edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
27/05/2010
Algunos parques puede llegar a producir sin recibir primas y a precios libres, o sea, la ruina o la subvención autonómica

A Sebastián y las Comunidades Autónomas les hace torbellinos el dislate eólico

Ya hay 7.600 Mw avalados por CCAA sin acceso al registro de Industria y a sus primas; 790 Mw eólicos castellanos sin cupo y en Andalucía, sólo cogieron sitio 46 de 500 Mw
REE exige coordinación, más sistemas de almacenamiento y líneas de evacuación; a partir de 2014 se desperdiciaría eólica; enciende las alarmas en Canarias y Galicia
Media docena de CCAA aceleran concursos por otros 5.000 Mw, sin certeza plena de su retribución o su cupo
Javier Aldecoa

Tratan de encajar de nuevo el embudo de sus expectativas, pero a Industria el horizonte eólico se le sale del mapa. Las urgencias de Moncloa por definir una cuadratura del círculo del modelo ‘verde’ (recortar los 6.215 millones de primas sin renunciar al el 22,7% renovable en 2020) han cogido con el pie cambiado a los desencuentros eólicos entre el ministro y las Autonomías, un mapa a 17 velocidades e intenciones que el registro de preasignación de 2009 y ahora los tanteos de Sebastián desbocan aún más. El maratón eólico y las lagunas en coordinación entre administraciones mantienen desde 2009 contra las cuerdas al Moncloa y REE y dejan a las empresas entre la pared de Industria –la única con la llave a la retribución- y la espada de las Autonomías, que les impulsa a tirarse a sus aguas casi a ciegas en busca de sus autorizaciones. En el aire, más de 1.000 Mw ya en pie, más de 7.600 avalados por las Autonomías que se han quedado sin sitio en el primer año de registro de preasignación del Ministerio. En la Xunta no pueden obviar, a pesar del mayor concurso de la historia, de 2.325 Mw, que hasta 2013 no habrá más que 400 Mw de capacidad y otros casi 1.000 MW pendientes de construir. Montilla acelera y busca certezas de Sebastián ahora que por fin pondrá de largo el concurso de 900 Mw en nuevas licencias a corto plazo y 3.500 megavatios a medio. Los ‘barones’ de Ferraz quieren sitio en el registro para los molinos de Castilla la Mancha y para Extremadura (sin un parque). Tanto Griñán como Herrera amenazan con acciones legales: quieren una regulación para que los parques ya autorizados y construidos no acaben en la tierra de nadie del realismo de emergencia de Sebastián.

La falta de sintonía entre Madrid y las CCAA, los vaivenes en respaldo y proyectos hacen estallar el mapa incluso de la eólica, la menos costosa, la más madura de las tecnologías renovables, la que menos recortes en la retribución aguarda. No es casualidad que desde Industria, los primeros globos sonda de un recorte de primas fueran para los consejeros de Industria de algunas Comunidades.  Las CCAA socialistas y las multinacionales hacen lobby conjunto entre tanto otra vez para que cumpla la transposición de la Directiva 2009/28/CE, que regula el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, está en vigor desde el 5 de junio y debe ser transpuesta a la regulación española.

Sólo así podrían las CCAA españolas receptoras de instalaciones eólicas beneficiarse de fondos de consumo eléctrico procedentes de otros países de la UE para ayudarles a conseguir sus objetivos nacionales en renovables. Sebastián y el secretario de Estado Marín tienen en su mesa desde hace meses los avisos de los expertos: la sobrecapacidad eólica, las grietas entre la intención regional y la financiación estatal podrían llevar a que un buen número de parques en los próximos años tuvieran que producir energía sin prima y a precios libres. Casi el 78% de la potencia instalada el año pasado procedió de tres Comunidades: Andalucía, Castilla y León (548,68 Mw), con un incremento del 16,5% y Valencia (289,75 mw), con un avance del 41,6%.

