edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
30/06/2010
Reino Unido, y en ocasiones Alemania y Francia, lo denuncian

Acusan a Trichet de ‘monetizar’ la deuda pública; es ilegal y va contra el tratado de la UE

Quieren terminar con la práctica de comprar deuda española en el mercado secundario
Jean-Claude Trichet, presidente del BCE
Juan José González

España debe a Alemania y a Francia 366.000 millones de euros; a Reino Unido 80.000 millones. Irlanda le debe a Alemania 177.000 millones de dólares; Portugal le debe pagar a España 112.000 millones de dólares. Grecia debe lo que no esta escrito, pero los Gobiernos de España, Portugal, Irlanda y Grecia juntos le deben a la banca de la eurozona 253.000 millones de dólares. Son las cifras que relacionan deudas entre bancos y empresas, es decir, deuda privada. Y más cifras que dan para pensar y concluir que todos deben, que no todos pueden pagar, y que aunque pudieran pagar es probable que no lo hicieran. Por si fuera poco, el Tesoro público español debe a la banca francesa 47.500 millones de dólares, y a la alemana 33.000 millones. El vértigo con tanto número está servido sobre la misma mesa en la que el mes pasado estaba servido el default español, un default técnico que ya contaba con algún antecedente allá por el mes de febrero.

Sobre la base de que, según los criterios contables que rigen el tratado de la UE, las finanzas españolas tocaron el límite permitido en Bruselas, para oficiar el rescate de la economía española se hubieran necesitado 250.000 millones de euros.

Independientemente de la situación vivida en aquellas jornadas entre el 6 y el 8 de mayo pasado, y dejando a un lado que no es lo mismo que un país entre en quiebra técnica –como así fue para España-  a que solicite el auxilio del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) –caso de Grecia- para que le cubra determinadas posiciones de pago, el asunto que mayor malestar puede haber creado en esa crisis de mayo, es el relativo a la actuación del BCE.

Desde finales del pasado año, el banco central es criticado y su presidente Jean Claude Trichet cuestionado por algunas discutidas actuaciones ‘heterodoxas’. El BCE viene practicando desde hace meses la compra de deuda española en el mercado secundario, títulos que anteriormente fueron adquiridos por empresas y bancos españoles al Tesoro español, una actividad prohibida para el BCE y que recogen sus estatutos con claridad. El banco europeo viene siendo cuestionado por su actitud de ‘monetizar la deuda pública’ que, como se dice, es ilegal. Por esta razón varios Estados miembro han puesto reparos a la política seguida por el banco de ‘comprar por la puerta de atrás’ activos financieros españoles.

Sin embargo, no todo han sido reproches a la actitud seguida por el BCE en la crisis de la deuda y, concretamente, en la adoptada en el caso de España, donde, curiosamente, Alemania y Francia han apoyado medidas de mantenimiento de la línea seguida por el BCE, y por tanto, se puede afirmar que han oficiado de avalistas. Para alemanes y franceses, el hecho de que se produzca una ‘monetización’ de la deuda pública, por tanto ilegal, no resta para que esa actuación sea beneficiosa para los intereses de ambos Estados, puesto que de lo contrario, alimentar la situación próxima al default, España, como hará Grecia en breve, propondría a la comisión Europea una reestructuración de la deuda, ante la que Alemania y Francia se quedarían sin una buena parte de las deudas sin cobrar, es decir, serían fallidos.

No hay dudas acerca de que España es el gran deudor europeo, tanto por volumen como por tamaño; sobraría con echar un vistazo a las cifras arriba indicadas para comprobar que la línea de crédito necesario para sacar a la economía española del atolladero se situaría en el entorno de los 255.000 millones de euros.

Se espera que en las próximas semanas se multipliquen los ataques en forma de críticas al BCE, tanto desde el exterior –Norteamérica- como desde el interior por parte de Reino Unido a la que es posible se una Alemania. En ambos casos, no desean que el banco central continúe comprando deuda pública española de forma subrepticia, con esa discutida forma de financiación indirecta del BCE que mejor haría en asegurar mediante otros mecanismos más ortodoxos la liquidez del sistema.

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