edición: 3055 , Lunes, 28 septiembre 2020
29/03/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

Accidente de trabajo de un extranjero que había suplantado a otro

DATADIAR

La carencia de la autorización de residencia y trabajo del trabajador extranjero contratado no invalida el contrato de trabajo ni es obstáculo para el acceso a las prestaciones que de acuerdo a las leyes puedan derivarse del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar. La obligatoriedad de solicitar las autorizaciones se impone en nuestro derecho al empleador y no al trabajador. De ahí que no solo sea “irregular” el extranjero que trabaja sin autorización, sino también el empleador que lo contrata sin tales autorizaciones. Es sobre esta “irregularidad” del empresario sobre la que se imputa al empresario la responsabilidad correspondiente.

Pero ¿qué ocurre cuando el “culpable” de la ilegalidad no es el empleador sino el propio empleado?. ¿Se mantiene entonces la responsabilidad del empresario y, por lo tanto, de la Seguridad Social en relación con las prestaciones que se causen?

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en un supuesto de este tipo en Sentencia de 21 de enero de 2010 dictada en Sala General.

El trabajador, víctima de un accidente laboral, había suplantado la personalidad de otro, habiendo sido dado de alta y cotizado por el empleador con esa personalidad “equívoca”, facilitada por el propio accidentado, cuya estancia en España era ilegal. El empleador no pudo así pedir autorización para el trabajador accidentado porque la que pidió fue para otro, debido a la propia actuación dolosa del propio trabajador, por lo que no puede afirmarse que la carencia de la autorización sea imputable al empleador.

“El empresario” -afirma la  sentencia-, “que contrató al demandante no puede afirmarse que prestara su consentimiento válido en dicha contratación puesto que….se parte de la base de….firmó el contrato en la convicción de que contrataba a un trabajador debidamente autorizado para residir, cuando realmente estaba dando su consentimiento a otro contrato distinto con un error no solo calificable de sustancial, sino producido dolosamente por un trabajador que suplantaba realmente a otro con falsedad documental concurrente”.

Es más, el Tribunal Supremo va a negar en este caso la existencia de un contrato de trabajo válido o susceptible de producir efectos en materia de Seguridad Social.

“En este caso,…se puede afirmar en definitiva que no hubo contrato por cuanto faltó uno de los requisitos esenciales del mismo conforme a lo dispuesto en el art, 1261 del Código Civil , y, como en el mismo se dice, en estos casos “no hay contrato”, puesto que aquel error provocado dolosamente, al recaer sobre un elemento sustancial cual era no tanto la concreta persona del trabajador sino sobre su propia identidad, origen y situación jurídica  en relación con las exigencias de la LOEX nos sitúa ante un error sustancial que invalida aquel consentimiento conforme a lo dispuesto al efecto por el art. 1266 del mismo CC. Y esta diferencia sustancial es la que impide mantener las tesis defendidas por el recurrente puesto que el punto de partida no es el de un contrato celebrado contra las exigencias de la LOEX con los efectos derivados de las previsiones contenidas en esta Ley, sino ante un contrato inexistente o nulo en aplicación de las previsiones básicas de todo nuestro sistema de contratación”.

Nos hallamos, por tanto, en presencia de un contrato inexistente (o en su caso nulo) por lo que la Sala va a entender inaplicable todo el régimen de protección social establecido para la cobertura de los daños derivados de  un accidente laboral. Hay que tener en cuenta que desde nuestra primera Ley protectora de los accidentes de trabajo de 1900 hasta el momento actual todo el andamiaje protector de aquél se halla sustentado sobre la existencia de un previo contrato de trabajo del que resulta responsable un empleador, pues aun cuando la Seguridad Social se haga cargo en los supuestos normales del todo o de parte de los daños sufridos como consecuencia del accidente, lo hace siempre en sustitución de dicho empleador.

Pero es que además debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) condiciona cualquier tipo de responsabilidad empresarial (y no solo la protección establecida para un accidente laboral) a “la carencia de la correspondiente autorización por parte del empresario”, de donde cabe deducir que sólo será exigible para los supuestos en los que aquella autorización que habilita al trabajador para residir en nuestro país por el tiempo de trabajo no la ha solicitado y obtenido el empresario antes de contratar a un trabajador, como el legislador le ha encomendado hacer, puesto que es al empresario y no al trabajador al que se le exige solicitar aquella autorización.

