edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
26/06/2009

A De la Vega le estalla la Ley General Audiovisual y se le enfría la financiación de RTVE

De la guerra con las telecos, a la batalla con las televisiones
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera
Ana Zarzuela

Pasó bajo la mesa la luz verde a la fusión de tv privadas y ha colado, entre las espadas en ristre -y el desencuentro del Consejo de Ministros- los decretos de las fusiones televisivas y la tdt de pago. Cocinó a toda prisa la nueva financiación de Televisión Española, en las ascuas de las televisiones privadas y las chispas de las telecos. El objetivo de la vicepresidenta era haber aprobado la nueva financiación antes del verano y comenzar desde otoño a pasar ‘la gorra’ de la televisión pública a la industria. Si se cumpliera este calendario, las cadenas privadas tendrán que aportar a las arcas de TVE este mismo año un 3% de sus ingresos. Las telecos, al menos, no empezarían a pagar su 0,9% hasta el año que viene. Pero ni el silencio de CIU -mientras baraja las fichas de los presupuestos- ni la mayoría socialista del Congreso serán suficientes para poner de largo la financiación a tiempo y con las fronteras que había previsto. Menos ahora que a la vicepresidenta el Ministerio de Industria y Moncloa le hacen estallar también en sus manos el primer borrador de la Ley General Audiovisual que acaba de pasar, en su primer aterrizaje, por el Consejo de Ministros. Intentó dejar fuera de juego el enfado de las telecos, al menos sin escenarios en los que desenfundar sus denuncias, en pleno impasse postelectoral de la UE. Ahora sabe que aún están a tiempo de desplegar una guerra legal.

Y la caja de Pandora audiovisual se le abre además a De la Vega en las carnes televisivas: el papel de la CMT, la financiación de las autonómicas, la tdt de pago, el Consejo Estatal Audiovisual…tendrá que ponerle cascabel a todos y hacerlo a contracorriente del Ministerio de Industria, el Consejo de Ministros y hasta el grupo socialista. Ya han comenzado a dejarla en fuera de juego.

Al PSOE le falla su geometría variable. Ni Elena Salgado ni Miguel Sebastián encontrarán un camino de rosas en su apuesta por replicar el modelo francés para eliminar la publicidad en la televisión pública. Fernández de la Vega se ha atrincherado, a solas con el Decreto, de espaldas al sector de las telecomunicaciones y las grandes operadoras, pero no menos que a la Sepi, el minsterio de Econoimía y Miguel Sebastián, muy poco contentos con el puzzle fiscal que habrá que armar y la erosión en un sector que ha visto mermados sus ingresos por la crisis y que puede repercutir en la rebaja de la política de inversiones.  De la Vega llevó el nuevo modelo de financiación al Consejo de Ministros a espaldas de RTVE, los operadores de telecomunicaciones y el ministro de Industria. Pero todos le han pasado ya sus facturas al procedimiento de urgencia con el que quiso ventilar el nuevo marco.

No son sólo las 16 asociaciones del sector de la publicidad y la comunicación las que le pelean sus fronteras. Pero las lanzas de las telecos y la industria han hecho mella en los grupos del Congreso. Ni el debate de presupuestos, ni el descanso estival se lo ponen fácil. Mientras CiU guarda silencio, el PP se opone a que los operadores de telecomunicaciones costeen RTVE y pide garantías de la programación con la que TVE piensa llenar los minutos que quedarán libres a partir de otoño con la eliminación de los anuncios. Bastaba sólo una enmienda a la totalidad de la ley para retrasar su aprobación, pero las de Izquierda Unida, PNV y Unión Progreso y Democracia (UPyD) acercan por partida triple a septiembre el  calendario de la ley que podría dejar a RTVE huérfana de publicidad. Sobre el papel, sería necesario un pleno del Congreso que valore las repercusiones que podría tener la ley. No será fácil que llegue antes de septiembre, no a la vista de las dificultades para un pleno extraordinario en vacaciones parlamentarias.

