edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
24/11/2010
Momificado y sin voz en la ‘casa de los líos’

A Sebastián le pasan por encima todos los 'caballos' de Moncloa, no sólo en energia

Rubalcaba tutela el ajuste renovable y trata de posponer el ATC hasta la próxima legislatura; Salgado pilota la titulización y se hace sitio en la negociación con las eléctricas
Hernández da la cara en la crisis del carbón; Blanco impulsa la Comisión de seguimiento de las térmicas; Salgado decide con HUNOSA
Tras rebajar dos Secretarías de Estado y recortar un 13% su presupuesto, le quitan la capitanía de la Comisión de Política Industrial y retrasan el PIN 2020
Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero
Javier Aldecoa

Recoge los añicos del halo de ‘superministro’, ése en el que Zapatero confiaba para impulsar la estrategia medular de su “revolución sostenible”-con la LES y la Política Industrial en ristre- y, de paso, ‘desfacer’ los entuertos de un rompecabezas energético acotado por una lluvia de ultimátum sobre el tejado de Moncloa: el del déficit de tarifa, la contención de las primas renovables, la definición del mix y el impasse del carbón. Pero al ministro le han llovido el bloqueo judicial al Decreto del carbón, las demoras en la titulización del déficit de tarifa que apenas ahora el BCE ha calificado, el fracaso en el Pacto de Estado y el acuerdo descafeinado y sin el PP en la Subcomisión del Congreso para un mix a 25 años. Y en todos ellos Zapatero le ha puesto sus apellidos a la culpabilidad y sus dictados a la obediencia. En tanto Moncloa encuentra un reemplazo para Marín que le permita mayor influencia sobre el Ministerio, Sebastián camina ya solo y de puntillas en la cornisa de Castellana 160, maniatado por la voz de Rubalcaba, la herencia de De la Vega, las decisiones de Zapatero y las líneas rojas de Salgado. Aspiraba a ubicar el ATC y a dejar que el carbón cayera ante Bruselas por su propio peso. Pero ahora hace la ‘guerra fría’ a Moncloa, ya sólo por abdicación. Intenta que Herrera, Areces e Iglesias peleen por su cuenta el Reglamento ante Bruselas más allá de 2014 y que Hernández y Alonso gestionen a domicilio el impasse del Real Decreto de incentivos del carbón, ahora que Zapatero hace oídos sordos a las presiones de las autonomías mineras sobre las eléctricas; Blanco apadrina la Comisión de Seguimiento de las térmicas, Salgado tiene las riendas de la titulización y, desde ahora, Economía, voz y voto en la negociación futura con las eléctricas; Rubalcaba supervisará todas las escaramuzas de Ferraz para el entierro formal del Pacto de Estado y suma fuerzas para congelarle la batalla de los residuos nucleares hasta la próxima legislatura.

No es nada que no hayan reproducido, agravio a agravio, en el resto de los ‘negociados’ de Sebastián. Tras rebajarle dos Secretarías de Estado, recortar un 13% su presupuesto y dejar en fuera de juego el perfil de su internacionalización (reducido en torno al 50%), le quitan la capitanía de la Comisión de Política Industrial, retrasan el PIN 2020 y Salgado se hace sitio en el futuro de la CNE y la CMT. Ni siquiera su rehabilitación con el sector tecnológico tiene el horizonte despejado, por más que estire las costuras del Plan Avanza2 y haga guiños a una red a medida a las teelcos. Las presiones de Salgado para fiscalizar a las operadoras y amortizar las frecuencias móviles, los compromisos con el PNV ante la CMT, la herencia ‘audiovisual’ de De la Vega (en la LGA, el CEMA y las tasas a las operadoras) y la ‘Ley Sinde’ le complican el sector TIC.

