edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
15/06/2010
OBSERVATORIO DE TELECOMUNICACIONES

A Sinde y la SGAE se les agrieta el canon digital y buscan otra vez en los bolsillos de las telecos y la red

La insumisión de un millar de municipios, varias CCAA y los recelos del TUE al "canon indiscriminado" ponen en riesgo una tasa que depende en un 60% de las AAPP
Ferraz e Industria son partidarios de retocar el canon digital con la reforma de la LPI, tras las advertencias de la CNC
La SGAE busca nuevas fórmulas de tasa al adsl, a las redes sociales y las telecos para suplir un canon que hoy supone un tercio de sus ingresos, más que la venta de discos
Angeles González Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela

Aceleran. Aprovechan la cuenta atrás en la Ley de Economía Sostenible para buscar ‘tiritas’ para heridas que dan por inevitables: la Coalición de Creadores trata de rellenar las lagunas de la ‘Ley Sinde’ con la exigencia a la ministra de que haya cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’. Pero en la SGAE saben que, con o sin bloqueo a las 200 webs que pondrán sobre la mesa a la Audiencia Nacional, la rentabilidad de su modelo  audiovisual  es otra cosa. En las cuentas de Bautista, sólo el canon digital -un 76% más que el año pasado- les sirve de antídoto a la metamorfosis del mercado. Pero, a la vista de las advertencias del TUE a una tasa que considera “indiscriminada”, de la rebelión de las administraciones municipales y autonómicas y de la voluntad de reforma de Justicia, Industria y Ferraz, Sinde y la SGAE asumen que nada seguirá como antes. Moncloa tiene hasta septiembre para adaptar su normativa a la opinión del Tribunal de la UE. Sabe que si se confirma la sentencia desfavorable al canon español, todas las administraciones y las instituciones que se han levantado en rebeldía ahora podrán pedir no sólo la devolución del impuesto, sino dejar a las puertas de Sinde una oleada de demandas por daños y perjuicios. La ministra, aún a riesgo de interferir en la 'batalla' de la 'tasa Google' que Sebastián ha tenido que dejar en manos de la comisaria Kroes, cierra filas con las sociedades de gestión de derechos de autor: si las operadoras consiguen cobrar algún canon a los buscadores, la SGAE quiere gravar el uso de internet, las redes sociales y todas las transacciones económicas de la red de redes, una propuesta con poca aceptación en la CMT.

Buscan ‘vacunas’ al día después del actual modelo de canon digital. Pero, para la SGAE y las gestoras de derechos de autor, ya no será al unísono. Por primera vez, en los muros de Teddy Bautista, retumban mucho más que los tres millones de firmas de la Plataforma Todos Contra el Canon. Las grietas del modelo español de los derechos de autor enfrentan a sus propios ‘embajadores’. Las otras sociedades de gestión critican la entidad liderada por Teddy Bautista por dañar su imagen y le abren la puerta al menos a un replanteamiento del modelo del canon, “el menos imperfecto de los modelos”, según sus propias palabras. Aisge, DAMA y Egeda defienden el canon por copia privada pero son ya oficialmente receptivas a establecer ciertas "excepciones" sobre quién debe pagar en España el canon por copia privada, para empezar a la posibilidad de excluir de los pagadores a  los juzgados.

Ferraz y la subcomisión de Cultura abogan por reformar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y repensar el canon digital tras el aviso del TUE (Tribunal de la Unión Europea). La LPI puede tener los días contados. Por primera vez la titular de Cultura lo reconoce formalmente. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que achaca las debilidades de una tasa que grava por ejemplo con 0,17 y 0,44 céntimos los CD y DVD vírgenes respectivamente a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero por más que prevenga que su reforma no se acometerá “mañana por la mañana”, ni son sus años el origen de la reforma, ni podrá seguir en el limbo parlamentario del que  Ángeles González-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le viene advirtiendo de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

España no quiere ser la vanguardia del pirateo, pero tampoco de la represión. Esa fue la conclusión del de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso, con el que llama a corregir la imposición al usuario del canon digital y recuerda que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalización por inercia del usuario, que hay que volver a legislar y que el gravamen digital es una forma de represión legal contra el ciudadano. Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” con su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor. En la Plaza del Rey, bajo la mesa, saben que no tienen ya más remedio que barajar las recomendaciones avaladas por PSOE, PP, CiU, PNV y ERC en el documento oficial de la Subcomisión.

