edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
08/07/2010

ACS cifra en 800 millones el impacto en su patrimonio por no entrar en el consejo de Iberdrola

ACS cifra en 800 millones el impacto que tiene sobre su patrimonio el hecho de no contar con representación en el consejo de administración de Iberdrola, pese a ser su primer accionista con un 12,6% de su capital.

Así lo indicó ayer el abogado de Clifford Chance José Antonio Caínzos que representó al grupo presidido por Florentino Pérez en la vista celebrada en el Juzgado Mercantil de Bilbao dentro del proceso de cruce de impugnaciones que mantienen las dos empresas.

De su lado, la eléctrica señaló que abrir su máximo órgano de gestión a la constructora sería como "introducir un caballo de Troya", dado que se trata de un "competidor directo" que podría poner en riesgo 1.400 millones de su beneficio bruto de explotación (Ebitda).

En concreto, el representante de ACS indicó que el hecho de no estar en el consejo de la eléctrica y, por tanto, no poder consolidar en sus cuentas su inversión en la compañía utilizando el sistema de puesta en equivalencia, supone un impacto de al menos 97 millones en la cuenta de resultados de la constructora, de 1.130 millones en su capitalización y de 1.720 millones en su capacidad de endeudamiento, además de los 800 millones de repercusión en el patrimonio.

Por tanto, en el transcurso de la vista, la defensa de ACS acusó a Iberdrola de causar un perjuicio "irreparable" a la compañía por no permitirle su entrada en su consejo de administración y afirmó que la eléctrica ha actuado de "mala fe" y con "incoherencia".

Con la vista, celebrada en l Palacio de Justicia de Bilbao, el juez titular debe dirimir sobre la petición de ACS de que se suspendan cautelarmente los acuerdos de la junta de Iberdrola que impugnó, aquellos que le impidieron entrar en el consejo de esta compañía. La resolución se conocerá el próximo lunes.

En concreto, el grupo constructor recurrió el acuerdo correspondiente al cese del consejero que propuso en Iberdrola (José María Loizaga) y el referente a la reducción a catorce del número de miembros del consejo de administración de la eléctrica. También solicitó como medida cautelar que la demanda interpuesta quede reflejada en el Registro Mercantil.

En el transcurso de la vista el abogado de ACS reiteró su solicitud de que se suspenda cautelarmente la ejecución de estos acuerdos de la junta de Iberdrola, alegando que se "cercenó el derecho" de la empresa a tener un representante en el consejo.

Según argumentó, la ley de Sociedades Anónimas "acredita" como algo "indiscutible" que ACS pueda contar con un consejero. Además, rechazó que exista un conflicto de competencia estructural y permanente entre ambas compañías y aseguró que, en el caso de que existiera, sería en todo caso "algo puntual" y "no justificaría" el cese de un consejero.

Caínzos manifestó que, en el caso de se produjeran problemas puntuales de competencia, se podrían resolver con la abstención de su consejero de las votaciones.

El abogado abundó en la misma línea al recordar que consejo de Iberdrola tuvo miembros en representación de empresas que también se podrían interpretar como competencia de la eléctrica, e indicó que la actividad relacionada con la energía sólo aporta el 1% de la facturación total del grupo, frente al 90% que supone para Iberdrola. En el caso de la ingeniería, genera el 42% de ACS frente contra el 5% de la eléctrica. "No existe competencia real en esos dos terrenos", insistió la defensa de ACS.

Caínzos garantizó que desde el primer momento ACS ha actuado "de buena fe" y con "transparencia" y que ha sido Iberdrola la que ha "obstaculizado" el acceso al consejo.

Por todo, la defensa de ACS señaló que el consejo de administración de la eléctrica, en estos momentos, "no es neutral" y la no presencia de la constructora en el mismo le está provocando un "perjuicio irreparable", tanto societario como económico. En su opinión "Iberdrola quiere perjudicar la situación de ACS".

El letrado manifestó además que Iberdrola ha actuado "de mala fe" y con "falta de transparencia". Además, ha criticado su "incoherencia" por "cambiar" sus argumentos para impedir el acceso de ACS al consejo, ya que el pasado año había alegado que no había vacantes y este año que existía un conflicto de interés.

ARGUMENTOS DE IBERDROLA.

Por su parte, la abogada de Iberdrola, Arantza Estefanía, del equipo de Uría Menéndez, afirmó que no concurren los requisitos para aceptar las medidas cautelares solicitadas por ACS.

La letrada insistió en su defensa en que lo importante y "acreditado" en este caso es que ACS es un "competidor directo" de Iberdrola. Según argumentó, distintos informes acreditan que existe "un conflicto estructural y permanente de competencia", principalmente en las áreas de energías renovables e ingeniería, que, a su juicio, son "estratégicas" para ambas compañías. "Esa competencia directa está fuera de toda duda", añadió.

La abogada recordó que la junta de Iberdrola celebrada el pasado el 26 de marzo permitió que ACS designara un representante en el consejo, pero que fue la propia asamblea la que posteriormente impidió que se hiciera efectivo el nombramiento, porque tiene "obligación" de cesar la entrada de "un competidor" en el consejo porque sería "contrario al interés social". En este sentido, aseguró que la junta no infringió ningún "precepto legal".

La defensa de la eléctrica presentó en la vista unos informes económicos para justificar la existencia de la competencia en las dos compañías, que ACS pudo estudiar en un breve receso.

En concreto, argumentó que ACS cuenta con líneas de negocio que se solapan con algunas de las principales actividades de Iberdrola y que ambas compañías han competido directamente en las principales adjudicaciones de energías renovables de España de los últimos años.

Iberdrola afirmó que los informes de auditores y abogados evidencian ese conflicto de interés y apuntó que las áreas de renovables e ingeniería supusieron en 2008 el 41% de la facturación total de ACS y casi un tercio del valor de la compañía. Además, , en 2008 las actividades que Iberdrola desarrolló en competencia con ACS alcanzaron los 7.000 millones.

La eléctrica afirmó que la entrada de ACS en su consejo de Administración sería tanto como "introducir un caballo de Troya" que causaría un "perjuicio irreparable y gravísimo". En su opinión, un "competidor" estaría teniendo acceso a información "estratégica y sensible" de todo el grupo y se estaría impidiendo el funcionamiento "efectivo y eficaz" del consejo.

En concreto, cifró el impacto en 1.400 millones, importe equivalente al beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica correspondiente a las divisiones de ingeniería y energía renovables en 2009.

Por otra parte, otro de los argumentos esgrimidos por Iberdrola para pedir que no se atiendan las medidas cautelares es que ACS "no ha justificado" que siga vigente la agrupación de acciones que le permitió designar a un consejero. Asimismo, denunció que ACS presentó la demanda "fuera del plazo de los 40 días establecido por ley" y que la constructora no haya impugnado nunca ninguno de los acuerdos del consejo.

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