Para las CCAA, la ‘ola’ de la energía limpia fue una fórmula para impulsar la economía local, el trabajo y las inversiones a domicilio, un reclamo político y una forma de ganar galones ‘verdes’ en una carrera entre Gobiernos. La misma que alentó un maratón desigual de concursos. Unas no convocan sus concursos, otras producen más de lo que pueden canalizar sin problemas a la red; todas, con  Galicia, Cataluña y Cantabria en cabeza, aceleran de nuevo para no perder todos los trenes aunque no estén claros ni los destinos ni sobre todo, todos los peajes. Pero en Castellana 160 les duelen ya las heridas del desfase: en 2009 se instalaron 2.459,44 mw eólicos, el segundo mayor crecimiento interanual 14,74%, que ha permitido a España situarse, con 19.149 megavatios en producción y la previsión de  20.155 en 2010 como el segundo país de la UE por potencia instalada. Pero, según las previsiones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la creación del registro de pre-asignación por sí sola supondrá una reducción de la potencia a instalar en 2010, hasta los 1.000 mw. Ya hay centenares de megavatios ‘en el aire’ de las grietas que separan a Industria y los Gobiernos autonómicos. Y es que el ministerio resolvió solicitudes al registro que sumaban más de 14.000 MW, mediante la asignación sólo de 6.400 MW de potencia hasta 2012.; 1.600 MW anuales para el periodo 2009-2012, queda muy por debajo del potencial del sector que, solo el año pasado, logró instalar 2.460 MW nuevos.

Sebastián sacude de nuevo las aguas de un marco agitado aún para el sector, que discurre entre dos decretos, el 661/04 y el 1578/08. El Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril (BOE de 7 de mayo), establecía la creación del Registro de pre-asignación de retribución para las instalaciones del régimen especial. La inscripción en el Registro es desde entonces condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007. Pero si buscaba con él normalizar a la eólica y la termosolar y blindarlas del ‘efecto fotovoltaico’ ha conseguido todo lo contrario, una avalancha de miedos y de proyectos preventivos y el embudo para instalaciones ya en marcha. Con el nuevo modelo desde hace ahora un año, los promotores eólicos se sientan a una mesa a la que han sido invitados de honor por los planes autonómicos, pero en la que los ‘platos’ de la rentabilidad están en manos de Industria.

EN TIERRA DE NADIE ENTRE LA REALIDAD Y EL DESEO

Una cosa será la existencia de los parques, otra sus primas y su modelo de retribución. De ésas tiene la llave Industria, la potestad para dar entrada en el sistema a los parques y fijar la prima es exclusiva del Ministerio. Ningún proyecto de más de 10 MW que no haya logrado incluirse en el registro puede cobrar el incentivo o prima asignada a la eólica. Las comunidades conceden licencias para nuevos proyectos que hasta ahora no sabían  a partir de cuándo se pondrán construir, o si tendrían cabida en los cupos anuales para nuevas instalaciones definidos por Industria. Ahora, se les nubla además el horizonte de sus retribuciones, con cada vuelta de tuerca de Sebastián a un nuevo de “primas renovables sostenibles”, por más que la eólica haga valer sus diferencias con la fotovoltaica y la termosolar. Como recordaba Sánchez Galán, la eólica es rentable y es “disparatado” el importe de las primas dedicadas a la solar, que concentrará en 2012 el 25% del coste de la energía, pese a producir "entre el 3% y el 5% del total. La solar recibió 2.688 millones -y sólo produjo el 2% de la demanda- y la eólica, 1.608 millones y cubrió el 13%.

El ministro enseña aún la mano de las dudas, un plan que intenta a duras penas sostener sus promesas autoimpuestas con Bruselas de llegar al 22,7% de producción renovable en 2020, pero que no quiere una subida de tarifas eléctricas, ni puede sostener un nivel de primas verdes que en 2009 le dispararon de nuevo el déficit con 6.215 millones destinados al Régimen Especial. Al ministro se le acaban todos los limbos. El del calendario, le obliga a un nuevo Plan de Renovables 2011-2015 antes de fin de año. El del mix energético, con la demanda a la baja, subvenciona la energía más cara, mientras las eléctricas se ven obligadas a disminuir la producción tradicional. Ya no sabe cómo bajarse de la nube verde, sólo que se ha emparedado entre la ‘realidad y el deseo’: las inversiones necesarias para instalar del orden de 3.000/3.500 MW anuales ascenderían a 60.000 millones de euros, sin contar con una mayor interconexión de las redes con Europa y la construcción de más instalaciones hidroeléctricas de bombeo, para que tengan cabida las renovables no gestionables. Más aún, según los cálculos del ex presidente de Red Eléctrica de España (REE) Pedro Mielgo y el estudio de la Fundación Funciva, el 'mix' propuesto en Zurbano costaría 100.000 millones si pretende llegar a 2020 con 74.547 megavatios (MW) renovables, frente a los 39.721 MW de cierre de 2009, de ellos 40.000 MW eólicos (35.000 MW en tierra y 5.000 MW en mar).

