edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
30/11/2009
La CNE y la CMT exigen más competencias
Maite Costa, presidenta de la CNE

Al Gobierno se le rebelan los reguladores

Ya cuentan con el paraguas de Bruselas: la CNE exige el modelo europeo con más competencias tarifarias y la CMT, las competencias audiovisuales que De la Vega quiere para el CEMA
La reforma de los reguladores de Sebastián ha tenido que claudicar ante Salgado con la supervisión de la CNC y la eliminación del recurso de alzada contra la CNE y buscará nuevas caras
Javier Aldecoa

Se les han agotado la paciencia y el silencio. Hacen ruido en la ‘nevera’ en la que el ministro agostó la renovación del presidente y cuatro consejeros de la CMT y otros cuatro de la CNE. La sintonía de Moncloa, Sebastián y hasta Ferraz con Maite Costa y Reinaldo Rodríguez hace ya mucho que se diluyó. Nada que ni los desencuentros del mix energético, los incentivos al carbón, el déficit de tarifa, el ‘affaire Garoña’ -con la CNE- y la financiación de RTVE, la gestación del CEMA o la regulación de la fibra y los precios de la banda ancha -con la CMT- hayan hecho más que agravar. Desde el último intento hace más de un año por doblarle el brazo a los reguladores vinculados a Industria, Miguel Sebastián optó por dejarlo pasar y esperar el nuevo perfil de la Ley Sostenible con el recorte de consejeros y un modelo pactado con Salgado. A cambio de la luz verde -si es que no llega la del acuerdo con el PP- será la mano de la CNC, bajo los auspicios de Economía, la que lleve las riendas de la coordinación con la CNE y la CMT. Cuando llegue el nuevo perfil -que les atribuye más independencia y transparencia, pero reduce su número y los obliga a asumir la coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia- será seguramente con caras nuevas. Las costuras se lo ponen más difícil a la ecuación de los partidos y la de las sintonías. Reinaldo Rodríguez ya hace más de seis meses que preside la CMT en régimen de interinidad: se puede ir por la puerta de las renovaciones. Lo de Maite Costa es diferente: si dice adiós será por la de los desencuentros, ya hace mucho que se le cayó de Moncloa la estrella de José Montilla. Antes, sea renovación, salida o cambio de modelo, los reguladores y sus presidentes pelearán los últimos espacios.

El ‘tango’ con la CNE y la CMT promete ser agitado, ya hace semanas que hacen sangre en todas las grietas de los modelos energéticos y tecnológicos de Moncloa y que buscan garantías en Bruselas para nuevas competencias. La CNE cuenta con el PP y sobre todo con el marco europeo para reclamar competencias tarifarias y está dispuesto a hacerlo valer.  A la CMT le sirvieron fría la venganza audiovisual, pero no lo da por digerida. Ya cuenta con el PP y las dudas de CiU y ICV para removerle a De la Vega un modelo de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que ni Bruselas ni los reguladores británico e italiano comparten. La vicepresidenta sabe que tendrán que plantearle el detalle de las aportaciones a la financiación de RTVE y también puede haber sorpresas, ya las hubo con el preludio a la ley de financiación y a la Audiovisual. Ya se lo advierten los mensajes de Costa, Reinaldo y sus comisarios: será la guerra fría y pasa por los cuarteles de Bruselas. Para susto de Sebastián, no será otro que Almunia el que vea pasar por sus manos esos expedientes.

Las relaciones con la CNE son casi tan malas como cuando Sebastián quiso reemplazar -hace poco más de un año- a Maite Costa por Luis de Guindos después de que la Comisión exigiera subidas de la luz para amortiguar el déficit de tarifa. O a Reinaldo Rodríguez con los mismos apellidos. La decisión de compartir las infraestructuras de la fibra de Telefónica es el último plato roto de un divorcio en el que ya hace mucho que Sebastián ha optado por ‘no meneallo’ y dejar que sean Ros y Marín los que tienden los últimos puentes. Ahora la CNE no desaprovecha una ocasión -y si es exterior mejor- para exigir nuevas competencias y recordar que sin ellas Zapatero incumplirá el modelo de los reguladores energéticos europeos.

