edición: 2450 , Jueves, 19 abril 2018
23/06/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

A los Kirchner se les desluce la rehabilitación de Argentina ante los mercados

Tras dos prórrogas, la aceptación del canje está lejos del 75% y el acceso al mercado será a tasas del 11,7 al 13% y no del 9 que buscaban
El Gobierno necesita 65.000 millones de pesos para cerrar el año, triplica el aumento del gasto público y busca blindar la Anses ante la deuda de las provincias
Ana Zarzuela

Trata de vestirlo de celebración. Una anticipada, primero, con los esfuerzos tentativos del ministro Bodou desde febrero por destapar el canje de los 20.000 millones de dólares con los tenedores de bonos pendientes. El retorno a los mercados internacionales después de casi 10 años de default y de ostracismo crediticio, era el objetivo prioritario de este año de Gobierno. Ni Cristina Fernández ni Bodou se iban a contentar con una aceptación del canje inferior al 75% de los bonistas, ni negaban que era sólo el primer paso para el acceso inmediato a dólares a tasas de un solo dígito. Fernández contaba con un canje a principios de mes, emisiones a mediados de junio para cerrar presupuestos y poder contener a las provincias su ‘batalla’ de la deuda. Hoy, ni lo uno ni lo otro. A la rehabilitación final, no puede llegar sin la normalización de sus relaciones con el FMI y aún después del canje habrá casi 30.000 millones de dólares de deuda en suspensión de pagos. Les falla además el ‘juego de llaves’ para la liquidez. Sin financiamiento de los mercados internacionales a tasas de un dígito, al sector público le urgen 65.000 millones de pesos para cerrar un gasto que se ha incrementado un 30% sobre presupuestos en los últimos meses y que bebe de dos cajas, ahora en cuestión: el Banco Central y el sistema de pensiones de la Anses.

Ahora están en cuestión los gobernadores, a la vista de los mercados, quieren recuperar sus aportes a la Anses y la Corte Suprema urge a actualizar el pago de las jubilaciones, aunque deje en rojos la fuente más jugosa para el gasto público argentino y sus 149.000 millones de pesos.

A pesar de haber prorrogado en dos ocasiones desde el 3 de mayo la oferta de canje prevista para concluir el 7 de junio y cerrada formalmente ayer y de tratar de desbrozar los recelos de los bancos y los bonistas italianos -los más correosos en la última fase- ingresaron al canje hasta el 22 de junio 11.500 millones de dólares de los 18.300 millones de bonos que todavía estaban en default; un 63% de participación, aunque en la Casa Rosada advierten que el máximo logro que Boudou dará a conocer en los próximos días puede llegar al 68%. El tramo de grandes inversores cerró el 14 de mayo con una aceptación del 45%, luego de una postergación de 48 horas.

El éxito pleno del canje hubiese sido obtener un alto nivel de adhesión y, a la vez, acceder a 1.000 millones de dinero fresco a una tasa menor al 10% anual. En estos días y con mercados volátiles, esa posibilidad no está al alcance argentino, que debería pagar entre 11,75 y 13%, un nivel de tasa políticamente ‘indigesta’ para la Casa Rosada, lejos del 9% que pretendía el ex presidente Néstor Kirchner. Nada que la desconfianza global de los mercados pueda explicar. Brasil está actualmente colocando deuda pública a una tasa de 5% o 6% anual y a largo plazo. El problema es argentino. En enero de 2006, pagaba 8% en dólares por endeudarse en los mercados, mientras que en agosto de 2008 pagó 15% en dólares. Pero, además, la emisión de nuevos bonos para entregarle a los acreedores por unos 6.000 millones de dólares, implicará tener que desembolsar dólares hasta las elecciones del próximo año. Lejos de haber conseguido 1.000 millones de dólares, el Tesoro tendrá que desembolsar hasta fines de 2011 unos 900 millones para cumplir con las condiciones de emisión de los nuevos bonos.

