Accionistas de Cimpor venden títulos por encima del
edición: 2533 , Jueves, 16 agosto 2018
24/06/2013

Accionistas de Cimpor venden títulos por encima del precio de mercado en una operación confidencial muy cuestionada

Camargo y Votorantim aspiran a la reestructuración del mercado cementero ibérico mientras dejan a Cimpor cargada de deuda

De acuerdo con fuentes del mercado, un grupo de accionistas minoritarios de la cementera portuguesa Cimpor, representando 600.000 acciones de la sociedad, vendieron sus títulos a 4,27 euros por acción, contra los 5,5 euros de la oferta pública, en una operación que se firmó con un vehículo de inversión dependiente de Intercement el jueves 21 de marzo. Otra fuente consultada afirmó que la operación se cerró a 5 euros. Las acciones de la sociedad cotizan en torno a los 3,20 euros. Intercement es el vehículo con sede en Austria utilizado por la brasileña Camargo Correa para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Cimpor en mayo de 2012. Varios fondos de inversión internacionales y accionistas individuales que representaban el 5,9% del capital de la portuguesa quedaron atrapados al no cumplirse las condiciones para la adquisición forzosa de sus títulos al precio de la Oferta Pública de Adquisición. La OPA lanzada por Camargo Correa (CC) -empresa que cotiza en el Latibex de Madrid- implicaba un canje de activos de CIMPOR, entre ellos su filial española Corporación Noroeste.

El canje tenía por objetivo ceder activos al accionista Votorantim -también de Brasil- a cambio de su 21,2% en el capital de la portuguesa. A su turno CC cedía a CIMPOR otros activos contenidos en su holding no cotizado Intercement AG, con sede en Austria. La cementera portuguesa transmitía junto con sus activos el 21,2% de su deuda consolidada neta que suponía 323 millones de euros.

De acuerdo con fuentes jurídicas en Lisboa, la transacción cerrada por un grupo de minoritarios debía haber sido hecha pública por Cimpor en cumplimiento con el artículo 248 B de la Ley de Valores Mobiliarios vigente en Portugal. En paralelo a la firma de la venta de los títulos una acción judicial hecha por dos accionistas contra Intercement y contra la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), fue retirada por los actores. La CMVM que niega estar al tanto de los hechos no ha revisado sin embargo las transmisiones de títulos a partir del mes de marzo, algo que está a su alcance. Cimpor e Intercement no han sacado de la Bolsa de Lisboa a la cementera, y en la medida de que aun existen accionistas y el plazo de seis meses para cerrar un acuerdo con ellos tras la OPA ya ha vencido, para hacerlo deberían convocar a junta general de accionistas. Hasta ahora no han manifestado ninguna intención de hacerlo. Pero en el mejor de los casos si optaran por esta vía pagarían a los minoritarios el precio medio ponderado de las acciones en los últimos seis meses. Muy por debajo del precio de la OPA. De allí la trascendencia del presunto acuerdo privado efectuado en marzo y que mantienen oculto las partes que podría obligar a Intercement a una oferta superior.

CC ocultó hasta el 17 de enero de 2013 que el reordenamiento y traspaso de activos entre Intercement, Votorantim y Camargo Correa incluía el traspaso de deuda por importe de 2.034 millones de euros a la matriz portuguesa. La operación, que ha dejado Corporación Noroeste en manos de Votorantim y los activos en Portugal en manos de CC, supone un intento de los grupos multinacionales de Brasil por hacerse fuertes en la península Ibérica y apostar a un reordenamiento del sector que sufre una crisis sin precedentes a resultas de la caída de la construcción y las obras públicas y a su carga de deuda. Precisamente la baja deuda y la generación de un dividendo continuado era uno de los grandes atractivos de Cimpor, que ahora parece eliminado por un largo periodo.

Mientras que en Portugal no parece existir una vía de consolidación ya que Cimpor es un virtual monopolio, en España todavía existen objetivos de adquisición aunque cargados de deuda como son las cementeras vinculadas a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La Asociación de Inversores y Analistas Técnicos (ATM) portuguesa afirma que “Existen evidencias de asistencia financiera ilegal por parte del sujeto de la OPA al oferente ya que al primero se le traspasa una deuda cuyo origen no está claro y cuadra con la financiación obtenida para comprar las acciones en el mercado. No se cumplió con la obligación de informar sobre las consecuencias del canje de activos, que han hecho que el endeudamiento de la sociedad se incremente de forma disparatada.

El canje de activos ha desvalorizado a la sociedad”. Fuentes próximas a algunos de los minoritarios señalan a ICNreport que el apalancamiento de la sociedad ha pasado a ser desproporcionado “alcanzando a 6,2 veces su ebitda” tras el canje de activos.

Como para refrendar estas apreciaciones la sociedad ha anunciado que pagará sobre el ejercicio de 2012 un dividendo de 0,0162 euros por acción comparado con los 0,166 euros por acción pagados sobre el ejercicio de 2011. “Lo han dividido por 10 como corresponde a la carga de la deuda que ahora tiene la empresa”, afirma una fuente de un fondo de inversión accionista de CIMPOR a ICNreport. La valoración de los minoritarios como este fondo es que “una cosa era quedar atrapado en la CIMPOR que nosotros conocíamos y otro en esta; antes existía una política de dividendos y había un apalancamiento razonable con activos rentables que ahora han sido traspasados”.

En su carta a la Comisión Parlamentaria, a la que tuvo acceso ICNreport, ATM afirma que: “CIMPOR  ha prestado asistencia financiera ilegal a Intercement (el oferente) y ha cambiado los buenos activos que tenía por otros que son simplemente basura a costa de los pequeños accionistas”.

Los accionistas consideran que: “esta ya no es la empresa en la que entramos ni por su política de dividendos ni por sus activos, y ya no se ajusta al perfil de nuestros objetivos de inversión, pero salir a tres euros por acción no es de recibo”. La batalla de los minoritarios ha reavivado el debate sobre la transposición de la directiva comunitaria sobre OPAs en lo que respecta a los umbrales de compra forzosa en los denominados squeeze out y sell out, que como en el caso de España requiere dos umbrales, el 90% de los títulos y el 90% de los derechos de voto y no uno de ellos de forma indistinta.

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