Aunque durante el primer trimestre de 2010 ha conseguido amortiguar el descenso en sus ingresos, el balance de 2008 y 2009 ha puesto a la SGAE sobre aviso. A la Sociedad General de Derechos de Autor, durante dos ejercicios, sólo el canon digital le ha salvado unas cuentas cuyos ingresos cayeron un 11,5% en 2008, y un 5,1% en 2009, año en que la suma recaudada ascendió a 316,8 millones de euros. La morosidad, un 24% al cierre de 2009, (entre 124,5 y 130,5 millones) es su principal dolor de cabeza. Y no son otras que las entidades públicas (de los que procede hasta un 60% del canon digital), sobre todo los ayuntamientos, los más morosos dentro del sector -la deuda asciende a 24,6 millones- en particular en el sector de comunicación pública (conciertos y representación de obra), que arrojó unos impagos de 61,7 millones de euros. Las televisiones y las radios dejaron de abonar entre 47 y 53 millones de euros y la reproducción mecánica (discos, vídeos, copia privada y redes digitales) alcanzó una deuda de 14 millones.

Aunque su deuda fue también la que más creció: un 18,9%, al alcanzar 9,6 millones de euros, el canon por copia privada se había convertido, al menos hasta ahora, en el tratamiento paliativo para la SGAE, desde que en diciembre de 2008 se aprobó la Orden Ministerial para el gravamen sobre prácticamente todos los soportes y dispositivos de grabación disponibles en el mercado (que incluye móviles y memorias USB que antes no pagaban el canon), aún a costa de presuponer que toda persona o entidad que adquiera un soporte gravable o un dispositivo de almacenamiento lo va a emplear para copiar una obra sujeta a derechos de autor. Según el propio informe de la sociedad General de Autores y Editores, SGAE, en 2009 por primera vez los músicos tuvieron mayores ingresos por el canon digital, o derechos de copia privada (27,67 millones de euros, un 72,9% más que en 2008), que con la venta de CD, DVD y otros materiales físicos, que sólo alcanzaron los 20,46 millones de euros, un 30,5% menos con respecto al ejercicio del año anterior. En materia de conciertos y presentaciones en vivo, los ingresos cayeron, por primera vez, un 9,3%.
Tras haber estudiado informes de un centenar entidades, la CNC no sólo insta al Gobierno “a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”. Le exige a Moncloa que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o una nueva Ley. Y el director general de Red.es, dependiente del Ministerio, Sebastián Muriel, exigía “el equilibrio adecuado” en derechos de autor y apunta a un doble modelo de negocio que alterne el copyright con las licencias 'Creative Commons'. De hecho, a pesar de que fue la propia ministra Sinde la que sugería a los editores de libros electrónicos darle ya la espalda al ‘creative commons’, España es el primer mercado del mundo en este modelo de copyleft.

Sinde sólo espera. Cuando la Ley de Economía Sostenible y su disposición final segunda para regular los contenidos de internet vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen. Pero los esfuerzos de la ministra González Sinde por atribuir a "los fabricantes” la responsabilidad por “haber trasladado el problema a los consumidores, que son los que pagan el canon digital”, sólo ha dado en los muros de la batalla con la industria de dispositivos digitales y sus patronales y con la evidencia de su propia Ley del Canon Digital. Es el propio artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el que desde 1996 (e incluso antes la norma anterior) establece la obligación del fabricante o importador y del resto de revendedores de repercutir el canon a lo largo de toda la cadena de distribución hasta llegar, finalmente, al consumidor. Los fabricantes actúan como "meros recaudadores de impuestos para la sociedad de autores", advierte la patronal Aetic.


Y es que en Cultura y la Coalición de Creadores empiezan a hacer frente a todas las rebeliones del canon. Por más que puedan aún estirar el tiempo del TUE hasta que a finales de septiembre llegue su resolución definitiva, saben que las luces rojas ya están encendidas. Y que, en el mercado español, ni el eco de los recelos de Bruselas y el cuestionamiento de la CNC, ni la rebelión de los consistorios y la voluntad de la Subcomisión de Cultura del Congreso de reformar la LPI y el modelo de retribución de la copia privada dejarán que las cosas sigan como hasta ahora para las sociedades de gestión de derechos de autor. Y es que, casi dos años después de la introducción del canon digital en España, la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ibérico. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. En muchos países del mundo existe un canon por copia privada (una  tasa que se aplica a diversos medios de grabación a favor, supuestamente, de autores, artistas y productores), pero e modelo vigente en España, desde el 2008, es de lo más duros ya que se aplica a más productos que en otros países (reproductores MP3 o teléfonos móviles por ejemplo). El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak (en respuesta a la cuestión prejudicial elevada en su día por la Audiencia Provincial de Barcelona) señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria y su concepto de compensación equitativa, choca contra la Directiva 29/2001 porque su aplicación es “indiscriminada” al imponerse a empresas y profesionales que adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital gravados para finalidades ajenas a la copia privada y sobrepasa la “compensación equitativa” a los autores, que la Unión Europea sí reconoce.

