edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
11/03/2010
Once proyectos pendientes en Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón

A Sebastián se le vuelven a rebelar los barones por la carrera de la extracción de uranio

A la luz de sus resultados, Berkeley sopesa abrir la mina de Salamanca en 2012 y hacer efectivo su acuerdo de colaboración con la empresa pública ENUSA
Sebastián buscaba aprovechar la ‘fiebre’ global del uranio para revalorizar las concesiones de la Enusa, a contrapié del repudio de Moncloa y Caldera
Minas de Saelices El Chico (Salamanca)
Javier Aldecoa

Trató de posponerla, de barajar una posible ‘fiebre’ europea del uranio bajo la mesa de Zapatero y finalmente de dejar los plazos y los impulsos en manos de las multinacionales, que desde hace más de un lustro miran a España, la segunda mayor reserva mundial sobre el papel. El 2010 estaba llamado a ser el año del despegue del mineral que Enusa dejó reposar en los yacimientos españoles por falta de rentabilidad desde hace una década, o al menos el momento del retorno a las expectativas de las mineras, alentadas por los horizontes de la demanda de combustible y sus precios. Pero once meses después del Real Decreto de Industria que tendió la alfombra roja a Berkeley y Mawson con el levantamiento de la reserva legal en una decena de enclaves, el mapa de las minas ibéricas topa también con las batallas nucleares entre Sebastián y las CCAA. Son los Ejecutivos Autonómicos los que tienen la última palabra en los yacimientos, ahora que Berkeley estudia volver a producir en 2012 en Castilla y León (con apoyo de la Junta) y que Enusa está dispuesta a reabrirle los permisos en el resto de la geografía. Hay once proyectos de investigación y exploración pendientes en Extremadura, en 2010 vencen también tres permisos de Mawson en Cáceres y ambas multinacionales tendrán que decidir si quieren avanzar hacia la explotación en Extremadura, Castilla la Mancha y Aragón. Con o sin Enusa. Pero los Gobiernos de Fernández-Vara y Barreda se resisten a permitirles ir más allá; no por ahora; no en el escaparate de todas sus presiones atómicas. Los barones socialistas hacen saber que barajan en la misma mesa los permisos de exploración y explotación de las minas y la ruleta del Almacén Temporal Centralizado de Residuos al que Yebra y Albalá  aspiran a contrapié de sus Gobiernos y del que Sebastián excluyó su voto. La carrera del uranio, si llega, lloverá -para disgusto de Sebastián- en el mapa de las batallas del ATC y amenaza con estallarle con los mismos calendarios, a partir de mayo.

No son sólo los desencuentros sobre Garoña y el almacenamiento de residuos los que escinden al Gobierno y al PSOE y los enfrentan entre sí y con la CNE y el CSN. Después del decreto de luz verde a la exploración del uranio en mayo de 2009, el renacer nuclear comienza a llegar a Salamanca, Guadalajara Cáceres. Los resultados de Berkeley y sus planes en Salamanca y el hervor del mercado mundial -ahora que Sarkozy anuncia un banco europeo de combustible para las centrales de todo el planeta- , despiertan la carrera de la extracción del uranio, pero si se abre, el melón de la explotación mostrará de nuevo las grietas de los desencuentros en Ferraz, Moncloa y las lanzas de los barones socialistas. Ya ha empezado a hacerlo, sólo los socialistas y los populares castellano-leoneses tienden la alfombra roja a los planes de Berkeley en Salamanca.

Ya en junio de 2009 ER, IU e ICV exigían al Gobierno que no levantara la reserva del Estado para explotar el mineral atómico en España y están dispuestos a volver a levantar esa bandera si Berkeley o Mawson consuman sus previsiones y los planes que acaban de reactivar. Las presiones de la Fundación Ideas para el Progreso del ex ministro Jesús Caldera le vuelven a marcar las líneas rojas a Miguel Sebastián. Los alcaldes de la zona de Saelices ya toparon con la negativa de Caldera cuando era ministro, llevó su repudio a Moncloa y está dispuesto a hacerlo valer de nuevo desde la Fundación Ideas, en el ‘suma y sigue’ con el de los barones socialistas.

Las multinacionales esperaban aprovechar este año, subirse a la sintonía con el Ministro de Industria, habían negociado con Moncloa el levantamiento de la reserva legal para explorar en una decena de enclaves y el estudio de su explotación en menos de dos años. Era poco más que un acuerdo tentativo, que permitía a las mineras privadas acariciar por primera vez en décadas unas reservas probadas de 80.000 toneladas, la mayor parte en Salamanca.