Buscaba la batuta de un coro de voces disonantes que ha terminado por acunar las decisiones energéticas del Ejecutivo con una mano en Moncloa, otra en Castellana 160 y una tercera en Ferraz. Pero el diálogo para sordos de Zapatero, los barones autonómicos, las sugerencias de la Fundación Ideas y las cifras de Elena Salgado imponen ya sólo el silencio y la obediencia debida para el ministro ‘meguante’ en todas sus competencias. No es ningún secreto que el presidente Zapatero en persona le ha hecho sudar, gota a gota, la regulación de los ajustes en la retribución al Régimen Especial y el recorte de las primas a las renovables a Sebastián. Y está dispuesto a hacerlo hasta el último reglamento, aún a costa de dejar al Ministro aún más arrinconado entre la espada del coste de las renovables -más de 6.500 millones de euros al cierre de 2010- y la pared de Hacienda, que repudia mayores cargas fiscales energéticas, pero le enciende las luces rojas a un déficit de tarifa superior a 16.000 millones, que sólo tiene hasta 2013 para diluirse, de acuerdo al real decreto ley 6/2009. Después de dos meses de retrasos, con el Real Decreto para la fotovoltaica aparcado en el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, era el Director General de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, el que avanzaba la nueva regulación fotovoltaica con 72 horas de antelación y el vicepresidente Pérez Rubalcaba el escogido por Moncloa para anunciarla, explicarla ante el silencio de Sebastián y Marín y -de paso- ponerle fecha a toda la regulación renovable pendiente desde hace un semestre.

Que habrá en abril una nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y nuevos decretos sobre energías verdes, -“algunos pactados y otros no”- lo han sabido en el sector sólo por boca del vicepresidente primero y portavoz de Moncloa, después de más de siete meses de cuerpo a cuerpo con Sebastián. A pesar de que, a toro pasado, el ministro anuncia para el primer o el segundo Consejo de Ministros de diciembre la nueva regulación eólica y termosolar, su bloqueo sigue en manos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y en manos de Zapatero y Salgado, los calendarios para que vea la luz del BOE una regulación que Sebastián había pactado con ambas patronales a finales de agosto. Y, tras su viaje a Argel en septiembre y los avances que el Ministro se atribuía en la negociación con Sonatrach -al menos para las tarifas a futuro del ducto Pedro Farrell-, Sebastián verá cómo se pone de largo el gasoducto Medgaz -previsto ahora por la compañía estatal argelina para febrero- con un nuevo ‘mentor’ a bordo en la diplomacia energética española. El ministro conocía nada menos que en pleno Spain Investors Day el nombramiento de Enrique Viguera, un diplomático de carrera, como “embajador en misión especial para asuntos energéticos”.

Creía que este otoño tendría despejada al menos la contención del déficit eléctrico (para empezar con la subida de tarifas eléctricas que si fuera por Sebastián ya se hubiera reflejado en la TUR del primero de julio) y el recorte de costes del sistema eléctrico, en particular los del Régimen Especial. La misma opción que la desautorización de Rodríguez Zapatero le ha obligado al ministro a ir desmontando en julio y a barajar de nuevo, pieza a pieza desde entonces. Ha tenido que olvidar sus planes de un ‘tijeretazo’ previo pactado con eólicas y termosolares (recorte de las primas eólicas del 35% y un aplazamiento de los 2.500 MW autorizados a la termosolar) antes de zambullirse en recortes forzosos a la fotovoltaica para rebajar -eso decía- hasta en 1.000 millones de euros sus primas. No hay ni rastro, tampoco, de la nueva normativa que el Ministerio esperaba dar a luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas y el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema. Nada que no vaya a seguir barajando en adelante, aunque esta vez -Zapatero se lo impuso en sede parlamentaria- tendrá que ser además a cuatro manos con el PNV y con el calendario del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha dejado claro ahora que, tras despejar la FV, el resto del diseño energético se hará al ritmo de Moncloa y de las líneas rojas de Salgado.

