edición: 2576 , Miércoles, 17 octubre 2018
28/07/2009
La meta es un nuevo panorama europeo de pagos con un mayor grado de integración

A los desembolsos electrónicos nacionales les queda poco para caducar

La UE quiere poner fecha a la unificación europea de las operaciones online
Beatriz Lorenzo

Bruselas tiene claro su objetivo: la creación de un marco jurídico y económico único, común, donde personas, servicios, bienes y capitales circulen libremente, sin restricciones. Y, poco a poco, la Unión Europea va avanzando en esta senda de la unificación económica. A siete años de la puesta en circulación del euro, el punto de mira se centra ahora en el vasto territorio de los desembolsos electrónicos, un amplio marco que abarca todo tipo de pagos y transferencias y que actualmente se caracteriza todavía por la fragmentación a nivel comunitario. Para dar agilidad a la unificación, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública que se prolongará hasta el próximo 3 de agosto, a través de la cual solicita a la banca, las empresas en general y a las organizaciones de consumidores la conveniencia o no de fijar una fecha de caducidad para las operativas de pago electrónico de cada país.

El proyecto de lograr esta plena unificación no es nuevo. En el año 2006 se ponía en marcha la fase de diseño e implantación del proyecto SEPA (Single Euro Payments Area), la zona en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos podrán hacer y recibir pagos en euros, dentro de Europa, con las mismas condiciones básicas, derechos y obligaciones, y ello con independencia de su ubicación y de que esos pagos hayan requerido o no procesos transfronterizos. Según el calendario del proyecto, la fase de migración gradual y final coexistencia se alcanzaría en el año 2011, una meta que parece difícil de alcanzar dada la renuencia que el mercado y los agentes implicados están mostrando hacia la implantación del nuevo sistema. Por ello, la UE se plantea la fijación de un plazo máximo, concreto y supeditado a la “amenaza” de la caducidad de la operativa antigua. "Fijar una fecha clara de caducidad para la migración de los servicios antiguos hacia los productos SEPA aportaría certidumbre a los grupos de interés, les permitiría adoptar un plan de migración adecuado y asignar los recursos económicos necesarios", afirma la nota emitida por Bruselas.

También el Consejo Europeo de Pagos (EPC), el foro creado por la banca europea para coordinar todas las tareas ligadas con la industria de pagos, adoptó el pasado 31 de marzo una resolución en la que establecía que era necesario disponer de una fecha límite para adaptar transferencias y adeudos a los requisitos SEPA. En su opinión, bastarían entre tres y cinco años para acabar con los antiguos protocolos.

ALCANZAR LA ARMONIZACIÓN DE LOS PAGOS

La ventaja de la implantación total de la SEPA radicaría en que las operaciones en euros quedarían sujetas a un conjunto uniforme de estándares, reglas y condiciones y que las mismas podrían, en consecuencia, ser procesadas con la misma facilidad, rapidez, seguridad y eficiencia con que lo son actualmente dentro de los mercados nacionales. Surgiría así un nuevo panorama europeo de pagos al por menor caracterizado por un mayor grado de integración. Una armonización que aboliría las diferencias entre pagos electrónicos nacionales y transfronterizos y aportará beneficios a la economía y la sociedad, en la línea con los objetivos fijados en el Plan de Acción para los Servicios Financieros de la Agenda de Lisboa de 2000.

La CE ha mostrado su conformidad a que haya fechas de caducidad distintas para transferencias y adeudos nacionales. Asimismo, ve posible que los calendarios de extinción varíen de país a país. E incluso, que en lugar de ser dictaminados por algún regulador los decida el propio mercado

De este modo, para que la unificación  pueda llevarse  a cabo, es muy importante el papel de las autoridades públicas, pero el cetro de decisión lo tiene la industria bancaria europea, que, mediante la vía de la autorregulación, ha de procurar que se den los avances necesarios. Así, en España, la transferencia SEPA apenas representaba hasta junio un 1% de los mandatos de pago realizados y la domiciliación SEPA (SDD) será ofrecida por las entidades a partir del próximo noviembre.

