edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
14/09/2010
Sólo en julio, el camelo del pacto energético ‘engordó’ ya en 330 millones el déficit eléctrico

A Sebastián y Montoro se les agota el viaje a ninguna parte y empiezan a ver las facturas del ‘limbo’ tarifario

La propuesta de revisión trimestral y la subasta Cesur del 23 de septiembre obligan a Industria a decidir pronto
Tras la subida en julio un 19,9% sobre la previsión de Moncloa, descuenta al menos otros 600 millones hasta octubre
Con un déficit acumulado de 16.000 millones a liquidar en 2013, la tarifa debería subir al menos el 5% en 2010
Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro

Pararon el reloj. O eso querían hacer ver. Buscaron en la congelación de las tarifas de la luz que el 1 de julio debían haber subido un 7%. Era la única de las arras que estaban dispuestos a llevar al altar de un supuesto Pacto de Estado de Energía. Sebastián y Montoro ha pasado casi tres meses, desde el 24 de junio, dando vueltas a una mesa de la que ninguno quería ser el primero en levantarse. Pero ya no va más. El ministro baraja de nuevo la ecuación eléctrica, tendrá que ‘retratarse’ ante la proposición popular en la subcomisión del Congreso para que no haya subida de la TUR.

Busca revisar los precios de la luz con plazo trimestral (o cuando las circunstancias lo exijan) e intentar cumplir con los calendarios de titulización del déficit en otoño. Ahora ya sabe, a la luz del informe de la CNE, que cada día de ‘tiempo muerto' con o sin el PP suma para el sistema eléctrico más de 10 millones de euros de un déficit que ya rebasó este año en 2.500 millones sus propias líneas rojas. En Castellana 160 empiezan a abogar ante Moncloa  por una subida pequeña, para cambiar tendencia, aunque los analistas de Nomura les advierten que el Gobierno debería elevar el precio de la luz al menos un 3% antes de que acabe el año y un 15% en 2011 para que salgan las cuentas y que el déficit de tarifa engorde 'sólo' otros 2.000 millones el próximo año.

Sebastián y Montoro se sacaron de sus chisteras un supuesto Pacto de Estado que iba a alumbrar no sólo un nuevo modelo ‘verde’ y una profunda revisión de costes del sistema eléctrico, sino el perfil del mix energético al menos hasta 2025. Pero, ya vencido su ultimátum (el 31 de julio), lo único ‘verde’ -en palabras del propio Cristóbal Montoro- es el estado del acuerdo en sí mismo. A Moncloa y Génova se les acaban todos los tiempos muertos de la energía: los del déficit, los del propio Pacto, los del Real Decreto del carbón y los del nuevo modelo de retribución de las renovables. Si Cristóbal Montoro guardaba silencio ante la decisión de la Comisión Europea de posponer hasta septiembre el debate sobre el Real Decreto de incentivo al consumo de carbón nacional y de proponer una prórroga del Reglamento europeo del carbón hasta 2014, pero a cambio del cierre progresivo de las minas, sólo el desafío de Vidal-Qadras en Bruselas ha sido capaz de obligar al PP a enseñar sus cartas y cerrar filas con el discruso oficial procarbón de Moncloa. Sebastián y Montoro empiezan a escenificar el entierro de su viaje energético a ninguna parte: la reversión del cierre de Garoña no tiene quien la defienda en Moncloa. Para Zapatero Garoña es ‘un tema del pasado’, la Subcomisión deja para octubre el mix hasta 2035 y para 2015 el debate de la prórroga a 60 años de las nucleares. Y hasta la ‘sintonía’ para seguir nutriendo el déficit tarifario les empieza a hacer aguas.

Las cuatro grandes eléctricas asoman a Miguel Sebastián al espejo de lo inevitable: con un déficit tarifario acumulado que sobrepasará los 20.000 millones a final de año y el compromiso de Moncloa para acabar con él en 2013, ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse, según sus cálculos, al menos el 5%. la resolución del déficit de tarifa tendrá que recaer sobre los consumidores y las empresas, por la puerta de las facturas, la de los presupuestos, o la de las cargas fiscales. Pero si las empresas preveían que cada día de ‘reflexión’ les costara a las eléctricas -y al sistema- más de 500.000 euros, ahora ya saben que se quedaron cortas en el peor de los pronósticos.

