edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
29/05/2009
La CMT se rebela y le sugiere abrir el ‘melón’ del dividendo digital
Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera

A De la Vega se le vuelven en contra las tempestades que provoca en las telecos

La vicepresidenta se atrinchera de espaldas a Economía, Industria y el sector
Ana Zarzuela

Afina su látigo con las telecos. Les marcó las líneas rojas y ahora les aprieta los relojes. Le duele el mérito de haber conseguido la unión del sector de las telecomunicaciones en su contra. Cuanto más rápido –piensa De la Vega- más grietas y menos posibilidades de que consensúen sus lanzas, pero las semillas del desencuentro sólo han prendido en sus propios jardines: el grupo socialista le discute bajo la mesa la ley audiovisual, ha dejado al secretario de Estado Ros fuera de órbita y ni Elena Salgado ni Miguel Sebastián esconden el malestar con su ajedrez financiero para RTVE. Los vientos que inoculó en la CMT se vuelven tornados en su contra. Con su informe crítico al proyecto de ley para la financiación de RTVE, el regulador le toca las dos ‘teclas’ más flojas con la misma mano: no sólo el decreto es incoherente, sino que la alternativa le abre a Industria la caja de Pandora del dividendo digital, aún a riesgo de que castigue a la Comisión con la ausencia de competencias audiovisuales. Si la vicepresidenta trató de hacerse fuerte en las diferencias entre las operadoras,  las telecos buscan catapultarse en los muros que aíslan a De la Vega. Para empezar, los del Parlamento. Astel tantea en él ya a varios grupos, Moncloa necesitará alguna alianza para dar a luz en el Congreso sus planes televisivos.

Moncloa pasará la ‘gorra’ por adelantado: cada mes de julio las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación de RTVE y -aviso para navegantes- la liquidación de la tasa la efectuará la propia CMT. Para los que caigan en la tentación del impago, Moncloa aplicará -en manos del regulador- la suspensión de la actividad como operador del incumplidor y, en su caso, la extinción del título administrativo. Y si Sebastián castiga a la CMT de espaldas a la Oficina del Defensor del Internauta y a Carta de Derechos del Usuario que más de una vez reivindicó, de la Vega está dispuesta a aplicarle todos los ‘correctivos’ de la nueva legislación audiovisual y cobrarle su rebeldía: promete castigarla con el ayuno de las nuevas competencias audiovisuales que De la Vega baraja y, a cambio, con convertirla en el verdugo de sus amenazas a las telecos que se resistan a transferir el 0,9% de sus ingresos a las arcas de RTVE. Si Zapatero pensaba sintonizar con la nueva voluntad del regulador y convertirlo en guardián de su nuevo ajedrez audiovisual, la vicepresidenta y el grupo socialista cocinan otros planes.

El nuevo ajedrez de la financiación de la RTVE si llega, lo hará con las denuncias, el riesgo de aumentar el descenso de la inversión y todas las lanzas en ristre del sector. Las operadoras de telecomunicaciones preparan su artillería legal, recurrirán ante el Tribunal Constitucional e incluso acudirán a Bruselas, si es necesario. Sus homónimos en Francia - donde entró en vigor el pasado 6 de mayo la tasa  a las operadoras para financiar la televisión pública- les han abierto ya el camino: la oposición socialista planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, que fue rechazado en el Parlamento, ha comenzado ya con la patronal a impugnar las medidas ante los tribunales y despeja la vía hacia Bruselas con un doble ariete argumental: tributario y de competencia. Lo recuerda ya Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Además, las compañías españolas plantearán la tasa como una ayuda de Estado ilegal a RTVE, ya que las tasas se pagan al Estado, pero no a empresas, aunque sean públicas.

Las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel. Y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le recuerda a Moncloa y a Salgado que está dispuesta a apadrinar muy de cerca esas lanzas. Ya lo había hecho, hasta ahora, con la batalla para liberar -o al menos aliviar- a las operadoras de tasas de las instituciones públicas españolas que son inéditas en otros países europeos, entre ellas, la tasa por el uso del dominio público local, que obliga a estas empresas a pagar el 1,5% de sus ingresos brutos, 270 millones de euros. El precedente de la sentencia ganada por Telefónica y las urgencias de Salgado, Zapatero y Sebastián por despejar las vías de financiación a TVE horadan unas grietas en las que la CMT está dispuesta a seguir haciendo cuña, aunque sea en las espaldas de Industria. Ahora, con su propuesta para que se subasten para financiar TVE las frecuencias libres tras el apagón (óptimas para redes móviles y banda ancha celular) el regulador español sintoniza con las demandas que las operadoras nacionales hacen a las puertas de Industria desde hace más de un año.Y sintoniza con el Grupo sobre Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG), que acaba de presentar a la UE el primer borrador de recomendaciones para la Comisión sobre el uso del "dividendo digital" cuando en 2012 se concluya en la UE el tránsito del sistema analógico al digital.

TODOS A UNA

Fernández de la Vega se ha atrincherado, a solas con el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, de espaldas al sector de las telecomunicaciones y las grandes operadoras, pero no menos que a la Sepi, el ministerio de Economía y Miguel Sebastián, muy poco contentos con el puzzle fiscal que habrá que armar y la erosión en un sector que ha visto mermados sus ingresos por la crisis y que puede repercutir en la rebaja de la política de inversiones. La sacudida fiscal al cuello del sector engendra una unanimidad que ni siquiera el penúltimo choque de trenes con la geografía del Gobierno de Zapatero -el de las descargas de internet- ha sido capaz de alumbrar. No se lo ha callado el presidente de la patronal Asimelec (la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), Jesús Banegas: al sector, los esfuerzos de Rodríguez Zapatero por vestir su televisión con el ‘modelo Sarkozy’ los ha puesto "de los nervios". La Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC), Redtel y Astel se piensan dos veces las vías judiciales. Telefónica, Vodafone, Orange y ONO se conforman, por ahora con advertir de que el empellón al que le pone cara Fernández de la Vega puede lastrar la expansión de un sector netamente inversor.