Ahora que los analistas habían despejado el riesgo de impago estatal al menos hasta 2011, el Gobierno de Fernández viste de alarde sus urgencias. Pero a pesar de que el riesgo país caía en la última semana en sesenta puntos, sigue aún por encima de los 780 puntos, (más del doble de Brasil) y los bancos de inversión y los analistas suman y siguen con los avisos del propio Fondo Monetario Internacional: el canje de 18.300 millones de los bonos que estaban pendientes dejan a Argentina esta vez de nuevo a medio camino de la rehabilitación  y su adiós al default de 2001, cuando declaró una moratoria unilateral por 90.000 millones de dólares, la mayor de la historia. Fernández se ha encontrado con la inquietud que ya no esconden ni el Departamento de Estado norteamericano, ni el FMI. Nada de volver por ahora a permitir que la misión del Fondo aterrice a revisar el estado de la economía argentina, como el ministro Amado Boudou esperaba desde su llegada a la cartera de Economía. Un programa de seducción que incluía cuatro etapas: solucionar el tema de los holdouts; volver al mercado voluntario de deuda para abonar los vencimientos del año próximo; aceptar la revisión del FMI y acordar con el Club de París. Pero se desarticuló por completo ese programa de Boudou y sólo quedó la reapertura del canje.

REHABILITACIÓN AÚN SÓLO A MEDIAS

No era otro que el vicepresidente del FMI, John Lipsky, el que le ha aguado su ‘fiesta’ del retorno al ministro Boudou: el acuerdo ha sido  imposible desde los tiempos de Néstor Kichner y seguirá siéndolo si no permite al FMI que, en ejercicio de su Carta Orgánica pueda aplicar la revisión de la economía argentina. “Argentina seguirá fuera de los mercados de capital pese al canje de reestructuración de deuda”, en palabras del argentino Claudio Loser, ex director del departamento de América Latina del FMI. Incluso si obtiene el 65% que Boudou buscaba con 72 horas adicionales a la prórroga, “tendrá una deuda en suspensión de pagos de por lo menos 30.000 millones de dólares, una cantidad extremadamente grande”, resultado de la suma de 8.000 millones de dólares del valor nominal de la deuda del 40% de bonistas que no aceptarían el canje, más 10.000 millones por los intereses atrasados, más la deuda en default que Argentina tiene con otros países, agrupados en el Club de París -7.000 millones de dólares-, más los dictámenes en su contra en los tribunales internacionales, que acumulan al menos otros 4.000 millones de dólares. Y que, como advertían al cierre de la oferta de canje la ATFA, una entidad que agrupa a tenedores de bonos de la deuda argentina en default y Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina, no están dispuestos a declinar sus reclamaciones. Ni siquiera ahora que la estrategia del ministro  Boudou pasa incluso por recurrir -como explicaba El Cronista- a la aplicación de la Ley de Quiebras para que la Justicia de EE UU avale la salida definitiva del default y terminar con los embargos a fondos locales en el exterior.

La existencia de una minoría de bonistas que se quedarán fuera de los canjes significa que el país continuará con la espada de Damocles de los dictámenes legales en su contra en los tribunales en el extranjero. Con una deuda exterior -pública y privada- de 118.048 millones al cierre del primer trimestre (un alza de 1.337 millones con el cierre de 2009), Argentina sigue, además, sin permitir una revisión del FMI. Se lo recordaba Nicola Stock, el presidente de la Task Force Argentina de Italia: no es nada que no redite la ausencia de efecto en el mercado financiero internacional de la decisión de Néstor Kirchner en 2006 de pagarle anticipadamente al FMI 10.000 millones de dólares al 3,5%. Peor aún: tras salir del default en 2005 la Argentina se financió a tasas de 1 dígito a pesar de los holdouts. Además, a principios de 2007 el spread de riesgo crediticio era inferior al de Brasil.

Nada que pueda hacer ahora. Fitch se lo ha advertido: por muy exitoso que resulte el canje de deuda, la calificadora sopesa mantener los bonos argentinos en categorías “altamente especulativas”. Ni el uso de reservas para pagar la deuda externa (la misma senda para evitar un ajuste fiscal en la que ya incidió con la nacionalización de las AFPJ según Fitch), ni el perfil de las políticas intervencionistas y las sombras de la incertidumbre jurídica permiten abatir su desconfianza hacia Argentina. La calificadora ha publicado un informe sumamente crítico del marco macroeconómico argentino al calificarlo de “débil”, con una “limitada flexibilidad de financiación”. Es el propio Boudou el que admite, entre líneas, los avisos que el ex presidente del BCRA, Martín Redrado, dejó sobre la mesa de los Kirchner con su destitución: la crisis con las provincias le mancha el escaparate exterior y alienta la dificultad para conseguir nueva financiación. La fuga de capitales le mete presión al dólar, que -empujado por una demanda cuyo objetivo es enviar divisas al exterior- ha subido desde la salida del ex presidente del Banco Central. El mensaje que Redrado soltó al aire ya ha llegado a los mercados: Argentina está débil, aunque no peligran los 18.000 millones de dólares del canje de deuda.

