edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
04/12/2008
Observatorio Jurídico

Asignación de complementos de destino y específico diferentes a puestos de trabajo idénticos

Datadiar.- El 7 de mayo de 2002, la Subdirectora General de Recursos Humanos, dictó por delegación del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Resolución administrativa por la que se desestimó la solicitud de un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social destinado en los Servicios Periféricos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con nivel 26, al reconocimiento del nivel 27, desde la toma de posesión y los servicios prestados en dicho puesto desde el 30 de junio de 2000 a efectos de consolidación de grado y a percibir iguales retribuciones en concepto de complemento de destino y específico, desde la fecha de posesión.

Posteriormente se promueve un proceso de instancia mediante recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra la citada Resolución de 7 de mayo de 2002 de la Subdirectora General de Recursos Humanos, y cuya Sentencia de 10 de octubre de 2003, declaró y reconoció el derecho “desde el mismo día de su toma de posesión a recibir el mismo tratamiento que los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que desempeñaban los puestos de nivel 27, y ello tanto a efectos retributivos como a los demás atinentes a la carrera administrativa, debiendo la Administración adoptar en ejecución de sentencia las medidas pertinentes al efecto, y entre ellas efectuar la correspondiente liquidación de derechos económicos con efectos retroactivos a la toma de posesión, más los intereses de demora que procedan”.

La Sala de Instancia argumenta la existencia de una discriminación carente de justificación objetiva y razonable, pues no es objetivo ni razonable diferenciar a través del nivel profesional y del complemento específico unos puestos de trabajo que tienen exactamente el mismo contenido, lo que no es una situación que pueda reducirse a una mera irregularidad administrativa compatible con las exigencias del artículo 23.2 de la Constitución y con el derecho fundamental que reconoce a acceder y permanecer en la función pública en condiciones de igualdad con los requisitos que señalen las leyes.

También indicaba que el eje central de la controversia tiene como fundamento la desigualdad que se produce en el puesto ocupado por el demandante y sus retribuciones, solamente por razón de ser un funcionario de nuevo ingreso que se asigna a un puesto de nivel 26 -reclama el 27- cuando las funciones que realiza son idénticas a las que realizan otros funcionarios que ocupan plazas de nivel 27 y la sentencia argumentó para justificar su pronunciamiento que la parte recurrente había sufrido una discriminación contraria a la Constitución.

El hecho básico apreciado para ello fue que en la Relación de Puestos de Trabajo -RPT-, y en lo que se refiere a los Inspectores de Trabajo, había dos grupos: uno con el nivel 26 y otro con el nivel 27 y la Sala consideró acreditado, tras valorar las pruebas incorporadas al recurso, que los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social adscritos a la Inspección Provincial donde estaba destinado , a pesar de tener esos diferentes niveles y de percibir distintos complementos retributivos, venían cumplimentando de forma habitual las mismas órdenes de servicio, realizando las mismas funciones y cometidos y asumiendo las mismas responsabilidades, sin que existiera ningún elemento diferenciador, tanto en la atribución de estas funciones como en la naturaleza de las mismas.

Esta sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 10 de octubre de 2003, se recurre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y la Sentencia de 17 de Octubre de 2008, que ponen fin al proceso y que hoy analizamos, da un paso adelante en el control de la discrecionalidad de la Administración a la hora de asignar complementos retributivos a los funcionarios, desestimando el recurso en cuestión y ratificando la sentencia de la Sala de Instancia, y reconociendo a un inspector de Trabajo y Seguridad Social el derecho a idéntico complemento de destino que a los restantes inspectores de trabajo.

La propia Sentencia establece, que aquí el problema no es de analogía o semejanza en los cometidos desempeñados por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social de una Inspección Provincial, sino de plena identidad de los mismos y la Sala de instancia para su pronunciamiento ha tenido especialmente en cuenta un material probatorio, cuya apreciación no debe revisarse en casación, del cual resulta que las funciones que desempeñan los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social de esa Inspección Provincial son las mismas.

Hasta ahora la jurisprudencia ya reconocía el derecho a idéntico complemento específico si se probaba la identidad de condiciones del puesto de trabajo en cuanto a dificultad técnica, dedicación, etc.  Pero esta sentencia va más allá.

Por un lado, extiende el derecho de comparación o de igualdad a otro complemento retributivo distinto, ya que ahora reconoce el derecho a la aplicación de idéntico complemento de destino (esto es, el complemento vinculado a la posición jerárquica del puesto y a la responsabilidad en la organización), y no sólo en cuanto al específico.

