edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
03/01/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Aportaciones de los socios para reponer pérdidas

DATADIAR
La aportación para compensar pérdidas consiste en una aportación dineraria directa por parte de los socios para compensar las pérdidas de la sociedad. Esta operación no necesita ser formalizada ante notario y no es inscribible en el Registro Mercantil, salvo que se haga un aumento de capital en la sociedad, por lo que bastaría con documentar privadamente la aportación, con el consiguiente ahorro de gastos notariales y registrales.

Por lo tanto, no hace falta escritura pública, siendo suficiente la certificación del acta del acuerdo de la Junta de Socios. En caso de que sí haya aumento de capital social la aportación dineraria ha de acreditarse ante el Notario autorizante de la escritura de aumento de capital social mediante:

- mediante su entrega a dicho Notario para que él constituya el depósito a nombre de la sociedad
- o mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito.

El Notario deberá incorporar esta certificación en la escritura y la vigencia de la certificación es de 2 meses a contar desde su fecha. En tanto no transcurra el período de vigencia, la cancelación del depósito por quien lo haya constituido exige la previa devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora.

En este supuesto entendemos que no estamos ante un aumento de capital social sino de una reposición de pérdidas de la sociedad.

El tratamiento de las aportaciones de socios,  al margen, de una compensación de pérdidas, tiene su fundamento jurídico en el Plan General de Contabilidad del 2007.

En concreto, en la Norma de Valoración 18ª del PGC 2007. Según la cual, las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate.

Ahora bien, lo que hay que tener muy claro, es que para beneficiarse de ese tratamiento y que las aportaciones sean consideradas fondos propios, no generando alteraciones en la fiscalidad, es que esas aportaciones, deben tener las cualidad de no reintegrables.

Entendemos que esta cualidad no puede modificarse a posteriori.

Si el socio, en las aportaciones quiere mantener un derecho de crédito, necesariamente, tendrá que formalizar un préstamo, o en su caso, una ampliación de capital para obtener mayor participación social.

Por lo tanto, lo que la Norma de Valoración 18ª del PGC 2007, regula son como cantidades a fondo perdido.

En relación con su tributación en el ITP y AJD, el art. 19.1.2º del Texto Refundido que regula el Impuesto, las regula como hecho imponible de operaciones societarias, pero el art. 45.Uno.B.11º las declara exentas.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Para el cálculo de la base imponible del ahorro, la pérdida patrimonial derivada de la venta de las acciones podrá ser compensada con las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de los fondos de inversión. D.G.T. C, (11/07/2011).
La consultante es titular de una pensión contributiva procedente de la cotización por el antiguo régimen especial agrario que viene percibiendo desde su jubilación hace unos quince años. Dicha pensión contiene un complemento para mínimos de 239,29 euros, condicionado a no obtener ingresos anuales superiores a 6.923,90 euros. En el año 2011 ha transmitido participaciones de dos fondos de inversión que le ha generado ganancias patrimoniales por importe de 9.745,10 euros, ha vendido acciones de XXX que le han originado una pérdida patrimonial de 5.000 euros y ha percibido dividendos de las acciones de XXX. Si puede compensar la pérdida patrimonial derivada de la venta de las acciones con las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de las participaciones de los fondos de inversión, a efectos de computar como ingresos solamente la diferencia para mantener el citado complemento de mínimos.

Cuestiones relativas a la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual en un supuesto de construcción de vivienda habitual financiada con un préstamo en el que también figuran los progenitores. D.G.T. C, (11/07/2011).
El consultante financia la construcción y adquisición de su actual vivienda habitual con un préstamo hipotecario cuyos titulares, por exigencias de la entidad financiera, son él mismo y sus padres, actuando los tres de forma solidaria. Las cuotas del préstamo son satisfechas en su totalidad por el consultante. Señala que los únicos titulares de la vivienda son su mujer y él mismo. A. Posibilidad de aplicar el consultante la deducción por inversión en vivienda habitual por la totalidad de los pagos que se efectúan relacionados con el préstamo hipotecario, dado que todos los realiza él, en calidad de único propietario de entre los tres prestatarios. Si para ello sería necesario cancelar el préstamo hipotecario y formalizar un nuevo préstamo, por el principal pendiente de pago, en el que conste como único prestatario. B. Deducción que en cualquiera de las dos situaciones puede practicar a partir de 2011 siendo sus ingresos no superiores a 24.000 euros.