EN FUERA DE JUEGO TAMBIÉN CON ECONOMÍA

Miguel Sebastián no es precisamente el ‘santo de mayor devoción’ en los mapas de Cuzco. Ni él, ni sus propuestas. Para satisfacción de Presidencia y de Hacienda -nada partidarios de más cargas fiscales  que recaigan en los consumidores y menos aún si son finalistas- la negativa del PP al ‘céntimo verde’ se lo pone más difícil a Industria para revivir una promesa electoral incluida en 2008 por el PSOE  en el borrador de su programa y que luego ‘dejó caer’. La vicepresidenta se ha hecho sitio en el debate energético no sólo con sus portazos a las soluciones de Industria para aminorar el déficit de tarifa y buscar pagadores a las facturas de las primas renovables. En su haber, la aceptación por parte del Banco Central Europeo de la titulización del déficit como si fueran bonos del Tesoro. Ahora que las principales compañías eléctricas apelan de nuevo a la cordura de Industria, lo hacen a cuatro manos con Salgado, quieren que la vicepresidenta tenga voz en una minicumbre para abordar los ‘pendientes’ del sistema eléctrico, desde la inversión en redes, contadores e interconexiones a un sistema de compensación del back up de los ciclos combinados.

Antes de que termine el año, las eléctricas podrán haber cobrado unos 3.000 millones tras la colocación del Fondo, pero al fin y al cabo, con un déficit tarifario acumulado de más de 16.048 millones previsto al cierre del año y el compromiso de Moncloa para acabar con él en 2013, ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja, ni la subida desde el 1 de octubre del 4,8% (tras la congelación de la TUR del 1 de julio) evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse al menos el 5% en la siguiente revisión. Los analistas de Nomura les advierten que el Gobierno debería elevar el precio de la luz al menos un 15% en 2011 para que salgan las cuentas y que el déficit de tarifa engorde 'sólo' otros 2.000 millones el próximo año. Las eléctricas, a pesar de las promesas de Sebastián, siguen acorraladas en un sistema que prevé inversiones por 106.000 millones en infraestructuras en una década, pero que aún no ha despejado la rentabilidad de los 5.000 millones que invirtieron.

En Moncloa no le han perdonado la decisión técnica de no tramitar los incentivos de consumo al carbón autóctono como un decreto ley, con lo que las empresas hubieran visto cerrada la vía judicial del Supremo y de la Audiencia. Han respondido con el ataque de “falta de lealtad” ante la ratificación de la Audiencia Nacional a la suspensión cauteladísima del Real Decreto de incentivos al carbón solicitada por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. En España, el Supremo debe pronunciarse también sobre las cautelares solicitadas contra el real decreto por las eléctricas. La decisión final de las cautelarísimas de Luxemburgo no se espera hasta dentro de dos meses. Y si éstas se mantienen, la sentencia podría demorarse varios años. Lo sabe el Presidente Zapatero: permite que sean el Gobierno aragonés y el Ejecutivo asturiano los que proclamaran por su cuenta -sin desmentido ni confirmación de Castellana 160- que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han llegado a un "principio de acuerdo" con el Ministerio por el que aceptan quemar carbón nacional, al parecer hasta fin de año, pero sin retirar los recursos ante el Supremo y el TUE contra el Real Decreto que prima el consumo de mineral autóctono, un pacto que según esas declaraciones supondría el ingreso a cuenta de las empresas mineras de 37, 3 millones de euros por la adquisición de 533.274 toneladas de carbón autóctono, aunque no se quemarían de inmediato.

LA ‘REBELIÓN DEL SILENCIO’ CON EL CARBÓN

Sebastián cierra filas, esta vez ya sólo consigo mismo, si acaso. La sintonía con la que escogió como su mano derecha energética a Pedro Marín (después de haber compartido aulas universitarias con él y cuitas en la Oficina Económica del Gobierno), se ha evaporado a la misma velocidad que la independencia de Moncloa con la política de su ministro. Sólo las dificultades para encontrar un reemplazo de Marín que permita a Moncloa estrechar otra vuelta de control sobre el Ministerio le ha bloqueado al Secretario de Estado su ‘tocata y fuga’ de Castellana 160, por más que tenga a punto su candidatura para Irena. Sebastián ha visto cómo Zapatero imponía en agosto la marcha atrás en el recorte retroactivo a las primas renovables que cocinó durante meses; las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad del 5 de agosto; Moncloa le revocó a Sebastián la adjudicación del ATC a Zarra, blindó la tarifa eléctrica en julio (aunque cedió el 1 de octubre), no quiere ‘céntimo verde’ y no permite debate nuclear hasta al menos 2015.