Esto supone que en un supuesto como el presente, en el que el empleador no pudo pedir esa autorización para el trabajador accidentado, puesto que la pidió para otro debido a la propia actuación dolosa del propio trabajador, no podrá afirmarse que esa carencia de autorización sea imputable al empleador, y por ello no podrá sostenerse ninguna responsabilidad a él imputable con las derivaciones que todo tipo que de ello devienen, incluidas las de Seguridad Social.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria de determinados artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, de 10 de junio. BOE., nº 62, 13 de marzo de 2012.
El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha dado nueva redacción a los artículos 51 y 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referentes a los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada. La principal novedad de la nueva regulación ha consistido en la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por parte del empresario. La nueva regulación mantiene, no obstante, en consonancia con la Directiva 98/59, del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los procedimientos de despido colectivo y también en los de suspensión de contratos o reducción de jornada. Igualmente se mantiene la intervención de la autoridad laboral como garante de la efectividad de dicho periodo de consultas, si bien elimina, como se ha dicho, el carácter decisorio de la misma.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Delito de falsedad en documento mercantil. Derecho a un intérprete. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de noviembre de 2011
Se declara probado que la recurrente sustrajo dos cheques de la vivienda en la que prestaba sus servicios, los cuales rellenó, falsificando la firma, y presentó al cobro. Derecho a un intérprete: si bien se reconoce el derecho del acusado a estar asistido de intérprete, en el caso es lo cierto que la recurrente declaró en el Juzgado y ante la Audiencia asistida de letrada y respondió a sus preguntas y a las del tribunal con total fluidez. Quebrantamiento de forma: no se aprecia falta de claridad en el relato de hechos probados. Error en la apreciación de la prueba: las declaraciones de testigos e imputados son prueba personal documentada y no documento a efectos casacionales. Como regla, los informes periciales carecen de la calidad de documentos por más que puedan acogerse como tales en algún caso, como cuando existiendo una sola pericia o varias coincidentes, el tribunal se hubiera apartado sin motivación razonable del contenido de los mismos.


Mercantil

Impugnación de acuerdos sociales y derecho de información: política de personal. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de noviembre de 2011
Tenemos declarado de forma reiterada que el derecho de información, integrado como mínimo e irrenunciable en el estatuto del accionista, a tenor de lo previsto en el artículo 48.2.d) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 93.d) de la Ley de Sociedades de Capital-, constituye un derecho autónomo -sin perjuicio de que pueda cumplir una finalidad instrumental del derecho de voto- que atribuye al socio la facultad de dirigirse a la sociedad en los términos previstos en el artículo 112 del referido texto refundido -hoy 197 de la Ley de Sociedades de Capital -, a fin de que le sean facilitados determinados datos referidos a la marcha de la sociedad. A las limitaciones específicas impuestas por la legislación societaria, incluso cuando se ejercita por una minoría cualificada, se superpone el límite genérico o inmanente, común al ejercicio de todos los derechos subjetivos, de no incurrir en abuso de derecho.

Buena fe en el ejercicio de la acción prevista en el artículo 262.5 de la LSA: incidencia de la suspensión de pagos y del convenio alcanzado. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de noviembre de 2011
La buena fe es exigible en el ejercicio de la acción prevista en la fecha en la que se desarrollaron los hechos en el artículo 262.5 LSA y hoy en el 367 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que no cabe exigir responsabilidad a los administradores cuando la pretensión rebasa los límites de la buena fe, por tratarse de supuestos en los que las circunstancias concurrentes permiten concluir que el acreedor asume libre y voluntariamente el riesgo de conceder crédito a la sociedad después de haber sido oportuna y lealmente advertidos desde la propia sociedad deudora, pero tal doctrina es inaplicable al caso, ya que se sustenta en dos afirmaciones -conocimiento de la insolvencia y concurrencia de circunstancias determinantes de que la reclamación contra los administradores pueda calificarse de contraria a la buena fe-, que no concurren en este caso -la sentencia recurrida precisa que «la relación contractual de los demandantes, en su mayor parte, había nacido varios años antes y fueron cobrados sus emolumentos, al menos en parte, y que la responsabilidad que parece que se les pide por los resultados deportivos está carente de todo fundamento ya que su contrato de trabajo no asegura un resultado ni se ha demostrado que hayan incurrido en sanciones disciplinarias por comportamientos inadecuados«-.


