edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
17/09/2019

Apple e Irlanda inician hoy la batalla judicial contra la reclamación fiscal de 13.000 millones

La Corte Europea en Luxemburgo es el escenario del recurso de Irlanda contra la multa de Competencia
Carlos Schwartz
Esta es una semana compleja para Apple, que presenta el viernes su iPhone 11 rodeado de incertidumbre tras el fracaso de ventas de sus antecesores. Pero para cuando el nuevo teléfono inteligente se presente, el trato fiscal de Apple por parte de la Comisaría de la Competencia y la Comisión Europea se habrá vuelto a ventilar en los titulares de la prensa internacional. En 2016 la Comisaria Margrethe Vestager cerró la investigación sobre los acuerdos fiscales entre la empresa de Cupertino, California, y el Gobierno de Irlanda, que implicaban un tipo fiscal privilegiado a cambio de la actividad en el país que suponía teóricamente la creación de empleo. Según la Unión Europea (UE) durante 25 años la empresa estuvo sujeta a un tipo fiscal inferior al 1% lo cual supuso una brecha entre lo que debió recaudarse, y lo que se recaudó, de 13.000 millones de euros de acuerdo con Competencia y la CE. La multa se hizo efectiva en 2017 con la obligación de Dublín de recaudar, algo que no hizo con diligencia ni entusiasmo. Finalmente Apple tributó a una cuenta de consignación, a la espera de un fallo sobre su recurso, 14.300 millones de euros con los intereses.
El incidente, sin embargo, inflamó los ánimos. De un lado porque Irlanda consideró que esta resolución pasaba por encima de su legislación fiscal diseñada hace décadas para fomentar el establecimiento, en Irlanda, de empresas multinacionales, en especial las tecnológicas a expensas de descuentos fiscales. Esto fue calificado de ataque a decisiones soberanas, al margen de la normativa de la UE. Es por ello que las fuentes jurídicas consultadas esperan que, en la vista que se inicia hoy, Dublín alegue que Bruselas no entiende el régimen fiscal corporativo del país, que se intenta minar el régimen general de bajos tipos fiscales para las corporaciones, y que en este contexto no ha concedido a la empresa ningún trato preferente respecto de su política fiscal general para las sociedades mercantiles.

Vestager diseñó en este sentido una estrategia que se basaba en que los tratos fiscales selectivos encubrían ayudas del estado a la actividad empresarial privada, algo que las normas de Bruselas prohíben. Por su parte el director financiero de Apple, Luca Maestri, ya señaló respecto de este enfrentamiento que la Comisión Europea pasaba por alto la realidad de que la investigación y desarrollo de la empresa se lleva a cabo en su sede de Cupertino, mientras que desde Irlanda sólo se dirige la distribución, el aprovisionamiento y la logística.

El presidente de la empresa, Tim Cook, señaló con ocasión de la decisión de la Comisaría de la Competencia que “Esta multa no se basa ni en los hechos ni en las leyes… ahora nos encontramos en la posición poco habitual de tener que pagar de forma retroactiva más impuestos a un gobierno que nos dice que no les debemos nada por encima de lo que ya le hemos pagado”. Desde luego que  lo que está en juego es la esencia de la fiscalidad en la era de la globalización. Las grandes multinacionales de la era digital y tecnológica han buscado la forma de superar la barrera del beneficio mediante el artificio fiscal y/o laboral, según los casos. 

La política de precios de las grandes corporaciones tiene en cuenta el factor remuneración y fiscalidad, como ejes de sus márgenes comerciales. La lucha por estos parámetros no involucra solo a los países en los que se venden los productos de las grandes corporaciones. También implica una disputa internacional sobre la tributación del beneficio.

Las grandes plataformas de Internet, y las grandes tecnológicas con ramificaciones industriales, es decir con hardware, como Apple o los fabricantes de componentes de electrónica, tienen la obligación de tributar por el beneficio repatriado a su país de origen. Tanto la administración de Barak Obama, como la de Donald Trump, han tenido esto en cuenta y han respaldado a sus empresas en los enfrentamientos fiscales sobre ventas y beneficio en su actividad global pero muy especialmente en Europa. El motivo es porque todo aquello que se tribute fuera de las fronteras nacionales del país de origen socava la recaudación fiscal sobre el beneficio de las sociedades que son sujeto imponible en Estados Unidos. Esto hace que el conflicto sea algo inherente a la era de la globalización.

La cuestión de la tributación de las plataformas digitales es un problema del mismo orden. Si se tributa o no donde se hace negocio, y cuánto se tributa. Para la CE se trata de haber asignado beneficios a una sociedad que carece de empleados, que sólo “existe en el papel” y está domiciliada en Irlanda. La cuestión es que al ventilarse el recurso lo que Apple pretende es evitar que, en la medida que se revisen las cuentas de la multinacional, si las autoridades fiscales de otros países detectan la obtención de beneficios en sus territorios que fueron finalmente asentados en libros en la sede irlandesa, se inicie una nueva ronda de reclamaciones fiscales por parte de las autoridades nacionales, algo que haría más complejo el procedimiento y sumaría obstáculos a un triunfo judicial de la corporación.

La comisaria Vestager, hoy con una vicepresidencia de la CE, ha señalado al respecto que “Si concluyen que Apple debería haber registrado las ventas en esos países en lugar de en Irlanda, podrían exigir a Apple el pago de más impuestos locales. Eso reduciría las cantidades que se deberían devolver a Irlanda”. Esto supone que las proporciones de la cuenta final, no la cuantía, pueden cambiar a lo largo del procedimiento. Pero para que haya sentencia debe pasar al menos un año, y cualquiera de las partes perjudicadas va a recurrir ante otra instancia. Es decir que la causa va para largo… 

El procedimiento va a establecer jurisprudencia, y la CE tiene muy en cuenta la necesidad de que el fallo le sea favorable. Es mucho el dinero en juego. Pero la cuestión de fondo, la disputa sobre la tributación entre los países de bandera de las multinacionales, y el país en donde se registra el hecho imponible, seguirá siendo objeto de batalla.

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