Lo ha hecho Maite Costa y lo hacía el director de energía eléctrica de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Carlos Solé Martín, en Enerclub: la CNE espera una mayor capacidad sancionadora y la eliminación de los procedimientos administrativos a los que se enfrentan sus resoluciones. No basta con el adiós al recurso de alzada recogido en la reforma de la Ley de Economía Sostenible. La CNE ahora sólo propone e informa, y el que aprueba y sanciona es el Ministerio de Industria. Se mira en los espejos europeos y busca mayor "potestad tarifaria" para cumplir con las directivas europeas en materia energética y “garantizar el buen funcionamiento del mercado”. Nada que no hubiera exigido Maite Costa, la última vez nada menos que en la 44 reunión de altos ejecutivos de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Nada que no estén dispuestos a pelearle a Sebastián, ante el espejo del tercer paquete de medidas para la liberalización de los mercados de la energía de la Unión Europea y el reglamento de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores Europeos (ACER) y se ajustan sus costuras al modelo de agencia independiente definido.

En el caso de la Comisión de la Energía española, nada que deba afectar al diseño de la CNE -porque ya actúa de forma independiente- pero sí al tipo de trabajo y el perímetro de sus competencias. Saben que, además, será justamente la presidencia española de la UE la que tendrá que encarar, durante el primer semestre de 2010, la puesta en marcha de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía, si -como todo apunta- la Presidencia sueca no consigue culminar esta actuación.

CUENTA ATRÁS BAJO EL SÍNDROME DEL NUEVO MODELO

Cuatro (todos elegidos a propuesta del PP) de los nueve consejeros de la CNE finalizaron su mandato el 28 de junio de 2008 y cinco de los nueve miembros del consejo de la CMT, incluido su presidente, Reinaldo Rodríguez, están en la misma situación desde hace meses. Tras cerrar el gran escollo del déficit con las eléctricas, Sebastián ha podido aprovechar el impasse de la interinidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el bautismo de la Ley Sostenible. Ha convencido a Moncloa para cambiarle la piel de los reguladores vinculados a su ministerio y bajo la mesa contaba desde junio con el visto bueno del PP  para un perfil “más independiente y transparente”, siempre que en el ‘saco’ fueran también los otros reguladores del mercado que dependen de economía, la CNC y la CNMV. Aunque a cambio le pagará a Salgado tres peajes: el adiós al recurso de alzada contra las decisiones de la CNE ante Industria, la renuncia al modelo más inglés que el ministro quería, más técnico y menos politizado, sin consejeros, con sólo un presidente, dos vicepresidentes, y el ‘paraguas’ de la Comisión Nacional de la Competencia. Los organismos reguladores sectoriales se coordinarán con la Comisión Nacional de la Competencia, al organismo que preside Luis Berenguer tendrá preeminencia y aunque sobre el papel la relación no tiene que ser necesariamente de jerarquía, la CNC puede actuar sobre cualquier actividad económica y los demás sólo en su sector.

Industria no pudo sacar adelante su propuesta de un representante directo en el organismo encargado de aprobar cualquier operación corporativa en el sector eléctrico y en la CMT,  siempre que una de las empresas cuente con activos regulados, como son las redes de transporte y distribución, para garantizar el suministro. Y lo mismo en la CMT, que tiene que vigilar el juego limpio en el mercado de la fibra óptica. Además, la reducción de la composición de la CNE y la CMT -ahora formados por nueve miembros- y la CNC (por ocho) a cuatro más el presidente con un mandato no renovable de seis años y la urgencia de renovar los 4 consejeros elegidos por el PP obligan a Ferraz y Génova a hacer encaje de bolillos.  La misma presidenta, Maite Costa, agotará su mandato en 2011 junto a los vocales Luis Albentosa y Jorge Fabra, propuestos por el PSOE. Ya no serán designados mediante Real Decreto a propuesta del ministro de Industria, como hasta ahora: Cada vocal necesitará el voto a favor de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Cámara Baja para poder acceder a su sillón. 

LA VIEJA ‘GUERRA FRÍA’ CON COSTA

Industria ha ‘ninguneado’ a los consejos de la CNE, mareó el déficit de las eléctricas durante casi un año más allá de las alarmas de la Comisión y ha cocinado el Real Decreto de impulso al carbón nacional de espaldas al regulador, pero cada vez que el Ministerio de Industria consulta a la Comisión Nacional de la Energía alguna de sus medidas o proyectos legislativos corre serios riesgos de salir escaldado. Así ocurrió cuando se le consultó sobre las tarifas de la luz. La CNE propuso subidas radicales del 31%, para sorpresa de Industria, que mandó el informe del regulador a dormir el sueño de los justos y aprobó un alza del 3,5% para enero de 2009.