Bajo el paraguas de la SEPI, la propia Enusa (Empresa Nacional de Uranio) tenía pocas esperanzas de resucitar la extracción en los complejos mineros que ella misma había cerrado en el año 2000. Desde entonces, a la vista del descenso de los precios en el mercado internacional casi a un tercio -de las 135/150 dólares por libra a los 44 de este año- y de los costes de producción, sus técnicos descontaban que la ecuación de la rentabilidad no les iba a salir a las multinacionales mineras en España por debajo de 80 dólares/libra en el mercado, ni siquiera en el complejo de la mina de Saelices el Chico, uno de los que Enusa mantuvo operativo hasta el final. El uranio de la provincia salmantina es un mineral empobrecido, con una concentración hasta doscientas veces menor que el que se extrae en otros yacimientos en activo en países como Canadá o Australia y es la propia Enusa la que recuerda, además, que cuando cesó su actividad, la mina de Saelices el Chico producía 300 tpa (toneladas por año), muy insuficientes para asegurar el suministro de las centrales españolas, que requiere una cantidad de 1.500 tpa. Precisamente la baja rentabilidad del uranio extraído en Ciudad Rodrigo, su calidad -hasta doscientas veces empobrecido respecto al que se vende en los mercados, lo que encarece el coste del mineral, ya que es preciso remover una mayor cantidad de terreno- y el desplome de los precios en el mercado en ese periodo de tiempo fueron las causas que llevaron al cierre de Mina Fe en el año 2000.

Pero los primeros resultados definitivos de Berkeley y Mawson han empezado a sacudir desde este mes los tentetiesos del uranio en Castellana 160. Y con ellos, la calma de los presidentes de Extremadura, Castilla la mancha, Castila León y Aragón. Berkeley Resources LTD -que ya ha invertido 17 millones en la explotación de yacimientos españoles- acaba de finalizar la primera etapa y se ha lanzado a comunicar a sus accionistas en todo el mundo que los recursos de uranio del ‘Proyecto Salamanca’ se han duplicado hasta un horizonte de 53,7 millones de toneladas de uranio concentrado U308 a 442 partes por millón para 52,4 millones de libras, lo suficiente como para que la multinacional minera australiana prometa ahora lanzarse a producir desde 2012 y a impulsar nuevos yacimientos en el Campo Charro Saelices. A los precios actuales de mercado, los 65 millones de libras de uranio (29.000 toneladas) que quiere producir en la zona valen 2.860 millones de euros.  La decisión tendrá que ver la luz al final de este trimestre.

Según la legislación aplicable, el eventual aprovechamiento de recursos mineros lo otorga el Estado, que puede hacer concesiones de explotación mediante concesiones por periodos de treinta años, prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de noventa años. Las declaraciones de zonas de reserva se adoptan por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en cualquier momento pueden levantarse, previa conformidad de los titulares de la adjudicación.

LA FIEBRE DEL URANIO ESTÁ DE VUELTA

Son los técnicos los primeros en advertir que la minería de uranio no es fácil: es un mineral muy disperso y es necesario profundizar mucho en los yacimientos para encontrar las vetas más interesantes. Prueba de ello es el precedente de la mina canadiense de Cigar Lake, que contiene las mayores reservas de uranio de alta calidad del mundo, inutilizada durante más dos años debido a una inundación de sus galerías más profundas. Hoy, de las 67.000 toneladas de uranio que se usan cada año  la minería sólo  produce entre 45.000 y 46.000 toneladas por año. Pero la fiebre del uranio ha vuelto a Europa, jalonada por la crisis del mercado nigeriano -del que procede la mayoría del que se consume en el Viejo Continente-, la expectativa de precios y el retorno de una oleada de nuevas centrales: en la actualidad, hay 436 reactores nucleares funcionando en todo el mundo, pero hay 56 centrales en construcción y según la Asociación Nuclear Mundial,  otros 142 proyectos ya en cartera. Nada que vaya a volver a hacer rentable de inmediato la resurrección de la extracción en España -ahora que el mineral está a 42,06 dólares por libra-, pero nada que no anime a las multinacionales a reabrir un mercado que tiene, sobre el papel, las segundas reservas del mundo. Lo hacen desde la crecida de precios de 2007, que llevó el precio de la libra de mineral hasta los 138 dólares.

Desde 1972, el núcleo del negocio principal de Enusa era la primera parte del ciclo nuclear, que incluye desde la gestión y abastecimiento de uranio enriquecido hasta la fabricación de combustible, así como la prestación de servicios de ingeniería y servicios de combustible a las centrales nucleares. Aunque Enusa nació con un mercado natural -las centrales nucleares españolas- con el tiempo ha extendido sus actividades a varios países de la Unión Europea y hoy en día compra el uranio a Canadá, Níger, Kazajistán y Francia- unas 150 toneladas de uranio enriquecido, que importa por más de 250 millones de euros-, al Gobierno aún le sale más barato importar cápsulas de uranio a los Países del Este que producirlas. Enusa tiene un modelo diversificado, no se plantea el autoabastecimiento ni explotación directa, pero si el mineral tiene buenas cualidades puede servir para vender parte del ciclo de producción y que se mejore en otros países y no se resiste a recibir de Berkeley las utilidades de su explotación. 