El Presidente y algunos barones de Ferraz (Areces, Iglesias y Griñán) lideran el lobby ante Bruselas por la prórroga más allá de 2014 al Reglamento de Ayudas Comunitarias al Carbón del que Miguel Sebastián -tras el pinchazo judicial en Madrid y Luxemburgo del Real Decreto de consumo del carbón autóctono- no quiere ni oír hablar ya. Poco más que la guerra fría del silencio le queda a Miguel Sebastián en su cartuchera energética ante Zapatero, Rubalcaba y Salgado. La que orquesta, para empezar, con la ‘batalla’ del carbón. El ministro, como ya hizo durante la presidencia española de la UE durante el primer semestre del año, ha dejado que el Comisario Almunia, los barones de las Autonomías del carbón -con Areces y Marcelino Iglesias en cabeza- hagan presión en la Comisión para la prórroga del Reglamento comunitario que vence en 2011 y que, a domicilio, sean Antonio Hernández y hasta el portavoz socialista en el Congreso y Alonso, los que le ponen la cara a la política energética hacia el mineral.

En manos del Director General, Antonio Hernández, la representación, el pasado 16 de noviembre, en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Reglamento del Carbón. Ante los reclamos de Carbunión, Industria -por boca de Hernández, claro- reconoce que no hay ningún Plan B ante la crisis de la minería. Ante los esfuerzos de Zapatero por estirar las costuras del Almacén Estratégico Temporal de Carbón Autóctono (AETC) de HUNOSA y ante las presiones de sindicatos y patronal, el ministro sólo remite públicamente a Elena Salgado. Sabe que la vicepresidenta, que ya en septiembre se negó a inyectar más liquidez a la compra de carbón (tras el acuerdo del 20 de agosto), entonará el ‘no’ para que se liberen esos 15 millones de euros que permitirían a la compañía pública comprar a las empresas mineras unas 225.000 toneladas de carbón y prefiere que sea Salgado la que lo haga.

Sebastián sigue sangrando por las heridas del carbón: no sólo porque reconoce que los Presupuestos para 2011 dedican 1.059 millones de euros a todos los ejes de la política energética del Gobierno, frente a por ejemplo la dotación este año de 1.078 millones para el Plan del Carbón. Sebastián no comulga con un mapa que ha costado hasta ahora y costará hasta el final del Plan Nacional -después de seis años- un promedio de 200.000 euros por cada uno de los 8.000 mineros aún en activo y al que Moncloa siempre le ha dado cuerda desde que en 1998 el primer plan del carbón envió 514 millones de euros sólo en ayudas directas a la actividad minera. La CNE le advierte: aunque consiguiera aplicar el Real Decreto del carbón, tras 600 millones de euros de incentivos, sólo podrá reducir un 10% hasta 2012 el stock acumulado y se encontrará con la misma situación. Pero si el ministro esperaba sacar fuera todos los balones del carbón, la exigencia de Herrera, Areces y Ferraz para que asista en persona a la reunión del Consejo de Competitividad de la UE que el 10 y 11 de diciembre decidirá sobre la prolongación del Reglamento de ayudas al carbón más allá de 2014 (y que defienda que no estén vinculadas al cierre de las explotaciones no rentables), le ponen más difícil aún su ‘laissez faire’.