Tribunales

Las únicas deducciones que se pueden diferir son las correspondientes a las inversiones realizadas en el ejercicio en que se procede al saneamiento del activo, no a las anteriores. Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de septiembre de 2011.
Según sentencias anteriores, son únicamente susceptibles de diferimiento las deducciones referentes a inversiones realizadas en el ejercicio, sin que por el contrario puedan acogerse a ese beneficio las procedentes de ejercicios anteriores. En el período impositivo en que la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones previstas legalmente no fuera suficiente para absorber la totalidad de las deducciones por inversiones a las cuales tuviera derecho el sujeto pasivo del tributo, los saldos pendientes de aplicación podían trasladarse, con carácter general, a las liquidaciones de los períodos impositivos que finalizaran en los cinco ejercicios siguientes, contados a partir de la fecha de conclusión del período impositivo en el que se hubiera generado el derecho a la deducción.

Periodo impositivo en supuesto de escisión de sociedades. Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de septiembre de 2011.
La normativa del Impuesto sobre Sociedades recoge junto a la regla general de que el período impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad aquella que establece que en todo caso concluirá el período impositivo: a) Cuando la entidad se extinga. De esta forma, se engloba en un solo concepto, extinción, tanto los supuestos de fusión como los de escisión total. En el presente caso, el período impositivo concluyó con su extinción mediante el acuerdo de su escisión total o plena, sin que pueda olvidarse que las actuaciones inspectoras se entendieron con las entidades de nueva creación, como beneficiarias o sucesoras de aquella. Por otro lado señalar que la eficacia de la fusión quedará supeditada a la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, a la inscripción de la absorción, lo que supone reconocer la validez del acuerdo social de escisión. La jurisprudencia ha señalado, en relación al caso de escisión de entidades de seguros, que aun cuando la extinción de la Sociedad absorbida no tenga lugar, erga omnes, hasta un momento posterior (el de la inscripción de la escritura en el Registro y el de su posterior publicación), la fusión stricto sensu se efectúa el acordarse por las respectivas Juntas.  Es, en esa fecha, cuando se aprueban los «balances de fusión» en los que se fundamenta la relación de canje, la ampliación, en su caso, del capital, las posibles plus valías o revalorizaciones, etc.  En todo caso, el acto de comprobación inspectora tuvo lugar mucho después de la plena consumación de la escisión y de la inscripción en el Registro Mercantil, por lo que no podemos estimar el motivo.


Tribunales Económico-Administrativos

La actividad de construcción no puede calificarse como «actividad industrial» y por lo tanto no le resulta aplicable la bonificación por venta de bienes corporales producidos en Canarias. TEAC R, (18-10-2011).
A los efectos del régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales regulado en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la actividad de construcción no puede calificarse como «actividad industrial» y por lo tanto no le resulta aplicable la bonificación prevista en el artículo 26 de dicha ley. Este Tribunal Central no comparte la interpretación teleológica que propone el Director recurrente, pues si bien es cierto que el régimen especial del artículo 26 de la Ley 19/1994 se concibió en su origen como un estímulo fiscal ligado a la exportación de los bienes corporales producidos en el archipiélago, su evolución normativa le ha hecho desprenderse de tal finalidad y condicionante.

Solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido con dispensa total de garantía como consecuencia de haber sido declarada en concurso voluntario de acreedores y producirse perjuicios de difícil o imposible reparación. TEAC R, (19-10-2011).
No procede la suspensión con dispensa de garantías por perjuicios de difícil o imposible reparación de una manera directa o automática por el hecho de que una entidad esté incursa en concurso de acreedores dónde la posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor no es absoluta mientras que los efectos de la suspensión como consecuencia de la interposición de un recurso o reclamación van más allá de la mera interdicción de ejecución de los bienes que integran el patrimonio del reclamante, impidiendo la exigencia del pago a posibles responsables o sucesores, a los que, por el contrario, no les serían de aplicación las interdicciones sobre ejecución patrimonial establecidas en la Ley Concursal que solo afectarían al concursado. Igualmente, tampoco puede basarse en perjuicios de difícil o imposible reparación en la medida en que es el Juez de lo Mercantil el que debe velar por que las ejecuciones que pudieran derivarse del acto administrativo recurrido no causen perjuicios ni a los acreedores ni al propio concursado.

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