edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
16/09/2010

AEF apoya la eliminación de prerregistro fotovoltaico y ve "positivo" el informe de la CNE

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) considera "positivo" el informe emitido ayer por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acerca del real decreto del Ministerio de Industria sobre recorte de retribución a la energía fotovoltaica y coincide con el regulador en la conveniencia de eliminar el actual prerregistro trimestral de potencia.

Pese a insistir en su rechazo al recorte de primas, la asociación presidida por Juan Laso valora positivamente del informe su insistencia en la necesidad de seguridad jurídica, la propuesta de eliminar el prerregistro de potencia para sustituirlo por subastas o la necesidad de no discriminar entre renovables para futuras normativas.

Todos estos planteamientos, afirma en un comunicado, "responden a las demandas que el sector solar fotovoltaico viene haciendo desde hace cuatro meses".

AEF insiste en recalcar "la necesidad de transparencia y seguridad jurídica en la regulación", porque sólo de esta manera se garantiza "la estabilidad del sistema económico del sector fotovoltaico" y "se evitan riesgos innecesarios para los compromisos financieros del país respecto a inversores nacionales e internacionales".

La asociación comparte también con la CNE la necesidad de que la normativa satisfaga los requisitos para que se puedan mantener en adelante la seguridad jurídica y la capacidad económica de la industria solar fotovoltaica.

BAJADA DE PRIMAS

AEF considera que la reducción "extraordinaria" de tarifas propuesta por el Ministerio de Industria, o la limitación de horas de producción de las plantas fotovoltaicas, atentarían contra la cada vez mayor capacidad y eficiencia del sector solar fotovoltaico.

De reducirse dicha capacidad, indica, no se alcanzarán los objetivos que el propio Gobierno reconoce como "rentabilidades razonables", y podría llevar al sector, "en casos extremos, a una situación de pérdidas y asfixia financiera generalizada".

Además, entiende que se pondría en cuestión la capacidad de muchos promotores y productores para satisfacer sus compromisos con las entidades financieras, y recuerda que el 80% de los 23.000 millones de euros invertidos en el sector corresponden a deuda.

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