edición: 3097 , Viernes, 27 noviembre 2020
29/10/2020
Dudas sobre la utilidad del ahorro a largo plazo sin incentivos fiscales

Altas comisiones y baja rentabilidad, los verdugos de las deducciones de los planes, según el Pacto de Toledo

El Gobierno, oídas las recomendaciones del Pacto, impone el criterio de que la rentabilidad de las pensiones públicas es mayor al que viene ofreciendo las privadas en los últimos diez años
Juan José González
Las medidas fiscales que propone el gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, ahora objeto de negociación en sede parlamentaria, puesto que se trata de un anteproyecto de ley, tocan entre otros, aspectos muy relevantes de productos financieros con volumen importante de ahorro privado como son los planes de pensiones, sobre los cuales contemplan los Presupuestos futuros una reducción sustancial o en la práctica supresión de los incentivos fiscales de las aportaciones. Se propone la reducción del principal atractivo de estos productos; la reducción de la base imponible general por la aportación realizada, ésta como máximo de 8.000 euros. Los cambios propuestos en el anteproyecto de ley la reducen y con ella condenan el atractivo fiscal del producto a la desaparición. Es cierto que se trataba de una suerte de fortaleza que venía resistiendo ataques en distintas legislaturas y que estuvo a punto de ver su final en época del ministro de Economía Pedro Solbes (Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) cuando sufrió un primer retoque al rebajar el límite máximo de la aportación hasta los 8.000 euros que ahora se pretende rebajar. Las ventajas fiscales del producto ahora objeto de negociación política ha resistido y sobrevivido en tanto que elemento de ahorro privado de largo plazo, al tiempo que complemento para la jubilación de cientos de miles de particulares con pensiones públicas bajas.
Por otro lado, el golpe al ahorro privado que se quiere propinar en la nueva ley general no afecta únicamente a los particulares sino también a dos sectores que realizaban su intermediación; el sector bancario y el asegurador. Para hacerse una idea de lo que representan los planes de pensiones en España, el volumen de activos, o patrimonio que gestionan los 2.520 planes (sistema individual, sistema de empleo y sistema asociado) pertenecientes a 51 entidades asciende en la actualidad a 112.000 millones de euros, con un claro dominio de seis grandes grupos (Caixabank, BBVA, Santander, Bankia, Ibercaja y Mapfre). 

Por tanto, se trata de un caladero importante para los ingresos por comisiones de intermediación de bancos y aseguradoras que ahora, si llega a aprobarse el anteproyecto de ley presupuestaria sufrirá una reestructuración sustancial. Sin embargo, algunas voces críticas dentro del mismo sector de la intermediación, han venido destacando el problema que a largo plazo ha terminado por confirmarse y dar sentido y razón a los detractores de las comisiones, del exceso de comisiones de gestión, una característica o sello de identidad que ha caracterizado este producto de ahorro desde su aparición. 

Es cierto que las comisiones de gestión de los planes se podían mantener en la medida en que sus activos, renta variable pero sobre todo deuda privada, renta fija, proporcionaban altas rentabilidades, buenos retornos que en cierta medida dejaban en la sombra las comisiones de gestión. Las últimas crisis no han servido precisamente para mejorar las rentabilidades de los planes de pensiones que, al contrario, se han visto más golpeados que otros activos. Y para colmo de males, los efectos de la pandemia sobre el valor de las carteras obligan a reconocer, por evidente, que las comisiones por gestión de los planes de pensiones son elevadas. 

Hay otro factor que pesa todavía más que las comisiones de gestión: su rendimiento real (resultado del descuento de la inflación). Al tratarse de productos de ahorro, pero también de inversión a largo plazo, los planes de pensiones privados deben ser comparados con algún competidor, como por ejemplo, las pensiones públicas. La comparación no resulta muy positiva para el 95% de los planes privados cuya rentabilidad real es inferior a la de las pensiones públicas. Claro que, si se tiene en cuenta que el coste de gestión de las pensiones públicas descansa sobre un presupuesto público y en déficit, las cuentas serían otras. Pero la realidad, la rentabilidad real de las pensiones públicas, descuenta la inflación, se sitúa en el 3,5% de media para los pensionistas, muy superior al 95% de los planes de pensiones privados. 

Pero también la realidad indica que los actuales tipos de interés dificultan la obtención de rentabilidades para los planes y fondos de pensiones, la mayoría conservadores, y las altas comisiones vienen a sumar para asegurar que en estos tiempos es probable que no sea el producto de ahorro ideal desde una perspectiva de jubilación futura. Como tampoco parece ser ideal la jubilación pública si se tiene en cuenta que la rentabilidad anual real, hoy baja pero sostenible para el sistema público (con una inflación del 0,7% o del 0,9%) puede llegar a lastrar las cuentas públicas en el futuro. Es probable que los responsables del Pacto de Toledo no hayan tenido en cuenta que, si bien los beneficios obtenidos por los planes de pensiones privados son inferiores a los que reciben los jubilados por su pensión pública, es el atractivo de los incentivos fiscales lo que determina que exista el ahorro a largo plazo, precisamente el que ahora se pretende eliminar.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...