edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
03/07/2015
Ni gastos ni inversión

El Gobierno no consigue alcanzar sus objetivos de ahorro

Logrará tan solo 4.000 millones de los 37.700 millones previstos por las reformas del Estado
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno
Juan José González
El próximo mes de octubre habrá balance y cuenta de resultados del plan de Reforma de las Administraciones Públicas encargado por la vicepresidencia del Gobierno a una Comisión de técnicos. Recordar que, según Soraya Sáenz de Santamaría, "sumando todo lo que hemos eliminado y podemos eliminar en gastos burocráticos", se ahorrarán -decía hace dos años- 37.700 millones de euros. El mensaje del ahorro estaba destinado a calar en lo más hondo de las Administraciones y era la coartada perfecta para una elaboración presupuestaria restrictiva. Se cortaba de raíz el gasto, y la iniciativa se extendería hasta 2015. Con el plazo vencido el próximo diciembre, el Gobierno le exige a la Comisión de técnicos que vaya preparando el informe para hacer balance porque en breve habrá que `vender´ el éxito, los frutos y el resultado de todos los ahorros se quedará muy lejos del objetivo marcado.
Desde el inicio del año, rara es la ocasión en la que miembros del Gobierno dejan sin mención al ahorro logrado en el Estado. Cifras que no suelen bajar de los diez y once dígitos que son el resultado de aplicar el 85% de las medidas propuestas por la Comisión y aprobadas en Consejo de Ministros aquel junio de 2012. El anuncio en esa fecha de la vicepresidenta, sonó a operación de urgencia ante el evidente deterioro de las cuentas públicas, en el inicio de la cuenta atrás de la fase de elaboración presupuestaria y por la urgencia en detener la hemorragia del gasto público. Aquel toque a rebato espera resultados para el mes de octubre, en plena campaña preelectoral.

Pero los resultados no parecen que vayan a ser espectaculares como pretendía el encargo y como reza el refranero "no todo el monte es orégano". La idea inicial de la Comisión partía, tomada con el entusiasmo propio de un encargo que dará mucho que hablar, era imitar los modelos de éxito de algunos empresariales españoles y extranjeros para su aplicación a la gestión de la Administración del Estado en sus tres áreas; local, autonómica y central. Las tres aquejadas por, entre otras, una ausencia notable de eficacia.

La Comisión mantuvo reuniones, más o menos largas, más o menos productivas, con IBM, Inditex, Banco Santander, British Telecom, Telefónica, El Corte Inglés, Mapfre y Microsoft. Las experiencias debían ser contrastadas con la auditoría del sector público español que acompañaría el trabajo de la Comisión. Muchas fueron las enseñanzas, experiencias y métodos de gestión compartidos por estas compañías, sin duda el mejor material de trabajo posible para un informe ideal. Sin embargo, la Comisión parece haberse atrancado en los aspectos de la descentralización y/o centralización de las gestiones administrativas por motivos de competencias autonómicas.

Para el sector privado, la valoración de los planes de ahorro y el trabajo de la Comisión, quedan deslucidos por el sólo hecho de haber contado para recabar información, aprendizaje de metodología, sistemas de información y estructuración de plantillas. Pero no han escuchado las necesidades de inversión de otros grandes sectores, distintos a la construcción de infraestructuras.

Donde sí parece haber avanzado la Comisión es en el apartado de las actividades generadoras de ahorros pero sobre la base de eliminar los costes de racionalización de estructuras y otras medidas estructurales de empleo público que sí han conseguido frenar un gasto cercano a los 19.000 millones de euros. Esa cifra corresponde al empleo público, claramente en dique seco a lo largo de los últimos tres años y medio. La cifra podría haber sido positiva, es decir, ahorro de verdad, si se hubiera logrado igualar los salarios de autonomías y ayuntamientos con los del Estado o Administración central. Sin embargo, en este apartado los avances han sido escasos.

Y es que el apartado del ahorro en el gasto público parece que será una de las "ideas fuerza" de la campaña electoral del Partido Popular, como también uno de sus puntos débiles según los partidos de la oposición. El miércoles, la ministra de Fomento, Ana Pastor destacaba el ahorro de 750 millones de euros "sólo en gastos superfluos", lo cual no está mal pero se queda lejos de los 3.000 millones previstos de ahorro en ese departamento. Las primeras estimaciones del plan de ahorro del Gobierno, excluidos los 19.000 millones de euros de menor gasto en empleo público, se han conseguido ahorros cercanos a los 4.000 millones de euros, muy alejados del objetivo previsto.

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