Ha tratado de mantener tan congelados los desencuentros con el regulador como la renovación de cuatro consejeros que prometió como tarde para abril, pero a Miguel Sebastián le bailan los alfiles de la falta de sintonía con Maite Costa y su Comisión Nacional de la Energía. Los de Maite Costa sintonizaron durante meses con la sensibilidad de las eléctricas, o al menos con la gravedad de las heridas del déficit, ésas que -Ignacio Sánchez Galán dixit- amenazaban las inversiones en el sector y arrinconaron sus cuentas hasta la publicación del Real Decreto que regula el bono social y la titulización  del déficit de tarifa pendiente. La CNE considera que el mecanismo de subastas previsto por el Gobierno para la adquisición de gas natural y que se utilizará como referencia para la fijación de la tarifa de último recurso (TUR), presenta "riesgos importantes" en el contexto del mercado español. Y Costa se le ha puesto estupenda a Miguel Sebastián hasta con los equilibrios del mix energético. Hasta ella reconoce que no se puede prescindir de la nuclear, advierte que su preocupación 'es el suministro', que también se puede garantizar sin necesidad de incrementar el parque nuclear, pero no cerrando las actuales centrales.

Pero más fuerte fue aún un informe aprobado en mayo por la CNE sobre el sector de la energía solar fotovoltaica, en el que ya se negaba a supervisar el 'fraude' solar si no recibía más presupuesto - inspeccionará 5.500 instalaciones en 2009- y advertía a Sebastián que violará la Constitución si invade competencias que son exclusivas de las autonomías.  Querían más competencias, una oficina del Cambio de Suministrador y otra de Defensa del Consumidor de productos energéticos, aplicar criterios estrictos de supervisión en las renovables, criterios unificados para la nueva factura mensual eléctrica y reequilibrar el mix energético. Sebastián debió recordar aquella advertencia de 'cuidado con lo que deseas' y la ha aplicado: se lo ha dado todo. Eso sí, una concesión envenenada, tanto como para asfixiarla con el lazo de sus propios deseos. La falta de medios ya convirtió a la CNE en el ‘sheriff ciego’ del biodiésel y el equipo de Maite Costa no quiere reeditar la impotencia convertida en un cancerbero sin manos para impedir  el fraude en las instalaciones solares.

La CNE le ha sacado desde entonces todos los ‘colores’ de la energía a los planes del minstro. El ‘affaire’ Garoña, el desencuentro del déficit de tarifa y la nueva facturación de las eléctricas marcaron un antes y un después en una sintonía que, por parte del ministro Sebastián, ya había nacido muerta, desde que él llegó a la cartera de Industria y se encontró con Costa (que llegó a la CNE en 2005) entre las ‘herencias’ políticas de Montilla y Clos. En las últimas semanas, cada nuevo informe, cada declaración, se ha clavado en los muros del desencuentro. La que fue secretaria de Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya, una de las mujeres de confianza de Maragall y luego de Montilla no ha ocultado nunca sus divergencias, ni las personales ni menos aún las profesionales. 

La CNE le ha recordado -en plena polémica por la fiscalidad verde y las tasas a los hidrocarburos- que el nivel de precios de la gasolina antes de impuestos en España lleva 23 meses por encima de la media comunitaria y es el cuarto mayor de la Unión Europea. La Comisión está dispuesta a pelearle a Zapatero el futuro de las interconexiones gasistas y eléctricas, no se conforman con el repudio galo a la interconexión por Irún y ha metido todos los dedos de sus informes en las llagas del Decreto de Incentivos al consumo de carbón autóctono: le encendió las luces rojas sobre el enorme sobrecoste para el sistema eléctrico (y para la factura de luz) y le dejó sobre la mesa una decena de recomendaciones para minimizar ese impacto, entre otras, parar las minas a cielo abierto y reducir, en torno a la mitad, el cupo de 27 millones de megavatios de producción que se les quiere asignar al carbón para la producción térmica. El subdirector de análisis económico de sectores de l a propia CNE Luis Albentosa -otro de los sintonizados con Montilla- ha ido mucho más allá. 

