edición: 3056 , Martes, 29 septiembre 2020
16/04/2010
OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

A España se le ‘arruga’ la Agenda Digital Europea de Sebastián

La consulta pública sobre la neutralidad de la red y la 'tasa Google' sólo llegará desde junio y bajo el mando de la Comisaria, ya advierte que la CE no será la “policía de internet”
Las telecos y el sector TIC le recuerdan que la orfandad de un Renove retrasan las redes de nueva generación y que el impasse en el reparto de frecuencias afecta a la banda ancha móvil
Neelie Kroes, comisaria europea para la Agenda Digital
Ana Zarzuela

Calienta motores, pero pliega las velas de sus pretensiones. La Reunión de Ministros de Telecomunicaciones en Granada del 19 de abril estaba llamada a ser el preludio a una estrategia telecom europea para los próximos cinco años para que se consolidara en el Consejo de Telecomunicaciones del 31 de mayo en Bruselas. Desde la puesta de largo en enero en La Granja de las intenciones de la presidencia ‘digital’ de la UE, Sebastián perfilaba sus aristas en la mesa -pensaba- de la sintonía con Bruselas y la mayoría de los Veintisiete. En Moncloa querían un nuevo método de mejora de los indicadores de la Sociedad de la Información, bendecir el servicio universal de banda ancha y exportar la Carta de Derechos de los Usuarios al resto de los Veintisiete. Pero sólo la última concita la sintonía de la UE. Las otras cuatro arterias del nuevo mapa digital topan con los muros de Bruselas y las zozobras del mercado español: la comisaria Neelie Kroes asume oficialmente el debate de la neutralidad de internet, pero será con sus reglas y sus calendarios, no antes del final de la presidencia española. Ni el Europarlamento ni Kroes le ayudan con la promoción del ACTA. No hay por ahora cambios en los criterios de medición de la Sociedad de la Información. La Declaración de Granada no puede ocultar el enfado de la patronal TIC y de las grandes telecos con los ‘olvidos’ de  Industria en la LES y Zurbano y Sebastián no podrá evitar enseñar de nuevo las contradicciones y los retrasos de las nuevas redes -sobre todo la FTTH y la LTE móvil-, justo los galones que quería lucir Bruselas. España se sube a la alta velocidad sin pasar aún por la estación de la fibra, no hay ni rastro del Plan Renove para nuevas redes que Moncloa y la Setsi aseguran que preparan desde 2009; obligará a las telecos a hacerse cargo del servicio universal de la banda ancha antes de 2011, pero no ha encontrado aún una ecuación de urgencia para superar al mismo tiempo la demora del refarming, el reparto de frecuencias móviles pendientes y del dividendo digital.

No ha sido el ministro Sebastián, sino el secretario de Estado Francisco Ros el artífice de la sintonía con Noeelie Kroes desde enero, tanto como para que la comisaria para la Agenda Digital Europea haya mostrado en territorio español, en el previo de Granada su "impresión" ante la "seriedad" con que la Presidencia Española de la Unión Europea se está tomando la Europa Digital. Otra cosa será la letra pequeña. Y en ésa, Granada amenaza con ser la escenografía de un puñado de desencuentros y más de un retraso. Sólo la Carta de Derechos de los Usuarios y los grandes principios de impulso al mercado único digital están ahora claros de antemano sobre la mesa que Industria prepara para los Veintisiete y la Comisión.

El Ministerio de Industria ha vestido de largo 20 nuevos derechos y reduce a dos días la espera de la portabilidad, pero ha ido ante la red de redes: no se atreve a ponerle coto a los desfases de la velocidad de la banda ancha, una grieta que se escurre entre la realidad y el deseo para la mayoría de las operadoras en las velocidades más altas: las ofertas de ADSL de 20 Mbps se quedan aún en una efectividad media del 37%. Nada de alusiones a la ‘velocidad real’. Basta con que no anuncien más velocidad de la técnicamente permitida y que informen a los usuarios, antes de contratar, de los factores -propios o ajenos- que pueden ralentizar el caudal de su línea. La armonización de los indicadores de la Sociedad de la Información era la prioridad -mano a mano con las descargas de internet- de la presidencia de la UE en sus albores. El Ministerio de Industria lleva años batallando contra los informes de la Comisión Europea y de la OCDE, que relegan a España a los últimos puestos en tecnología. Ros tildó en marzo de "inconsistentes" los datos que manejaba la Comisión Europea (CE) y esperaba llegar con una propuesta que no desagradeara a Bruselas ni Kroes antes de reunión ministerial con organismos internacionales en indicadores del 13-15 junio, pero la ‘tercera vía’ a nuevos métodos de evaluación no ha encontrado aún sitio en las prioridades de la Comisaria.