Ante las presiones del Gobierno a las eléctricas -por igual desde el frente político y en los tribunales- Zapatero deja que prosperen, de espaldas al Ministro, no sólo las amenazas del presidente castellano Juan Vicente Herrera -entre otras un canon a las eléctricas por producir en su autonomía-, sino todas las terceras vías posibles para que las centrales vuelvan a quemar carbón cuanto antes, incluso la mediación del alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, uno de los principales impulsores de la oposición gallega al Real Decreto que incentiva el consumo del carbón del Bierzo y Laciana, que intenta cuajar alianzas en Castilla-León para que comience la quema de inmediata mineral autóctono si Industria accede a una condición de que en el Real Decreto de incentivos no se relegue el consumo de carbón de importación, vital para las térmicas gallegas. La Comisión que sopesa las compensaciones a las térmicas de carbón importado, -hay seis en peligro- era su pequeña revancha personal, su fórmula para marcar terreno en la sintonía con las eléctricas. Pero sigue congelada en los mismos muros en los que Moncloa ha dejado que explote la guerra de presiones a las compañías eléctricas. Y ya sabe que sólo las presiones del Ministro de Fomento y la ‘galleguidad’ de Blanco, que no duda en plantear en público el ultimátum a Sebastián, podrán salvarlas, aún a costa de dejar otra vez al ministro entre la espada de Rodiezmo de Zapatero y el intento del titular de Fomento por salvar a Meraima y as Pontes.

Las tribulaciones del uranio de Miguel Sebastián en todas sus vertientes -ATC de residuos, derechos de extracción, tasas nucleares y vida útil de las centrales- han servido para dejar en evidencia las contradicciones entre Presidencia, Ferraz, la Fundación Ideas y el Ministerio. Y, de paso, para obligarlo a digerir, una tras otra, todas las contrariedades a sus iniciativas. Sebastián no consigue zafarse de las ataduras nucleares que ha heredado de De la Vega y de Zapatero. Y desde esta misma semana ya sabe que Rubalcaba no será su ‘liberador’, todo lo contrario: el vicepresidente encabeza al ala de Moncloa y Ferraz que, a la vista de los recelos de Camps, las tribulaciones de Montilla y las contradicciones del Partido Popular son partidarios de enterrar de nuevo el Almacén Temporal Centralizado de Residuos hasta la próxima legislatura, la misma pesadilla que Sebastián arrastra (heredada de los tiempos de Montilla en Castellana) desde hace cinco años. La ex ‘vice’ le aplicó sus galones de mando en junio de 2009, cuando en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. Y lo hizo en septiembre, dejando en el limbo al ATC ante las protestas de Manuel Chaves y los socialistas valencianos.

El ministro, después de seis años de vaivenes, buscaba finiquitar la negociación con Areva por los residuos que deben volver de Francia desde enero de 2011 si no quiere pagar 60.000 euros diarios y hacerlo, además, sin ultimar los jirones del Pacto de Estado con el PP, ni las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos. Hoy aún duerme en el epicentro de todos los desencuentros atómicos en el que De la Vega lo colocó antes de irse del Gobierno y el Ministerio ya sabe que, cuando llegue, lo hará con un 60% de su capacidad hipotecada por residuos ya desbordados, con un modelo trasnochado (la UE obligará a planes de Almacenes Geológicos Profundos desde 2014), sin impedir que Ascó tenga que construir un ATI desde el próximo trimestre y después de cuatro años de más pagos de penalización a Areva. Es sólo una más de sus derrotas atómicas. Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y  la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de nuevos reactores en el medio plazo. Luego, Sebastián trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta, a imagen y semejanza de EE UU. Ahora, tanto Industria como el grupo socialista han empezado a asumir que ni lo uno, ni lo otro.  El Congreso se ha encargado de rechazar la salida del 'pool' y nuevas tasas nucleares; la Subcomisión de Industria, de retrasar el debate sobre la prórroga  a los ocho reactores al menos hasta 2015; el Plan de Acción de Energías Renovables 2020 descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013 e Industria empieza a estirar las condiciones del Reindus para compensar su cierre.

