edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
04/08/2010

A la Generalitat se le ahoga otra vez su ‘frankenstein de las telecomunicaciones’

Ante los problemas de presupuestos y competencia, el operador neutro será sólo un piloto en las Tierras del Ebro
Sólo dispondrá de la doceava parte de los 800 millones de euros previstos inicialmente
ICNr

Le da carpetazo, de nuevo, aunque la Administración de Montilla se niega a considerarlo muerto. El Ejecutivo catalán intentaba resucitar un proyecto ya agostado en dos ocasiones por sus antecesores, la última con Maragall. Un proyecto que aspiraba -en los planes de ERC- a desplegar una gran red pública de telecomunicaciones para unir a 5.843 sedes de la Administración catalana en todo el territorio, licitar la red de fibra por 20 años sin perder la titularidad pública y poder competir con Telefónica si era necesario (aunque sólo fuera de las grandes capitales). Pero tampoco Montilla -que durante su paso por Industria repudió el proyecto- podrá bautizar con sus apellidos la que iba a ser la gran macrored pública catalana: de los 800 millones de euros previstos tendrá que conformarse con 86, lo justo para limitarse a un proyecto piloto en las sedes de la administración catalana y los municipios ubicados en las Tierras del Ebro, en Tarragona, del que, en el mejor de los casos, surgirá el embrión de un proyecto mayor a medio plazo.

Ya las luces rojas de las empresas le advirtieron de las sombras de su rentabilidad y, desde hace un año, el director general de Telefónica en Cataluña, Kim Faura, le puso cifras al riesgo de la competencia con fondos públicos: una infraestructura pública alternativa provocaría en 15 años que el 30% de la población quedase sin cobertura, mientras que si los mismos fondos se destinan a cobertura complementaria, se llegaría a dar servicio al 90% de la población.

“Es un acuerdo salomónico” para el impulso a la Xarxa Oberta, en palabras del conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, que ha relativizado el recorte matizando que lo aprobado supone "que la velocidad del despliegue será más lenta y que se comenzará por un área concreta". El nuevo retraso -ya se paralizó en el año 2006– deja el futuro del proyecto en  manos del Gobierno regional que salga de las elecciones de otoño. Pero, a la espera de que llegue al Consell Executiu después de las vacaciones, ya saben que el modelo acordado por el Tripartito afectará sólo a 696 edificios y los 96 ayuntamientos de esta zona del sur de Tarragona y que está aún a años luz de las pretensiones que ERC defendía, (incluso desde sus más altas instancias), hasta finales de julio y que pasaban por un presupuesto de 800 millones de euros y un concurso público para que una empresa privada gestionara el operador neutro de fibra óptica con fondos públicos con una concesión de 20 años. Mantendría la titularidad de la red en manos de la Generalitat y la posibilidad de competir con Telefónica en aquellas zonas en que la operadora fuera la única alternativa en ese ancho de banda.

RECELOS Y RENTABILIDAD

A pesar de que el objetivo de la red era conectar edificios públicos, la capacidad sobrante se podía vender al mercado en competencia con el resto de los operadores. Pero ante un posible mazazo de Bruselas, la Generalitat excluyó del concurso el área metropolitana de Barcelona. Ni la fuerte inversión inicial requerida, ni la baja rentabilidad que ofrecía la Administración 6,5% -como mucho en torno al ayudaron tampoco a los planes y los calendarios que ERC destacó del olvido de los socialistas catalanes. La licitación del operador, -oficialmente Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones-, no despertó el interés esperado entre las empresas, que temieron que la red podía ser deficitaria en 20 años, a la vista de que las tarifas de las telecomunicaciones van descendiendo, y no se preveían compensaciones.

Solo se presentaron tres de los cinco consorcios previstos: Abertis, Mediapro y Telefónica (junto a la canadiense Axia). Abengoa (a través de Telvent), Gas Natural (Ufinet) y Bouygues (Axion) declinaron participar en el proceso de diálogo competitivo entre el Gobierno catalán y las empresas. Y, como adelantaba El País, ya el CTTI (el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) paró el proyecto al negarse el consejo de administración en junio a redactar el pliego de condiciones del concurso que debía redactarse tras el diálogo competitivo que se había abierto con empresas como Mediapro, Abertis y Telefónica para gestionar el proyecto en régimen de concesión.

Desde que hace más de un año la Generalitat reactivó su proyecto Xarxa Oberta, hasta las operadoras de telecomunicaciones interesadas en el proyecto alertan de los riesgos de dejar en manos del sector público -y sus fondos- la competencia al sector privado, en lugar de su complemento. En opinión de Kim Faura, en 2009, "la duplicación de infraestructuras perjudica el equilibrio territorial",  la prioridad debía ser "primero conseguir aminorar o reducir la fractura digital" y no caer en Cataluña no debemos caer “en el mismo error de hace 15 años con el cable". A su juicio, el modelo que seguir debería ser el que se aplica en móviles en Cataluña donde al final todos los operadores ya están compartiendo antenas que se han construido con fondos públicos en emplazamientos en lugares remotos y que ahora se justifican por el uso de todos los operadores.

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