edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
03/12/2012
La urgencia se puede convertir en ultimátum

Almunia insta a Rajoy a liquidar bancos para cerrar el mapa bancario

El comisario y Bruselas no se lo explican: ha tenido todo un año y ahora todo el dinero para llevar a cabo la mayor reordenación del sector financiero, y no lo ha hecho
Juan José González

En enero será el aniversario; 48 meses desde aquel otro enero de 2009 cuando a raíz de unos rumores aislados, media docena de ahorradores deciden retirar en menos de 48 horas 32 millones de euros de una delegación local de Caja de Castilla-La Mancha. Desde entonces el sector entra en barrena, y con él prácticamente, toda la estructura financiera española, porque las cajas de ahorros representaban casi la mitad del sistema financiero. 48 meses después, la restructuración no consigue cerrarse, no termina de conocer el final, y ni siquiera el cambio en el Ejecutivo, con sus decretos de reforma (los `guindos´ 1 y 2) han logrado gestionar la conformación de un nuevo sector.

La parte final de la restructuración esta en la fase borrascosa, se le atraganta al Gobierno, quizás más volcado en gestionar prioridades, como las cuentas del Estado o el mercado laboral, quizás debido a que las imposiciones de Bruselas son de incómoda implantación en un sector muy acostumbrado a ir por su cuenta, en particular, en el caso de las medianas y pequeñas entidades, en las cajas de ahorros. Sí bien es cierto que el final esta a la vuelta de la esquina, no lo es menos que el Gobierno no consigue rematar el problema. Y eso contando con que ahora dispone de 100.000 millones de euros.

Puede ser una señal de complejidad del asunto, que lo es, como también puede ser una manifestación de la inadecuada organización de poderes de la sociedad. Puede tratarse de un síntoma de la gravedad del problema, o del desfasado sistema de relaciones económicas; en pocas palabras; el sistema ya era obsoleto en 2009 y las autoridades apenas se han apresurado  en modernizarlo. Es cierto que los `guindos´ 1 y 2, y el decreto-ley de Elena Salgado de reforma del sistema financiero, han seguido su curso, sus plazos, pero ahora es cuando la evidencia demuestra que los plazos eran demasiado amplios, permisivos, lentos, y que resulta probado tan sólo con echar un vistazo al deterioro de los balances de las entidades nacionalizadas.

Así que comienza diciembre con dos bancos (excajas) pendientes de subasta (Novagalicia y Catalunyacaixa) otras dos que no se sabe qué harán en los próximos días (Banco Mare Nostrum, Liberbank y Caja Duero-España) con el Frob a la busca y captura de socios inversores, accionistas para alimentar los fondos de la Sareb. Por el momento, todos son potenciales accionistas (menos BBVA, que ya ha comunicado su decisión de no participar en el `banco malo´) no hay decisiones en firme sobre los compradores de las nacionalizadas ni de quiénes pueden formar la futura sociedad liquidadora de activos inmobiliarios. Todo prendido con alfileres y a punto de entrar en tiempo de descuento, si Bruselas lo consiente.

Y así pasan los días y los meses (cuatro años) y surgen las dudas sobre qué es lo que necesita el Ejecutivo para cerrar la restructuración bancaria. Hace un año, el ministro de Economía, Luis de Guindos afirmaba que era todo cuestión de dinero y un poco de tiempo para hacer las cosas. Ahora ya no puede recurrir a la falta de dinero porque él mismo ha conseguido gestionar los fondos, esos 100.000 millones de euros del `rescate bancario´ que no parecen que sean tampoco la solución definitiva, a tenor de los asuntos pendientes. Respecto a la cuestión de tiempo que señalaba el responsable económico, decir que ya ha pasado un año entero, suficiente para ver cuentas, renovar consejos de administración y dirección (las nacionalizadas lo han sido por decreto). Tiempo sobrado para sentar a responsables del sector y resolver el interés que unos y otros pueden tener sobre redes de oficinas y carteras de negocio, clientes, etc.

El Banco de España es posible que en estos meses se haya dedicado a la `reconstrucción´ del interior, de su propio edificio, puesto que poco o nada ha podido hacer por mejorar el escenario. De éste se ha encargado in pectore el ministro de Economía. Desde ese departamento y nada más tomar contacto con la situación, en noviembre de 2011, el Ejecutivo de Mariano Rajoy era unánime: el Banco de España (a siete meses de la salida de MAFO) ya ha mostrado su incapacidad en la resolución de la crisis bancaria y de falta de liderazgo. Uno de los argumentos utilizados en contra del Gobernador fue la ausencia de iniciativa para proponer al Gobierno -casi tres meses después de asunto de la salida de depósitos- la intervención de la CCM.

Consecuencia de la falta de decisión de aquéllos y de la calma que parece mostrar el Ejecutivo en la final de la restructuración bancaria, es que el sector, aún desarmado y sin mapa definitivo se adentra, con la economía, en un nuevo ejercicio en recesión, marcado por los cambios y por la aplicación (entrada en vigor) de numerosas normas que harán más complicada la marca regular de las entidades resultantes. Puede decirse que el Ejecutivo actual ha tenido un tiempo (un año completo) para proponer e imponer todos los cambios que le hubiesen antojado necesarios, y sin embargo, se ha ceñido a los plazos, que a su vez se han mostrado dilatados en exceso. En pocas palabras; el Gobierno le ha cogido el toro, se ha dormido en los laureles de la victoria electoral, se le han atragantado la micro y la macro, las cuentas, las administraciones locales, autónomas y la central, y todo con seis millones de observadores pendientes, sin destino laboral y otros quince millones observando.

Ahora, ya lejos de aquélla delicada situación financiera de la Caja de Castilla-La Mancha a principio de 2009, el sector bancario, reducido en tamaño, en su mayoría por concentración de marcas, es ahora más simple, esta más despejado. El nuevo diseño resultante parece tener más sentido, a pesar de faltarle el remate final, ese que esta dejando al Gobierno en evidencia, reflejo de la incapacidad de coordinación. Quizás sea el momento de aplicar medidas más determinantes, finalistas para concluir el mapa bancario que tanto intriga a capitales e inversores extranjeros, de ahí que el comisario Joaquín Almunia insista en que las autoridades españolas deben darse más prisa e intentar adelantar al calendario. Almunia no deja de enviar mensajes por numerosas vías, y no duda en solicitar en público al Gobierno que se decida, aplique manu militari y liquide las entidades financieras que en los últimos 48 meses han sido incapaces de encontrar una solución.

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