edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
08/07/2019
Para el Gobierno en funciones la caída del ahorro “es sólo un episodio pasajero”

Alarma institucional ante la falta de políticas incentivadoras del ahorro

Las instituciones levantan la voz pero el Estado no reacciona, la crisis llegará antes de lo previsto, el ahorro, a la baja, no parece suficiente para sobrevivir, hacer frente a las letras de pisos, aumentarán los impagos y la morosidad bancaria
Juan José González
En los últimos meses varios organismos públicos -Banco de España, CNMV, Airef...- vienen lanzando mensajes acerca de la posibilidad de que el enfriamiento de la economía nos lleve posteriormente a una crisis. El razonamiento es de manual como también es real que el crecimiento de la economía se mantiene pero a menor velocidad y con menos fuerza. En este escenario cobra particular importancia el comportamiento del público, de los ciudadanos, de las economías familiares, de sus rentas y consumo, de sus compras, créditos, inversiones y ahorros. Y el comportamiento indica que los consumidores han venido gastando -y en menor medida, continúan- más de lo que ganan o ingresan; consumen por encima de sus rentas, luego, disminuye el ahorro. La preocupación de las autoridades es ahora cuánto tiempo pasará hasta que las economías familiares recuperen el ahorro y cuándo será momento -y porqué- en que decidan reducir sus gastos y compras. Y seguramente deben estar en ello, lo que sucede es que la moderación en los gastos resta crecimiento a la economía. Las cifras del Banco de España correspondientes al primer trimestre del año muestran que las familias ya han comenzado a percibir algunos peligros en el ámbito de la economía, de ahí que el ahorro se haya recuperado ligeramente.
Quizá de la misma forma o en la misma medida, las autoridades deberían tomar conciencia de que al igual que los mensajes institucionales acaban llegando al destinatario público, a los consumidores, también deberían prestar más atención a las políticas que ayudarían a fomentar el ahorro. Las actuales, aunque en funciones, han tenido casi diez meses para legislar, para poner en marcha algunas políticas sociales como por ejemplo las relativas a la vivienda social o un mayor control -que no significa limitar- del precio del alquiler. Las rentas bajas en España no han contado con políticas nuevas al respecto, tan sólo con un amago -obligado por intereses electorales- de medidas en el ámbito del alquiler.

Sin medidas de este tipo será más complicado que las familias -y los jóvenes- soliciten crédito para adquirir viviendas y, por ello, el ahorro será imposible. El ahorro siempre es difícil, sea por activa o por pasiva, porque el nivel de renta sea suficiente como para compensar los gastos habituales y sea posible guardar un excedente, o bien por la ausencia de incentivos -entre ellos, los señalados de las políticas de vivienda y alquiler-. Pero hay otras vías de incentivos que no parecen preocupar a los últimos Gobiernos. 

En concreto, los relativos a un problema nacional, estructural que amenaza el futuro de la ciudadanía: las pensiones. En España no parece preocupar demasiado el futuro del sistema público de pensiones, se da por hecho que es y será sostenible, con dificultades coyunturales, pasajeras, como en la actualidad, pero poco más, poco menos. En este aspecto del ahorro -porque se acepta en general que una parte importante de la sostenibilidad de las pensiones es el ahorro- las autoridades del Estado parecen estar reaccionando tímidamente pero sin decisión y seguramente sin estrategia.

El Gobierno en funciones, al igual que el anterior, se limitan a reconocer las dificultades para, a continuación, pasar a resolver el problema más inmediato: la paga extra más próxima, sea con los restos de la hucha, sea con un crédito extraordinario. Nada de advertencias ni mensajes que podrían indicar catastrofismo. Es decir, reconocer que el sistema público de pensiones corre un riesgo evidente y cierto, que es una amenaza real y que entre ambos riesgo y amenaza, el sistema en cuestión es insostenible. Así es difícil trasladar ninguna idea o sensación de urgencia, luego, para qué se va a horrar.

Una mirada -ligeramente- crítica hacia la actitud del Estado (el Gobierno de turno) mostraría un Estado español que no tiene prisas por modificar el marco fiscal que favorece el consumo -con un IVA que no es una barrera para el consumo- al mismo tiempo que ese marco desincentiva el ahorro, caso de las transmisiones patrimoniales, sucesiones, fiscalidad de los planes de pensiones en el momento del rescate, y otros más. Las autoridades no parecen advertir en la caída del ahorro mayores problemas al entender que la recuperación del empleo y la marcha lenta o ralentizada de la economía será suficiente para paliar el episodio de la escasez de ahorro. La caída del ahorro, en caso de que vengan mal dadas, puede llevar a las familias a dejar de pagar al banco, a la morosidad. También hay que contar con una buena parte de la población española que se acerca a la edad de jubilación con escaso ahorro, con la posible depreciación -en caso de enfriamiento económico- de la propiedad que desean hacer líquida, en fin. No parece que el Ejecutivo en funciones esté en estas cosas del ahorro.

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