Por otro lado, porque vincula expresamente tal derecho retributivo a un derecho fundamental, al genérico de la igualdad ante la Ley  y al específico del derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, en la medida que si alguien cobra menos de lo que debe o con agravio comparativo se le puede estar desincentivando a la permanencia en su puesto), y con ello se abre la puerta a ejercer acciones judiciales por la vía especial y sumaria de protección de derechos fundamentales.

Así pues, la Sentencia de 17 de Octubre de 2008, reconoce a un Inspector de Trabajo y Seguridad Social el derecho a idéntico complemento de destino que a los restantes Inspectores de Trabajo, basándose en que no es objetivo ni razonable, sino totalmente discriminatorio, diferenciar a través del nivel profesional y del complemento específico, puestos de trabajo con plena identidad de contenido.

Equipo Jurídico Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 062 «tasa por expedición de permisos de trabajo y autorización a ciudadanos extranjeros» (B.O.E. núm. 222, de 13-09-2008)
Una vez efectuado el pago, la entidad colaboradora generará el número de referencia completo (NRC), que será enviado al Ministerio de Administraciones Públicas, el cual, después de efectuar las comprobaciones oportunas, enviará un mensaje al interesado de confirmación de la realización del ingreso. Este mensaje de confirmación permitirá el registro electrónico de la declaración del pago y la impresión del modelo 990 cumplimentado y pagado. En el modelo así impreso figurará el NRC y le servirá al interesado como justificante del pago de la tasa.

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la subsecretaría, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas con código 057 «tasa por servicios sanitarios», código 059 «tasa por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales» y código 061 «tasa por prestación de servicios y actuaciones por la administración en materia de ordenación de los transportes terrestres por carretera», gestionadas por el ministerio de administraciones públicas en aplicación de la disposición transitoria cuarta del real decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las delegaciones del gobierno (B.O.E. núm. 222, de 13-09-2008)
Los artículos segundo y cuarto del Decreto 1639/1959 regulan respectivamente el hecho imponible y las cuantías de la tasa, aplicable a la expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales que constituyen el hecho imponible de la tasa 059: Tasa por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, debiendo producirse el devengo de la tasa al solicitar del organismo competente la expedición del documento, que constituye el hecho imponible de la tasa 059: tasa por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de homicidio intentado. Discusión que acaba en apuñalamiento. Reiterada incomparecencia de testigos. Prueba anticipada o preconstituida. Ánimo de matar. Atenuante de arrebato o obcecación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de julio de 2008.
El procesado quiso matar a su oponente y para ello se armó con un instrumento punzante potencialmente idóneo para ello. Además, escogió una zona vital, produciendo unas heridas sólo superables por la rápida actuación de los servicios médicos. En el presente caso, el dictamen forense está apoyado, tanto en las características y potencialidad dañina del arma -un cuchillo de 10 centímetros de hoja-, como en el número de lesiones -5- y las partes del cuerpo afectadas, así como su objetiva gravedad, de forma que sólo la rápida intervención de los servicios sanitarios evitó la muerte de Cosme. Añádase a esos hechos objetivos la actitud del procesado que acudió al domicilio de la víctima armado con un cuchillo. Para la estimación de la atenuante sería preciso que estuviese contrastada la relevancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato -acaloramiento- consiste, así como la influencia menguante sobre la inteligencia y voluntad del agente, a partir de una razonable conexión temporal entre el estímulo y la pasión desatada (cfr. STS 843/2005, 29 de junio).

Mercantil

La iliquidez de la deuda no puede servir a la aseguradora para excusarse del pronto cumplimiento de su obligación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 1 de julio de 2008.
De conformidad con el criterio de los dos tramos, establecido por Sentencia de pleno de 1 de marzo de 2007 (Rec. Casación 2302/2001), los intereses habrán de calcularse desde el momento inicial del devengo según parte recurrente, y hasta el final del segundo año siguiente al siniestro, al tipo legal incrementado en un 50%, y sólo a partir del segundo año desde que ocurriera el siniestro, al tipo mínimo del 20%.

La conservación de la propiedad del bien por el arrendador financiero es la principal garantía de que el usuario cumpla sus obligaciones. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 2 de julio de 2008
El art. 86 LH atribuye la facultad de instar la prórroga de las anotaciones preventivas a "los interesados", condición que indudablemente tenía en dicho juicio ejecutivo como adjudicataria de los derechos embargados y subastados, y sin embargo prescindió por completo de ejercitar tal facultad por las razones que sean, pues ninguna hay para suponer que su omisión fuera sólo negligente y no intencionada.