La rehabilitación no sólo sigue dejando el crédito lejano -y caro- para la Casa Rosada, sino que ha terminado por incendiar la guerra de las provincias con el Ejecutivo y con las ‘cajas’ de su financiación. Los gobernadores han tenido que colocar sólo durante el mes de mayo obligaciones negociables, valores de deuda y fideicomisos financieros por 494 millones de dólares. El final del canje y el adiós a los flecos del default estaba llamado a ser, para las provincias, el último de sus salvavidas ante una deuda que y una batalla con Cristina Fernández que los mantiene alejados de las reservas del Banco Central (BCRA) y que los obliga no sólo a detraer un 15% de impuestos coparticipables con destino a la ANSES (a pesar de que la medida es hija de un pacto de 1992 para la transición del sistema de pensiones que debía haber vencido cuando en noviembre de 2008 el Gobierno de Fernández estatalizó las AFJP), sino a acudir a fideicomisos a las administraciones públicas pagando a dos dígitos su liquidez. En lugar de refinanciar las deudas de las provincias, se están cobrando pasivos con los fondos que ya eran de ellas. Pero, si no pueden acudir a los mercados internacionales, los gobernadores prometen acudir al legislativo y a los tribunales para revertir su 15%. En números redondos, unos 25.000 millones de pesos por año, un monto similar a los desembolsos discrecionales que reciben las provincias. Y supera bastante al déficit acumulado de todas ellas.

SE LES COMPLICA EL ‘JUEGO’ DE CAJAS Y LAS PENSIONES

Cristina Fernández busca cajas. Levanta todos los baldosines propios y ajenos; lo hará, desde ahora, a la puerta de los mercados de crédito internacionales. Quiere triplicar los planes sociales en los meses que le quedan en el poder. Y necesita oxígeno para las provincias, con un déficit de 13.500 millones de dólares, la mayoría por impagos estatales. La mayoría de los analistas prevé que incluso con el aporte extra de más de 20.000 millones por las utilidades devengadas o contables del BCRA y 8.400 millones de los intereses del Fondo de Garantía de la ANSES, el año cerraría con un déficit superior a los 10.000 millones de pesos. El ‘manto’ del Fondo del Bicentenario no ha hecho más que enseñar las ‘vergüenzas’ que trataba de disimular para abrir el mercado internacional. Fernández se queda sin ‘monederos’ en un año preelectoral en el que mantiene a tres provincias tratando de sortear el desfiladero de la quiebra regional y han agotado las cajas del Tesoro, las arcas de los organismos estatales, las pensiones nacionalizadas -le dieron 7.300 millones de dólares en 2009-, el recurso a los bonos de Venezuela, la extensión de los vencimientos locales y hasta la emisión pública a las espaldas de la obra social de los jubilados. Por eso, la Casa Rosada ha vuelto ha acelerarle los relojes del ministro Boudou. Los del gasto y los del olvido.

Ni superávit primario de mayo por 6.000 millones y el financiero por 5.300 millones, por primera vez en más de un año después de un primer trimestre de recaudación tributaria récord en el primer trimestre (un crecimiento del 44% interanual gracias al impuesto a las ganancias, al IVA, a la inflación, a la seguridad social y a las retenciones a la exportación), ni las previsiones del Gobierno de contar con una caja de 96.000 millones de pesos para sus políticas de gasto opacan que el problema ya no son sólo las cajas, sino las aspiraciones y las urgencias en un año electoral. El Gobierno de Cristina Fernández se bebió a borbotones el oxígeno de los fondos de las estatalizadas AFPJ. De sus recursos adicionales, sólo el 60% se destinó a las prestaciones, el resto fue a financiar el gasto corriente y de capital de la Casa Rosada.  Ni siquiera cuanto organismo público estuvo a tiro esquinó su avidez: más de 41.000 millones de dólares sólo de instituciones estatales, hasta del PAMI: la obra social de los jubilados tuvo que ceder a finales de año 700 millones al Estado a cambio de la emisión en la última semana del año de una Letra del Tesoro en pesos y otra en dólares a ser suscrita por el Fondo de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS).