El presidente del Congreso ha recordado que la Constitución no permite habilitar julio como periodo ordinario de sesiones, aunque el PSOE –que tampoco está aún por la labor- lo propusiera. La coalición de izquierdas, que es contraria a la supresión de la publicidad en RTVE, reclama al Ejecutivo "flexibilidad" en la retirada de los anuncios, de manera que se admita la figura del patrocinio para cubrir un 10% del presupuesto de RTVE. Ese porcentaje, que la coalición cifra en 120 millones de euros sobre un presupuesto anual previsto de 1.200 millones, permitiría aliviar en esta cantidad la partida que alimentará a la cadena estatal con fondos públicos. Además, IU teme que el techo del 10% del presupuesto que limitará la adquisición de derechos deportivos por parte de RTVE condene al ostracismo a los deportes minoritarios, por lo que reclama garantías para la emisión de contenidos ajenos al fútbol. Al PNV tampoco le gusta este giro en el modelo de financiación de RTVE y –junto a las enmiendas de PNV, ERC, IU y BNG - pide al Gobierno, de paso, que ordene el sector en el marco de la prometida Ley General Audiovisual.

LEY GENERAL AUDIOVISUAL

A la vicepresidenta le estalla la Ley General Audiovisual. Trató de vestirla de silencio y demoras, la alejó de la órbita de la Secretaría de Estado de Comunicación, pasó el encargo en su momento al actual ministro de justicia, Francisco Caamaño (secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios) y se había comprometido –bajo la mesa- a dejar su debate en barbecho hasta 2010, a pesar de que Zapatero la prometió en su primera legislatura. Ha apurado una política audiovisual a cuenta gotas, con el rodillo de los decretos, por la puerta de las urgencias con la complicidad de grupos minoritarios. Pero hasta su propio grupo parlamentario desenterró las urgencias de una Ley General y todos los fantasmas. Intentó entonces De la Vega desnudar sus carnes y dejar la Ley huérfana de contenidos. La geografía de los Reales Decretos le permitió intentar despejar –sin ruido de sables y más a su medida que a la de Industria-  los textos para la asignación de los múltiples digitales a la TDT tras el cese de emisión de las analógicas, la prestación de del servicio TDT de alta definición, la modificación del Plan Técnico de radio digital, el Real Decreto para la TDT de pago, la Real Decreto de la televisión de proximidad sin ánimo de lucro y la Orden Ministerial para regular la prestación de comunicaciones móviles en aviones, entre otras cosas. Pero la fiebre de los decretos se ha vuelto en contra del mapa de la vicepresidenta. El calendario ha estallado y con él las costuras de la paz audiovisual. El PP, los grupos minoritarios y hasta los diputados socialistas piden explicaciones; han digerido- aún a costa de tragar dos veces- la financiación de RTVE, pero su propio grupo parlamentario aunó voluntades con el PP, IU y CIU para ponerle fin al ‘picoteo legislativo y  antes del 30 de junio dar a luz a la Ley Audiovisual, o al menos una radiografía que sirva de marco a la tdt de pago, a la nueva financiación y a la reforma del regulador y al Consejo Audiovisual. Y es que el apagón de la I Fase, el 30 de junio, deja aún muchas incógnitas en el ambiente. Incluso podrían aprobarlo en el primer Consejo de Ministros que haya tras el cierre veraniego de las Cortes. Así, los enviarían a la Diputación Permanente. La ley llegará a contrapié de la voluntad de la vicepresidenta y con más de un tentáculo a contracorriente de sus deseos. Ni la renovación automática de las licencias de televisión por periodos de 15 años, ni la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) obran a favor de los planes de De la Vega. Y uno de los ‘flecos’ de la Ley General  -el futuro del 5% que las televisiones deben destinar de sus ingresos brutos para financiar películas europeas- rompe las lanzas de la vicepresidenta primera con Sinde.