EL DÉFICIT CRECE DE ESPALDAS A PP Y PSOE

Si el Congreso evidencia desde esta semana el punto y final del viaje a ninguna parte de Sebastián y Cristóbal Montoro, la CNE le ha puesto cifras, negro sobre blanco, al coste de su ‘cerrazón’ eléctrica. Hoy, los datos de la Comisión Nacional de la Energía le recuerdan que ni su supuesta sintonía con Génova, ni su esfuerzo por seguir dejando las tarifas en la nevera de Moncloa sirven de mucho. Según la séptima liquidación elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), el déficit de tarifa no ha hecho más que seguir creciendo, aún con más intensidad, lo justo para haber superado ya en un 20% las previsiones con las que el propio Ministerio de Industria acompañaba su decisión de no subir las tarifas, hasta llegar a 2.585 millones de euros, desde los 2.256 millones de desajuste registrados hasta junio, cuando Montoro y Sebastián sellaron su pacto ‘de silencio’.

En total, las compañías eléctricas ingresaron en los siete primeros meses 5.933 millones. Una vez descontadas las primas, el importe disponible para liquidar las actividades y costes regulados fue de 1.753 millones. De esta cantidad es necesario descontar costes regulados a razón de 779 millones para el transporte, 2.314 millones para la distribución, 5,1 millones de euros para la calidad de servicio y 157 millones para el plan de estrategia de ahorro y eficiencia energética 2008-2012. Además, se ha reconocido un coste de 102 millones en concepto de desajustes anteriores a 2003, de 87 millones para desajustes de ingresos de 2006, de 111 millones para desajustes de ingresos de 2008, de 57 millones en concepto de la segunda subasta del déficit 'ex ante' y de 34 millones para el plan de viabilidad del Elcogás. El sistema de interrumpibilidad en el mercado generó costes por 206 millones.

La CNE no modifica, a pesar de todo, sus cálculos para todo el 2010, de 3.190 millones de euros de desajuste añadido en el déficit eléctrico -frente a los  4.616 millones de desajuste con los que concluyó 2009-, pero los ingresos recabados vía factura de la luz siguen sin ser suficientes para cubrir todos los costes que soporta el sistema, no sólo -pero también- las primas que reciben las tecnologías del régimen especial (renovables y cogeneración), que hasta julio sumaron 4.152 millones de euros, el 21% más de lo previsto. Si la patronal UNESA, las eléctricas y los analistas le habían puesto fecha para Industria al no va más del déficit de tarifa -este mes de octubre- ahora le acaba de delimitar las cifras de sus líneas rojas un informe de Nomura, que da por hecho que el ministro Sebastián aplicará el próximo octubre la subida que aplazó en julio.

El Gobierno tendrá que subir el recibo de la luz. Y hacerlo de inmediato y sustancialmente, según su diagnóstico. Para no asfixiar definitivamente el calendario del real decreto ley 6/2009 (en el que el Ejecutivo se comprometía a reducir progresivamente el déficit de tarifa hasta 2013) y estar a la altura de sus propios objetivos parciales anuales, el Gobierno debería subir el precio de la luz un 3% sólo este año -un nivel “asumible” en términos políticos-, pero tendría que elevar las tarifas al menos todo un 15% en 2011 para que salgan las cuentas y el agujero del déficit de tarifa engordara 'sólo' en otros 2.000 millones el próximo año. La subida necesaria para 2012 y 2013 será del 4%, y en los años posteriores los incrementos se moverían de forma permanente en la horquilla del 2% y el 1%. Pero, según las previsiones del banco de inversión, en el caso de que el Gobierno, en lugar de permitir seguir aumentando el déficit de tarifa, tratara de imponer ya el equilibrio real entre costes y precio, la revisión al alza del recibo en 2011 debería situarse en el 24%.