EL MINISTRO MENGUANTE EN TODAS SUS ARISTAS

No es nada que no hayan reproducido, desagravio a desagravio en el resto de los ‘negociados’ de Miguel Sebastián. Es verdad -como ha tenido que argumentar el propio ministro la semana pasada en su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados- que los ajustes en su Ministerio para 2011, con un tijeretazo del 13,5% respecto al año anterior, están por debajo de la reducción media del 15,9% del conjunto del Ejecutivo. Pero también que -a diferencia de Cristina Garmendia- no ha podido revertir la tendencia en el trámite parlamentario de los PGE y que su estructura ministerial fue la más afectada por los ajustes organizativos del Ejecutivo que De la Vega dejó sobre la mesa de Zapatero antes de salir de Moncloa: desaparecieron las secretarías de Estado de Turismo y la de Comercio, la secretaría general de Comercio Exterior, la dirección general de Telecomunicaciones y la dirección general de Política Comercial. Se lo recordaba en persona Mesquida, aún adolorido por la rebaja desde Secretario de Estado a secretario general de Turismo y Comercio Interior (dos años después de crear el cargo), sin voz ni voto ya en el Consejo de Ministros y más lejos aún de Zapatero, tanto como por el rechazo a una rebaja del IVA al 8% para las agencias y al 4%  para otros servicios turísticos por parte del Ejecutivo. “España -Mesquida dixit- merece un Ministerio de Turismo para un sector que genera cerca del 12% del PIB y está en plena transición, con un aumento de extranjeros visitantes del 4,2% en lo que va de año. Un sector que el Ministro -a cambio de las rebajas- ha dejado en manos de su Secretario General y con él, el recorte del 20% de la inversión en promoción turística en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, de 776 millones de euros a 622,4.

 Y todas las lanzas de las promesas vertebrales de su cartera en el último ejercicio -una Comisión de Impulso Industrial y un nuevo PIN a 2020, el empujón a medida al sector exterior, o  el auge de los ratios de competitividad e innovación- se han erosionado o han estallado contra los muros de Presidencia y de Economía. Al amparo de la Estrategia de Economía Sostenible 2010-2020 Sebastián y Zapatero prometían como iniciativa complementaria a la Ley de Economía Sostenible una serie de actuaciones sectoriales para “el impulso modernizador y dinamizador de la economía”, entre ellas la elaboración durante este año de un Plan Integral de Política Industrial 2020 para aumentar el peso de la industria en el PIB y asegurar su contribución a la recuperación del crecimiento y del empleo. Lejos quedan ahora esos tiempos, en el primer semestre de 2010, en los que la sintonía entre el Presidente y su ministro más “sostenible” le llevaba aún a Zapatero dejar en manos de Sebastián la espina dorsal de la LES y sus flecos.

Nada extraño para un sector que realiza cerca del 90% de las exportaciones de bienes, que es responsable del 44% de la I+D privada ejecutada  y que tiene unas ratos de productividad un 10% superior a la del conjunto de la economía española. Pero desde que en abril el Ministro anunciaba a bombo y platillo los trabajos previos al Plan Integral de Política Industrial 2020, ha tenido que compartir las riendas de la Comisión Interministerial con Economía, Fomento, Trabajo, Medio Ambiente, Ciencia y la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Y desde ahora, por más que busque consuelo en la reedición de la nueva línea de apoyo al coche eléctrico, o en los 466 millones de euros  de incentivos puntuales a la competitividad, ya sabe que rinde cuentas de los avances en la estrategia industrial no sólo a Salgado, sino a Rubalcaba. Y que el PIN 2020 no llegará antes del cierre de 2010 como planeaba, ni con el respaldo suficiente como para superar la ‘excepción española’: la industria representa únicamente el 15,1% del PIB, cinco puntos menos que países como Alemania o Suecia y por debajo de la media europea, del 17,7%.