Moncloa amasa de primera mano el último borrador sobre la Ley General Audiovisual y le hace sudar a la CMT las dudas sobre la creación del futuro Consejo General con sede en Madrid y sus competencias nacionales. La vicepresidenta -encargada de sacar adelante la legislación- prometió tener en cuenta a todo el sector y los grupos políticos antes de que el Consejo de Ministros dé el aldabonazo final y en Moncloa habían comenzado a ver con buenos ojos que la CMT ampliara las costuras de sus competencias audiovisuales. Era, al menos, la oportunidad de subirse al carro de la austeridad con un único organismo regulador y de tratar de ponerle a la Comisión el sombrero de guardián del nuevo sudoku televisivo y de muro de todas las protestas del sector. Tanto que Moncloa estudiaba la posibilidad de nombrar un directivo más cercano a las sensibilidades del sector audiovisual para ocupar ese cargo. Hasta el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, ajustó sus reticencias y desde abril, reclama claro y alto extender las funciones del organismo en regulación en el ámbito audiovisual. Sintoniza con la mayoría de los miembros del consejo de la CMT, se han subido a los caballos que hasta hace meses sólo cabalgaban Angel García Castillejo, José Pascual o Gloria Calvo y consideran que hoy que el órgano supervisor de las telecomunicaciones debería evolucionar hacia una mayor "convergencia" con el mundo de los medios audiovisuales.  Pero si llega, será, a contrapié del grupo socialista en el parlamento, que ya no está dispuesto a  apartarse de su guión electoral para darle esas competencias a la CMT, como piden los expertos, como sugiere el Parlamento Europeo desde su Directiva de Servicios de comunicación audiovisual de 2007, como se hace con éxito ya en Gran Bretaña con la Ofcom y en Italia y como apoya el PP.

LA GUERRA CON LAS TELEVISIONES

La discordia que no pudo prender en las telecos prende en las televisiones. Jura que eran sus beneficiarias, pero la ley del silencio y las diferencias premia a las de pago y condona a las autonómicas. Las privadas se manchan su victoria, exigen que suba al mismo carro a las autonómicas. Utesa pide a Moncloa que no compita RTVE con ellos. De la Vega está cada vez más sola, aferrada al mástil audiovisual. Es la propia ‘salvada’, la televisión pública, la que pide que se mantenga un 10% en publicidad. A la vicepresidenta le duele el mérito de haber conseguido la fusión del sector de las telecomunicaciones en su contra. Siembra las semillas del desencuentro, pero en sus propios jardines: ha dejado al secretario de Estado Ros fuera de órbita y ni Salgado ni Sebastián esconden el malestar.  Y ahora se sube en la presión de las televisiones privadas, que -con la Uteca en cabeza- insisten en su lobby para que la reducción de la publicidad anunciada por Zapatero llegue al conjunto de las televisiones públicas, incluyendo a las autonómicas. Mientras que las televisiones comerciales tendrán que destinar un 3% de sus ingresos brutos anuales a financiar la radiotelevisión estatal, los operadores de televisión de acceso condicional o de pago sólo tendrán que aportar un 1,5% de lo que ingresen. Su decisión de no gravar a las cadenas por igual siembra la discordia entre los que –según su hoja de ruta- estaban llamados a ser sus beneficiarios. Mal negocio harán, además, las cadenas privadas de televisión si, a cambio de lograr eliminar a TVE como competidor en el mercado publicitario se ponen en contra a los anunciantes que alimentan sus cuentas de resultados. En total, y según lo previsto en sus presupuestos, con su nueva financiación TVE dejará de ingresar 520 millones de euros en concepto de inversión publicitaria, pero el mercado televisivo (privadas nacionales, autonómicas y temáticas TDT) sólo captaría entre 100 y 120 millones, una cifra bastante inferior a los entre 100 y220 millones que desaparecerán.