Si reconoce que la revisión es imprescindible y la actualiza en octubre, Sebastián consumará el entierro de un Pacto de Estado que nació ya muerto y habrá ‘parido un ratón’, pero uno muy caro para el sector, que tendrá sobre la mesa al menos tres meses de retraso y las luces rojas sobre la titulización del déficit prevista para finales de septiembre en los calendarios de Elena Salgado. Si no consigue imponer a Moncloa la partitura de lo inevitable, si cumple el tiempo muerto hasta enero acordado con Montoro el 24 de junio, en el sector seguirán pagando las facturas de la incertidumbre que le cobran los mercados y las agencias de calificación. Además, el aplazamiento de la subida no sólo vulnera el principio de “suficiencia tarifaria” comprometido por la propia Administración, sino que tiene difícil arreglo futuro. La prórroga tendrá que trasladarse en algún momento: si se hace crónica la barra libre al déficit de tarifa, el Gobierno incumplirá la ley. Fue el propio Ejecutivo el que aprobó el real decreto ley 6/2009, en el que se comprometía a acabar con el déficit tarifario en 2013 y para ello, Industria fijó que el déficit no podría superar los 3.500 millones en 2009 (los superó con creces), los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 ni los 1.000 millones en 2012.

Ya para lograr en julio que la tarifa final no subiera y desandar sus propios cálculos, Industria tuvo que pertrecharse en piruetas de artificio: bajar los peajes de acceso un 3% (en lugar de subirlos el 10% que había propuesto apenas un mes antes a la CNE) para poder mantener la subida del precio de la energía (el 4,2%) determinado en la subasta Cesur del 23 de junio - la que determina la tarifa de último recurso (TUR) con la que los 22 millones de consumidores domésticos pagan el coste de la energía-   que el ministerio no puede eliminar legalmente. Una ‘carambola’ escapista que no será tan fácil de reeditar de nuevo. Y es que al ministro de Industria se le agota el limbo de la tarifa de la luz que pretendía edificar a cuatro manos con Montoro desde el 24 de junio. Se le agotan los tiempos y los silencios.

Sus propias propuestas para un nuevo modelo de revisión tarifaria abogan por permitir la revisión de TUR de la luz “con periodicidad trimestral” y “cuando las circunstancias lo aconsejen”, en vez de semestrales como en la actualidad. Si el decreto consigue  el visto bueno -e inminente- del regulador, Industria podría ‘aprovechar’ una primera revisión el 1 de octubre (en lugar del primero de enero de 2010, como esperaba el PP), para comenzar a digerir el déficit y reflejarlo en los precios de mercado. Con o contra la  voluntad de Sebastián, sea en este trimestre o en el primero de 2011 cuando se ponga en marcha el nuevo sistema, el operador del mercado eléctrico, Omel, ya ha comenzado a realizar subastas trimestrales de electricidad entre los comercializadores de la TUR, y ha fijado el 23 de septiembre para la próxima puja, que fija el mercado mayorista de electricidad.  Llegará, además,  con una brecha cada vez mayor entre las tarifas y los costes de generación y en plena tensión alcista en el mercado mayorista. En agosto, se han llegado a alcanzar precios de 46 euros el megavatio hora, cifras que -como avanzaba Expansión- no se veían desde enero de 2009. Unos precios 2,5 veces por encima de los mínimos de 19 euros que se alcanzaron en marzo de 2010. En los primeros días de septiembre, se superaron los 48 euros por megavatio hora.

Zapatero y la herencia del modelo energético del PP - la que selló el Gobierno del PP del que Cristóbal Montoro formaba parte- han conseguido el más difícil todavía: como recapitulaba Libertad Digital, el coste de la electricidad para los hogares se ha disparado un 36,8% entre 1998 y 2009, hasta situarse un 4,7% por encima de la media de la UE-27. Y, en su auge, como reconoce el documento de Propuesta Energética al Congreso de Industria, tienen mucho que ver las renovables: “explican más de un 120% la variación de la factura eléctrica”. Al fin y al cabo, desde 2004 a 2010 el importe de las primas renovables se multiplicaba por cinco, e Industria prevé que en 2010 su cuantía ascienda a 6.300 millones de euros (antes de la revisión de costes), de ellos 2.600 millones para la fotovoltaica y en 2010 se calculan en 7.000 millones. Y de mantenerse el actual sistema de subvenciones, el sector renovable percibirá en los próximos 25 años más de 126.000 millones de euros. Pero el precio de la luz en España sigue muy por debajo de su valor de mercado. los precios de mercado de la actividad de generación se han visto reducidos desde el entorno de los 60-70 euros/MWh en los años 2007-2008 a unos 30-40 euros/MWh en el último año y medio.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA REVISIÓN DE LA TARIFA