Como le recordaba el Club de Exportadores e Inversores Españoles (CEIE) a Alfredo Bonet, secretario de Estado de Comercio Exterior, en sustitución de Silvia Iranzo, será “difícil” que el sector exterior crezca lo que el Gobierno prevé en 2011 (nueve décimas en su aportación al PIB) porque las partidas presupuestarias destinadas a la internacionalización de las empresas se han visto reducidas en torno al 50%. Ni la mejora de la coordinación entre el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y las diecisiete agencias autonómicas de promoción económica para evitar solapamientos de funciones que pide el sector, ni la eterna promesa de un Fondo específico ampliado para ayudas al sector exterior sirven de bálsamo a los desencuentros entre el ministro y el sector. Ya desde los primeros pasos del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la asociación estatal de empresas exportadoras Amec advertía que no sólo no habrá aumento de los recursos destinados a la internacionalización del tejido industrial, sino que el tijeretazo será irreversible en los recursos del Ministerio para la promoción comercial y la internacionalización de cara. Ni la reforma de los créditos FAD y la gestación de la independencia de los créditos FEIM para el sector exterior independiente del Ministerio de Exteriores-como reclamaba Sebastián desde hace meses-, ni el nuevo fondo para el apoyo financiero a la internacionalización dotado con 316 millones de euros que proclamaba la semana pasada- pueden opacar la reducción de su diámetro y, con él, de las aspiraciones globales del ministro y su ‘Made in Spain’. Al fin y al cabo, es el propio Sebastián el que tenía que digerir, en plena Spain Investor, la caída de la marca ‘España’  del top ten mundial (que elaboran cada año la consultora Futurebrand y la BBC World News) y retrocede hasta el puesto 14, cuatro posiciones en sólo doce meses.

DESENCUENTROS TECNOLÓGICOS AL SON DE ZAPATERO Y SALGADO

La herencia de De la Vega y las presiones de Salgado le amargan también la sintonía con las telecos a Sebastián; han acabado por judicializar la tasa de RTVE. Si el ministro pensaba que el empujón final a la Ley de Economía Sostenible iba a ser, después de un año y medio de impasse, la oportunidad para aclarar el futuro de los reguladores que dependen de su cartera -la CNE y la CMT- ahora ya sabe que, además de las directrices de Salgado -que consiguió en la LES imponer la capitanía de la CNC sobre los reguladores- tiene que digerir las del PNV y hacerle sitio a las voluntades peneuvistas  a cambio de respaldo en los PGE, no sólo en la posibilidad del otorgamiento de licencias de telefonía móvil de ámbito regional, sino en el nuevo perfil de los consejeros de los reguladores de energía y telecomunicaciones.

 La obediencia ‘debida’ suma y sigue y le hace al ministro sangre con Reinaldo Rodríguez. A la CMT le sirvieron fría desde los tiempos de la vicepresidencia de De la Vega la venganza audiovisual, pero no lo da aún por digerida: excluyó a las operadoras regionales del pago de la tasa a RTVE, considera que puede ser doble tributación la tasa municipal a las telecos móviles y no se resiste a rendir la convergencia de las competencias audiovisuales. Ya cuenta con el PP para buscar sitio en la futura Comisión de la Propiedad Intelectual, con sitio para Rodríguez en el macroregulador Berec (mientras siga en la CMT) y con las dudas de Génova, CiU y ICV para removerle a De la Vega un modelo de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que Ferraz aún no ha conseguido poner en marcha tras la LGA y para el que Salgado intenta además ahora -con una cláusula sorpresa de ultima hora en la LES- encontrar fondos en el acceso al superávit de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Sebastián ha buscado en las últimas semanas ‘ofrendas de paz’ con todo el sector TIC. Lo hacía en Ficod con el anuncio de un Plan de Contenidos Digitales dirigido desde Castellana 160 (no desde Cultura), con la puesta de largo del Avanza 2 (incluyendo un plan de emergencia para la e-factura, tras las denuncias del sector) y con la voluntad de nuevo (tras el desencuentro con el ex Secretario Francisco Ros) de avalar ante la Unión Europea el principio de “gestión de tráfico" por parte de los operadores de telecomunicaciones y la posibilidad de priorizar unos servicios frente a otros para evitar interrupciones en situaciones de congestión en las redes. El ministro trata de aquietar al sector tecnológico con convenios con los Ministerios de Industria, Interior y Presidencia como el del DNI-e. Pero la solución a la crisis -innovación, patentes, educación y exportación de tecnología- se hace de rogar: no hay ni rastro de los 20.000 millones del fondo estatal para el cambio de modelo económico que en debate sobre el Estado de la Nación Zapatero prometió destinar al sector tecnológico para insuflarle impulso al que Miguel Sebastián no se cansa de apellidar “la palanca para salir de la crisis”.