Por primera vez, Sebastián enarbola exhaustivos informes económicos para demostrar que las actuales primas hay que reducirlas, independientemente de la fórmula: con retroactividad, sin ella, subastas, recorte de plazos del disfrute de las primas, o incluso con una tarifa fija, como llegó a sugerir el propio ministro en sus encuentros con consejeros de Industria de algunas Comunidades y miembros del Grupo Socialista del Congreso. Industria, en el documento marco para el Pacto de Estado, culpa directamente a las renovables de más del 120% de la variación de la factura eléctrica. Es más, considera que “las rentabilidades elevadas" han provocado "efectos burbuja, como el de la fotovoltaica en 2008 y la incipiente termosolar (que habría proseguido en 2010 y sucesivos de no haber sido por el registro de preasignación de instalaciones renovables), así como un fuerte aumento de los sobrecostes del sistema”. Otra cosa será la letra pequeña del procedimiento, la ecuación de costes e incentivos con la que tejer el cumplimiento de esos objetivos. Y para eso, en Industria aún no tienen respuestas. Y, si las tienen, están sólo en el cuaderno de Sebastián.

Las licencias que otorgan las comunidades cubren trámites que llevan años conseguir, como los medioambientales, de ahí las urgencias: no quieren esperar a más vaivenes ministeriales. Lo saben en la Asociación Eólica Asturiana. Critica que la lentitud y descoordinación a la hora de tramitar parques eólicos -seis o siete años como mínimo- hace que muchos proyectos se vean afectados por los sucesivos cambios normativos y por la modificación de las retribuciones. Aunque esperan alcanzar 1.500 megawatios de potencia instalada en los próximos cinco años, desde que en 1999 se publicó el primer Decreto que regulaba la tramitación eólica regional, el Principado ha autorizado 843 Mw, de los cuales sólo 350 están construidos, lejos del 83% del Plan Eólico Nacional.

CARRERAS CATALANAS, GALLEGAS Y CASTELLANAS

No es nada que vaya a paralizar las carreras autonómicas del viento. Todo lo contrario: si se cumplen los planes anunciados por la Generalitat, la Xunta de Galicia, los ya avanzados por el Gobierno cántabro, el horizonte castellano-manchego y el ‘gota a gota’ asturiano, en los próximos cuatro meses más de 5.000 nuevos Mw eólicos saldrán a concurso, con el horizonte de comenzar a estar operativos entre tres y cinco años después, aunque aún ni los convocantes, ni las empresas que acudirán a ellos, ni siquiera el Ministro Sebastián sepan con certeza si tendrán sitio en el Registro que estaba previsto hasta 2013, o en sus secuelas (si es que las hay) y menos aún cuál sería el marco de retribuciones al que tratar de aspirar. Castilla-La Mancha contempla unos 1.600 MW. Cantabria promete que la adjudicación de su Plan Eólico regional en tierra llegará en breve y, con él, el preludio al bautismo de la eólica marina que la región quiere apadrinar. Ya ha conseguido desarrollar un prototipo de aerogenerador flotante para profundidades de más de cien metros y treinta y cinco empresas y once grupos de investigación de Cantabria se han unido para convertir a esta comunidad autónoma en un referente internacional en eólica offshore. Asturias en la práctica, proyecto a proyecto, tiene en marcha la adjudicación de unos 400 MW. Y como adelantaba Expansión, a ellos hay que sumar los ya adjudicados: unos 500 megavatios en Extremadura, 440 en Canarias y 340 en Valencia. Industria se lo fía largo y dudoso.

Todos aseguran que sólo se montaron en las olas verdes que el propio Sebastián fue el primero en impulsar. Y que ahora, ni en Castellana 160 ni en la periferia encuentran cómo devolver esas olas a las costas de la cordura. Menos aún sin dejar en fuera de juego a las instalaciones que ya cuentan con autorización de las CCAA y sitio en los Planes Renovables regionales, ni siquiera a las que ya están construidas. La Junta de Castilla y León le acaba de poner cifras al desfase en sus latitudes, en sintonía con las patronales eólicas. Ahora que el Ministerio les ha dejado claro, a golpe de negativas, cuáles serán las instalaciones que no caben en el pre-registro, ya saben que790 Mw ya construidos-134,8 de ellos en León- no tienen espacio en el Registro y se ponen en cuarentena unos 1.000 millones de euros de inversión-buena parte ya ejecutada- en la Comunidad.

