edición: 2388 , Viernes, 19 enero 2018
26/06/2012

Almunia propone que el Gobierno asuma el coste de las preferentes

Una vía para solucionar el problema de los afectados por estos activos es que el propio Gobierno -o las Autonomías- asuman el coste con cargo a sus presupuestos

El comisario defendió que sea el propio Gobierno quien encuentre una solución para esos pequeños ahorradores que no conocían lo que firmaban, y que puede ser abriendo una línea en los presupuestos que compense a esos ciudadanos.

"El gobierno correspondiente puede crear una línea en los presupuestos para compensar a los tenedores de preferentes. Eso sería un subsidio a un particular y no una ayuda de Estado", especificó Almunia en alusión a si Bruselas prevé adoptar una postura flexible para resolver la merma de patrimonio de estos inversores en productos complejos.

Una entidad que ha recibido ayudas públicas no puede utilizar una parte de ese dinero para convertir las preferentes a un precio diferente al del mercado, asegura, y recalca que no le gusta que se diga que es Bruselas quien bloquea la solución de las preferentes.

"No me digan que es Bruselas la que bloquea la solución de las preferentes porque eso no es verdad", enfatizó el comisario europeo, para quien se puede encontrar una solución para los clientes de participaciones preferentes "con recursos que no sean públicos".

En su opinión, el caso de las preferentes es totalmente distinto a otros como la estafa de Fórum y Afinsa, ya que se trata de un activo perfectamente regulado por la CNMV y por eso el Gobierno o las CC AA sí deberían dedicar una partida de sus presupuestos a compensar a los inversores en preferentes aunque no se hizo en el caso de las anteriores.

Las dos situaciones "no tienen nada que ver", ha explicado. Las participaciones preferentes son productos bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en regla según la normativa vigente. "A los ahorradores hay que decirles que se informen bien, de la mejor manera posible, de dónde deben poner sus ahorros y dónde no porque carecen de garantías y corren riesgos que no se deben correr", apuntó.

Almunia reconoció que han surgido problemas sociales porque pequeños ahorradores han suscrito participaciones preferentes sin conocimiento del riesgo de los activos que estaban comprando, pero insiste en que los recursos públicos no pueden emplearse para compensar pérdidas de los bonistas.

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