edición: 2742 , Miércoles, 19 junio 2019
26/03/2019

Aflora un contrato para el retiro de Ghosn de Nissan con pagos millonarios

Carlos Schwartz
Finantial Times ha tenido acceso a un contrato estableciendo las condiciones para el retiro de Carlos Ghosn de la presidencia de Nissan en el cual se estipula un pago de 40 millones de dólares y un salario anual de 4,4 millones de dólares durante 10 años, sujeto a los resultados de la empresa y que podría aumentar hasta los 6 millones de dólares en determinadas condiciones. Los pagos sumarían así los “más de 80 millones de dólares” que la fiscalía de Tokio dice que Ghosn ocultó en las cuentas de la empresa.
El compromiso de las percepciones en cualquier caso estaba condicionado a la salida de Ghosn y por lo tanto eran ingresos no materializados. Pero el documento lleva la firma del consejero delegado de Nissan, designado a propuesta del propio presidente, Hiroto Saikawa y del consejero de nacionalidad estadounidense Greg Kelly, quien fue también detenido inicialmente junto con Ghosn. Este, logró después de una larga batalla, su libertad bajo fianza hasta la realización del juicio. 

La aparición de este documento pone en duda las afirmaciones de Saikawa según las cuales no estaba al tanto del paquete acordado para el retiro del ex presidente de la empresa. Esto complica la denuncia de la empresa a la fiscalía de Tokio contra Ghosn. Los denunciantes se acogieron a una inmunidad por la denuncia, pero en principio Saikawa no es parte de ese acuerdo. 

En cualquier caso la revelación del contrato es la primer prueba que se aflora en torno a la responsabilidad en los acuerdos por los que se acusó al ex presidente de la empresa. El documento además establece el derecho de Ghosn a utilizar residencias propiedad de la empresa en Líbano, Rio de Janeiro y París. Esas propiedades, cuyo uso autoriza el contrato, formaron parte de la investigación interna de la empresa automovilística quien acusó al ex presidente de haber actuado de forma impropia en su adquisición, y en el gasto en su rehabilitación, de acuerdo con fuentes próximas a la investigación. La familia de Ghosn siempre consideró a esos inmuebles bienes de la corporación, y no propiedades personales del ex alto ejecutivo.

Tras su arresto el 19 de noviembre en la pista del aeropuerto de Tokio, en medios de un despliegue de medios de comunicación convocados por la fiscalía de la ciudad, el ex presidente de la empresa fue acusado de no haber incluido en los estados financieros de la empresa un paquete de 80 millones de dólares en una compensación diferida que debía percibir a lo largo de ocho años. Respecto de la compensación diferida Ghosn declaró que no existía ningún documento vinculante de carácter reservado, además de negar los restantes cargos de la empresa. 
Se desconoce si el documento que ha llegado a manos de la prensa es el contrato definitivo. De lo que no cabe duda es que lleva las firmas de Saikawa y Kelly. Este último fue detenido acusado de conspirar junto con Ghosn para amañar los estados financieros de la empresa para omitir los ingresos diferidos. El ejecutivo, a quien se le concedió la libertad antes que a Ghosn, negó las acusaciones. 

En el pasado mes de diciembre el periódico japonés Asahi publicó un artículo afirmando que Saikawa había firmado un contrato con las condiciones del pago diferido, después cuestionado como asunto privativo del ex presidente, pero no había en circulación una copia del documento. Como es de suponer algunas de las fuentes que informan sobre la evolución de este conflicto judicializado consideran que la aparición de la copia del documento está relacionada con la excarcelación de Ghosn.

Nissan pretendió impedir que la familia de Ghosn tuviera acceso al departamento en el barrio de Copacabana en Rio de Janeiro argumentado que en la caja de seguridad en ese piso podía haber pruebas que el ex ejecutivo podría querer destruir, y citó específicamente información sobre un fondo de inversión en capital riesgo denominado Zi-A. La fiscalía de Tokio investigaba si los 70 millones de dólares que Zi-A recibió de Nissan habían sido utilizados para adquirir propiedades en Río y Líbano. 

Algunos analistas se preguntan ahora si Nissan no intentaba en realidad impedir que la documentación que incrimina a la empresa o a algunos de los ejecutivos que denunciaron a Ghosn llegara a las manos del detenido. Se trata desde luego de una pieza judicial relevante. Saikawa ya declaró sobre el contrato fijando los pagos diferidos ante los fiscales a quienes dijo que lo había firmado “sin pensarlo muy profundamente” de acuerdo con un despacho de la agencia de noticias Kiodo.

Esta semana la comisión de expertos designada por el consejo de Nissan emitirá su dictamen sobre los principios de buen gobierno que debería adoptar la empresa. En estas condiciones la perspectiva de que Saikawa siga al frente de Nissan como su consejero delegado son cada vez más exiguas con la perspectiva de un juicio que se desarrollará a lo largo de este año y en el cuál el papel del consejero delegado quedará expuesto al dominio público. El ejecutivo es el negociador de un nuevo equilibrio de poder dentro de la alianza con Renault, algo que tanto a la automovilística francesa como a la japonesa les interesa conservar.

Ha hecho mientras tanto varias declaraciones en las que indica que deberá seguir encabezando las negociaciones con sus aliados lo cual implica su permanencia en el cargo. Pero mientras deberá demostrar que ignoraba por completo que los acuerdos que firmó en un contrato, aunque lo haya hecho “sin pensarlo muy profundamente”, son lo mismo que los cargos que los fiscales han levantado en contra de Ghosn. 

No es fácil de explicar que la persona en quien el consejo ha delegado para llevar adelante la ejecución de la política de la empresa en todos los frentes, haya firmado un contrato fijando condiciones para el retiro del presidente, que el presidente haya ocultado en las cuentas anuales y el resto del consejo y el propio consejero delegado argumenten que nada tienen que ver con este ocultamiento. En segundo lugar que de acuerdo con Ghosn y Kelly hubo consultas con auditores externos que argumentaron que no atribuir los ingresos diferidos hasta su percepción no consistía un ocultamiento ni un delito. Pensar que la dirección de Nissan saldrá indemne de este trance no parece muy razonable.

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