En Industria descontaban hasta ahora que la Comisión Europea -aunque sea bajo la batuta de Noeelie Kroes- podía estar ahora dispuesta a contemplar un modelo de retoques de mínimos a la neutralidad para asegurar el acceso de los usuarios y permitir a las telefónicas cobrar a los proveedores de contenidos por los servicios que más ancho de banda requieren y que afectan a sus ingresos. La Declaración de Granada del 21 de abril estaba contemplada a los ojos de Sebastián como su posible puesta de largo y la oportunidad para cerrar una de las grietas entre las operadoras de telefonía y la industria de contenidos audiovisuales y la Comisión de Propiedad Intelectual cuya renovación se gesta en Cultura.

Ahora, ya sabe que no será así: Kroes acaba de llamar a “evitar la intervención regulatoria precipitada” en cuanto a la neutralidad en la Red y, aunque promete escuchar a todas las partes, no evita enseñar las cartas de sus preferencias: que los usuarios puedan “utilizar las aplicaciones y servicios que quieran, conectar los dispositivos que quieran”. “No soy un policía en busca de una esquina conflictiva”, advertía ya en latitudes españolas. Miguel Sebastián retira ahora la mano con la que buscó la sintonía y las intenciones de la UE para abrir en territorio comunitario el debate de la neutralidad de la red y para abanderar -como hizo desde el Mobile Word Congress de Barcelona- la opción de gravar a los grandes buscadores con tasas para incentivar la inversión de las telecos. Le bastó tocar las aguas de las reticencias de la Comisión para negar que hubiera presentado la propuesta de la ‘tasa google’ a los Veintisiete. Le marca las líneas rojas de la red de redes su propio Secretario de Estado Ros: nada de tasas ni una regulación ad hoc, no será necesaria. Y -aviso para navegantes a González-Sinde- las antenas del Ministerio de Industria sintonizan la regulación de internet con Bruselas y el pálpito de Kroes, asumen que “no se puede parar la maquinaria de la red” y que regular “a priori y en detalle” internet “sólo puede llevar al fracaso”.

Industria hace ondear  en su presidencia de turno el perfil del segundo país de la UE con mayor densidad de redes sociales, con casi tres de cada cuatro internautas como usuarios, el segundo con mayor número de usuarios -sólo por detrás de Brasil-, líder en conexión empresarial de banda ancha y uno de los mercados de los Veintisiete con mayor penetración de la banda a ancha móvil, que ha sumado sólo en un año más de medio millón de accesos mediante tarjetas de datos y dispositivos USB. La banda ancha fija supera los nueve millones y medio de accesos, lo que supone que el 45% de las viviendas españolas cuentan con Internet de alta velocidad y el 87% de los hogares con acceso a la red se conecta través de banda ancha, un índice que sigue siendo muy superior a la media de la UE-27, del 80%. Pero no ha sido hasta ahora mayoritariamente gracias a la Administración: la empresa privada se ha convertido en ariete del desarrollo de la Sociedad de la Información, con una inversión estimada de 58.000 millones de euros en los últimos diez años, por los apenas 10.000 aportados por la Administración central. Nada que hasta ahora haya podido opacar el Plan Avanza en sus dos entregas.

TARDE EN LA AVANZADILLA EUROPEA DE LAS NUEVAS REDES

Miguel Sebastián intenta abrillantar a los ciberdesconchones de la red de redes española, ahora que la UE y la OCDE le han sacado los colores a sus precios, a su velocidad y a su cobertura. En la SETSI recuerdan que España no ha dejado de crecer en banda ancha fija -incluso a más ritmo que la media- es líder en banda ancha móvil de alta velocidad (con una penetración del 25,9%, el doble que la UE), es uno de los mercados más aventajados en portabilidad móvil y está a la cabeza en paquetes de convergencia. España es líder absoluto de la UE en penetración de Internet móvil de alta velocidad -como los servicios móviles de tercera generación (3G) y las tarjetas de datos para ordenadores portátiles-. Pero si ya Europa -con 2,5 millones de clientes- está retrasada en redes de nueva generación respecto a Japón (donde el 48% de las líneas de banda ancha son ya de fibra óptica), Corea (44%) o, incluso, EEUU (6%) frente al 2% europeo, España, más aún. En el segundo trimestre del 2009 sólo el 0,2% de los hogares disponía de líneas de más de 20 megas y  el 72% de líneas de banda ancha se situaban entre los 3 y los 10 megas -la mayoría de todas ellas conexiones de Telefónica-.España está fuera de las quince economías europeas que han logrado una penetración del 1% en FTTH, no ha tenido sitio en la Conferencia en Lisboa del FTTH Council Europe de Lisboa, muy lejos de Francia, Italia, Europa del Este, o Escandinavia, las más dinámicas.