Lo reconocía el propio ministro: el “traje energético” se le ha quedado grande. Lo enfrentan al ultimátum de sus vaivenes las eléctricas: tras la revisión de los costes a cuatro manos con la oposición debería venir -según las promesas iniciales de Zapatero- la de los ingresos, para superar “el divorcio entre los costes de producción y lo que se paga por la electricidad”. No sólo es el informe de Nombra el que le advierte que con un déficit tarifario acumulado ya de 16.048 millones y el compromiso de Moncloa para acabar progresivamente con él en 2013 (3.000 millones en 2010; 2.000 millones en 2011; y 1.000 millones en 2012), ninguna revisión de costes de las que el Ministro baraja evitaría que la tarifa de la luz tenga que encarecerse al menos el 5% en el muy corto plazo. Menos aún si, como asegura Sebastián -y ha avalado el rechazo del Congreso la semana pasada a la salida del pool de hidráulicas y nucleares-, no incluye tasas nucleares ni hidroeléctricas y si la rebaja de primas renovables planteada a la CNE sólo ahorra unos 1.300 millones en tres años. Además, las propuestas que abogan por la reducción de unos supuestos windfall profits en la actividad de generación no resuelven el problema de ‘déficit tarifario’, no afectan a las tarifas de acceso ni a los costes reconocidos de las actividades reguladas. Frente a los algo más de 6.000 millones actuales, las proyecciones para la próxima década que maneja Nomura auguran que las primas a las renovables superaran la cota psicológica de los 10.000 millones en el ejercicio 2017 y el sector se plantaría en 2020 rozando los 11.700 millones en subvenciones. Y, de no modificarse el actual sistema de subvenciones, sólo las instalaciones ya existentes recibirían 126.000 millones en los próximos 25 años.

El ministro asustó al ruido con las renovables, planteó fue la aplicación de medidas retroactivas para las plantas existentes o la práctica paralización de las que se encuentran en el prerregistro para acabar ‘pariendo un ratón’, el del acuerdo con la eólica y la termosolar que, en todo caso, además, ya estaba ultimado antes de publicitar el Pacto con el PP. Sólo las instalaciones que entraron en funcionamiento con posterioridad a 2008 sufrirán la rebaja de la prima en un 35% y  el tope fijado para las horas con derecho a una retribución por encima del precio de mercado, tanto en eólicas como en termosolares, es muy alto. La rebaja del 35% a las eólicas tan sólo afecta al 16% de la potencia instalada, con lo que las propias eléctricas cifran el recorte de las primas entre apenas 2,4 millones de euros al año y 50 millones frente a un total de 500 millones previstos inicialmente, según adelantaba Cinco Días. A la espera de la nueva regulación de la retribución a la fotovoltaica, la CNE y el sector le advierten de que el déficit llegaría a 22.000 millones en tres años (sin contabilizar el recorte solar) y sólo una subida de tarifas del 20% lo contendría.

Mientras tanto, lejos de las entelequias, el déficit de tarifa (diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos que se obtienen mediante el recibo de la luz) pesa sobre sus balances y sobre sus expectativas. Le ponía cifras, en la Junta de Accionistas, el presidente de Endesa, Borja Prado: sólo su compañía tiene 7.423 millones de euros pendientes de cobrar y cada mes de retraso en el pago de esta deuda por los rezagos de la administración se incrementa en 155 millones de euros. Del déficit acumulado entre 2000 y 2008 (16.048 millones de euros), las eléctricas han colocado en el mercado más de 4.000 millones, pero el resto lo tienen aún sin ceder. A esta cantidad habría que añadir otros 6.5000 millones que la Ley de Medidas Energéticas de julio del año pasado reconocía a las empresas para 2009 (3.500 millones) y 2010 (3.000 millones). Las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EON y HC- que cuentan con más de 24,5 millones de hogares acogidos aún a precios regulados, no esperarán de brazos cruzados. Las compañías denuncian que sólo el 50% de la cantidad que paga el usuario en el recibo de la luz llega a sus cuentas. El resto tiene destinos tan variados como los impuestos, el reintegro del déficit acumulado, la compensación extrapeninsular o la financiación de organismos.

