edición: 2388 , Viernes, 19 enero 2018
25/07/2011
EL DEDO DE MADOZ

Algunos grandes bancos dudan sobre la viabilidad de la reestructuración de deuda de Grecia

Carlos Schwartz

Algunos de los grandes bancos acreedores de Grecia se muestran reticentes al programa de reestructuración de su deuda presentado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) al Consejo Europeo y a la Comisión Europea el pasado jueves. Es este plan el que en esencia llevó a un muy transitorio momento de euforia en los mercados el pasado viernes 22 de julio. El IIF logró el consentimiento de 30 bancos para su propuesta que se basa en una reducción de ingresos del orden de los 13.500 millones de euros a cambio de garantías de pago del principal y lo intereses de la deuda cuyos plazos se extiendan hasta los 30 años.

Pese a las gestiones para recabar la voluntad de participación, algunas entidades mantienen silencio. La actitud es llamativa en la medida que el conjunto de la operación se ha diseñado sobre la base de aportes de dinero de la UE para financiar las operaciones de recompra de deuda en los mercados y para garantizar la sustitución de bonos a 10 y 15 años por bonos a 30 años. En la oferta del IIF, que ha sido acogido por el Consejo Europeo tras su apoyo por parte del Banco Central Europeo en la noche del miércoles, las emisiones de los tres primeros tramos de instrumentos financieros sustitutivos tienen garantía plena, mientras que una cuarta emisión tiene una garantía del 40%. No obstante ello, y a pesar de que en ningún caso hay pérdida de principal, hay bancos reticentes a proceder al canje de deuda porque ello supone una pérdida de ingresos por intereses.

Pero en el fondo lo que divide a los consejos ejecutivos de bancos como Royal Bank of Scotland (RBS), DZ Bank de Alemania o Erste Bank de Austria es que una vez lanzada al viento la proclama de que no habrá suspensión de pagos sino un periodo intermedio de canje de deuda que será calificado de default limitado mientras el proceso se desarrolla, quien se quede con el papel cobrará al vencimiento. Y siendo así, que sentido tiene ir al canje. Con lo cual algunas de las grandes entidades europeas pueden cruzarse de brazos y esperar a cobrar al vencimiento y no dentro de 30 años.

Mientras que Francia y Alemania han cedido en toda la línea a las exigencias de la gran banca internacional, que ha aceptado en principio una quita sobre sus ingresos por intereses pero no de principal, y han actuado como polea de transmisión de sus intereses en la reunión del Consejo Europeo la semana pasada, aprobando en líneas generales su propuesta, los bancos europeos viven desde finales de junio su propio drama familiar. No obtienen financiación de los fondos de dinero. La financiación, escasa, es a muy corto plazo. De acuerdo con las fuentes consultadas esta financiación es de días. Este es un reflejo de la crisis de la deuda soberana, en particular de la incapacidad de Grecia de pagar sus vencimientos.

Pero el gran problema que esas fuentes perciben es que el plan de reestructuración que se ha aprobado no hace sostenible a la deuda de Grecia en el medio plazo, porque su peso como porcentaje del producto interior bruto en el medio plazo no se reducirá significativamente lo que dará pie a una nueva fase de crecimiento insostenible. Para que un programa de reestructuración funcione realmente para un caso como el de Grecia es necesaria una reducción de principal y de intereses mayor. Y para que una operación de esta naturaleza funcione sería necesaria una quita de la deuda con la UE y una mayor reducción de tipos de interés además de un proceso de reestructuración de más calado de cara a la banca privada. Las cifras no son suficientes.

Mientras, llama la atención el secretismo sobre el proceso, porque lo que se sabe sobre la participación de la banca privada en el proceso es lo que el propio IIF dio a conocer el mismo 21 de julio pasado. El Consejo Europeo, al igual que la Unión Europea se han hecho eco parcialmente del tema. Por ejemplo en el comunicado oficial se habla de una contribución de la banca privada del orden de los 37.000 millones de euros, mientras que el documento del IIF se habla de 54.000 millones. La diferencia son los 16.800 millones de euros que Grecia deberá destinar sobre la financiación recibida para recomprar su deuda en el mercado.

Al frente de la negociación por parte de la banca estuvieron BNP Paribas, Deutsche Bank y la aseguradora Allianz. Pero ello no es garantía de que se alcance un acuerdo con hasta el 90% de de los acreedores. Esa posibilidad está por verse aun. Lo que está claro es que los grandes titulares proclamando el pasado viernes que Grecia y el euro habrían sido salvados en una operación simultánea por las autoridades de la Unión Europea no parece que se vayan a materializar en lo inmediato.

La posibilidad de que la deuda de Grecia haya entrado en un curso sostenible no se ha materializado todavía y las mismas dudas siguen pesando sobre Irlanda y Portugal pese a la reducción de la carga de intereses sobre el saldo vivo de la deuda de estos países. Desde luego, uno de los elementos de fondo en este panorama es el hecho de que no hay perspectivas ciertas de una senda de crecimiento en el conjunto del arco de naciones mediterráneas de Europa y que los planes de reducción drástica del gasto se suman para presionar a la baja la actividad económica de los países y esto determina al mismo tiempo una erosión de los ingresos fiscales lo que acaba sumándose a los problemas de la deuda soberana. En este contexto existen otros temas que inquietan a los inversores. Uno de ellos es la posibilidad de que la debilidad económica afecte aun más a la banca en estos países y que el ejemplo de un mayor compromiso de las finanzas públicas para asistir al sistema financiero tome carta de naturaleza en otro países distintos de Irlanda.

La necesidad por parte del Banco de España de intervenir a la Caja de Ahorros del Mediterráneo está en la línea de estas mayores dificultades. Y aunque estas no arrastren a grandes economía a problemas mayores, dan a ver un panorama distinto al que se describió oportunamente a nivel oficial. Para dar una idea de las contradicciones que reinan, sigue siendo un misterio porque las entidades de crédito de España que se ajustan a niveles del 8% del capital ponderado por los activos en riesgo, cuando no al 10%, en las mediciones de la Autoridad Bancaria Europea no alcanzan en algunos casos a las mismas coberturas que en las mediciones locales. Más allá de las partidas que se suponen constituyen el capital, y a la polémica sobre las provisiones genéricas y los bonos de conversión obligatoria, lo que se destaca es la falta de uniformidad en las mediciones y la incertidumbre. Las normas que regulan las provisiones genéricas merecen una lectura y sus mecanismos un repaso. Lo que se da por doctrina establecida no lo es necesariamente. Habrá más turbulencias en el corto plazo.

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