El horizonte de las inversiones será imprescindible. También en España. La diferencia entre un desarrollo rápido de la banda ancha y uno lento con el horizonte de 2014 significa poner en peligro un crecimiento del PIB europeo de 400.000 millones. Optar por lo primero crearía 1,8 millones de puestos de trabajo más que quedarse en la vía lenta, según las cifras de Telefónica. Pero las promesas de la Setsi, renovadas mes a mes, aún no han visto la luz. Desde hace un año un grupo de expertos barajan en el borrador del Real Decreto y ya dejaron pasar las tres primeras de las opciones que barajaron para su financiación, el nuevo Plan E de inversión local 2010, la Ley de Economía Sostenible y su Fondo y el Documento de Zurbano. A pesar de que el propio ministro presume de una banda ancha móvil que duplica a la estadounidense en penetración, agosta aún la inversión de las operadoras, ahora que Moncloa se guarda el reparto del ‘dividendo digital’ como pronto hasta enero de 2015, que ha devuelto a la ‘nevera el reparto de las frecuencias de 900 Mhz y 1.800 Mhz y su refarming y aún sopesa qué hacer el 2,5GHz y con él, la llave al LTE, la cuarta generación móvil.

De poco le ha servido al equipo de Sebastián colgarse -a contrapié de las operadoras agrupadas en Redtel- el anuncio del servicio universal de banda ancha de un mega y su voluntad de ‘exportarlo’ a la UE. Quiere hacer de él, además, el salvoconducto ante las telecos para las inversiones y las promesas de cesión de frecuencias en el refarming y el dividendo digital, pero como le recuerdan desde ETNO -la patronal europea de las telecos- Sebastián les enseña a sus socios europeos las contradicciones de sus redes: el sector reconoce que los ayuntamientos han apostado casi el doble que en ediciones anteriores por soluciones de innovación y tecnología, pero el Plan E sólo destina al sector TIC el 5,16% del presupuesto, el 11% de los proyectos ; no hay ni rastro del Plan Renove para internet o nuevas redes que Moncloa y la Setsi aseguran que preparan desde 2009. Las telecos seguirán esperando, al menos hasta que Moncloa decida si sintoniza con la regulación de las redes ultrarrápidas que ultima la UE y la coordinación de las inversiones privadas y los fondos públicos. Pero ahora que la UE deshoja la margarita de 400.000 millones para redes, los vientos de Kroes no llegan a Castellana 160: mientras Redtel pide un marco regulador claro y un Plan E para la fibra ultrarrápida y apoyo de la administración para expandir la banda ancha móvil, Industria olvida su Renove de la FTTH y obligará a las telecos a hacerse cargo del servicio universal de la banda ancha, pero de un mega, antes de 2011.

España tendrá que retratarse en Granada con el debate de los Veintisiete en busca de fórmulas para impulsar las redes de nueva generación y animar sus inversiones necesarias.  A última hora, ha tenido que buscar soluciones de emergencia, a la vista de que las heridas de la brecha digital aún sangran tanto como los retrasos de Moncloa para definir un marco de inversión pública en nuevas redes y un calendario definitivo que saque a concurso el servicio universal de banda ancha, la reordenación de las frecuencias móviles pendientes (sobre todo 900 Mhz y 2,6 mhz) y el dividendo digital que libera la transición a la tdt. La Setsi reconoce que busca aún modos de impulsar el desarrollo de las nuevas redes y -a la vista de que no todas las latitudes serán rentables a las operadoras- servicios de telecomunicaciones con inversión pública, como potencia Bruselas desde el mandato de Vivianne Reding. Como adelantaba Cinco Días, la receta ‘made in Spain’ pasa por hacer ‘ofrendas’ en especie a las operadoras, la Setsi tiene a mano un ramillete de nuevas frecuencias para internet móvil y está a hacerlas valer a con una fórmula mixta en los próximos concursos, a cambio de compromisos de cobertura que la acerquen a las promesas del servicio universal y para que no ganen sólo las operadoras que más paguen, sino las que se comprometan a extender sus redes o sus antenas.