Civil

Retracto legal. Objeto. No pueden ser objeto de retracto las unidades de aprovechamiento de una parcela destinada a la construcción de un edificio en altura. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de diciembre de 2011
El objeto del retracto que se pide se ejercite por la Cooperativa no consiste en una vivienda o local, sino que la recurrente pretende en su demanda que se ejercite el retracto sobre parte de una o varias parcelas cedidas a un tercero para la construcción. El retracto legal consiste en un derecho de adquisición preferente que ostenta el legitimado legalmente frente al adquirente y que puede ejercer cuando se ha transmitido en firme la propiedad a favor del propio adquirente. Este es el sentido que debe darse al ya derogado Art. 120 LCCM. El objeto del retracto debe, por tanto, coincidir con lo establecido en la ley, dado que se trata de un retracto legal y la ley se refiere a viviendas y locales, que en el caso de que hayan sido vendidos por sus titulares cooperativistas sin haberse ofrecido el tanteo también exigido en el Art. 120.1 LCCM, podrán ser recuperados por la Cooperativa a través del ejercicio del derecho de retracto. En este caso no concurren las circunstancias que se exigen en el Art. 120 LCCM ya que los socios cooperativistas no dispusieron de sus viviendas o locales, sino de partes de sus parcelas, que de acuerdo con los planes urbanísticos, podían ser cedidas, con los correspondientes derechos de edificación.

Contrato de ejecución de obra. Recepción de la obra: consecuencias en orden a los defectos advertidos con posterioridad. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de diciembre de 2011
La recepción definitiva no funciona como sistema de cobertura de los daños, sino como señalamiento de la terminación de las obras y de la fecha a partir de la cual el dueño de la obra se reserva el derecho de examinarla y de poner de manifiesto sus reservas o el rechazo motivado por escrito. Ciertamente, este derecho del dueño de la obra no dura indefinidamente, sino que tiene que ejercitarlo dentro de los treinta días para evitar que la recepción se produzca y el momento de la recepción funcione como punto de partida de las garantías establecidas por la ley, sin perjuicio de las relaciones que en otro orden de cosas puedan hacerse efectivas entre la promotora y la constructora con relación el contrato de arrendamiento de obra concertado pues la tesis de que las personas o entidades que intervinieron en la ejecución quedan liberados de responsabilidad con la entrega y recepción de la obra puede ser admisible respecto de los vicios manifiestos o aparentes aceptados por el interesado no respecto de aquellos que no pudieron tenerse en cuenta en dicho momento o que al cabo de un tiempo se ponen de manifiesto, como tampoco implica una conformidad a posibles incrementos o disminuciones de obra no susceptibles de conocerse a simple vista, como corolario lógico al deber de realizar un cumplimiento exacto de la prestación que incumbe a quienes la hicieron posible en virtud del contrato y en función de la propia naturaleza de las obras, lo que no sucede en este caso.


Laboral

Significado de la palabra «causa» en las causas del despido objetivo. Despido nulo a pesar del reconocimiento empresarial de su improcedencia. Falta de preaviso. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 10 de noviembre de 2011
El asunto objeto de debate es el de un trabajador que es despedido mediante una carta en la que se aduce como causa motivadora del despido «no ser necesario su puesto de trabajo», sin mayor especificación, al tiempo que se reconoce la improcedencia del despido y se pone a disposición del trabajador la indemnización de 45 días de salario por año trabajado. El significado de la palabra «causa» en el contexto de la regulación de las causas del despido objetivo por necesidades de la empresa se refiere normalmente no al tipo genérico de causa de despido (por ejemplo, la reestructuración de la plantilla, el cambio de los productos o en los procesos de producción) o a la causa remota que genera las dificultades o situaciones negativas de la empresa en la que se produce el despido (por ejemplo, la crisis económica o las nuevas tecnologías) sino precisamente, como dice repetidamente el art. 51 ET, a las concretas dificultades o situaciones económicas negativas de la empresa alegadas por el empresario para justificar su decisión extintiva. Son estas dificultades o situaciones económicas negativas las que constituyen, en terminología del art. 51 ET [al que, como ya se ha dicho, remite este aspecto de la regulación el art. 52 c) ET sobre el despido objetivo] las «causas motivadoras» que pueden justificar el acto de despido. Por tanto, no es solamente una causa abstracta la que tiene que expresarse en la carta de despido, sino también la causa concreta y próxima motivadora de la decisión extintiva, que refleja la incidencia de la empresa de un determinado tipo de causa o de una posible causa remota. El segundo motivo del recurso hace referencia a la falta de abono del salario de treinta días como compensación por no haber respetado la empresa el plazo de preaviso establecido en el artículo 53.1.c) del ET. Reitera el Tribunal que si no se ha respetado el plazo de preaviso deberán abonarse los salarios correspondientes al mismo en concepto de indemnización complementaria, por disponerlo así el artículo 53.4 in fine, y sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de los correspondientes al período de preaviso, es decir, que tanto unos como otros deberán abonarse íntegramente.

