edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
17/10/2012

Alfredo Sáenz defiende que sólo el Gobierno puede decidir sobre su indulto

El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, defiende que el Tribunal Supremo no es competente para decidir sobre su indulto, dado que el alcance de esta medida sólo puede ser determinado por el Gobierno.

Así lo afirma en su respuesta a los recursos contencioso administrativos que se presentaron en el Tribunal Supremo en contra del indulto que le concedió el Gobierno el pasado mes de noviembre, y a los que ha tenido acceso EFE.

Sáenz había sido condenado por acusación falsa cuando presidía Banesto. Pese al indulto del Gobierno, mantendrá antecedentes penales, lo que ha llevado a algunas partes a pedir su inhabilitación para prestar servicios bancarios.

El Real Decreto 1.245 de 1995 indica que toda persona con antecedentes penales carecerá de la "honorabilidad profesional" necesaria para ejercer la actividad bancaria.

El pasado lunes, el Supremo emitió un auto, relacionado con otra causa separada, en el que señalaba que el indulto "no borra" la existencia de una condena ni de sus antecedentes penales, ni exime al Banco de España de su responsabilidad de decidir sobre la posible inhabilitación del banquero.

No obstante, la validez o no del indulto se está decidiendo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, donde los abogados de Sáenz han presentado hasta ahora varios escritos, de los cuales el último está fechado este mismo mes de octubre, según fuentes jurídicas.

En los escritos, Sáenz recuerda que el propio indulto del Gobierno ya establecía que quedaba "sin efecto" cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, lo que incluye el contar con antecedentes penales.

En cualquier caso, opina su defensa que decidir sobre esto no le corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino sólo al Gobierno, el único capaz de determinar el contenido y alcance del indulto, "permitiendo o conmutando las penas impuestas con todas sus consecuencias".

En su opinión, esta Sala no es competente para decidir sobre "un acto del Gobierno en ejercicio de una prerrogativa constitucional, sino sólo para las actuaciones de las administraciones públicas sujetas a derecho administrativo", apunta.

Por tanto, el alcance y contenido del indulto sólo puede ser determinado por el Gobierno, "sin que pueda ser objeto de fiscalización por este orden jurisdiccional", insiste.

Entiende además que no tiene sentido que, después de ser indultado, no pueda ejercer su actividad bancaria por el hecho de que mantenga los antecedentes penales.

"Si así fuese, como pretende el recurrente, el indulto seria pura y simplemente inútil, quedaría vacío de contenido, ya que no habría tenido ningún efecto conmutar la pena. En otro sentido, lo que pretende el recurrente es simplemente absurdo".

La defensa de Alfredo Sáenz aprovecha el escrito para recordar que su petición de indulto se fundamentaba en razones de "justicia, equidad y utilidad pública".

De no haberse concedido el indulto, recuerda el escrito, supondría "el fin de la carrera profesional de un hombre honesto cuyo trabajo incansable de muchos años ha aportado tanto a la sociedad española".

Además, los abogados de Sáenz sostienen que su caso es similar al del exjuez Javier Gómez de Liaño, que fue indultado por el Gobierno de la pena de inhabilitación especial "con todas sus consecuencias", incluido el reintegro en la carrera judicial.

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