La ley de Economía Sostenible no será su bálsamo. Saben que tendrán que buscar sitio en los 5.000 millones de euros del Fondo Local con el que Salgado espera financiar desde proyectos viables en materias como el turismo, hasta los fondos de capital riesgo, créditos para la rehabilitación de viviendas y edificios, eficiencia energética o salud y  biotecnología. Sebastián no ha podido imponer sus criterios ni en la Ley Sinde y sus obligaciones para las operadoras (por cierto en sintonía con el ACTA que la Unión ultima con EE UU sin sitio para el titular de Industria) ni en la financiación de RTVE con el 0,9% de la facturación de las telecos, ni en la excepción TIC para parte de los Fondos del Plan E 2010. Ni siquiera en el despliegue de las wifi y las redes municipales. Tampoco, evitar que, desencuentro a desencuentro, cristalizara la distancia entre las principales operadoras de telefonía y los planes de Industria.

El nuevo Secretario de Estado prometía en su estreno en septiembre aprobar en breve el nuevo reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios. Pero, aún sólo está sobre la mesa de las operadoras un programa de 200 millones de euros en préstamos para financiar despliegue de redes, sobre todo para mejorar la cobertura en zonas rurales. La Setsi y las telecos se tientan los pulsos, los bolsillos y las intenciones. Si las compañías hablan de saturación de redes, Lorenzo les pide más inversiones, si le recuerdan los olvidos del refarming y las redes de nueva generación, enseña los calendarios que prometen empezar a despejar desde diciembre el reparto de frecuencias móviles. Y en ellos, topa de nuevo con Economía. Las batallas de la financiación con las grandes operadoras de telefonía están más calientes que nunca, ahora que la banda ancha requerirá de 80.000 millones de euros de inversión en España y que, a las puertas de un salto llamado según los analistas a llevar a España a duplicar la penetración de banda ancha en menos de cinco años, la crisis se llevaba ya un 17,3% de la inversión de las operadoras en 2009.

En Castellana 160 aún sopesan si seguir las indicaciones de Elena Salgado y pisarle los talones al modelo alemán de subasta -que permitió ingresos al Estado de 4.300 millones de euros a cambio de 330 Megahercios de nuevo espectro radioeléctrico- o suscribir sus propios credos técnicos y la preferencia de las principales operadoras agrupadas en Redtel y apostar esta vez por un modelo de concurso, que  prime los compromisos de inversión frente al pago al Tesoro, “menos productivo a medio plazo”. En el entorno de Sebastián no quieren que la ‘fiebre recaudatoria’ pueda frenar las inversiones del sector, como en el año 2000 con las subastas del UMTS. En palabras de Lorenzo, uno de los objetivos de la secretaría de Estado es que “las empresas con deseos de invertir y que ahora no poseen espectro, lo consigan”. Pero en Londres la Ofcom sigue de cerca el antecedente germano con una subasta que trata de estimular la competencia en 800 Mhz por el camino de la escasez, con sólo tres licencias para cuatro grandes operadores. Desde Economía verían con buenos ojos fijar un monto inicial para sentarse a la mesa del concurso, establecer un precio mínimo para los bloques de frecuencias más demandados, ampliar él tope que puede acumular cada operador, especialmente en las bandas bajas para ‘calentar’ aún más una potencial puja por el espectro de 800 y 900 Mhz.

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