edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
19/06/2014

Argentina propone un canje de deuda bajo su legislación para cumplir con el fallo de la Corte estadounidense

Buenos Aires intenta escapar a una nueva suspensión de pagos para evitar su asfixia financiera
Carlos Schwartz

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando una apelación del Gobierno argentino contra una resolución de un juzgado de primera instancia  que le obligaba a pagar a los fondos de inversión que no han aceptado las reestructuración de la deuda externa del país realizada en 2005 y 2010 ha dejado al ejecutivo contra las cuerdas. El Gobierno “nacional y popular” de Cristina Fernández, al borde de una crisis de pagos por la escasez de divisas, atenazada por la factura energética y tras una cadena de devaluaciones que han disparado la inflación y preytende una deflación salarial intenta recomponer su frente interno y externo. En realidad el fallo cuestiona los propios criterios de reestructuración sobre los que se basa la actuación del Fondo Monetario Internacional (FMI) o el propio Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE) por ejemplo en los casos de Grecia o Chipre.

El Supremo estadounidense ha dado más jerarquía a los derechos de un 7% de los acreedores que al del 93% que han admitido quitas y nuevas emisiones de deuda. Motivo por el cual el FMI y el Banco Mundial se oponen a dicho fallo.

Pero el problema de fondo es que el país se ha quedado sin recursos. De allí que el Gobierno haya concedido carta blanca al ministro de Economía Axel Kicillof para negociar con el FMI una salida a la crisis de pagos obteniendo fondos frescos. Hasta ahora el Gobierno “nacional y popular” se ha plegado a las exigencias del organismo: ha modificado las estadísticas para reflejar la inflación y el producto interior bruto reales, ha llegado a acuerdos de pago con empresas que reclamaban a través del CIADI, como Repsol, y ha llegado a un principio de acuerdo sobre la antigua deuda con el Club de París. Pero todos esos esfuerzos han sido desbaratados por la sentencia del juez de distrito Thomas Griesa, refrendada nuevamente por el Supremo. Ahora, arrinconados, los funcionarios de Cristina Fernández prometen pagar a los “fondos buitre” mediante un canje de deuda. Sin embargo, el intento de que ese canje se haga sobre legislación argentina no parece que vaya a ser aceptado por los acreedores disidentes. Con lo cual la estrategia de último momento, que pretende dar algún viso de soberanía a la operación y al mismo tiempo dar margen para un default sin consecuencias si en el futuro no logran pagar, no parece que llegue a buen puerto.

Los acontecimientos ponen de relieve el triunfo en toda la línea contra el Gobierno argentino por parte de Repsol, que no sólo logró resarcirse de las cuantías que aspiraba a cobrar es decir sin anotar pérdidas, sino que además ha dado la razón a la elemental estrategia financiera del presidente Antonio Brufau: cobrar y vender. Frente a esta evidencia las maniobras instrumentadas por Pemex resultan de una miopía sin precedentes. La sentencia de Griesa, y su respaldo por el Supremo, de todas formas ponen de relieve una estrategia imperial que altera los principios de equidad ya que presupone que los bancos y los fondos estadounidenses serán los únicos que siempre cobrarán si se apela a los tribunales en su territorio. Es este principio el que en el fondo se trasluce en la sentencia y el rechazo del recurso gubernamental que desprecian por completo el hecho que un 93% de los acreedores ha aceptado la reestructuración que se hizo en dos fases. Porque lo cierto es que los fondos compraron la deuda cuyo cobro reclaman por un 10% de su nominal. La cifra se hace astronómica en la medida que los intereses vencidos se suman al principal y el interés se recalcula sobre ese saldo.

Uno de los problemas añadidos es que el 30 de junio hay un vencimiento de los bonos emitidos para los que se acogieron a la reestructuración, y la sentencia de Griesa establece que al mismo tiempo que se paga a los que acordaron se debe pagar a los que no acordaron sobre sus posiciones acreedoras. Hasta ahora Argentina había escapado a esta resolución porque el pago anterior a la presentación de su recurso caía fuera del plazo exigible por la sentencia. Luego escapó durante dos años a los subsiguientes gracias a su recurso. Es decir que lo que ahora queda por hacer a Kicillof es tratar de llegar a un acuerdo con los “fondos buitre”.

Se trata cuando menos de una posición poco elegante tras la verborragia presidencial y las declamaciones nacionales y populares porque puede que los fondos rebeldes que van por el camino de hacer un muy buen negocio exijan que la emisión de los bonos para el canje se acoja a la legislación estadounidense y el Gobierno de Cristina Fernández  acepte para evitar la suspensión de pagos. Esto implica pago de contado de una cuantía y nuevos bonos para los fondos rebeldes lo que supone una cifra del orden de los 30.000 millones de dólares. Una nueva emisión de deuda y la reestructuración mediante canje con la consiguiente salida de otra masa de divisas para el pago de contado harán inevitable una nueva devaluación lo que va a ocasionar una nueva espiral inflacionaria y los consiguientes reclamos salariales. Este escenario va alentar una crisis económica y social aun mayor que la que vive el país actualmente.

El ministro de Economía dijo en su mensaje que enviaría a los abogados que representan a Argentina a hablar con el juez Griesa con el objetivo de encontrar una solución a la crisis planteada. Este es un mensaje a los acreedores que sugiere la voluntad de pagar pero con alguna forma de protección judicial. Si se opta por esta estrategia los abogados tendrán que ir con una propuesta de pago en sus maletas, aunque esta se negocie luego con los acreedores. En cualquiera de los casos la situación parece un callejón sin salida. Existe además el riesgo que los acreedores que se sientan agraviados apelen a una cláusula incluida en los bonos del canje anterior de “acreedor más favorecido” para pedir equiparación con los fondos rebeldes, lo cual supondría una verdadera avalancha de pagos que llevaría la crisis hasta un extremo inviable.

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