Pero ahora los Kirchner, aunque sea de espaldas a los mercados globales, quieren llegar a 2011 con liquidez a mano. Ha comenzado su Plan B. Como recordaba ante Clarín Alfonso Prat Gay, el ex presidente del BCRA y actual diputado por la Coalición Cívica, se ha convertido en una ‘caja muy a mano’ para la Casa Rosada, no sólo porque deja al Gobierno a mano 30.000 millones de dólares cada año (unos 120.000 millones de pesos), sino porque, reforma a reforma a la Carta Orgánica de la Entidad, la presidenta Fernández ha conseguido cada vez más acceso a  los fondos del Central. Al principio, sólo existían los adelantos transitorios que le gira anualmente al Tesoro y éste debe reintegrarle. Después, se añadieron los pagos a organismos internacionales, los fondos para saldar la deuda completa con el Fondo Monetario y las reservas que se destinan a cubrir vencimientos con acreedores privados. Hoy, el techo del financiamiento que el Central puede otorgarle al Tesoro Nacional, y de hecho le otorga, subió hasta los 98.119 millones de pesos, justo el triple que en 2002. Por eso, con el BCRA,  la estrategia pasa por juntar la mayor cantidad de dólares de las exportaciones para enfrentar la incertidumbre financiera y, a la vez, evitar que el dólar baje.

Más allá de las aspiraciones para las reservas de Marcó, las miradas de Fernández y los planes del ministro Boudou han vuelto de nuevo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el activo más preciado del kirchnerismo. La consigna es sellar aún más el acceso al Fondo de  Garantías de la Sustentabilidad (FGS), que maneja 149.287 millones de pesos- un 10% del PIB-, según la comparecencia para rendir cuentas de su director ejecutivo, Diego Bossio, en las Cámaras Legislativas hace dos semanas (la primera, por cierto). La Anses repatriará el año próximo los 6.900 millones de pesos que aún tiene en activos en el exterior y no usará el FGS para financiar el pago de la asignación universal a 3,8 millones de niños. Con más de 11.800 millones de pesos en lo que el Ejecutivo llama “proyectos productivos”, financia el 20% de la energía, subsidiada, con la misma intensidad con la que lleva adelante programas sociales -la asignación universal por hijo, la compra de ordenadores escolares, bicicletas, la construcción de viviendas-, alimenta fideicomisos de obra pública, financia el déficit de Aerolíneas Argentinas (103 millones en el primer trimestre, un 56% más que en 2008) y préstamos al Poder Ejecutivo o sirve para intervenir en grandes compañías y bancos. Desde que el FGS se creó en diciembre de 2008, se desarmó el sistema de AFJP y se estatizaron los ahorros que administraban las AFJP, la Anses se convirtió en una especie de banco de desarrollo del oficialismo, pero uno no sometido a las normativas de la autoridad monetaria. No sólo puede orientar el uso de los fondos con libertad, sino que con sólo condicionar el depósito de sus recursos en tal o cual entidad, opera como un regulador de facto del sistema financiero. Le ha puesto apellidos esta semana la senadora nacional Adriana Bortolozzi (Formosa-FpV/PJ): la Anses es “una mesa de dinero” “manejada desde arriba”.

Los diputados Reyes y Lozano ya hicieron el año pasado denuncias penales contra funcionarios de Economía por la suscripción del BONAR 14, que  el 19 de junio la Anses compró a 102,11 pesos, muy por encima de los 65,25 pesos a los que cotizó en el mercado de valores en la misma fecha. La gestión de la Anses por parte de Boudou y Bossio acumula varias denuncias pendientes, pero ninguna de ellas pone en riesgo la ecuación de la liquidez tejida sobre ella en la Casa Rosada. Lo hacen las batallas de la Corte Suprema por la actualización de los aportes jubilatorios y la guerra de las provincias para recuperar su copago. El fondo de garantía del sistema jubilatorio le prestó al Tesoro nacional en lo que va del año 916 millones de pesos, a la vez que refinanció cupones de deuda pública que habían vencido por un total de 7483 millones de pesos. Así, el Gobierno logró obtener recursos por la vía de colocar (o recolocar) deuda intrasector público -algo que se convirtió en habitual ante la falta de acceso a otras fuentes-, por 8.399 millones, considerando las operaciones con recursos de la seguridad social. En 2009, los fondos prestados sumaron 5.400 millones de pesos, en tanto que se habían refinanciado otros 17. 000 millones. Además, desde el traspaso de los fondos de las AFJP al Estado se repatriaron 5.260 millones; que aún quedan 2.800 millones invertidos en el exterior, que se irán trayendo cuando las condiciones de mercado lo hagan conveniente.

