebastián ya ha probado las aguas del rechazo de los liberales a su paso por Bruselas. Y no sólo la OCDE -por boca de la mismísima Cristina Narbona-,  el vicepresidente de la Fundación Ideas del PSOE, Jesús Caldera, la AIE y Washington le han sacado los colores a la promoción de carbón en un mix que presume de renovable. Se lo ha dicho alto y claro Fatih Birol -el economista jefe de la AIE- a la cara de la Secretaria de Estado del Cambio Climático: dar ayudas al carbón en un país de la OCDE puede llevar a distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2 al menos en 25 millones de toneladas más. Incluso el Pleno del PE, después de la Cumbre de Ministros de Energía de Sevilla, ha pedido a España -en la cara de Espinosa- pasar página tras Copenhague, y no olvidar el objetivo de la reducción del 20% de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Ni Sebastián ni su director general de Energía, Antonio Hernández, están dispuestos a mucho más que confiar en que la “prórroga es lo más natural”. No consideran que la renovación del reglamento de las ayudas públicas que subsidian la producción del carbón en el seno europeo -que caduca en 2010- deba ser una de las prioridades de la presidencia española. Y se salvaguardarán tras la figura del nuevo comisario de Energía, el alemán Günter Oettinger. Saben que cuando asuma su cargo, la próxima semana, llevará ya en la maleta un borrador de reglamento que puede llegar hasta 2018 -el año hasta el que su país ha estirado ya el plan de incentivos- y dejarán que tome la avanzadilla, aunque después tendrá que ser debatido y aprobado por el Consejo de Ministros de Energía de los 27.

Oettinger se ha tomado como algo personal el futuro del mercado germano, que junto con el español se reparte el 90% de los 2.700 millones de euros de ayudas anuales públicas al sector carbonero de la Unión.  Pero Alemania tiene ya aprobado un Plan nacional vigente hasta 2018. Los eurodiputados lo reconocen bajo la mesa: Industria cruza los dedos para que la negociación del nuevo reglamento se retrase hasta la presidencia belga, en el próximo semestre. Sebastián y el Secretario de Estado Marín descuentan que en mayo los precios internacionales del carbón serán superiores a los autóctonos, al menos para amortiguar las urgencias del Plan de Incentivos al consumo, a lo mejor según sus planes más optimistas, para que el Real Decreto para garantizar una producción energética nacional del 15% a partir del carbón se quede en un mero marco normativo y que no sea necesaria su aplicación. Se entrega a la inercia, se mantendrá la prórroga de las ayudas al término del plan de la minería que se finiquita el año próximo.

TRATAMIENTOS DE CHOQUE

Moncloa busca ya tentetiesos. Ante las rebeliones de Industria, con la campaña de Manuel Chaves y De la Vega para aplacar a los barones socialistas heridos y a los eurodiputados del PSOE dispuestos a levantar por su cuenta la bandera pro-carbón. Ante las ‘manchas’ al carbón que no dejan de sacarle en Bruselas y la AIE, tratando de ‘limpiar’ al mineral autóctono con la financiación de la CE: para Asturias, no habrá subvenciones aún. Aunque acaba de dar a luz el anteproyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que traspone a la legislación española las directrices de la UE sobre captura, almacenamiento y transporte de CO2, prometía  impulsar quince proyectos de captura y almacenamiento en 2015 y acaba de designar a la zona central asturiana como posible zona de almacenamiento, aún sólo hay luz verde para la planta de oxicombustión de Compostilla (León), a la que optaba Asturias, que estará participada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y por Endesa, y dependerá del Ejecutivo central.