Con Euskaltel, R y Telecable en cabeza -como arietes involuntarios- Fernández de la Vega trató de hacer cuña en la división entre las operadoras de telecomunicaciones y colarse por las grietas de las zozobras financieras autonómicas, pero se dispara el tiro de la confrontación en los pies. El nuevo modelo de RTVE no es exportable, ni siquiera como lanza de la discordia. Ni Baleares, ni Cataluña, ni Galicia, ni País Vasco ni Aragón lo seguirán. Tampoco su empeño en dejar en el limbo de la reforma de la financiación a los Operadores Móviles Virtuales (OMV)- que siguen sin saber si deberán aportar también el 0.9% de su facturación- le ha servido para hacer patria en el desencuntro del sector. Y si la vicepresidenta quiso aislar, sin sentarla a su mesa, a Astel, la asociación que agrupa a los principales operadores alternativos le ha recordado al Consejo de Estado que cierra filas con el resto de las telecos, a pesar de que algunos de los miembros de la  Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones se salvan de la carga de la televisión. Nada impide que Astel exija también al Consejo que considere en su dictamen las premisas incorrectas de las que parte el Anteproyecto al presumir beneficios directos o indirectos para los operadores de telecomunicaciones y de televisión de pago (cable y satélite) como consecuencia de la eliminación de la publicidad en el ente público.

LA CMT PLANTA CARA

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones evita el lazo del silencio que a De la Vega le gustaría colocarle: si el dividendo digital, el proceso pendiente de refarming, las licencias del móvil regional (que Ferraz y Solbes trataron de canjear en su momento) y las cifras del Plan Avanza amueblaron el desencuentro con la cúpula de Industria, la reforma de la financiación de la TVE ha levantado todas las lanzas y les recuerda a las operadoras que no es Reding su único azote político. La CMT cierra filas con Reinaldo Rodríguez y la guerra contra las tasas públicas que las grandes telecos amenazan con desplegar; se atreve a sacarle los colores y amargarle las medallas a Sebastián, critica la estrechez de sus presupuestos para infraestructuras y le exige a Moncloa fondos públicos para financiar las redes de nueva generación. Salgado no ha asumido aún la reforma de la Comisión prometida por el ex vicepresidente. La rebelión se la puede cobrar en sus propias costuras al equipo de Rodríguez.

Las recetas de Reinaldo Rodríguez se cocinan desde hace tiempo en ollas ajenas a las de Sebastián: menos canales de televisión, más banda ancha, nada de financiar Televisión Española con tasas sobre telecomunicaciones e internet y un mejor reparto del dividendo digital. Reinaldo Rodríguez alertó ya sobre los "cuellos de botella en redes de acceso" y se queja de que los fondos para financiación de infraestructuras son "pequeños" y están muy orientados a la TDT: 75 millones de euros este año. Por eso aboga por plantear de nuevo la financiación pública de las redes sin que el Estado se convierta en operador. El Gobierno parecía decidido a no repartir las frecuencias que va a dejar libres el apagón analógico de las televisiones -el dividendo digital- entre las operadoras de móvil. Sólo el impulso de Reinaldo Rodríguez, el aldabonazo a Sebastián y la llamada de atención sobre la urgencia de más espectro en el aire para estar a la altura de la sociedad de la información pueden impulsar el cambio de rumbo de Sebastián y Salgado. Con las licencias regionales de móvil, la CMT le marca las líneas rojas: la regulación debe ser nacional, las licencias las debe conceder el Gobierno o un regulador nacional.

CASTIGO ‘AUDIOVISUAL’ PARA EL REGULADOR

Moncloa amasa de primera mano el último borrador sobre la Ley General Audiovisual y le hace sudar a la CMT las dudas sobre la creación del futuro Consejo General con sede en Madrid y sus competencias nacionales. La vicepresidenta - encargada de sacar adelante la legislación -prometió tener en cuenta a todo el sector y los grupos políticos antes de que el Consejo de Ministros dé el aldabonazo final y en Moncloa habían comenzado a ver con buenos ojos que la CMT ampliara las costuras de sus competencias audiovisuales. Era, al menos, la oportunidad de subirse al carro de la austeridad con un único organismo regulador y de tratar de ponerle a la Comisión el sombrero de guardián del nuevo sudoku televisivo y de muro de todas las protestas del sector. Tanto que Moncloa estudiaba la posibilidad de nombrar un directivo más cercano a las sensibilidades del sector audiovisual para ocupar ese cargo.

Hasta el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, ajustó sus reticencias y desde abril, reclama claro y alto extender las funciones del organismo en regulación en el ámbito audiovisual. Sintoniza con la mayoría de los miembros del consejo de la CMT, se han subido a los caballos que hasta hace meses sólo cabalgaban Angel García Castillejo, José Pascual o Gloria Calvo y consideran que hoy que el órgano supervisor de las telecomunicaciones debería evolucionar hacia una mayor "convergencia" con el mundo de los medios audiovisuales.  Pero si llega, será, a contrapié del grupo socialista en el parlamento, que ya no está dispuesto a  apartarse de su guión electoral para darle esas competencias a la CMT, como piden los expertos, como sugiere el Parlamento Europeo desde su Directiva de Servicios de comunicación audiovisual de 2007, como se hace con éxito ya en Gran Bretaña con la Ofcom y en Italia y como apoya el PP.

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