A SINDE SE LE DESTAPA LA REBELIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

La ministra se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recordaban a Público que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. Más aún: el informe jurídico de la abogacía general plantea que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores: “sólo estará justificado” cuando los soportes se utilicen "presumiblemente" para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qué ocurrir cuando el dueño de un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotografías. Las conclusiones de la abogada general del tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, sólo reafirman en realidad las últimas resoluciones de órganos jurisdiccionales españoles (por citar sólo la última, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla, de 7 de septiembre de 2009), que pone en tela de juicio la legitimidad del canon digital como sistema de compensación equitativa, al haber entendido que en los casos en los que queda suficientemente acreditado que el destino o uso final de los dispositivos no es la copia privada, no está justificada la imposición del canon. Pero el TUE ha puesto en marcha el ultimátum para Moncloa, Ferraz y el Ministerio de Cultura. Los municipios, las CCAA y las instituciones que han denunciado el pago del canon, le recuerdan a Sinde que el Estado español tiene hasta septiembre para adaptar su normativa a la opinión de la abogada. Si no lo hace, una vez salga la sentencia se podría pedir no sólo la devolución del impuesto, sino demandar por daños y perjuicios.

Las asociaciones de internautas y de consumidores ofrecen alternativas como una recaudación “exclusivamente” para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento “sencillo, eficaz y rápido” para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar. No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen. Tras la iniciativa de Pollença, de Inca, del consistorio alicantino de Teulada, (pionero en dar ‘la batalla’ al canon), o de Castellón, que prepara una demanda para que le devuelvan los 80.000 euros  pagados en dos años por el canon aplicado a todo su equipamiento tecnológico, una treintena de consistorios ha elevado denuncias o reclamaciones contra la tasa y un millar se han sumado abiertamente a la Plataforma Todos Contra el Canon. Piden una modificación legislativa que exima a las Administraciones Públicas, a la vista de que “se dedican a hacer expedientes, no a copiar discos ni libros”.

Y mientras tanto, exigen al menos explicaciones ante las manchas de opacidad de la recaudación. .La ley exige que en las facturas especifiquen la cantidad destinada al canon, pero en las facturas de los ayuntamientos denunciantes lo omitía. .En 2008, el Senado pidió información al Ministerio de Cultura sobre esta actividad y, como recuerda la Asociación de Internautas, todavía están esperando la respuesta. Nada que esta vez los municipios quieran dejar pasar de largo. Si el Ayuntamiento de Madrid lo denunciara, sería más de un millón de euros. Como avanzaba Público, en Tarragona, el pleno aprobó el 10 de mayo pedir a la SGAE mayor transparencia en el ejercicio de sus competencias, así como un informe relativo al "total recaudado y la devolución que se hace a los artistas locales que supuestamente se han de beneficiar de este impuesto". Los municipios no están solos: la Junta de Castilla y León ha rechazado al canon digital y reclama la creación de un órgano a nivel nacional que busque la retribución “adecuada” de los derechos de autor. Y la Universidad de Valladolid anunció en mayo que reclamará a la SGAE el canon, en respuesta a un informe de la asociación estudiantil ADDE, que cifra en 206.000 euros la cantidad que el centro educativo paga a los autores. El siguiente escalón es el de las empresas. El informe jurídico de la UE advierte que “este tipo de gravamen, recaudado a favor de autores, artistas y productores, no puede aplicarse indiscriminadamente a empresas y profesionales que claramente adquieran los aparatos y soportes materiales para otras finalidades ajenas a la copia privada”. 

