edición: 2515 , Lunes, 23 julio 2018
16/11/2010
Índice de Trasnparencia Internacional España

Administración Local, sostenibilidad y transparencia, un trípode que todavía cojea

Beatriz Lorenzo

En los últimos tiempos, y al menos en España,  la Responsabilidad Social se ha vuelto localista. Ha trascendido su concepción inicial, puramente teórica y delimitada a las acciones filantrópicas, para acabar convirtiéndose en una estrategia de gestión a la que acuden corporaciones y gobiernos ávidos de recuperar la confianza perdida y avanzar en la senda del desarrollo sostenible.  Rompiendo con la tendencia unificadora de los organismos internacionales -las alianzas de Global Reporting Initiative con Carbon Disclosure Project y el Global Compact, los llamamientos de Naciones Unidas en pro de una RSC “más legal y menos moral”- la administración local española ha optado por fragmentar el mapamundi responsable a través de iniciativas comunitarias entre las que destaca la reciente y controvertida ley de Responsabilidad Social de Extremadura, que incorpora aspectos novedosos como la regulación de la responsabilidad social de los poderes públicos y la adaptación de la normativa al tejido empresarial extremeño compuesto en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, mientras varias comunidades autónomas regulan por su cuenta la responsabilidad social -también Galicia ha presentado recientemente un Observatorio de RSE- la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente para la administración local, a pesar del 71,50 sobre 100 alcanzado en el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) que se presentó ayer en Madrid de la mano de Transparencia Internacional España. Y como no podía ser menos en tiempos de crisis económica, la asignatura más fallida de las comunidades autónomas españolas es su transparencia económico-financiera, ya que la media general en este área no llega al aprobado, si bien se queda cerca (48´8). La áreas de transparencia más destacadas a nivel colectivo son: Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, en la que obtienen una media de 83´3, y Transparencia en materias en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, cuya media colectiva es 82´8. Quedan en una zona intermedia y cercana al notable las áreas de Información sobre la Comunidad Autónoma (68´5) y de Transparencia en las Contrataciones de servicios y suministros (65´4). En relación a los pesos pesados de esta edición, cabe destacar que las dos Comunidades que han resultado ganadoras, compartiendo el primer puesto en los resultados globales del INCAU, son Andalucía y Galicia (87´5 puntos sobre 100 en ambos casos). Las Comunidades Autónomas que ocupan los puestos inferiores del ranking son Baleares y Valencia (56´3 en ambos casos) y Cantabria (53´8).

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN

El diálogo fluido con los grupos de interés es esencial en el sector público, y tanto o más si cabe en la administración local. Tal y como expresan Ignacio Martín y Carmen Pineda en su Comunicación para el IX Congreso Nacional de Ciencia Política, “Transparencia y participación en la gestión pública local”, abordan un nuevo modelo de gestión local que incluye “presupuestos participativos” como cauce bidireccional de relación con los grupos de interés. Los autores reconocen que “uno de los aspectos menos estudiados de la participación ciudadana ha sido el de la comunicación. Tanto desde el punto de vista de la información que genere la formación de un opinión y, en consecuencia, que mejore los procesos de participación y toma de decisiones; como desde la comunicación de los resultados, y posterior evaluación, así como la comunicación interna dentro de la institución y la externa dentro del ámbito de los colectivos que ostentan la representación ciudadana.”. Los autores citan experiencias de presupuestos participativos (como las que han tenido lugar en Albacete y Segovia), experiencias positivas pero tibias.

Como palanca de comunicación con los grupos de interés, también en el ámbito de la administración local, las TIC se perfilan como cauce ideal. Tal y como se esboza en la obra “El gobierno electrónico en la rendición de cuentas de la administración local, de Sonia Royo, el e-goverment se está convirtiendo en una constante de la administración pública moderna. El origen del gobierno electrónico, para la autora,  se debe a la confluencia de tres fenómenos en las últimas décadas: los procesos de reforma acaecidos en las administraciones públicas bajo el enfoque del New Public Management (NPM), la búsqueda de nuevas formas de gobernar y la revolución tecnológica, concretamente la rápida expansión de Internet y el desarrollo de la sociedad de la información. Aunque hace varias décadas que las administraciones públicas vienen utilizando una amplia variedad de tecnologías de la información en su
quehacer cotidiano, en los últimos años el uso de Internet se ha configurado como un componente clave para la mejora en la prestación de servicios. De este modo, la construcción y gestión de páginas web se están convirtiendo en elementos esenciales de una administración pública moderna.

Y si la comunicación “virtual” todavía se le atraganta a la administración pública, otro tanto sucede en el sector privado. Según una investigación llevada a cabo por “CompromisoRSE” apenas un mínimo porcentaje de las compañías del IBEX 35 ofrecen en su página web corporativa un apartado dedicado a las noticias y actividades de la empresa relacionadas con la Responsabilidad Social Corporativa. Surge entonces una paradoja al comparar la posición de liderazgo mundial conseguido por varias compañías españolas en relación a sus memorias e informes de sostenibilidad y su precario nivel de comunicación en las webs corporativas. Una vez más, las incoherencias del maquillaje corporativo exponen un panorama cuando menos sorprendente: no debe olvidarse que  la Red Española del Pacto Mundial daba a conocer a finales del pasado año un incremento del 21% en el número de informes de progreso presentados por las compañías españolas. Sin embargo, este incremento escondía una falsa sensación de mejora puesto que el 48% de todos los informes elaborados por las entidades firmantes de la Red del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España para promover la responsabilidad social no incluían ningún objetivo en el marco de los principios a promover.

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