edición: 2560 , Lunes, 24 septiembre 2018
10/12/2014
LA OREJA DE LARRAZ

A partir de hoy ya es posible solicitar información pública en el Portal de la Transparencia

Javier Ardalán

El Gobierno considera que está preparado para la avalancha de peticiones de información pública que recibirá a partir de hoy en el Portal de la Transparencia por parte de ciudadanos y entidades, ya que hoy entra en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

La Ley regula el derecho de acceso a la información pública que ya ha sido desarrollado en otras disposiciones de nuestro ordenamiento. Partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) dela Constitución, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos. Pero esta regulación adolece de deficiencias que han sido puestas de manifiesto de forma reiterada al no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y al resultar su ejercicio extraordinariamente limitado en su articulación práctica.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Según la ley de transparencia, el Gobierno está obligado a responder antes de un mes a las peticiones de información que reciba. Para cumplir con este plazo, se ha especializado en transparencia a un funcionario de cada dirección o subdirección en todos los ministerios. Son las llamadas "unidades de información", encargadas de contestar las solicitudes que lleguen al portal como parte de su trabajo cotidiano.

Como ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial tramitará todas las solicitudes de acceso a la información registrada o generada en el órgano de gobierno de los jueces con independencia de los datos de identificación proporcionados en la petición, que tampoco deberá incluir motivación alguna, con independencia de que el solicitante pueda expresar las razones de la misma si así lo desea.
Así lo establece el “Protocolo de integración de la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de la organización interna del Consejo General del Poder Judicial” que comenzará a aplicarse mañana, fecha de entrada en vigor de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Aunque la ley exige la identificación del solicitante, el CGPJ aplicará el estándar internacionalmente fijado sobre la falta de ser necesarios esos datos, al entenderse que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de carácter universal, en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

Con carácter general, no obstante, la solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante; la información que se solicita; una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones; y en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

El derecho de acceso puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente.

La Ley regula que en cuanto a las peticiones, cualquier ciudadano puede hacerlas sin necesidad de explicar los motivos por los que quiere acceder a esa información. Antes tendrá que darse de alta en la página rellenando un sencillo formulario con sus datos, lo que le proporcionará una clave con la que entrará directamente en posteriores ocasiones, en las que "podrá registrar su pregunta en menos de un minuto".

Recibirá la respuesta en su correo electrónico o en el propio Portal de la Transparencia en el plazo de un mes, aunque podrán denegarle la información si la Administración considera que dársela supondría un perjuicio para la seguridad nacional o pública, la defensa, las relaciones exteriores, la política económica y monetaria y los intereses económicos y comerciales.

El asunto más polémico de la Ley es la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público, que cuenta con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Deberá actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Este organismo tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

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