edición: 2845 , Miércoles, 13 noviembre 2019
07/06/2011
OBSERVATORIO FISCAL

Aportaciones no dinerarias de un arrendador a una sociedad

DATADIAR
Exista la posibilidad que un empresario persona física aplique en determinadas condiciones el régimen especial de fusiones, escisiones y aportaciones de ramas de actividad del Impuesto sobre Sociedades. La opción por este régimen fiscal trae como consecuencia un diferimiento en la tributación. La persona física transmitente no tributa por la ganancia patrimonial obtenida como consecuencia de la aportación no dineraria, sino que, tributará en el momento en que se transmitan las participaciones de las que esta persona es titular como consecuencia de la aportación.

Para conseguir este diferimiento en la tributación, es requisito sine qua non que la persona física tenga la condición de empresario o profesional y que la aportación que se lleve a cabo se haga a valor de adquisición. Es decir, las personas físicas deberían haber aportado los elementos patrimoniales al valor que tenían los mismos en su patrimonio (esto es, a valor de adquisición).

Ahora bien, de no encontrarnos ante un empresario o profesional no cabría la aplicación del régimen especial, por lo que la aportación tendría que tributar de acuerdo a las reglas generales.

En este sentido, el art. 27 Ley 35/2006, IRPF (en adelante, LIRPF), establece que se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.

b) Que para la ordenación de aquélla se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

Si no se cumplen los requisitos anteriores, la actividad de arrendamiento de inmuebles no se desarrolla como actividad económica e impide que se pueda aplicar el régimen especial de fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias que contiene el TRLIS, y por lo tanto, la aportación tributará de acuerdo con las reglas generales del IRPF.

El art. 37.1 letra d) LIRPF, las participaciones en el capital social de las sociedades, bien sea en su constitución o en una ampliación de capital, pueden hacerse efectivas en metálico o en especie (aportaciones no dinerarias).

En el caso de aportaciones no dinerarias, dichas aportaciones pueden consistir en cualquier bien o derecho patrimonial susceptible de valoración económica, distinto del dinero.

Toda aportación no dineraria a una sociedad implica en el aportante  una alteración patrimonial, pues de su patrimonio sale un bien o derecho y entran en él nuevas acciones, o aumenta el valor de las que ya había.

Dicha alteración patrimonial se traduce en una ganancia o pérdida patrimonial. La cuantificación de esta ganancia o pérdida se calcula por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes o derechos aportados y el mayor de los tres valores siguientes:

- El valor nominal de las acciones o participaciones recibidas o la parte correspondiente del mismo. A este valor se añade el importe de las primas de emisión.

- El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.

- El valor de mercado del bien o derecho aportado.

Este valor de transmisión deberá ser el que se considere como valor de adquisición de los títulos recibidos en la aportación no dineraria.

Ganancia patrimonial que debería integrarse en la base imponible del ahorro en tanto que procede de la transmisión de un elemento patrimonial

Por último y en cuanto a la tributación en el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, indicar que no hay norma que permita diferir su pago en el caso de que no se pueda aplicar el régimen fiscal de fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias.

En el supuesto de que este régimen fiscal especial se pudiera aplicar, la Disposición Adicional Segunda punto 3º del TRLIS señala:

"No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en capítulo VIII del título VII de esta ley, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 de esta ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el capítulo VIII del título VII.

No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales".

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

La donación del inmueble planteado constituye hecho imponible del Impuesto sobre Donaciones, siendo sujetos pasivos los hijos del donante en su calidad de donatario. D.G.T. C, (20/01/2011).
El consultante desea donar, por partes iguales, a sus dos hijos, mayores de edad, una vivienda situada en San Fernando, Cádiz. Coste fiscal de la operación, es especial en relación al Impuesto de Donaciones y Sucesiones y el correspondiente Incremento Patrimonial, con indicación expresa de quien sería la persona obligada al pago, si el donante o el donatario. La ganancia o pérdida patrimonial así determinada se integrará en la base imponible del ahorro, en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley del Impuesto. Si se genera una ganancia patrimonial tributará al tipo de gravamen del ahorro previsto en los artículos 66 y 76 de la Ley del Impuesto, es decir, al 19 por 100 los primeros 6.000 euros de base del ahorro, y a partir de dicha cuantía al 21 por 100. Si se generase una pérdida patrimonial, su importe no se computará a efectos del impuesto, de acuerdo con el artículo 33.5 c) del citado texto legal, que determina que no se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas a transmisiones lucrativas por actos inter vivos o a liberalidades. Por último, cabe señalar que la presente contestación se formula con arreglo a la normativa vigente en el año 2010.

Podrá aplicarse la deducción por las cantidades que, tras la separación judicial o divorcio, haya invertido, durante el año 2010, en la adquisición del porcentaje de titularidad que mantenga sobre la vivienda que constituyó su vivienda habitual. D.G.T. C, (21/01/2011).
La consultante ha permanecido casada durante el año 2009 (desde 28-7-2001). Actualmente está divorciada. Entre sus bienes tienen una vivienda cuya propiedad corresponde al 50% a cada uno, aunque el préstamo hipotecario está sólo a nombre de su ex marido. En las declaraciones de la renta en los ejercicios 2001 hasta 2008 han aplicado cada uno la deducción por adquisición de vivienda habitual por el 50% de las cantidades satisfechas por dicho préstamo en cada ejercicio, cantidades pagadas con fondos gananciales. Mediante resolución judicial se ha adjudicado el uso y disfrute de la vivienda a su ex marido y se ha determinado que ambos deben hacer frente al pago del 50% del préstamo hipotecario. Si la consultante puede aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en sus declaraciones correspondientes a los períodos impositivos 2009 y 2010 por las cantidades satisfechas por el referido préstamo hipotecario, habiendo sido las mismas pagadas, hasta mayo de 2010, con fondos gananciales. “En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, el contribuyente podrá seguir practicando esta deducción, en los términos que reglamentariamente se establezcan, por las cantidades satisfechas en el período impositivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio su vivienda habitual, siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya compañía queden”. La finalidad de este precepto es evitar la pérdida del derecho de deducción por inversión en vivienda habitual por parte de los contribuyentes que deben abandonar la vivienda familiar como consecuencia de nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio, por haber sido adjudicado el uso de la misma al otro cónyuge, pero mantienen su porcentaje de propiedad sobre la vivienda y siguen haciendo frente a las obligaciones de pago que les correspondan por los préstamos contratados para su adquisición. Conforme a ello, de darse estas circunstancias, la consultante podrá aplicar la deducción por las cantidades que, tras la separación judicial o divorcio, haya invertido, durante el año 2010, en la adquisición del porcentaje de titularidad que mantenga sobre la vivienda que constituyó su vivienda habitual durante la vigencia del matrimonio, siempre que ésta continúe siendo la vivienda habitual de su antiguo cónyuge.