DESENCUENTROS CON EL REGULADOR, EL SECTOR Y LAS TELECOS

Sebastián se acerca al ‘bautismo’ de su Agenda Digital Europea con las lanzas del desencuentro de Reinaldo Rodríguez en ristre. Como presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ya le ha dejado claro a la SETSI que no respaldará el cobro de una tasa a los buscadores, navegadores o las empresas de internet por parte de las telecos europeas. Una postura que, como vicepresidente del órgano de representación de los reguladores europeos, Berec, sostendrá en Bruselas más allá del final de su mandato español, llamado a expirar con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible. Lo hará -como adelantaba en entrevista en exclusiva con Expansión- junto con la renovación del sistema de facturación de llamadas, -incluyendo un esquema de precios diferentes al actual sistema CPP (call party pay o paga la parte que llama), en el que las operadoras cobrasen al cliente por recibir las llamadas móviles- ; la armonización de los precios de terminación de llamadas y la rebaja de sus costes,  la urgencia del reparto del dividendo digital, la regulación de las redes de nueva generación y de cómo resolver el tema del roaming internacional, o la defensa a ultranza de la neutralidad de la red, que ya han topado con el mapa digital europeo de Miguel Sebastián.

La patronal, las telecos y la Setsi habían sintonizado como nunca sus brújulas, o eso parecía, con el estreno de la presidencia española de la UE: para el sector público el impulso del sector TIC -ése que como recuerda Aetic, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, es el que más paga, más ingresos per cápita genera y más empleabilidad garantiza- iba a ser también el eje de la salida  a la crisis. Y, de la mano de Francisco Ros consiguieron en enero el más difícil todavía: un documento conjunto de toda la industria Tic europea y sus patronales que incluía “despliegue de redes de nueva generación, infraestructuras y servicios” y que  Sebastián prometía utilizar como espina dorsal para la Estrategia de Granada y el bautismo de un nuevo mercado único digital que someterá a la aprobación de los Veintisiete en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información abril. Pero cuatro meses después, le encienden las mismas luces rojas que Microsoft: España tiene que salir "del café para todos" y apostar por la inversión tecnológica. Es el único atajo para superar su fuera de juego ante el resto de los Veintisiete (un diferencial entre la inversión per cápita en tecnología en Europa, 180 euros frente a los 82 euros de España).

Zapatero juraba hacer de las tecnologías de la información el epicentro de un nuevo modelo productivo con la Ley de Economía Sostenible, les prometían un sitio preferente en la Ley de Ciencia y en el Plan de Acuerdo Político de Zurbano ante la Crisis. Pero la patronal no tuvo sitio en la elaboración de la Ley de Economía Sostenible ni en Zurbano. De la Ley de Ciencia no esperan nada de nada, por más que avisen que el recorte de la I+D+i y la falta de ventajas fiscales amueblan la perpetuidad de la crisis. La subida del IVA  es el último de los agravios al sector. Los mismos que echarán el servicio universal de banda ancha sobre los hombros de las empresas españolas, de espaldas a los incentivos públicos que la comisaria Kroes impulsa desde Bruselas. Los mismos pasos que ‘olvidan’ aún concretar los planes de colaboración público-privada para el acceso de redes de nueva generación en la regulación nacional. Los recortes en innovación de los PGE, la presión y los agravios de la fiscalidad española sobre las empresas y la erosión del Plan Avanza -con un 56% menos para proyectos- se suman al desencuentro con las telecos y dejan la iniciativa TIC y las promesas sostenibles en fuera de juego y en manos privadas. Lejos quedan las exigencias de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicación y Electrónica (Asimelec) miraba al escaparate de la UE y exigía duplicar los fondos del Plan Avanza, aumentar un 20% las inversiones en TIC de la Administración, facilitar el acceso a la contratación pública a las pymes con tecnología innovadora y reducir la tasa de las telecos al 0,75 por mil.

