edición: 2494 , Viernes, 22 junio 2018
14/11/2012

Atenta al derecho de huelga que tras una convocatoria la empresa aumente el número de despidos sin mediar cambios

Javier Ardalán
Una empresa que pretende en un primer momento modificar las condiciones de trabajo y extinguir los contratos de un número determinado de personas y, sin que se haya producido variación alguna en la situación económica  ni productiva y sin solución de continuidad, decide extinguir todos los  contratos de la plantilla, mediando una convocatoria de huelga, aunque pueda demostrar que la mala situación económica es real se  considerará que ha atentado contra el derecho de huelga de los trabajadores.

Así lo determina una importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 9 de octubre de 2012, que determina que el único acontecimiento o hecho que ha mediado entre los dos expedientes es un hecho objetivo: la convocatoria de una huelga indefinida por parte del Comité Intercentros, en decisión secundada por la Asamblea de trabajadores.

La ponente, la magistrada Biurrun Mancisidor señala que la empresa venia obligada a acreditar que la decisión de despido colectivo analizada carecía de toda relación o conexión con la vulneración del derecho fundamental protegido la huelga, lo que pudo hacer acreditando plenamente la concurrencia de las causas económicas alegadas, si bien esto tampoco permite siempre y en todo caso tener por cubierto el requisito, o bien demostrando que, aunque la causa económica no concurra plenamente, su decisión respondía a razones totalmente ajenas a la vulneración del derecho fundamental de huelga.

Destaca también la magistrada, la llamada "pluricausalidad", que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en torno a los despidos disciplinarios, en una línea doctrinal prolongada, de la que, menciona las sentencias de 18 de enero de 1996, de 25 de febrero de 2002 y de 13 de febrero de 2006. Esta doctrina considera aplicable a este tipo de supuestos, aunque las causas invocadas por la empresa para el despido no sean, desde luego, disciplinarias, pues son objetivas o empresariales, de carácter económico.

Los despidos "pluricausales" son aquellos despidos en los que, frente a los indicios de lesión de un derecho fundamental, el empresario alcanza a probar que el despido obedece realmente a la concurrencia de causa (en el caso causa económica) que justifica la adopción de la medida extintiva.

El verdadero sentido de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional a este respecto consiste en que "cuando se ventila un despido pluricausal", en el que confluyen una causa, fondo o panorama discriminatorio y otros eventuales motivos simultáneos de justificación, es válido para excluir que el mismo pueda considerarse discriminatorio o contrarío a los derechos fundamentales que el empresario acredite que la causa alegada tiene una justificación objetiva y razonable que, con independencia de que merezca la calificación de procedente, permita excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado".

De este modo, la magistrada considera que el Tribunal Constitucional ha considerado que subsiste la carga probatoria para el empresario de acreditar que la decisión extintiva obedece a motivos extraños a todo propósito atentatorio contra el derecho fundamental en cuestión.

Es decir, en palabras del Tribunal Constitucional “en estos supuestos podrá neutralizarse el panorama indiciario, en primer tugar, acreditando de manera plena la causa legal expresada en la carta de despido, siempre que ese resultado probatorio revele efectivamente la desvinculación entre el acto empresarial y el derecho fundamental invocado (pues, como se sabe, la declaración de procedencia de despido no permite descartar -en todo caso y sin excepción- que éste sea lesivo de derechos fundamentales”, tal y como razonó la sentencia de 28 de enero de 2006.

En segundo lugar , destaca que los indicios también podrán resultar contrarrestados, incluso si no liega a acreditarse el incumplimiento contractual aducido en la carta de despido, cuando el empresario demandado demuestre -que es lo trascendente desde la perspectiva constitucional que los hechos motivadores de su decisión se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales.

Dicho de otro modo, la acreditación plena del incumplimiento contractual habilitante del despido permite entender, en principio y como regla general, satisfecha la carga empresarial de neutralización de los indicios; pero también neutralizará el panorama indiciarlo aquella actividad probatoria de la empresa de la que quepa concluir la desconexión patente entre el factor constitucionalmente protegido (aquí, la orientación homosexual) y el acto empresarial que se combate (el despido, en este caso), logre o no logre probar fehacientemente el empleador, además, la causa legal disciplinaria contenida en el escrito de comunicación del despido.

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