Tribunales

No es de aplicación el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones y canje cuando el único motivo de la escisión fue el reparto de un patrimonio común. Audiencia Nacional. Sentencia de 23 de febrero de 2011.
A efectos de la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones y canje, corresponde a la sociedad escindida a acreditar que la escisión se llevó a cabo por motivos económicos válidos, lo que exige un esfuerzo, por mínimo que sea, de que dicha operación no tuvo como objetivo único o principal el ahorro fiscal, sino que obedece a dar cumplimiento a una necesidad empresarial sentida, en los términos ya vistos, sea en el orden organizativo, comercial, financiero, de ahorro de costes, de distribución o del orden que sea preciso, pues en la definición de los motivos válidos hay gran amplitud, potencialmente indefinida, de posibilidades. Pero lo que no es admisible es que la escisión tenga por única finalidad el reparto de un patrimonio común, y que ese designio, que es lícito, se efectúe con coste fiscal nulo, pues no hay en esa operación propósito o finalidad organizativa alguna para la sociedad. En el caso de autos la operación de escisión tuvo como único fin el reparto de un patrimonio común para seguir manteniendo, con posterioridad, la misma actividad de arrendamiento de inmuebles, sin que dicha separación pueda justificarse en un motivo económico válido, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, que es el requisito legalmente exigido.

Deducibilidad de los importes por cargos a fortait por gastos de personal de la empresa francesa desplazados a España. Método global de cálculo de los gastos incurridos por la matriz y que se distribuyen entre las filiales. Audiencia Nacional. Sentencia de 23 de febrero de 2011.
La deducibilidad fiscal de un gasto exige, además del cumplimiento de las normas contables, que el servicio o contraprestación que se satisface se haya producido realmente, de forma que quede plasmado detalladamente en el documento probatorio mercantil, como es la factura. Así, la existencia de una factura, que globalmente comprende unos servicios, sin reflejar al detalle los servicios que pretende amparar, no puede ser acogida en el ámbito de la aplicación de un beneficio fiscal, porque la aplicación de éste impone una interpretación restrictiva del mismo. En el caso de autos, las facturas presentadas por la entidad recurrente, más que corresponder a la retribución de servicios prestados, lo que hacen es reflejar un reparto, prima facie, de costes estructurales que debe soportar la matriz con el fin de sostener su eficacia empresarial y organizativa. Se trata del sostenimiento de la estructura empresarial a nivel mundial, sin que suponga un beneficio económico para las empresas, sino para el Grupo de forma global. Es procedente la anulación de la sanción, pues la mención al hecho objetivo que da motivo a la regularización, por sí solo, no es suficiente para establecer el elemento subjetivo de la infracción imputada, pues esta forma sinóptica de apreciación de la existencia de la infracción no puede acogerse, debiendo quedar fijados los hechos imputados y el elemento subjetivo de la infracción imputada.

Tribunales Económico-Administrativos

La dilación resulta imputable al sujeto pasivo hasta que manifiesta no tener la documentación requerida: No obstante, si a pesar de dicha manifestación luego la aporta, la dilación se extenderá hasta que la aporta. TEAC R, (15-03-2011).
Es deducible en el ejercicio en que se contabiliza siempre y cuando ello no suponga una “menor tributación” a cuyos efectos se debe tener en cuenta la prescripción o no del ejercicio del devengo del gasto analizándola a fecha en que concluye el plazo de declaración del ejercicio en que tiene lugar la contabilización “tardía” del referido gasto.
No se admite la deducibilidad fiscal de la provisión para responsabilidades por haber sido condenado el sujeto pasivo por sentencia judicial como responsable solidario, junto al deudor principal, a pago de cantidad y ello porque en el caso de que se le exija el pago nacería un derecho de repetición o crédito frente al deudor principal que posteriormente, en su caso, originaría la dotación a una provisión por insolvencias.

El defecto consistente en liquidar los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas por períodos anuales en lugar de trimestrales (o mensuales, en su caso), no es un defecto formal, es un defecto material. TEAC R, (22-03-2011).
De acuerdo con el criterio establecido en la unificación de Doctrina por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina en su reunión de 24 de noviembre de 2010 en el expediente 1/2010, el defecto consistente en liquidar los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas por períodos anuales en lugar de trimestrales (o mensuales, en su caso), no es un defecto formal, es un defecto material, en el sentido de aplicación incorrecta de la normativa liquidatoria del tributo. No obstante, aún siendo un defecto material, no impide la práctica de nueva liquidación, pues también hay que ponderar la gravedad de los defectos materiales a efectos de determinar sus consecuencias, en función del perjuicio efectivo ocasionado a los sujetos.

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