Con Euskaltel, R y Telecable en cabeza -como arietes involuntarios- Fernández de la Vega trata de hacer cuña en la división entre las operadoras de telecomunicaciones y colarse por las grietas de las zozobras financieras autonómicas, pero se dispara el tiro de la confrontación en los pies. Sigue lloviendo sobre mojado en la guerra de las tasas. El nuevo modelo de RTVE no es exportable, ni siquiera como lanza de la discordia. Ni Baleares, ni Cataluña, ni Galicia, ni País Vasco ni Aragón lo seguirán. La vicepresidenta segunda ha tratado –sin mostrar la mano- de dejar a las autonómicas a los pies de los caballos del debate a las televisiones autonómicas, pero sólo ha conseguido hasta ahora alimentar las iras del Ministro del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a pesar de de que un informe encargado por las televisiones privadas a Deloitte revelaba que las cadenas autonómicas cuestan de media un total de 119 euros al año a los hogares, el doble que la televisión estatal y que la publicidad supone una cuarta parte de sus ingresos, frente a la mitad de la RTVE estatal.

MÁS BATALLAS CON LAS TELECOS

A las operadoras de telefonía, ha tratado de cobrarles como un favor en la piel del dividendo digital unas frecuencias llamadas a generar -según sus cálculos- un 1,5% del PIB. Y envuelve ahora de regalo un nuevo marco regulador de la televisión móvil que sólo urge a las cadenas de tv. Pero el acceso a la banda ancha entre 790 y 862 MHz llegará tres años después que a los vecinos europeos, en 24 meses de fuera de juego tras el apagón analógico que debe concluir en 2012. Y sin rebajas para el canon de RTVE, como le proponía la CMT. Y con la regulación de la televisión a través del móvil, después de tres años de silencio, Industria y la vicepresidenta resucitan lo que no era más que otra obligación tardía. Telefónica, Orange y Vodafone  tienen el streaming, no les urgen nuevos sistemas, no, por ahora ni en un campo de juego aún por definir con las cadenas. Por eso, las "migajas" televisivas de la vice y sus esfuerzos por colar otras nuevas ‘ofrendas de paz’ en la Ley General enfadan aún más a las telecos.

Lo recuerda ya Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Además, las compañías españolas plantearán la tasa como una ayuda de Estado ilegal a RTVE, ya que las tasas se pagan al Estado, pero no a empresas, aunque sean públicas. La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec), Martín Pérez calcula que, en caso de aprobarse el proyecto de Ley sobre la financiación de RTVE, las compañías de telecomunicaciones financiarían un 62% del ente público, aunque Redtel recuerda que todos los ingresos audiovisuales de los operadores de telecomunicaciones no llegan a los 500 millones de euros. Moncloa pasará la ‘gorra’ por adelantado: cada mes de julio las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación de RTVE, pero para los que caigan en la tentación del impago, Moncloa ya no aplicará -en manos del regulador- la suspensión de la actividad como operador del incumplidor. Las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel. Hasta el Secretario de Estado Ros reconoce ya que la inversión se erosionará en un sector  muy penalizado: las operadoras de móvil pagan el 50% de su beneficio bruto en impuestos. Bajo la mesa, las telecos advierten a Sebastián: el apagón analógico puede llegar -en tanto demora su ‘souvenir’ del dividendo digital- con más de una reclamación a bordo. Y el bautismo de la regulación de la tv móvil DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) se hará en la ‘pila’ -en el mejor de los casos- del desinterés de las tres grandes telecos.

El nuevo ajedrez de la financiación de la RTVE si llega, lo hará con las denuncias, el riesgo de aumentar el descenso de la inversión y todas las lanzas en ristre del sector. Redtel recuerda que si en su aprobación definitiva, la Ley de financiación de la RTVE les sigue cargando el lastre del 0,9% de sus ingresos seguirían adelante con las denuncias ante Bruselas. Las operadoras de telecomunicaciones preparan su artillería legal, recurrirán ante el Tribunal Constitucional e incluso acudirán a Bruselas, si es necesario. Sus homónimos en Francia - donde entró en vigor el pasado 6 de mayo la tasa  a las operadoras para financiar la televisión pública- les han abierto ya el camino: la oposición socialista planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, que fue rechazado en el Parlamento, ha comenzado ya con la patronal a impugnar las medidas ante los tribunales y despeja la vía hacia Bruselas con un doble ariete argumental: tributario y de competencia.

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