Pedro González
La conmemoración del bicentenario de las independencias de España de las repúblicas americanas comienza mal. Como prólogo ahí está el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el que se denuncia la “cooperación gubernamental” de Venezuela en la colaboración entre las FARC y ETA, y la reacción del caudillo venezolano, que lejos de dar las explicaciones diplomáticas mínimas que se le exigen, vuelve a arremeter contra el legado de España y a acusar a Estados Unidos de impulsar las acusaciones. El próximo 19 de abril se cumplirán dos siglos de la destitución del gobernador español Vicente Emparán por el cabildo de Caracas. Se fija tal fecha como el inicio de las sucesivas efemérides del autogobierno de los criollos, devenido después en independencia, escisiones y creación de las repúblicas, todo ello entre 1810 y 1825. A la conmemoración de Caracas seguirá el 25 de mayo la de Argentina, celebrando la constitución de la Junta Autónoma de Buenos Aires. El 20 de julio será el turno de Colombia y la evocación del incidente del Florero de Llorente.

Después, el 16 de septiembre, será el turno de glorificar al cura mexicano Miguel Hidalgo y Costilla, por encabezar la primera y real sublevación popular contra la monarquía hispánica. Dos días más tarde, el 18 del mismo mes de septiembre, Chile celebrará la formación de la Junta de Santiago. Este es el menú para 2010. Luego seguirán los demás países, desde 2011 hasta el 2025.
 
El caudillo bolivariano de Venezuela ya ha instruido convenientemente a sus discípulos de Iberoamérica en que hay que reescribir la historia, es decir culpar al colonialismo de todos los males y al imperialismo de Estados Unidos como sucesor de aquel. Pareciera como si no hubieran transcurrido doscientos años y las repúblicas latinoamericanas no hubieran tenido numerosas ocasiones de levantarse de la postración a la que les sometieron sus respectivas oligarquías.

España ha elegido deliberadamente un perfil bajo para estas celebraciones. Tan solo “acompañará” las festividades, que a la vista de los prolegómenos cabe presumir contendrán ingentes cantidades de oprobios e insultos. Es evidente que para numerosos dirigentes latinoamericanos se presenta una ocasión idónea para culpar a la vieja metrópoli y al enemigo exterior de los males que aquejan a sus países, una manera habitual de sacudirse de paso las propias responsabilidades.

Pero, si se profundiza en el incidente desatado por el auto de un juez de la Audiencia Nacional, resultan harto difíciles de rebatir las evidencias que señalan la connivencia del gobierno de Chávez con las FARC y con ETA. Los acuerdos que concluyeron en su día Felipe González y Carlos Andrés Pérez para acoger a etarras tras el fracaso de las conversaciones de Argel no incluían la cooperación de Caracas en la preparación de atentados en España, y mucho menos la comisión de magnicidios como los que se urdían tanto contra el actual presidente de Colombia como contra su antecesor. Venezuela parece haberse convertido, por lo tanto, en el último reducto de impunidad para los terroristas vascos, amparados por un régimen que se ha convertido en uno de los ejes del extremismo mundial.

Colombia, que sufre aún más si cabe que España la lacra del terrorismo, no ha mostrado sorpresa alguna. Su larga lucha contra las FARC podría haber concluido si, como prueban las evidencias, aquellas no contaran con bases al otro lado de las fronteras colombianas. Aunque a los europeos les costó convencerse, ya no hay duda de que el primigenio grupo guerrillero ha devenido en una banda de narcoterroristas convertido en el primer cartel de drogas del mundo. Como señala Gustavo de Arístegui en su libro Contra Occidente, las finanzas de las FARC no paran de crecer gracias a que el 50% de la droga colombiana transita por territorio venezolano hacia Estados Unidos y Europa con la complicidad del régimen chavista. Un régimen que, según expone el propio Arístegui, ha forjado una alianza en la que se incluyen la extrema izquierda, los antisistema, los antiglobalizadores, los anticapitalistas, los antiliberales, los populistas y los indigenistas radicales, sin olvidar a los fundamentalistas islámicos. Un estofado con ingredientes muy diversos pero con un denominador común: la confrontación con la libertad, con la democracia y con los derechos fundamentales del hombre.

En cuanto a España, puede haber llegado definitivamente la hora de sacudirse de una vez falsos complejos. España fue, en efecto, una potencia colonial que, merced a la invasión de Napoleón, fue la primera en perder sus posesiones, a las que, sin vergüenza alguna, dejó el legado de lo que tenía, es decir, además del idioma y del derecho, la misma hidalguía y miseria que se disfrutaban y sufrían en la metrópoli. Hoy las empresas españolas contribuyen decisivamente a la prosperidad de los países en que están implantadas, sin que haya de imponérseles nuevos tributos so capa de supuestas afrentas pasadas.