edición: 2515 , Lunes, 23 julio 2018
28/10/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los ministros de Hacienda, abroncados por impedir que se investiguen sus acuerdos fiscales secretos con las multinacionales

Javier Ardalán
Los Estados miembros de la Unión Europea no tienen excesivo interés en que haya ‘luz y taquígrafos’ en los acuerdos que han firmado con las compañías multinacionales, conocidos técnicamente como ‘tax rulings’, y que saltaron a la primera plana informativa en 2014 con el ‘LuxLeaks’, cuando se destaparon acuerdos de los Estados que conforman el Benelux (Luxemburgo, Bélgica y Holanda) que liberaban a determinadas empresas de tributación a cambio de su residencia en el territorio nacional.
l actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro Luxemburgués cuando se firmaron estos acuerdos, advirtió, que esta es fórmula ‘más ecuménica que excepcional’ y que desde Irlanda hasta Austria, este tipo de acuerdos son un procedimiento extendido, que incluye, incluso a España.

Ayer el Parlamento Europeo sacaba los colores a los ministros de Hacienda de los Veintiocho, al emitir ayer un informe en el que lamenta la oportunidad perdida de combatir la ingeniería fiscal en la UE, después de que los Estados miembros hayan decidido restringir “excesivamente” el alcance de las normas sobre intercambio automático, así como limitar el acceso de la Comisión a dicha información. No se puede olvidar que esta es la gran bandera de la lucha contra la planificación agresiva de las multinacionales, que socaba la recaudación de las arcas públicas nacionales y de la Comisión Europea.

Para entender esta reprimenda de los eurodiputados, es necesario recordar que en su reunión del 6 de octubre, los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) suavizaron la propuesta de la Comisión para introducir más transparencia y mejorar el intercambio de información, antes incluso de la votación del texto en la correspondiente comisión parlamentaria, que tuvo lugar días después, el pasado 13 de octubre. Una vez adoptada la opinión del Parlamento, el borrador de directiva será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros para que las nuevas reglas entren en vigor el 1 de enero de 2017, aunque hay Estados que ya han mostrado su intención de iniciar el intercambio de información tributaria en 2016.

El Consejo estableció que la Comisión Europea no podrá hacer nada con la información recabada –a la que además tendrá un acceso muy limitada- más allá de verificar que la directiva se aplica correctamente. Además, la bronca llega un día antes de que la autoridad de Competencia anuncie las multas que impondrá a Starbucks en Holanda y Fiat en Luxemburgo por haber dejado de pagar millones de impuestos en la UE gracias a los acuerdos con los Gobiernos de esos países. Todo un precedente, ya que además de estas empresas, Bruselas investiga a Apple y a Amazon en Irlanda, así como todo el entramado fiscal para grandes firmas mantenido por Bélgica.

En virtud del pacto alcanzado por los ministros de los Estados comunitarios, la nueva legislación sólo se aplicará a los acuerdos, modificaciones o renovaciones de acuerdos a partir del 31 de diciembre de 2016, con algunas excepciones para los pactados, modificados o renovados entre 2012 y 2016.

El eurodiputado alemán Markus Ferber (PPE), lanzó ayer en el Parlamento las preguntas que todo el mundo se hace: ¿Por qué insisten los Estados miembros en negar a la Comisión acceso a esa información? ¿Esconden algo?

Ferber concluyó ayer que su papel en los casos de Fiat y Starbucks prueban que la posición de los Estados es esencial y, por tanto, determina que la Comisión debe tener potestad para acceder a los datos y utilizarlos para investigar sospechas de evasión impositiva y de competencia desleal, así como verificar si cumplen las normas sobre ayudas de Estado.

En una enmienda introducida ayer en el texto de la futura Directiva, se afirma que “un intercambio y un tratamiento eficientes de la información tributaria y la consiguiente presión de los demás Estados ejercerían un intenso efecto disuasorio contra la introducción de prácticas fiscales perniciosas y permitirían a los Estados miembros y a la Comisión disponer de toda la información pertinente para tomar medidas contra ellas”.

Dicen también los eurodiputados en su informe parlamentario que debería incluirse otra enmienda que diga que “a fin de evitar distinciones arbitrarias entre acuerdos fiscales en el contexto de diferentes prácticas administrativas nacionales, las definiciones de resoluciones previas y acuerdos previos de valoración de precios deben cubrir los acuerdos fiscales independientemente del aspecto formal o informal en que se emitieron y de su carácter vinculante o no vinculante. A fin de evitar distinciones arbitrarias entre acuerdos fiscales en el contexto de diferentes prácticas administrativas nacionales, las definiciones de resoluciones previas y acuerdos previos de valoración de precios deben cubrir los acuerdos fiscales independientemente del aspecto formal o informal en que se emitieron y de su carácter vinculante o no vinculante.

Poco ejemplo están dando los Estados comunitarios a los contribuyentes a los que exigen absoluta transparencia. Una pena.

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