Ante los retrasos de su ‘Plan de Rodiezmo’, Zapatero se despacha con más fondos. Lo tuvo que hacer con los almacenes de HUNOSA durante el último trimestre, la última vez en diciembre. Y ahora el Gobierno ha tenido que adelantar la autorización de las ayudas a un grupo de cinco empresas mineras por valor de 275 millones y rendirse a una de las exigencias históricas de los empresarios: el pago de las ayudas al funcionamiento en los primeros meses del ejercicio, y no a finales, como se venían cobrando de hecho en los últimos años. Y el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para financiar el crédito de 215 millones de euros que otorgará a la Autoridad Portuaria de Gijón para afrontar las obras de ampliación y para acabar la obra de El Musel, tras la negativa de la Unión Europea (UE) a cofinanciar el sobrecoste de 216,31 millones de euros que acumulará la ampliación a su término, previsto para octubre de este año aunque podría alargarse hasta diciembre si así fuera necesario. Zapatero busca los atajos laterales a Bruselas y los recelos del propio ministerio de Industria. No oculta que su objetivo es “cubrir las pérdidas de producción corriente de carbón autóctono destinado a la generación de electricidad procedente de las unidades de producción de las empresas mineras del carbón”. 

Moncloa le da cuerda a la ‘garganta’ de HUNOSA: la empresa pública sigue comprando el mineral, más de 430.000 toneladas al mes, por encargo de Moncloa. Si en julio le entregó 110 millones de euros para hacerse con 2,6 millones de toneladas de bandera española, hace menos de un mes tuvo que destinarle otros 166 millones, lo justo sólo para que pueda hacerse con 2,3 nuevos millones sólo hasta que venza febrero. Otra cosa será su capacidad. Ni el anuncio por parte de los sindicatos del sector de que desde enero el precio del carbón leonés ya es más rentable que el de importación, ni previsiones de precios como la de Barklays (su mercado de futuros descuenta a final de año entre 90 y 100 euros la tonelada de carbón internacional) ni el horizonte del Real Decreto de Incentivos al consumo por las termoeléctricas en el que Moncloa insiste desde noviembre desbloquean las arcas de sus almacenes de carbón.

La caída de la demanda energética por falta de competitividad y el incremento del parque de generación con renovables, eólica y solar en un 16% provocó el pasado año el ‘colapso’ de las centrales térmicas leonesas y asturianas, incapaces de quemar carbón hasta llegar a acumular millones de toneladas en sus parques de almacenaje. No son sólo los sindicatos del sector los que le advierten que el papel de Hunosa como almacén estratégico temporal “no da más de sí” y que los parques “están a rebosar”. El almacenamiento estratégico temporal que creó el Consejo de Ministros el 31 de julio de 2009 en León agolpa ya 4 millones de toneladas, casi el equivalente a la producción anual completa, una parte arrastradas desde 2008, sin que los planes a medio plazo de Zapatero e Industria -en un futuro revender casi la mitad de la producción del carbón nacional de 2009- se hayan hecho realidad.

LAS ZOZOBRAS DEL MODELO Y LOS FONDOS EUROPEOS

Zapatero le tiene miedo a la marcha negra que en 1992 plantó en Madrid a más de 6.000 mineros contra la política de González, o a la rebelión minera contra Aznar en 1996. Casi tanto como el repudio de Sebastián a cualquier mancha a su ‘reputación verde’ por apoyar al carbón. No comulga con un mapa que cuesta de promedio 200.000 euros por cada uno de los 8.000 mineros aún en activo, pero que sólo deja en manos de los hogares el 20% y al que Moncloa siempre le ha dado cuerda desde que en 1998 el primer plan del carbón envió 514 millones de euros sólo en ayudas directas a la actividad minera (1.634 millones de euros este año).

Los 10 millones de toneladas anuales de carbón que se producen en España recibieron más de 1.000 millones de euros en ayudas directas a la producción en los tres últimos años, del montante total de la Unión Europea de 3.400 millones de euros en 2007 y de 2.700 en el pasado ejercicio del 2008. El presidente sólo ha tenido ojos hasta ahora para el sondeo realizado en su día por la Dirección General de Transportes y Energía de la UE, en el que la mayoría de los países no se opone a que continuaran las ayudas y varios, como Inglaterra, Alemania y algunos de los antiguos países del Este, se mostraron a favor de la continuidad del reglamento. Las explotaciones polacas tienen posibilidades de sobrevivir, ya que al ser grandes minas a cielo abierto están al límite de la rentabilidad.