LAS ELÉCTRICAS ASOMAN A MONCLOA A SUS CONTRADICCIONES

El ministro salta todas las chispas con las eléctricas: en el aire están no sólo los desencuentros del déficit de tarifa y la titulización de la deuda, sino los contadores (que el ministro quiere impedir en alquiler), el coche eléctrico y la inversión en nuevas redes, sobre todo smart grids. Ignacio Sánchez Galán se lo advertía a Moncloa en la Cumbre Internacional de Redes Eléctricas, en Bilbao: el sector eléctrico español ha invertido más de 5.000 millones en sus redes, de ellos 2.000 por Iberdrola, sólo en los dos últimos años, pero las inversiones para la instalación de redes inteligentes en el conjunto de España -unos 106.000 millones de euros- y la creación de 20.000 ó 30.000 puestos de trabajo quedan “pospuestos hasta que se clarifique la situación”, “se ralentizarán a lo mínimo imprescindible”  si continúa la actual “inseguridad regulatoria” que distribución eléctrica, por ejemplo, mantiene al sector desde hace dos años con datos provisionales sin que se hayan revisado ni retribuido las inversiones. Zapatero y el ministro Sebastián han conseguido unir a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, las cinco grandes eléctricas, -con una capitalización conjunta de más de 60.000 millones de euros- para exigir que se ponga fin “a la incertidumbre regulatoria”, que amenaza la estabilidad financiera del sector. También, en un rosario de denuncias por la congelación de las tarifas.

Zapatero y la herencia del modelo energético del PP han conseguido el más difícil todavía: el coste de la electricidad para los hogares se ha disparado un 36,8% entre 1998 y 2009, hasta situarse un 4,7% por encima de la media de la UE-27. Pero el precio de la luz en España sigue muy por debajo de su valor de mercado. La patronal eléctrica UNESA le ha encendido al Ministerio de Industria todas las luces rojas, por igual al pacto de quietud de populares y socialistas: si el futuro acuerdo energético insiste en la congelación de la tarifa, el déficit puede dispararse por encima de los 4.600 millones al cierre de 2010, muy lejos del techo que en principio estaba previsto para este año en 3.130 millones. Y el sector descuenta que, tras la decisión del Ejecutivo de suspender la subida de la luz prevista para julio y teniendo en cuenta el histórico, a finales de año el déficit de tarifa acumulado podría superar los 20.000 millones de euros, una deuda que deben cobrar las eléctricas y que estaba previsto titulizar a partir de septiembre con el aval del Estado.

Las eléctricas se han aplicado durante todo 2010 con la rebaja de su deuda y las desinversiones (más de 4.000 millones en los próximos dos años para Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y HC) y le encienden de nuevo las alarmas del déficit de tarifa a Industria. La deuda de las cuatro grandes eléctricas no sólo suma y sigue gracias a la huella de las grandes operaciones corporativas de los últimos años. Ese pasivo incluye, sobre todo, la parte del déficit de tarifa que financian las empresas. Según el reglamento de cesión de derechos de cobro, los de Iberdrola, suman 4.367 millones; los de Gas Natural Fenosa, 1.622 millones; Hidrocantábrico, 742,8 millones, y Eon España, 63,7 millones. Pero sobre todo, les pesan los 7.727 millones de derecho de cobro para Endesa por su déficit de tarifa: 5.216 millones por la generación peninsular y 2.511 millones, por la de los sistemas extrapeninsulares que explota. Una cifra que representa más de un 25%  del total de la deuda financiera de la compañía que preside Borja Prado, de 19.098 millones y que supone más de la mitad del que corresponde al conjunto de las eléctricas que financian el déficit. Nada que quieran seguir alimentando con el ‘laissez faire’ de Industria. Hacen su parte y le exigen que cumpla, más ahora que la propia Subcomisión de Industria del Congreso acaba de fijar en 4.500 millones de euros anuales el ‘menú’ de inversiones para el sector eléctrico en el próximo cuarto de siglo.

