edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
13/06/2012

Acuerdo en el Congreso para revisar todos los blindajes de directivos de entidades con ayudas del FROB

El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas indemnizaciones ya hayan sido devengadas.

Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Europa Press y que será votado este martes en el Pleno del Congreso, se pide al Ejecutivo que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB".

Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este tipo de operaciones.

Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.

SE MANTIENE LA RETROACTIVIDAD

Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso, CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorros que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.

En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB".

Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera".

PRIMER PASO PARA UN DEBATE MÁS AMPLIO

El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". "Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.

Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia" sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro.

También el diputado "popular" Fernando López-Amor se ha congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.

A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que, "en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad". "Esperamos que en la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido López-Amor.

VOTO DE "BUENA FE"

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste, que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la práctica.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades, y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos" de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al sistema.

En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones". "Es ruin que entidades intervenidas con dinero de todo regalen indemnizaciones multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.

Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no, será una solución en falso", ha advertido.

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