Berkeley espera que sus costes en España sean inferiores a esa cifra, de alrededor de 25 dólares por libra (0,45 kg). El desmantelamiento de armamento de la antigua Unión Soviética ha supuesto una fuente muy importante de uranio, pero cuando se acabe el programa Megatons to Megawatts las centrales tendrán que abastecerse de nuevo casi de lleno del uranio de las minas y si se cumplen los vaticinios de la Empresa Nacional de Uranio, subirá el precio y serán rentables explotaciones que no lo eran. El gurú de la energía Bill Powers le ha puesto cifras: sólo en tres años puede haber déficit de uranio y un auge de sus precios hasta los 100 dólares/libra. Lo justo para encender la mecha de las carreras en todo el Viejo Continente, a pesar de los avisos de algunos técnicos del CIEMAT y las sospechas de los técnicos que descuentan que las multinacionales nunca van a abrir una explotación de uranio en España (salvo que el precio se dispare) sino que calientan su valor en brazos de las promesas para Enusa. Berkeley ya triplicó el precio de sus acciones solo con dar publicidad al inicio de sus investigaciones.

La australiana tiene ya en su mano el acuerdo con Enusa Industrias Avanzadas -avalado por el Consejo de Ministros el 24 de abril de 2009- a través de su filial española Minera del Río Alagón, (para adentrarse en este proyecto sin chocar con la Ley de Minas) y un plazo de año y medio (que caduca en 2010) para realizar prospecciones en la veta de uranio de la comarca de Ciudad Rodrigo (Saelices el Chico y alrededores), una zona que y incorpora las reservas del Estado e incluye la Mina Fe (Sageras y la antigua Mina D), Alameda, terrenos de Retortillo, Santidad, la Zona 7 en El Barrero (Villavieja de Yeltes)  y la planta de procesamiento de uranio Quercus, en la que Enusa mantuvo la extracción de uranio hasta el año 2000, aunque permaneció abierta hasta el año 2002.  Desde entonces, sobre el papel, Berkeley está autorizada –aunque sin fecha y a expensas de la activación del acuerdo- para producir 950 toneladas por año de uranio concentrado. La producción de uranio, en el mejor de los casos, no comenzaría antes de dos o tres años, pero la decisión tendrá que reposar sobre la mesa de Enusa en 2010.

En caso de considerar que la extracción sea posible y rentable, la empresa australiana tendría la concesión de explotación durante 30 años, -prorrogables otros 90-, a cambio del pago de 25 millones de euros a la sociedad española. La empresa se haría con el 90% de la producción, pero la propiedad sigue siendo del Estado, sólo se cede el derecho a su explotación. Berkeley entregó a Enusa ya un pago inicial de 5 millones de euros por la base de datos que contiene la información histórica de la explotación de la mina y además, la estatal se guarda el derecho a quedarse con el 49% de la sociedad conjunta, en lugar del 10%. Además, Enusa recibirá un 2,5% del valor de la producción anual de la mina. Enusa mantiene en la comarca la planta Quercus, para procesar el mineral ya extraído, cuya utilización también se contempla en el acuerdo y que tiene capacidad para tratar hasta 950 toneladas anuales de uranio. Ello supone un importante ahorro para la empresa australiana, que así se ve libre de invertir varias decenas de millones de euros en construir una nueva planta. La idea de Berkeley es integrar la gestión de esa mina con otras prospecciones que realiza en Salamanca, utilizando la citada planta de Enusa para tratar hasta 950 toneladas anuales de uranio, construir una nueva planta le hubiera costado varias decenas de millones de euros.

Berkeley cuenta con permisos de exploración en dos yacimientos y 44.000 hectáreas de Salamanca y otros cuatro en Cáceres, que suponen otras 30.000. Hace valer desde 2008  el apoyo expreso y público del PP y del PSOE de la Comarca de Ciudad Rodrigo, ambos respaldaban la reapertura de la mina por la creación de empleo y le han despejado el camino a las intenciones del Ministerio de Industria. Al menos hasta ahora. Era el propio alcalde mirobrigense el que desde los tiempos en que Jesús Caldera (también salmantino) capitaneaba el ministerio le había pedido que fuera Moncloa directamente la que evaluara las capacidades de la zona. El debate nuclear ha acallado esta vez las voces municipales ante el anuncio de Berkeley Resources para las minas castellanoleonesas. Pero el silencio oficial es mucho más de lo que pueden decir los planes de la minera canadiense en Castilla la Mancha y Extremadura.