Y la Comisión ha cerrado filas con las eléctricas en sus cálculos de los desequilibrios por los incentivos al carbón: UNESA coincide -vox populi-con el regulador en que el año que viene las tarifas de acceso deberían subir entorno a un 18% para hacer frente al aumento del déficit tarifario -que según sus avances puede rondar los 4.000 millones de euros, frente al objetivo de 3.500 millones fijados por el Ministerio de Industria- y al coste de las medidas de apoyo al carbón nacional. Un horizonte que “ni por asomo” -en palabras del propio Sebastián- Industria asumirá. La regulación de la vida útil de las nucleares –ahora que la Ley de Economía Sostenible retoca las certezas de la CNE y el CSN y fija su techo en 40 años- será sólo la última de las grietas de sus desencuentros.

Costa y los suyos difieren del mix. Hasta la CNC se lo ha recordado aprovechando su último informe sobre la ley omnibus: la política energética del Gobierno es "incongruente" y "perniciosa" y le hace “un flaco favor al proceso de liberalización eléctrico".Competencia califica de excesivas las primas a las renovables y dice que son culpables, "en gran parte", de las distorsiones del mercado. Para la CNC, es incongruente además, que se prime la energía verde y, en paralelo, se creen subvenciones para el carbón autóctono, "ineficiente" y de "alto impacto medioambiental", al que le atribuye un sobrecoste para el sistema eléctrico de más de 2.000 millones. La CNC critica la tarifa de último recurso, que fija precios regulados para gran parte del mercado que, además, no permiten la entrada de ofertas. Denuncia que el sistema de restricciones técnicas, paralelo al 'pool' (libre mercado de generación eléctrica), permite comportamientos abusivos. Y le acelera a Sebastián los cronómetros del Pacto de Estado energético pendiente de concretar con el PP.

EL DESENCUENTRO EN TELECOMUNICACIONES

Moncloa cocina en los fogones de Presidencia e Industria los últimos hervores de la Ley General Audiovisual de espaldas a las líneas rojas que le han marcado ya los reguladores. La CNC discrepaba con algunas de las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales -como las de defensa de la competencia, como la autorización de concentraciones o el control de conductas anticompetitivas- y está en contra además de la renovación automática de las licencias TDT y de su excesiva duración de 15 años. Si la Comisión Nacional de la Competencia pide que no haya partidos "de interés general" y confía en que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales “pondere cuidadosamente” su emisión, la Comisión del mercado de Telecomunicaciones (CMT) cree que el Gobierno debiera liberalizar la concesión de licencias para televisión a cambio de endurecer las multas en caso de que las emisoras no cumplan las normas: la financiación del cine, la reserva de tiempo para la emisión de producciones locales y a la limitación de la cantidad de publicidad que pueden emitir por hora.

De la Vega se sirvió fría la venganza de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dispuesta a aplicarle ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones todos los ‘correctivos’ de la nueva Ley General Audiovisual y a cobrarle su rebeldía con el ayuno de las nuevas competencias y las puertas cerradas al nuevo Consejo Estatal de Medios, aún a costa de barrer el viento de sus promesas hace un año y nadar a contracorriente de las recomendaciones del sector.  Pero los de Reinaldo Rodríguez tratan de que el ‘emplatado’ de la CEMA no sea aún definitivo. Hay prisas. No sólo son los informes del Consejo de Estado y los de la propia CMT los que condicionan su bautismo. El regulador busca aliados parlamentarios y sintonía comunitaria para bloquearla, no es casualidad que haya vuelto a agitar esa bandera -después de calma- justo ahora que se acerca su renovación, su reforma y el último trámite de la Ley General Audiovisual. Menos aún que lo haya hecho justo en  la reunión de los reguladores europeos de Barcelona. Bruselas mira a Madrid, de la Vega ha tenido que pasearse por los salones de la Comisaria Kroes y jurarle que la financiación de RTVE no salta sus muros. Y la demora de la Ley General Audiovisual luce mal en la UE.

Los argumentos ya están sobre la mesa: la CMT sigue convencida de que sus competencias tienen que ser convergentes y de que la Ley se puede cambiar en el trámite parlamentario para que ella asuma las competencias. Afila hasta los de los costos, sabe que son una de las heridas por las que sangra el modelo audiovisual de la vicepresidenta: asegura en el informe consultivo remitido al Gobierno sobre el anteproyecto de ley audiovisual que si le concede las nuevas competencias del sector, se podrá lograr un ahorro anual de 34 millones de euros al año y con el, además, otro motivo de irritación para las telecos y las televisiones privadas, que tendrían que sufragar el CEMA con el 10% de la tasa de dominio público radioeléctrico y la tasa de comunicación audiovisual.  También pide el poder de decisión sobre el espectro radioeléctrico que ahora define Industria, de espaldas a lo que sucede en la mayoría de otros países europeos y a las promesas de Moncloa hace más de 13 años. 