En la República checa, se han privatizado todas las minas. De los otros dos países que tienen explotaciones abiertas, Alemania ya ha anunciado el fin de todas sus minas en el horizonte de 2017. Pero España es el único que sigue dando ayudas a sus minas no rentables. Y  de la UE por ahora sólo llegan vientos de cara, los del olvido presupuestario a su intención de hacer de Asturias la primera cuna de almacén de CO2 en España y las sanciones a la Minero Siderúrgica de Ponferrada por obtener licencias por parte de la Administración española para sus explotaciones de carbón sin su debida declaración de impacto ambiental en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en el Espacio Natural Alto Sil.

El PSOE ha denunciado que la Junta de Castilla y León ha aplicado una rebaja del 90,34% de las subvenciones para los municipios en el Hábitat Minero de la Comunidad, al reducir éstas de 5,5 millones de euros del 2009 a los 528.371 del 2010. Pero Moncloa ya no niega que hay casi 600 millones para iniciativas en las zonas aún aparcados sin ejecutar ni liberar por el Gobierno desde 2004. Y no es esta vez la oposición popular la única que le advierte de que buena parte del dinero que ha llegado a espuertas a esas zonas -a razón de 350 millones por año para infraestructuras dignas y creación de industria alternativa- ha sido malgastado por ayuntamientos y comunidades autónomas. La Junta General del Principado, que achaca a los problemas de liquidez del Estado la reclama al Gobierno el inmediato traspaso del dinero presupuestado para 2007 y 2008 con cargo a los fondos mineros para corregir los “continuos retrasos” que se producen en la ejecución de los proyectos de infraestructuras con cargo a los Fondos Mineros. Según sus cálculos, al ritmo actual como mínimo se perderían tres anualidades antes de 2014, en torno a 500 ó 600 millones de euros. Nada que no responda a la ineficiencia de la gestión de los ayuntamientos mineros y el sector, según el ministro. Pero en los cuatro primeros años del Plan de la Minería actual 2006-2012 sólo se han destinado 467,6 millones de euros, un promedio de 120 millones por año, cuando en el primer plan era de 160 millones por ejercicio. Sebastián y Hernández miran al horizonte de 2015.

Zapatero tendrá que poner la cara a un modelo que sólo ‘cronifica’ los lastres de la eficiencia regional. Se lo han empezado a recordar ya IU y hasta los socialistas en el Parlamento Europeo: su mapa energético se quedará en fuera de juego, para empezar con el Fondo Europeo Tecnológico. Asturias perderá unos cien millones de euros cada año en ayudas de política de cohesión territorial de la Unión Europea entre los ejercicios 2014 y 2020, si el Principado y el Gobierno no cambian radicalmente los proyectos e iniciativas financiables. La región este año no ha consumido los 15 millones de euros que le corresponden en el fondo tecnológico de 3.000 millones para España. En la lucha contra el cambio climático, Asturias tiene oportunidad de arañar dinero en el uso limpio del carbón o el desarrollo de energías verdes como la biomasa, aunque, de momento, en este campo Castilla y León ha tomado la delantera para hacerse con proyectos de referencia europea, el proyecto de central de combustión de carbón sin emisiones contaminantes. La Unión Europea, el Gobierno de España y Endesa han invertido algo más de 680 millones de euros en el desarrollo de una nueva tecnología de captura y almacenamiento de CO2 de las centrales térmicas de carbón que, de ser rentable, reduciría sus emisiones en un 90% y le colgaría los galones de una energía limpia. Zapatero baja el perfil de sus reivindicaciones. Aunque en Rodiezmo volvió a prometer pelear el mantenimiento de la financiación europea de proyectos de ámbito regional, a partir de 2014 y suplir la financiación que se pierda, ahora se lo pensará dos veces.