Ya bajo el impulso de José María Barreda, Castilla-La Mancha aprobó en marzo de 2009 la no registrabilidad para permisos de investigación a fin de evitar la extracción de uranio en Guadalajara -uno de los siete emplazamientos 'potencialmente aprovechables' identificados por la firma australiana en territorio español- con la bandera de la riqueza medioambiental de la zona. El PSOE provincial y municipal -en el municipio de Corduente y los vecinos- ha cerrado filas desde 2009 en contra de la mina de uranio de Aragoncillo y de los permisos de investigación de Berkeley Resources. Llueve sobre mojado en la cerrazón para la australiana a la explotación comercial de un yacimiento en Mazarete -de mayores dimensiones que el de Aragoncillo, unas 6.500 hectáreas- a la que se niega desde hace ya casi un año Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo considera incompatible con el paisaje del Parque Natural del Alto Tajo, aún a costa de contrariar a la alcaldesa. No era otro que el municipio el primero en reclamar unos trabajos de investigación para saber qué efectos tiene el yacimiento sobre la población. Nada que la Junta de Aragón y sus Cortes hayan desbloqueado en las latitudes de las exploraciones que corresponden a su territorio, en torno al municipio de Molina. El presidente Barreda afina ahora de nuevo unas lanzas que enseña justo desde que en mayo de 2009 el Ministerio de Industria levantara la reserva estatal sobre una decena de enclaves en Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla y León 'para favorecer la libre investigación y posible explotación de minerales radioactivos'.

EL DESAFÍO PARA EXTREMADURA

La canadiense Mawson le bebe los vientos a la avanzadilla de Berkeley Resouces y la sintonía con Miguel Sebastián. Trata de conjugarlas en latitudes extremeñas: desde 2008 no esconde su interés por el uranio de Cabra Baja (baraja estimaciones de unas 65.000 toneladas, con un 0,15% de riqueza, un porcentaje muy elevado de metal en la roca) y sopesa sus permisos de exploración en Cáceres Oeste (Albalá, Aldea del Cano, Cáceres, Casas de Don Antonio, Sierra de Fuentes, Torreorgaz y Torrequemada).

La multinacional canadiense hace valer en sus perfiles y sus road shows recientes los derechos de exploración en España y Finlandia en el portafolio de una veintena de proyectos en toda Europa y los permisos de investigación que desde 2008 ostenta en Don Benito -que cesó la extracción en 1990- en un total de 14,972 hectáreas en La Haba, que caducan en 2011, y Las Cruces-Manantial y en una superficie de 25 kilómetros en torno a la finca Los Ratones, en Albalá. Tendrá que decidir si, junto a los que vencen en 2010, los prorroga o si se zambulle en la explotación. Las prospecciones pueden extenderse, además de a la zona de Vegas Altas y La Serena, al norte de la región. Todo, sobre la mesa de la Junta de Extremadura. Además, Berkeley -con otros seis de puntos considerados rentables bajo estudio en España- tiene permiso para analizar y explorar tres yacimientos en la provincia de Cáceres: Quejigo (por los términos de Acehúche, Ceclavín y Portezuelo); Olmos (Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas y Navas del Madroño); Almendro (Bohonal de Ibor, Castañar de Ibor, Garvín, Peraleda de San Román, Valdecasa de Tajo y Villar del Pedroso). La explotación será otra cosa. En 1966 comenzó a explotarse el yacimiento de Hoya del Lobo, pero se agotó rápidamente. Le siguieron los de las minas Lobo-G y El Pedregal y la puesta en marcha de una planta de concentrado de uranio, que posteriormente cayó en desuso.

Si llegan la ‘resurreción’ de Quejigo, o del Corredor de la Guarda lo tendrán que consumar de espaldas a las lanzas de la Junta de Extremadura, que sopesa la propuesta de los ecologistas en la región de aprovechar su nueva directiva y el proyecto de Ley de Calidad Ambiental para ponerle muros a las prospecciones de las minas de uranio a cielo abierto de las multinacionales. De los trece permisos pendientes que Mawson y Berkeley requieren, nueve corresponden a la provincia de Cáceres y cuatro a la de Badajoz. Pero a Fernández Vara le llueve sobre mojado en la polémica de la posible ampliación de la vida útil de los reactores I y II de la Central Nuclear de Almaraz -que ya almacena en sus piscinas más de mil toneladas de  residuos radiactivos de alta actividad, casi una tercera parte del total existente en España-, un depósito de uranio en La Haba (Badajoz), a lo que ha añadido que la región también está cerca del almacén de baja intensidad de El Cabril (donde la Mina Beta, antiguo yacimiento de uranio, recibe residuos radiactivos desde 1961) y la candidatura de Albalá, en el que la minería de uranio llegó a ser la fuente de riqueza en las antiguas minas como La Carretona, El Gallo y Pozo Norte para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos.
de las reservas de uranio españolas y el acuerdo salmantino con Enusa.

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