LA CARRERA DEL GASTO HASTA 2011

Ya en la Casa Rosada saben que sólo sin reconocer la actualización de las pensiones pueden cumplir con un suelo de gasto público de 65.000 millones de pesos. Y que el requerimiento de la Corte Suprema altera todos sus planes de financiación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apelará un reciente fallo de la Cámara Nacional de la Seguridad Social que exigió actualizar la Prestación Básica Universal (PBU) según la evolución de los salarios de la industria y construcción. Según el Ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, una “canasta básica del jubilado” alcanza un costo de 2.063 pesos, pero casi 5 millones de los jubilados y pensionistas cobran por mes el mínimo de 895 pesos o aún menos. Tanto que el propio Bossio -aviso para navegantes- le ha puesto cifras: si la Anses cumple las obligaciones impuestas por el poder judicial y el parlamento con la consagración del 82% móvil (una recomposición de las jubilaciones que no recibieron incrementos entre 2008 y 2009) y un mejoramiento sustancial a las jubilaciones y pensiones mínimas, cerrará el año con un déficit operativo de 53.000 millones de pesos.  Más aún si se fuerza una reducción de los aportes que recibe por la coparticipación federal, un 15% que hoy se destina a financiar el organismo. Y, con sus números rojos, echará por tierra el zigurat de la financiación de los Kirchner.

La única certeza en los mercados argentinos es que en el próximo año y medio habrá más de lo mismo: más impulso al consumo interno, más intervencionismo, más gasto público, más emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y una tasa real de inflación que no bajará de un piso de 25 al 30% anual. Como advierten los analistas, la intención del Gobierno es expandir el consumo y el gasto y para ello recurre a su tridente de atraso cambiario -que llevaría el dólar al final de año a 4,10-, congelamiento de tarifas y control de las importaciones. Lo hace aún a riesgo de cumplir la bitácora de las maldiciones que le dejó al Ejecutivo Marín Redrado, el ex presidente del BCRA: la inflación del 30% en este año, la estenosis de la producción y del sector exterior, la fuga de capitales (el año pasado se fueron 8.500 millones de dólares). Pero sobre todo, la sequía de las reservas del Banco Central. Argentina no puede tener aumentos de 42% de gasto público y de 31% de sus ingresos, porque eso significa que ese 11% de diferencia no tienen financiamiento. Poner en marcha la fábrica de billetes es tener una visión a muy corto plazo”, escribe Redrado en su libro ‘Sin Reservas’.

Como desde este año las reservas del BCRA tienen un rol central en la financiación del Tesoro, el Gobierno se está dedicando a cuidar el superávit comercial con restricciones virtuales a la importación, aunque alimente la incertidumbre interna y agudice conflictos con sus principales clientes externos: China y Brasil. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional ) ya ha cuestionado la falta de autonomía del Banco Central como un síntoma de las fallas institucionales del Gobierno para controlar el delito del lavado de dinero y critica en su informe técnico la salida de Redrado. Aunque el superávit comercial de 2010 resulte muy abultado, el problema no es 2010, sino los años que le siguen. Y, como apuntaban a La Nación desde el Estudio Ledesma & Asociados “con las nuevas regulaciones el BCRA está tratando de asegurarse el control de la oferta de divisas de forma de poder comprar los dólares necesarios para financiar el déficit primario del Estado nacional sin aportar demasiado ruido a la cotización oficial. O, lo que es lo mismo, emitiendo para financiar el déficit. Nada que preocupe a los Kirchner, con un plan para no renovar a Marcó del Pont, cuyo mandato vence en septiembre. Pero las Cámaras Legislativas, tras la renovación del 10 de diciembre, no son las mismas de mayoría oficialista que le permitieron remplazar a Redrado.

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