Del total, la mitad han recibido una notificación negativa del Ministerio, pese al informe favorable de REE, y la otra mitad ni siquiera ha recibido comunicación alguna. Todo pese a que -según sus argumentos- la Junta y REE llegaron a un acuerdo en 2008 que garantizaba, según Gracia Bernal, la viabilidad de hasta 6.900 MW hasta 2016. Nada más lejos de los planes de Sebastián: después de años a una velocidad crucero de unos 750 MW de nuevos parques eólicos al año, para los tres próximos años se han autorizado 707 para 2010 (más de los ya ‘atascados’; 733 para 2011 y 557 para 2012. Proyectos que contaban ya con autorización autonómica, con compromiso de financiación, incluso algunos parques ya construidos, se han quedado fuera del registro ministerial. León, la provincia con un mayor número de parques eólicos autorizados y pendientes de construcción -23- se ha convertido en  bandera de su desencuentro con Moncloa: hoy sólo tiene en funcionamiento 9 de los 161 parques de la comunidad; Industria acaba rechazar seis en la provincia que ya están construidos. En palabras de la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl), es un “engaño”, que en la Administración castellana prometen no tolerar por más tiempo. Apecyl ya tiene su guión de presiones, acudirá a los tribunales si el Gobierno no incluye en el prerregistro  los 790 MW que quedaron fuera.

En Andalucía, la región española más activa en instalación de turbinas eólicas, se han puesto en marcha en 2009 1.077,46 megavatios eólicos, un 61% más que en 2008, distribuidos en 112 parques, la mitad de ellos en Cádiz. Una carrera que sostiene desde hace tres años: ya durante 2007 incrementó un 112% la potencia instalada respecto al año anterior, cuando en España el crecimiento medio fue inferior al 15% y en 2008 continuó ese con un aumento del 47%. Sólo la provincia de Málaga, con un total de 412,2 megavatios de potencia eólica instalada y en funcionamiento repartidos en 16 parques existentes, ha más que duplicado (un incremento del 122%), su potencia eólica en sólo doce meses. Pero según los cálculos de la Junta, tras el ‘frenazo en seco’ desde Madrid con el Real Decreto de mayo, de los de los 500 megavatios aprobados en concurso público por la Junta de Andalucía, sólo han conseguido en este año sitio para 46. Griñán además se lanza a bautizar la eólica marina sin esperar por Industria. 

Cataluña ‘ve la luz’ de la eólica ahora, en los espejos de las dudas de Sebastián. Jugaron desde la Generalitat a pelearle las renovables a Moncloa. Las lanzas energéticas entre José Montilla y Miguel Sebastián son ya una cuestión casi personal. CiU y el PSC estaban dispuestos a pelearle la soberanía renovable a Industria, lo trataron de hacer en 2009 en el Senado con la marcha atrás del pre-registro. Lanzaron después el órdago de un Plan Eólico Catalán para conseguir que Cataluña produjera 3.500 megavatios en 2015 -frente a los 447,4 MV de este año- a contrapié de la política energética del Gobierno. Ni el Conseller Castells ocultaba entonces que “podía chocar” con la regulación estatal, pero reivindicaban la energía como competencia autonómica y querían superar la ‘excepción catalana’, ésa que hace que a pesar de ser pionera -comenzó a instalar aerogeneradores en los 80-, Cataluña se halle a la cola del escalafón eólico autonómico, con tan sólo 745,71 MW en funcionamiento, lejos de los 3.000 Mw eólicos que debía tener en operación en 2010 según a su Plan 2006-2015. Es la región con mayor consumo de electricidad (el 18% del consumo español), pero su potencia eólica apenas llega al 2,5% del total de España, con 28 parques de aerogeneradores en funcionamiento.

