edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
04/03/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El acuerdo extrajudicial con los acreedores para las personas físicas se regirá por las mayorías obtenidas

Javier Ardalán
El Real Decreto-Ley que regula la segunda oportunidad para las personas físicas establece la posibilidad de que el deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el correspondiente balance.
La propuesta podrá contener esperas por un plazo no superior a diez años; quitas; cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos; la conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora, y la conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.

Solo podrá incluirse la cesión en pago de bienes o derechos a los acreedores siempre que los bienes o derechos cedidos no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable sea igual o inferior al crédito que se extingue.

Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, serán diversas mayorías calculadas sobre la totalidad del pasivo que pueda resultar afectado por el acuerdo. Así, si vota a favor del mismo el 60 por ciento afectado, los acreedores cuyos créditos no gocen de garantía real (generalmente hipotecas) o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, quedarán sometidos a esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, a quitas no superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, o a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

Si hubiera votado a favor del mismo el 75 por ciento del, los acreedores sin garantía real quedarán sometidos a las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, a quitas superiores al 25 por ciento del importe de los créditos, y a las demás medidas previstas en la normativa.

Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del expediente. Además, el deudor podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.

Si la propuesta no fuera aceptada, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata.

Si se logra, de deberá publicar la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que identifiquen al deudor, el registrador o notario competente o la Cámara de Comercio, el nombre del mediador concursal y la indicación de que el expediente está a disposición de los acreedores interesados en el Registro Mercantil, notaría o Cámara de Comercio, correspondiente.

No se podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, que no recaiga sobre bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor ni sobre su vivienda habitual.

Cuando la garantía recaiga sobre estos bienes, los acreedores podrán ejercitar la acción real que les corresponda frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en este apartado.

Los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual concurso de acreedores posterior. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad.

La solicitud del procedimiento de mediación deberá presentarse ante el notario del domicilio del deudor. Éste deberá, de oficio, comunicar la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. El notario impulsará las negociaciones entre el deudor y sus acreedores, salvo que decida designar un mediador concursal. Las actuaciones notariales o registrales no devengarán retribución arancelaria alguna.

El plazo para la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos y realizar la convocatoria de la reunión entre deudor y acreedores será de quince días desde la notificación al notario de la solicitud o de diez días desde la aceptación del cargo por el mediador, si se hubiese designado mediador. La reunión deberá celebrarse en un plazo de treinta días desde su convocatoria.

La propuesta de acuerdo se remitirá con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, pudiendo los acreedores remitir propuestas alternativas o de modificación dentro de los diez días naturales posteriores a la recepción de aquél.

Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es posible alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez un informe razonado con sus conclusiones.

El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación y reglamentariamente se determinará régimen de responsabilidad de los notarios que intervengan en los acuerdos extrajudiciales de pagos de las personas naturales no empresarios. Su retribución será la prevista para los mediadores concursales.

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