EL LIMBO PARA LAS TARIFAS LE SALE CARO AL SECTOR

El Ministerio de Economía sostiene oficialmente los planes para poner de largo a partir de finales de septiembre el fondo de titulización de deuda y asegura que los mercados "sí son capaces de absorber los bonos que emita el fondo de titulización del déficit de la tarifa eléctrica”, pero se emitirán, en el más cauto de los casos “de forma gradual”. El escenario menos optimista dibujado por la ministra Salgado baraja desde agosto varias emisiones muy pequeñas. Y las eléctricas -como advertía ayer Sánchez Galán- confían en el proceso: el folleto de la CNMV "está prácticamente terminado" y "no va a haber problemas”, "los mercados en este momento están razonablemente bien", como demuestra que Iberdrola haya "colocado esta semana pasada un intercambio de bonos, de corto plazo por otros de largo plazo", por "un coste inferior al que tenía, lo cual quiere decir que los mercados tienen buena liquidez". Pero las eléctricas exigen claridad y garantías: no han olvidado las dificultades de años anteriores para colocar la deuda eléctrica: varias subastas realizadas por la CNE quedaron desiertas.

El precio de la espera no corre gratis para ninguno de los subgrupos del sector. Las incertidumbres sobre su regulación en las últimas semanas han provocado que las principales eléctricas en España hayan perdido 5.500 millones de capitalización desde el 1 de junio, si se comparan con la evolución media del Ibex 35, y los analistas internacionales empiezan a hablar de una posible disminución de sus ráting ante la indefinición sobre los mecanismos para reducir el déficit tarifario. Según UBS, la congelación de la tarifa mete presión la deuda, que tiene que titulizarse en el mercado con aval del Estado para poder adelantar ese dinero. Un discurso que Moody's acogía ya desde julio con la advertencia de que la revisión del sector energético y sus costes puede tener “posibles implicaciones negativas” y afectar a rating de las eléctricas; “incrementará probablemente su incertidumbre regulatoria”, asegura el servicio de inversión de la agencia de calificación. Paradojas de los vaivenes energéticos de Moncloa, desde el 24 de junio el anuncio de un Pacto de Estado para desarrollar en común una política energética de país, ha conseguido introducir nuevas incertidumbres en el sector y dejar a las eléctricas en la diana de las advertencias de todas las firmas de análisis.

Pero el tiempo muerto de las tarifas eléctricas tampoco corre gratis para el ministerio de Industria: el Tribunal Supremo tiene desde julio sobre la mesa dos recursos contencioso-administrativos de la patronal UNESA y de Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa contra la congelación de las tarifas eléctricas acordada por Moncloa y Génova por la orden ministerial de tarifas de acceso que entró en vigor el 1 de julio.  Los juristas de Unesa recuerdan además al menos dos sentencias del Supremo a favor del principio los principios de suficiencia tarifaria del artículo 7 del real decreto 485/2009 y del artículo 18 de la Ley del Sector Eléctrico, tras su modificación por la ley 17/2007. Industria rebajaba los peajes un 3%, cuando el borrador remitido en junio por Sebastián y Marín a la CNE proponía una subida del 10% para los domésticos y un 5% para la industria en horas punta. Esta parte de la tarifa, que tiene un peso cercano al 40% en la metodología final de cálculo, recoge los costes regulados del sistema. El 3% de recorte de la tarifa de acceso, unida a una subida del 4,2% del coste de la energía (TUR),  daba como resultado una tarifa final cero e implicaba una reducción de los ingresos cobrados.

Como detalla el recurso de Iberdrola -que debe financiar el 35% del déficit-, la Orden Ministerial que sirvió para plasmar dicha decisión incumple la Ley del Sector Eléctrico, ya que no recoge el exceso del déficit tarifario generado en 2009 (más de 1.100 millones sobre los 3.500 millones previstos, según cálculos de la CNE). Las eléctricas no sólo aluden al daño patrimonial que les genera la congelación tarifaria, sino a incumplimientos legales y errores de forma: la decisión finalmente adoptada en el BOE del 30 de junio no ha sido consultada con el regulador energético. Les asiste otro argumento legal: aunque no es obligatorio revisar la tarifa semestralmente, si se decide hacer así, debe ser aditiva y  recoger los costes. Uno de los que consideran que debía haberse incluido es el déficit de tarifa que se excedió del límite fijado por ley: en 2009, sólo permitía en 3.500 millones y se pasó en unos 400 millones.

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