Civil

Tercería de mejor derecho. Préstamo Hipotecario previa adjudicación de fincas. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 25 de junio de 2008
Incurre el recurso en la causa de inadmisión prevista en el art. 1710.1-2ª LEC de 1881, inadmisibilidad oportunamente denunciada por la parte recurrida en su escrito de impugnación, y dicha causa debe aplicarse ahora como razón para desestimarlo, pues en definitiva el contenido de su único motivo no se corresponde con el de un verdadero motivo de casación, sino con el de un escrito de alegaciones que obligaría a la Sala de casación a averiguar cuál o cuáles serían las normas infringidas en cada caso, supliendo la inactividad de la parte en algo que es carga exclusiva suya.

Rechazo de la acción pauliana ejercitada por falta del requisito necesario del perjuicio del acreedor. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 26 de junio de 2008
La sentencia de instancia declara contundentemente que "lo cierto es que el Centro nada ha recuperado de dichos bienes... pese a las gestiones que aduce el actor llevó a cabo con tal finalidad recuperatoria....", por lo que concluye que "no habiéndose cumplido la condición estipulada en el contrato, consistente en la recuperación por la demandada de todo o parte de los bienes....": ya se ha dicho que no se trata de una condición sino del resultado, esencia del contrato de obra. Hechos que, como corresponde a la función de la casación, son incólumes en ésta y débese partir de los mismos para resolver la cuestión jurídica, única que es objeto de la casación.

Laboral

Reconocimiento de una antigüedad con efectos retroactivos para consolidar el complemento de antigüedad. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Sentencia de fecha: 30 de julio de 2008
El artículo 28 del Convenio Colectivo General de la construcción y el 38 del  Convenio Colectivo provincial regulaban de forma precisa el contrato de obra tan típico en este sector productivo, con el derecho  al percibo de la indemnización correspondiente tras su finalización.  Y sin discutir que la finalización de estos contratos fuera  adecuada, con el percibo del abono de finiquito conforme al Convenio Colectivo (esto es, el 4'5% de los salarios percibidos a la  finalización del contrato temporal), lo realmente importante a los efectos del plus de antigüedad es precisamente el tiempo de  duración del negocio jurídico laboral con independencia de los instrumentos jurídicos formales que sirvieron para ensamblarlo,  como premio a la fidelidad a la empresa.

Condiciones de otorgamiento de un anticipo de la prestación de invalidez a un desempleado residente en otro Estado miembro. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Sentencia de fecha: 11 de septiembre de 2008.
A petición del desempleado, mientras subsista el derecho a la prestación, podrá acordarse el levantamiento, por un período de hasta tres meses, de la suspensión de la prestación por desempleo prevista en el anterior apartado 1, letra g), si concurren circunstancias dignas de consideración y tras oír al Regionalbeirat [Consejo regional] (artículo 18). Se entenderán circunstancias dignas de consideración las encaminadas a terminar con la situación de paro, especialmente cuando el desempleado justifique que se ha desplazado al extranjero para buscar trabajo, para personarse ante un empleador, para asistir a un curso formativo o por razones imperativas de índole familiar.

Administrativo

Carácter no impugnable de la respuesta dada por un Ayuntamiento ante una consulta urbanística planteada por el titular de una licencia de edificación. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 27 de junio de 2008
Naturaleza no impugnable de la respuesta dada por la Administración ante una consulta urbanística, ya que se trata de un trámite meramente informativo, sin contenido decisorio y no vinculante para aquélla. El Ayuntamiento responde a una consulta que el solicitante le había formulado sobre el régimen jurídico de una finca (a saber, aquélla sobre la que se había concedido la licencia de edificación), ya que la conclusión de si una licencia de edificación sobre una finca se ve o no afectada por una Ley Autonómica que establece unas caducidades, forma parte del régimen urbanístico de la finca o de las condiciones urbanísticas que le son aplicables  Siendo así las cosas, la respuesta del Ayuntamiento no constituye un acto impugnable.

Procedencia de indemnización por la alteración del planeamiento. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 22 de septiembre de 2008
La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona va a determinar la procedencia de indemnización por la alteración del mismo. La entidad recurrente adoptó iniciativas directamente encaminadas a la efectividad de sus previsiones, como fue la de promover el correspondiente Plan Especial de Reforma Interior, que efectivamente fue objeto de aprobación definitiva, así como la petición de licencia de demolición y, una vez otorgada ésta, la ejecución del derribo y el acondicionamiento de la parcela. Resulta procedente entonces que la recurrente sea indemnizada por el importe de los gastos inherentes a tales actuaciones, pues se trata de iniciativas que se llevaron a cabo para la efectiva realización del planeamiento vigente y que a la postre ha quedado privadas de virtualidad por la decisión de la Administración municipal de modificar ese planeamiento.

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