COMPENSACIONES EN LOS BOLSILLOS DE LAS TELECOS

Por si acaso, ahora que Bruselas acaba de reabrir desde el 1 de junio su debate público sobre el sistema del canon digital europeo, la patronal comunitaria que congrega a las entidades de gestión de derechos de autor (GSAC), reclama la criminalización del impago del canon por copia privada, para que pase a ser un delito penal en lugar de civil. Además de esta reclamación, la patronal europea pretende gravar con el canon el creciente comercio electrónico, denegar el acceso a Internet a las empresas que venden productos sin haber abonado en canon correspondiente del país de destino (lo que obligaría a fiscalizar las ventas electrónicas) y gravar con canon el comercio intracomunitario. La propuesta de GSAC es lograr una “Ley Sinde europea” reforzada que incluya las penas de cárcel para el P2P, y sobretodo conseguir gravar todas y cada una de las transacciones económicas que se efectúan a través de la Red, desde pagar un billete de avión o hacer la transferencia de la nómina, pagarán también un canon digital. Una postura que empieza a hacerse sitio en las filas del Parlamento Europeo, entre otros, con el vicepresidente Alejo Vidal Cuadras, como denuncia la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit).

A domicilio, la industria de derechos de autor le declara la guerra y le busca los bolsillos a las telecos españolas. El canon a la banda ancha era -decía en 2008 la SGAE- la fórmula para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Ahora, no se conforma con imponer un canon a los dispositivos de almacenamiento. Las gestoras de derechos calculan que las operadoras han duplicado sus ingresos por contenidos audiovisuales y, ahora que el canon digital está cuestionado ante la CE, exigen una tasa por distribución de contenidos digitales que podría llevar por igual los apellidos de las telecos y de los proveedores de los servicios de internet, que incluso de las redes sociales. Las entidades cobrarían un canon a las operadoras, dinero que, a su vez, éstas recaudarían imponiendo una tasa a los navegadores e, incluso, a las redes sociales. En palabras del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, “es el momento”. Le ha puesto ya los apellidos de Facebook, Tuenti o Twitter, al portal de vídeo de Google y a su buscador a las urgencias del ‘día después’ de las sociedades de gestión de los derechos de autor en España. Una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que el pasado trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor. Tratan de buscar la ‘ocasión’ en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- han llevado al debate en Bruselas ante la CE.

La SGAE y la Coalición saben que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejoraría el mapa de sus ingresos.  Y es que hasta la industria de contenidos da por hecho la ‘ineficiencia’ del modelo de la Ley Sinde: hasta tal punto que exigen que si en un año no se ha reducido el 70% de la ‘piratería online (a la que la Coalición de Creadores le atribuye pérdidas por 5.121 millones de euros), los cortes lleguen también a los usuarios. Cuando lleguen la Disposición Final Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- , será con todas las luces de alarma ya encendidas. Se lo recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”.

Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio económico de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son casi los mismos en 2005 que en 2008 (unos 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado.

Por eso, aunque aún no ha visto la luz la macroweb de contenidos apadrinada por el Ministerio de Cultura, las gestoras de derechos de autor intentarán primero hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año, un 50% de ellos dispuestos a pagar por contenidos en Internet. Y subirse al carro de los ingresos de las operadoras de telecomunicaciones. Los ingresos del negocio de los contenidos audiovisuales según Screen Digest crecerán un 25% en los próximos cuatro años hasta alcanzar los 3.200 millones, gracias a aplicaciones como Deezer o Spotify y a los servicios a medida diseñados por las propias operadoras de telefonía. Saben que a la vista de la tienda Pixbox de Telefónica -líder en el sector de las descargas musicales en Internet en Europa con 30 millones de descargas, en asociación con compañías como Emi Music, Universal Music, Sony Music o Warner Music- y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo. A pesar del descenso de uso del P2P- a favor del streaming y otras alternativas- y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

La ‘solución’ del canon (alternativo o complementario) a través del adsl tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrediría a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. Pero Industria no quiere agitar las aguas del sector de internet, que -ahora que la batalla de las descargas ha calmado momentáneamente sus lanzas- le recuerda que ya es uno de los mercados con uno de los índices más bajos de penetración de banda ancha de los Veintisiete. Menos aún justo ahora que las críticas de la CMT a la banda ancha española -a contrapié de los informes de la Setsi- reviven los desencuentros con la UE y recordaban que en España la modalidad más demandada (el paquete de voz y datos con velocidades de entre 2 y 10 megas), es un 6,3% más cara que la media de las mejores ofertas de la Unión Europea.  No olvidan que los hogares españoles que no disfrutan de conexión a Internet o de banda ancha alegan sobre todo “razones económicas”, según el último informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica.

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