edición: 2852 , Viernes, 22 noviembre 2019
06/10/2010
Buen Gobierno

Armonización, ¿también para el Gobierno Corporativo?

La tendencia integradora en materia de Responsabilidad Social sitúa en la palestra el antiguo tema de la armonización de los códigos de buen gobierno
Beatriz Lorenzo

Limar las aristas, eliminar las diferencias y pulir las fisuras. La armonización se perfila de un tiempo a esta parte como la nueva tendencia de la gestión de unas compañías que comienzan a adentrarse tímidamente en los inexplorados terrenos de la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible. Uno de los grandes pasos en este sentido ha sido el dado recientemente por la Global Reporting Initiative (GRI) con su apuesta por un único informe, el “Rethink Rebuild Report”, fijando el ambicioso objetivo de que hacia 2020 deberán existir unos estándares que aúnen los indicadores financieros, los sociales  los medioambientales. Para ello, se ha creado el “International Integrated Committee Secretary” que presidirá en el Príncipe de Gales.

Por la integración  abogan también compañías como la consultora KPMG, que ha concluido tras una investigación al respecto que el vínculo entre todas las vertientes empresariales conlleva una mayor valoración por parte de los mercados. El estudio “Información Integrada”, elaborado por la consultora, señala que durante 2008 salmente un 3% de las entidades del Global Fortune 250 presentaron sus informes de manera integrada, una tendencia que va claramente en aumento.

Además de esto, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) publicó la semana pasada un estudio denominado “Inversiones y Responsabilidad Empresarial una Revisión”, un análisis de las políticas de los inversores y las empresas sobre la responsabilidad social de las empresas entre las 100 empresas multinacionales y fondos de inversión más grandes del mundo. La UNCTAD aboga por la existencia de un espacio para que las políticas públicas establezcan una “armonización de los informes de RSE””, y establece que“los responsables políticos podrían promover un enfoque armonizado internacionalmente a las empresas en la manera de explicar, calcular y definir el cambio climático y las emisiones relacionadas”.

GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

En materia de gestión corporativa, la Responsabilidad Social tiene fuertes puntos de conexión con  el Gobierno Corporativo. El nexo ha de ser real y efectivo, orientado a una gestión más transparente y comprometida. Además, el “Buen Gobierno” se convierte en un activo cada vez más apreciado por los grupos de interés tras los sonados escándalos de gigantes como Enron o Parmalat. Así pues, resulta inevitable que el debate acerca de la armonización de los modelos de buen gobierno corporativo salte a la palestra, a través de la implantación de códigos de buen gobierno con preceptos basados la ética, el respeto y la transparencia y adaptables a la realidad globalizada de cualquier multinacional.

Sin embargo, el asunto es más complicado de lo que parece, ya que existen numerosos matices- culturales, sociales, económicos, políticos- a tener en cuenta a la hora de establecer criterios básicos de buen gobierno. En el informe "Review of Selected Generally Accepted Corporate Governance Codes” Przemyslaw Koblut, Josep Tàpies y Rafael Fraguas del IESE abordan los múltiples matices en los sistemas de gobierno corporativo de países como Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Y, ciertamente, las diferencias son pocas pero esenciales. Así Alemania aplica un enfoque basado en las mejores prácticas en su Código de Buen Gobierno de 2002, el cual aborda por separado los consejos de administración y los de supervisión que tiene el sistema doble del país. El mismo enfoque adopta la bolsa italiana en su Código de Buen Gobierno de 1999, que revisó en 2002 y 2006. Por su parte, el Código Unificado de Buen Gobierno español, aprobado en 2005, aplica el "cumplir o explicar", un principio flexible, que aplicó por primera vez el Reino Unido. La fuente principal de las recomendaciones de buen gobierno para las empresas británicas cotizadas es el Código Combinado, aprobado en 2003 y revisado en 2006. Las empresas deben explicitar en sus informes financieros anuales cómo y dónde han cumplido con el código y dónde no.
En cambio, la SOX de Estados Unidos se centra en aspectos del control interno de las empresas y en los procesos de información financiera obligatorios por ley. Regula exhaustivamente las relaciones entre una empresa y sus auditores.

RESPETO A LOS MATICES

Volviendo a España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado un 'Código de conducta y buen gobierno corporativo' para las empresas que cotizan en bolsa. Muchos observadores consideran que el principal logro del código es haber estrechado el cerco a los abusos de poder de los ejecutivos y accionistas de referencia de las compañías cotizadas. Vocablos de nuevo cuño como la “flexiguridad laboral” jalonan el supuesto impulso de los derechos laborales, pero en realidad el buen gobierno corporativo dista mucho todavía de estar realmente consolidado en las compañías españolas, como da fe el desequilibrio que aún existe en lo que a remuneraciones de altos ejecutivos y empleados se refiere. En este sentido, una el Estudio Cisneros elaborado por la Universidad de Alcalá de Henares revelaba que para el 65% de la población activa la principal fuente de tensión y preocupación laboral es "el insuficiente salario que percibe en relación con la función que realiza".

Así pues, los códigos de gobierno corporativo no han de desatender las realidades propias de cada sector, compañía o país. No debe olvidarse que los excesos regulatorios, mal llevados,  pueden paralizar o cohibir las decisiones estratégicas de las compañías. Esa es, al menos, una de las principales preocupaciones para los líderes empresariales según la tercera edición del estudio 'Global Business Risk Report. The Top Ten Risks for Business', elaborado por Ernst & Young .Finalmente, por detrás de la regulación y el cumplimiento normativo, se sitúan el acceso al crédito, la posibilidad de un empeoramiento económico a la vuelta de la recesión y el número de amenazas vinculadas a la gestión de los recursos humanos.

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