Consciente de su relevancia en la unificación, el sector bancario europeo creó en 2002 el Consejo Europeo de Pagos (European Payments Council, EPC), como órgano de representación de la comunidad cuyas decisiones son asumidas por las entidades que operan en el entorno SEPA.  De ese modo, y para facilitar la migración, se implantarán las medidas necesarias para habilitar aquéllos que se han decidido en el ámbito interbancario (UNIFI ISO 20022) y se desarrollarán estándares transitorios no XML que faciliten a los clientes la migración a SEPA hasta que los sistemas que éstos emplean tengan plena funcionalidad XML.

LA CRISIS COMO ALIADA

El huracán financiero que ha sacudido a la economía mundial puede haber tenido su parte de “culpa” en la lentitud con la que se están implantando en Europa los protocolos SEPA. A este respecto se pronunciaba el Banco Central Europeo en marzo de este año,  aclarando que, aún en tiempos de turbulencias económicas, la SEPA debe seguir siendo prioritaria para el Eurosistema y que la aplicación de una “mini SEPA”, sólo para pagos transfronterizos no es una opción aceptable. Incluso podría decirse que en la actual situación económica, cuando la mayoría de las entidades bancarias vuelven la mirada hacia el negocio minorista- donde los servicios de pago son factor esencial- la migración plena a la SEPA cobra todavía mucha más importancia, estableciéndose como la base del futuro mercado europeo de pequeños pagos.

Existen algunos otros obstáculos para la tan esperada migración. Dentro de los condicionantes legales el más importante a día de hoy es la carencia de un marco jurídico uniforme, aplicable en toda la Europa del euro. En principio, la nueva Directiva sobre Servicios de Pago persigue poner fin a la actual disparidad legislativa en la materia, pero la dilación en su proceso de elaboración así como la incertidumbre acerca del momento definitivo de su aprobación y transposición en todas las legislaciones nacionales afectadas, suponen un cierto freno.

Además, en lo que se refiere a los condicionantes económicos, los nuevos instrumentos SEPA presentan algunas peculiaridades en su funcionamiento que, en mayor o menor medida, podrían afectar a su uso extensivo. Por un lado, destaca la cuestión de las tarifas interbancarias tanto en lo que respecta a su nivel como al régimen de aplicación de las mismas. Por otro, en lo que respecta a las comisiones a la clientela, la práctica española se ha venido apoyando en que los gastos corrían por cuenta de quien introdujera la operación en el sistema; un enfoque diferente al escogido para los pagos SEPA, en los que se promueve preferentemente el reparto de gastos entre emisor y beneficiario.

Por otra parte, el panorama de pagos español ofrece algunas particularidades que deberán ser tenidas en cuenta. Entre otras, se deberán abordar cuestiones tales como los requisitos de información a balanza de pagos y el tratamiento diferenciado de determinadas operaciones como las transferencias para el pago de nóminas y pensiones o aquellas por importe superior a 50.000 euros.

Tampoco debería olvidarse que el éxito último de la migración va a depender en buena medida del nivel de aceptación que los nuevos productos SEPA consigan alcanzar por parte de los clientes de las entidades financieras españolas. Ello variará en razón a la sencillez de uso de los mismos y a la conveniencia que presenten dichos instrumentos, siendo igualmente decisivo el grado en que las decisiones relativas a la migración en otros países garanticen el acceso efectivo a cualquier contrapartida. Por ahora, algunos actores de peso ven SEPA con malos ojos. Como ejemplo de su reticencia, el sistema español facilita el cobro de recibos porque limita el plazo de devolución (luz, agua, gas o teléfono) por parte del cliente a 30 días, frente a las ocho semanas que ofrece el método europeo.

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