Durante todo 2009, pudo más el pulso con los 43 municipios incluidos en las ocho áreas en las que se permitía instalar nuevos parques. Sólo ahora, después de meses de reclamaciones de la Asociación Eólica Catalana (Eolicat), que veía en cuarentena 3.700 millones de inversión para seis años y en riesgo el régimen tarifario, el Govern prevé aprobar las ocho Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) que definirán el mapa eólico catalán para más de 10 mw hasta 2015 en el Consell Executiu del 1 de junio. A la vista de la batalla con Industria, ahora Montilla ha optado por convocar el concurso con fecha tope del 31 de julio para las ocho zonas a la vez por una potencia de 834 megavatios hasta 2015 y resolver adjudicatarios en un mes, en vez de en dos o tres paquetes, como estaba previsto inicialmente. Además, la Generalitat ha reducido el tiempo para tramitar la autorización de nuevos parques: el máximo será de 18 meses, frente a los seis años que se requerían de media.

COORDINACIÓN, ALMACENAJE Y EVACUACIÓN

Galicia quiere “recuperar cuanto antes el liderazgo español en la producción eólica” y mete prisa a Madrid para que aclare las primas. Alberto Núñez Feijóo  licitará el mayor concurso eólico, 2.325 megavatios -que corresponden a unos mil aerogeneradores y al 12% de lo instalado en todo el país- pendientes de adjudicar tras la anulación del concurso promovido por el bipartito del PSOE y el BNG. Ya tienen una fecha límite para la presentación de proyectos: el 19 de julio. Les ha hecho sitio en el futuro “Plan Enerxético estratégico” 2010-2015, con el que prevé llegar a 6.500 megavatios de eólica. Todo, a pesar de que -como reconocen en San Caetano- no haya garantía de subvención: tras el Registro de de preasignación de retribución, en teoría -a la espera de los cambios del ministro- en Galicia apenas podrán recibir primas en tres años menos de 400 Mw. Aunque la Consellería de Industria asegura a los promotores que los primeros proyectos se construirán a partir de 2014, el sector asume que la mayoría de los nuevos parques no estará hasta 2018. Pero es el propio Ejecutivo gallego el que tienta las otras cajas, las de las tasas regionales: calcula que se están recaudando 22,3 millones de euros de canon eólico de las empresas que llevaban instaladas mucho tiempo” y que, si se suman al funcionamiento los 2.300 megavatios previstos, se multiplicará hasta por diez. 

Red Eléctrica advierte de que más de una ambición autonómica no es viables en términos operativos, las redes no están preparadas para recibir tal avalancha de megavatios, no pueden desarrollarse al mismo ritmo que pretenden las administraciones. Aunque REE acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento de la demanda para 2010, hasta el 1,5% y ha suavizado las alertas sobre el futuro de la integración al sistema del concurso gallego, es el gestor el primero en advertir del embudo eólico. “El proceso para integrar la planificación de las diferentes comunidades todavía no se ha producido”, insiste, pensando en la aspiración de Industria de alcanzar en 2020 unos 35.000 MW en tierra y otros 5.000 en el mar.  De hecho, es un informe de REE el que alerta de que en 2014 se podría llegar a desperdiciar un 2% de la eólica. Como desvelaba Atienza en entrevista con Cinco Días, REE pone dos condiciones para que la eólica gane terreno en las líneas eléctricas: mayor demanda y la interconexión con Francia. Se necesita más potencia en el sistema de almacenamiento más relevante -el bombeo-; una mayor capacidad de la demanda eléctrica para responder a la disponibilidad de la oferta e invertir en líneas de transporte para gestionar sin restricciones unos flujos que cambian extraordinariamente en origen y destino en función de las condiciones climatológicas. Con el ritmo que llevan las nuevas conexiones con Asturias, la Meseta y la prevista también entre los enlaces internacionales con Portugal, REE cree que el refuerzo de las líneas clave de Galicia estará listo en 2016.

Pero hacer viables los objetivos en materia de renovables -sobre todo en la eólica, compleja de gestionar- no será posible sin aumentar la capacidad de almacenamiento. En Galicia, puede pasar por duplicar hasta 2016 las instalaciones de bombeo. REE advierte que no le corresponde decir “cuándo, ni en qué territorios” debe incrementarse la potencia en eólica, pero recuerda que la Xunta tiene que coordinarse con Industria y avisa de que los nuevos parques eólicos y sus 2.325 megavatios podrán operar sólo si se recupera el consumo: por ahora ya REE ha decidido revisar sus previsiones hasta un aumento del 1,5% a cierre del ejercicio. Red Eléctrica duda de la viabilidad del plan energético canario en las condiciones actuales y advierte de la necesidad de acelerar el desarrollo de los sistemas de almacenamiento para dar cabida a la potencia eólica otorgada por el Gobierno.

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