edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
13/07/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Adjudicación de una vivienda para uso propio por un promotor

DATADIAR
Desde nuestro punto de vista, lo que se produce en el caso concreto es un autoconsumo de bienes. Así, el art. 9.1 letra a) de la Ley del IVA establece que a los efectos de este impuesto, se considerarán autoconsumo de bienes, entre otras operaciones, la transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes corporales de su patrimonio empresarial o profesional a su patrimonio personal o al consumo particular de dicho sujeto pasivo. En este sentido, el autoconsumo se produce por la afectación, o el cambio de afectación, de bienes producidos, construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importados en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión.

Asimismo, a título informativo, señalamos que en cuanto a la base imponible a efectos de IVA en supuestos de autoconsumo, la inexistencia de contraprestación en este tipo de operaciones obliga a establecer reglas especiales. Los bienes adquiridos, importados o constituidos que son objeto de autoconsumo han podido quedar obsoletos o revalorizarse y estas circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la base imponible.

En el caso concreto planteado estamos ante un autoconsumo de bienes, por lo que las reglas que se establecen son las que siguen:

• Si los bienes se entregan en el mismo estado en que se adquirieron, sin haber sido sometidos a proceso alguno de fabricación, elaboración o transformación por el sujeto pasivo o por su cuenta, la base es la que se hubiese fijado en la operación por la que se adquirieron los bienes.

• Si los bienes entregados se han sometido a procesos de elaboración o transformación por el transmitente o por su cuenta, la base imponible es el coste de los bienes o servicios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de dichos bienes, incluidos los gastos de personal efectuados con la misma finalidad.

• Si el valor de los bienes entregados hubiese experimentado alteraciones por cualquier causa (utilización, obsolescencia, revalorización), se considera como base imponible el valor de los bienes en el momento en que se efectúe la entrega.

En cuanto a la presentación del modelo 347, la AEAT se ha pronunciado a través de consulta y en un supuesto relativo a la obligación de incluir en la declaración anual de operaciones con terceros las operaciones efectuadas a título gratuito, establece:

 "No deben declararse los autoconsumos que no sean operaciones realizadas con otras personas o entidades, es decir, no se declaran los autoconsumos internos.

 "Por el contrario, los autoconsumos externos (operaciones gratuitas con terceras personas) deben declararse si están sujetas y no exentas en el IVA. No deben declararse cuando no están sujetas o están exentas del IVA".

En el caso que nos ocupa, si bien el autoconsumo se produce con el propio contribuyente, no se incluye ninguna tercera persona, por lo que entendemos que no procederá incluir la operación en dicho modelo.

Una vez aclarado lo anterior, y ya desde el punto de vista del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el art. 28.4 Ley 35/2007, IRPF establece expresamente lo siguiente:

 "Se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o servicios objeto de la actividad, que el contribuyente ceda o preste a terceros de forma gratuita o destine al uso o consumo propio.

 Asimismo, cuando medie contraprestación y ésta sea notoriamente inferior al valor normal en el mercado de los bienes y servicios, se atenderá a este último".

 A estos efectos, parece ser que en principio, la persona física debería integrar en su IRPF una renta obtenida por la diferencia entre el valor de mercado de la vivienda y su precio de adquisición (coste de producción).

 Sin embargo, nos parece interesante comentar lo contenido en el apartado cuatro del art. 28, debemos analizar lo dispuesto en el apartado tres de este mismo artículo:

 "La afectación de elementos patrimoniales o la desafectación de activos fijos por el contribuyente no constituirá alteración patrimonial, siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su patrimonio.

 Se entenderá que no ha existido afectación si se llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes de transcurridos tres años desde ésta".

Teniendo en cuenta lo anterior, desde nuestro punto de vista, en estos casos existe un autoconsumo gravado, en tanto que el contribuyente destina a su uso propio una de las viviendas que ha construido.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Si la persona contratada es considerada residente en Portugal, y realiza su trabajo en territorio español, deberá tributar en España por el TRIRNR y la entidad le practicará la retención del 24%. D.G.T. C, (08/03/2010).
La entidad consultante, que opera en España sin establecimiento permanente, ha contratado una persona con domicilio en Portugal. Plantea la duda sobre la obligación de retener por parte de la oficina de representación en España, dado que no constituye establecimiento permanente y dado que la persona sobre la que se consulta tiene su domicilio en Portugal. Si fuera de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15, esto es, que se tratara de un trabajador fronterizo que, teniendo sus residencia en Portugal, se desplace a España a realizar su trabajo y regrese normalmente a Portugal al terminar su jornada laboral, las rentas que perciba por su trabajo estarán exentas de tributación en España, en cuyo caso, la entidad consultante no tendría obligación de practicar retenciones sobre tales rentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 del TRLIRNR.

Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la permuta por parte de una sociedad civil de un solar y dinero por un local y una vivienda. D.G.T. C, (08/03/2010).
Los consultantes son socios de una sociedad civil que ha transmitido en octubre de 2007 mediante permuta parcial un solar (respecto del cual había incurrido en gastos derivados de la realización de trámites previos, en concreto, un estudio geotécnico y un proyecto de ejecución) así como una suma de dinero, a cambio de recibir un local y una vivienda. El solar había sido adquirido en abril de 2006. Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tribunales

No tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades. Bonificaciones aplicables a las rentas derivadas de la prestación de servicios de la Ley 7/1985. Audiencia Nacional. Sentencia 31 de marzo de 2010.
No tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades. No se entenderán comprendidos en esta letra los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos. Quedan fuera, por tanto, de la excepción a la nota de la «liberalidad», aquéllos gastos que no discurran en el seno de las «relaciones públicas con clientes o proveedores o con el personal de la empresa en virtud de los usos y costumbres», lo que remite, en última instancia, a la necesidad de que quien pretende la deducción acredite la finalidad específica de cada uno de tales desembolsos, tanto en lo que se refiere a la naturaleza subjetiva de «clientes o proveedores», o bien trabajadores, de los destinatarios del gasto, como en la índole objetiva de la relación que da lugar a su realización. Según el artículo 32 de la Ley 43/1995, tendrán una bonificación del 99% la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de servicios comprendidos en la Ley 7/1985. Para que pueda aplicarse dicha bonificación es necesario que concurran en el contribuyente dos requisitos esenciales: uno, de carácter subjetivo, consistente en que la entidad beneficiaria no tenga la consideración de empresa mixta o sea de capital íntegramente privado; otro, material, a cuyo tenor es necesarios que los servicios tal entidad presta esté efectivamente comprendidos en la Ley 7/1985

Tratamiento fiscal de las opciones de compra de unas acciones sujetas al cumplimiento de unos requisitos temporales de permanencia en las empresas que integran un grupo de sociedades. Audiencia Nacional. Sentencia 6 de abril de 2010.
En el caso de autos se trata del tratamiento fiscal de las opciones de compra de unas acciones, sujetas al cumplimiento de unos requisitos temporales de permanencia en las empresas que integran el grupo de sociedades y al pago del precio establecido que el trabajador deberá satisfacer en el momento que decida ejercitarlas. Es improcedente la deducción practicada por el obligado tributario pues se está ante una inexistencia de vínculo obligacional que permita considerar exigible a la recurrente el cumplimiento de alguna obligación en el momento en que sus trabajadores ejercen el derecho de opción de compra de acciones. También es improcedente por la falta de acreditación por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de la existencia de algún coste efectivo para la recurrente que pudiera derivarse de los referidos pagos, sino al contrario, de las manifestaciones del representante se deduce la inexistencia de coste, toda vez que el precio del derecho de opción concedido al trabajador es equivalente al precio de adquisición de la acción para la recurrente. Y por último, los pagos de la diferencia entre el precio de venta de la acción y el precio de ejercicio de la opción, minorada en los gastos accesorios a la operación, efectuadas por la recurrente a sus trabajadores, enmascaran unas transferencias de recursos hacia la entidad matriz, pues se ha percibido previamente el producto de la venta de las acciones realizada por cuenta de los beneficiarios de los derechos de opción.

Tribunales Económico-Administrativos

No podrá practicarse una compensación por parte de la Administración cuando el carácter compensable de las deudas se ha adquirido con posterioridad a la declaración del concurso. TEAC R, (24-02-2010).
No se puede practicar una compensación por parte de la Administración cuando el carácter compensable de las deudas se ha adquirido con posterioridad a la declaración del concurso ya que ello supondría detraer bienes de la masa concursal, cuando no consta que se haya ejercitado el derecho de abstención, ejecutando bienes al margen de dicho concurso de forma autónoma. Aunque la compensación afecte a un crédito frente a la Administración que hubiere adquirido el carácter de compensable con anterioridad a la declaración de la quiebra, al no haberse dictado al acto administrativo de compensación, se trataba de un bien ya ocupado , que la Administración Tributaria debería haber puesto a disposición del Juzgado, sin ya ser competente en momento posterior a la declaración de la quiebra para declarar compensados unos créditos del quebrado frente a la Administración con unas deudas tributarias".

Prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos. TEAC R, (03-03-2010).
De acuerdo con lo previsto en la Ley, no prescribió el derecho a solicitar la devolución de ingresos, pues mientras no se produjo una sentencia judicial firme no nació el derecho a tal devolución. Producida la sentencia del Tribunal Supremo el 19 de mayo de 2005, cuando la entidad presentó una declaración complementaria del ejercicio 2002 en 10 de febrero de 2006, en la que realizó un ajuste negativo al resultado contable como consecuencia de aquélla; así como cuando en el recurso de reposición contra la liquidación de dicho ejercicio por la Administración (recurso que presentó el 23 de julio de 2008) solicitó la devolución de ingresos que entendía pertinente, estaba en plazo hábil para hacerlo, pues obviamente su derecho a solicitar lo que en definitiva no era sino la plena ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (confirmatoria, como se ha dicho, de otras resoluciones judiciales y administrativas anteriores), en cuanto efecto inescindible del fallo de éste (que no podía haber hecho pronunciamiento explícito sobre este punto porque el recurso se ceñía al acto liquidatorio del ejercicio 1991), no está sometido a plazo alguno en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y por tanto, habiéndose interrumpido en su día por los sucesivos recursos la prescripción del derecho a liquidar de la Administración (arts. 66 y 68 de la LGT/2003) y siendo corolario ineludible de la sentencia y de la propia liquidación de 1991 la actuación de la Administración en orden a completar la regularización efectuada, que debió hacer de oficio, tal como declarábamos en nuestro acuerdo de 28 de mayo de 2009, en lo que afectase a otros ejercicios, concretamente, a 1992 y 1993, lo único que ha de hacer ahora la Administración es acceder a lo solicitado salvo que detecte alguna inexactitud puramente aritmética en el cálculo de las cantidades a devolver solicitadas por la sociedad, supuesto en el que se procederá a su estricta corrección.

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