Jubilación parcial y contrato de relevo. No es preciso que el puesto de trabajo sea igual si la base de cotización del relevista es igual o superior al 65% de la que tenía el jubilado parcial. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 23 de noviembre de 2011
La cuestión objeto de recurso consiste en determinar si es posible acceder a la jubilación parcial a partir de los 61 años (o 60, en el caso de los antiguos mutualistas) cuando, cumpliéndose todos los requisitos del artículo 166.2 de la LGSS, incluido el de haber celebrado un contrato de relevo simultáneo, el relevista no ocupa un puesto de trabajo igual o similar al del jubilado parcial pero su base de cotización es igual o superior al 65% de aquella por la que venía cotizando el jubilado parcial. Considera el Tribunal que el legislador ha pretendido dos objetivos. Uno, coherente con la política de empleo, que la jubilación anticipada, aunque sea parcial, no se traduzca en la pérdida de puestos de trabajo: de ahí la exigencia de celebrar simultáneamente un contrato de relevo con al menos la misma duración que el tiempo que reste hasta la jubilación definitiva del relevado y con una jornada al menos igual al tiempo de reducción experimentada por la jornada de éste. Y el segundo objetivo es que los ingresos de la Seguridad Social no se vean mermados. Para ello exigió, en una primera versión de la norma, que los trabajos fueran iguales o similares lo que, implícitamente, suponía que tendrían parecidos salarios y, por ello, similares bases de cotización, que es lo realmente importante, desde este segundo punto de vista. Posteriormente, a raíz de la reforma introducida por la Ley 40/2007, abrió una doble vía para alcanzar la finalidad de la no merma en la recaudación: junto a la vía indirecta del trabajo igual o similar, la vía directa de la correspondencia de cotización, si bien parcial: de al menos el 65% y con esa redacción un tanto confusa acerca de los «requerimientos específicos» para obviar la igualdad o similitud de los trabajos y que quedaban a la espera de desarrollo reglamentario. Y, posterior y finalmente, la Ley 27/2011 -que, aunque no aplicable al caso, clarifica el panorama interpretativo- prescinde de la vía indirecta y se queda solamente con la directa: elimina de la letra e) del artículo 166.2 de la LGSS toda referencia al trabajo igual o similar o bien a los «requerimientos específicos» que impidan esa igualdad o similitud -así como la referencia a un futuro reglamento sobre esa cuestión- y mantiene exclusivamente la exigencia de la correspondencia de las bases de cotización al menos en el 65%.


Administrativo

Creación de nuevos puestos de trabajo motivados por la puesta en funcionamiento de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de marzo de 2011
No ha lugar al recurso de casación contra la sentencia que anula el Decreto que modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Justicia y Administración Pública con objeto de crear nuevos puestos de trabajo motivados por la puesta en funcionamiento de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, exclusivamente en lo relativo a aquellos puestos de trabajo cuya forma de provisión haya sido establecida por el procedimiento de libre designación sin justificación motivada de dicha elección y sin los requisitos mínimos necesarios. Así, la sentencia recurrida interpreta de forma absolutamente coherente el carácter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y la necesidad de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga también excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse. En concreto, la opción por un sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo está sujeta a unas condiciones legales que la Sentencia recurrida destaca como inobservadas, sin que su apreciación jurídica al respecto haya sido desvirtuada en el recurso.

Recurso de casación en interés de Ley. Valoración de méritos profesionales y cursos realizados para cubrir por el turno libre plazas de Oficial 1º Administrativo de la plantilla laboral. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de marzo de 2011
Las exigencias legales para la viabilidad y éxito del recurso de casación en interés de Ley no se dan en el actual recurso de casación, pues la razón determinante del fallo aquí recurrido no consistió en declarar inaplicable el criterio de clasificación por grupos y categorías exclusivamente para el personal laboral, ni en ignorar que son empleados públicos jurídicamente diferenciados los funcionarios y el personal laboral; como tampoco dicho fallo utilizó como argumento principal de su decisión que no hubieren de respetarse las bases de la convocatoria. Así, este recurso exige, entre otros presupuestos, que el reproche dirigido a la sentencia recurrida tenga por objeto una concreta argumentación que merezca esa consideración de errónea que aparece en dichos preceptos y tal argumentación haya sido determinante del pronunciamiento incluido en su fallo. También es preciso, paralelamente, que el sujeto activo de la pretensión casacional señale la doctrina legal cuya fijación postula y que esta sea una respuesta necesaria para subsanar el criterio erróneo que pretende evitarse; doctrina que ha de ir vinculada a un determinado precepto legal o norma emanada del Estado. Además, ha de ser expuesta específicamente y no puede consistir en la mera reproducción de preceptos legales, porque el fin de la jurisprudencia consiste en la fijación de pautas sobre su interpretación llamadas a complementar el ordenamiento jurídico mediante la determinación del recto sentido de la norma, la integración de sus lagunas y la unificación de la diversidad de criterios que puedan seguir los tribunales en su aplicación.

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