Reinaldo Roríguez ya cuenta para ambas ‘batallas’ con el apoyo explícito de Millie Banerjee, consejera de Ofcom, la autoridad reguladora con más predicamento de Europa. Y del secretario general de Agcom, el regulador italiano, dos ejemplos de reguladores convergentes a los que la nueva Comisaria de Telecomunicaciones, Kroes, es favorable. Hasta el presidente de la CMT ajustó sus reticencias y desde abril, reclama claro y alto extender las funciones del organismo en regulación en el ámbito audiovisual. Sintoniza con la mayoría de los miembros del consejo de la CMT, se han subido a los caballos que hasta hace meses sólo cabalgaban Angel García Castillejo, José Pascual o Gloria Calvo y consideran que hoy que el órgano supervisor de las telecomunicaciones debería evolucionar hacia una mayor "convergencia" con el mundo de los medios audiovisuales.  Pero el grupo socialista en el parlamento ya no está dispuesto a  apartarse de su guión electoral para darle esas competencias a la CMT, como piden los expertos, como sugiere el Parlamento Europeo desde su Directiva de Servicios de comunicación audiovisual de 2007, como se hace con éxito ya en Gran Bretaña con la Ofcom y en Italia y como apoya el PP. No les dejará sitio ni en la elección del CEMA.

UNA BATALLA YA AÑEJA

La CMT y su presidente transitan sobre la cuerda de la interinidad a la que los ha condenado el impasse de Industria, de la vicepresidencia económica y Moncloa. Más aún, sigue condenado a la incógnita sobre un tercer mandato, que depende de la interpretación en manos del gabinete de ministros. Pero no es ése el mayor de sus desencuentros. Las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel. Y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha recordado a Moncloa y a Salgado que está dispuesta a apadrinar muy de cerca esas lanzas. Ya lo había hecho, hasta ahora, con la batalla para liberar -o al menos aliviar- a las operadoras de tasas de las instituciones públicas -inéditas en otros países europeos- entre ellas, la tasa por el uso del dominio público local, que obliga a estas empresas a pagar el 1,5% de sus ingresos brutos, 270 millones de euros.

Sebastián le pone la cara a los desencuentros con las operadoras telefónicas incluso en la piel de la CMT, una de las ramas del árbol institucional de Industria. Han chocado lanzas en los tribunales por el reglamento de la televisión por cable (Industria consiguió reafirmar la potestad de concesión de las autorizaciones) y el contencioso por la petición de más competencias en numeración de la CMT. Y el Gobierno no acaba de dar con el marco regulatorio con el que liberará nuevas frecuencias para los servicios móviles de tercera generación (3G) en 2009. El Ministerio de Industria fue el primero en domar las prisas de un proceso que en su génesis esperaba estar en marcha para marzo, pero que congela las hojas de su calendario. La mayoría de las compañías se lo han recordado a Miguel Sebastián: consideran que los primeros equipos capaces de trabajar con LTE no llegarán hasta dentro de un año, como pronto, y rechazan la posibilidad de que el Gobierno otorgue licencias territoriales para la banda de 2,6 Gigahercios. Pero la demora deja a algunas áreas rurales de espaldas a la convergencia en muchos servicios y sólo se sabe que la carrera del LTE está casi a punto. Industria azuza a los ayuntamientos, les ha dado alas a las promesas electorales de despejar el camino a las wifi gratis municipales  y deja a la CMT entre la espada de la Ley de Telecomunicaciones -que la ha llevado a limitar su periodo de gratuidad y a exigir que las entidades sean operadores- y las paredes de la competencia que debe garantizar.

Las recetas de Reinaldo Rodríguez se cocinan en ollas ajenas a las de Miguel Sebastián: menos canales de televisión, más banda ancha y un mejor reparto del dividendo digital. Reinaldo Rodríguez ha alertado más de una vez  sobre los "cuellos de botella en redes de acceso" y se queja de que los fondos para financiación de infraestructuras son "pequeños" y están muy orientados a la TDT: 75 millones de euros este año. Por eso aboga por plantear de nuevo la financiación pública de las redes sin que el Estado se convierta en operador. Con las licencias regionales de móvil, la CMT le marca las líneas rojas: la regulación debe ser nacional, las licencias las debe conceder el Gobierno o un regulador nacional.

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