Las empresas españolas han asumido con discreción las lagunas de la puesta de largo de la e-administración desde el 1 de enero: acallaron sus quejas ante las urgencias de la TDT de pago, digieren con calma  la transición a la televisión digital, las 3D y la alta definición (tres sectores en los que las que son líderes europeos) y asumieron, aunque con recelos, que les cargara a las telecos y el sector audiovisual las facturas de RTVE y consumara los recortes de los PGE. Eran sólo el preludio de un desencuentro que la Ley de Ciencia, la LES y Zurbano han terminado por consumar. Ahora, los sectores TIC no quieren ‘enmendar la plana’, pero no esperarán en silencio. Un 63,6% de las empresas TIC prevé mantener sus plantillas y un 25,5% estima aumentar el número de contratados en 2010. Han hecho su parte y quieren concreción de la administración. España no ha sufrido tanto como el conjunto de las tecnológicas el recorte de  ingresos -un 10% mundial-, pero  después de un ejercicio con una caída del 8%, no será como pronto hasta 2011 cuando se recupere, según el Observatorio Europeo de Tecnología de la Información. Sólo la inclusión de medidas de implantación horizontal de TIC en el tejido empresarial dentro del Plan Integral de Política Industrial puede conjurar algunos de los fantasmas de la innovación nacional.

España, en el puesto 17, sigue en la tercera división -entre los "innovadores moderados"- de la UE, según la clasificación de la Comisión Europea, junto a República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Portugal y Eslovaquia, por detrás de Chipre, Estonia, Eslovenia o República Checa, y su ritmo de mejora es también más lento que el promedio de los 27, lejos del horizonte del 3% del PIB que la UE se obliga a cumplir para 2020. Por eso en la hoja de ruta que Asimelec le ha vuelto a rediseñar a Moncloa, ha incluido la presentación en seis meses de un plan de Extensión del Teletrabajo en la Administración Pública, un Plan de Eficiencia Económica y Sostenibilidad de las infraestructuras TIC de la propia Administración -que se podría financiar a través del ahorro obtenido por la inversión del propio contratista- o un Plan para la implantación de contadores y redes inteligentes que permitan la integración distribuida de la producción de las renovables y el despliegue del coche eléctrico. En cuanto a las redes, Aetic se plantea unir el impulso de las nuevas infraestructuras de acceso ultrarrápidas en viviendas y edificios a la medida lanzada por el Gobierno para impulsar la rehabilitación de viviendas.

KROES IMPONE LAS REGLAS Y LOS CALENDARIOS DE LA NEUTRALIDAD

La Reunión de ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la UE en Granada desde el 18 de abril iba a ser la puesta de largo de los ‘deberes’ de Obama a la presidencia española de la UE, el aterrizaje de su sintonía en la regulación de internet y los contenidos audiovisuales, el debate de la neutralidad de la red y la promoción del ACTA que Washington llevará a la reunión de Australia de este mes de nuevo y que trataba de sellar este año con una treintena de aliados comerciales. No es causalidad que entre los invitados de honor de los anfitriones españoles esté el responsable de las TIC del Gobierno de EEUU, Aneesh Chopra. El ministro Sebastián quería convertir la disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible en modelo exportable a toda la UE y servir de embajador ante Bruselas para el ACTA (el acuerdo comercial multinacional anti-falsificaciones). España no ha salido de la ‘lista negra’ del Congreso Americano y la Alianza de Propiedad Intelectual (IIPA) y se ha pasado de largo, hasta chocar con las premisas de la Comisaria Noeelie Kroes y los recelos del Parlamento Europeo. Como advierte el eurodiputado David Hammerstein, es el mismo Parlamento Europeo el que se está levantando contra el ACTA. El 24 de febrero presentó una declaración escrita en contra del Acuerdo de Comercio Anti-falsificación.

La Eurocámara exige a la Comisión la puesta a disposición de todos los documentos de la negociación y no está dispuesta a renunciar al principio de subsidariedad ni a la codecisión de la Cámara en cualquier  posible acuerdo comercial. Cualquier cambio –se lo advierten a Sebastián con la mirada puesta en la Casa Blanca- debe pasar por el legislativo comunitario y no están dispuestos a verter responsabilidad los proveedores de servicios de Internet sobre los datos que transmiten o host a través de sus servicios.  Menos aún ahora que los ministros del Interior de los Veintisiete acaban de acordar negociar "rápidamente" un nuevo acuerdo definitivo de la UE con EE UU, que permita a las autoridades norteamericanas acceder a los datos bancarios europeos gestionados por el consorcio financiero Swift para investigaciones antiterroristas que sustituya al pacto interino tumbado por la Eurocámara. Mientras Sinde se niega a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le advierte que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual.  El debate sobre la neutralidad de la red y la supervisión de contenidos por las operadoras y los proveedores que España quiere tantear ya han topado con las denuncias del Supervisor de Protección de Datos, la Eurocámara y las líneas rojas de Vivianne Reding, ahora como titular de la cartera europea de Justicia.

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