edición: 2065 , Viernes, 30 septiembre 2016
03/09/2008

Aumenta el control autonómico sobre las empresas de construcción

Xavier Gil Pecharromán

Las empresas contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción deben estar inscritas, a partir de ahora, en el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la Construcción (REASC) de la comunidad autónoma en la que se encuentre su sede social, según regula la Real Decreto 1109/2007, del 24 de agosto. No hacerlo y que te pille la Inspección de Trabajo supone sanciones que oscilan entre 1.500 y 30.000 euros. Se trata de una medida de control que busca reforzar la seguridad de los trabajadores de estas empresas.

Esta obligación viene a sumarse a las exigencias fiscales que obligan a estas empresas a solicitar certificados de estar al corriente de pago con Hacienda para que quien les contrata no cargue con sus responsabilidades tributarias en el caso de ser incumplidas.

Esta obligación implica a las empresas dedicadas al movimiento de tierras, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, acondicionamientos o instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación, trabajos de pintura y limpieza, y las que se dedican a trabajos de saneamiento,  También las empresas de transporte que no estén debidamente inscritas no podrán trabajar en las obras.

Fenadismer, una de las patronales más representativas del sector del transporte, esta obligación legal afecta a entre 15.000 y 20.000 empresas de este ámbito, que suponen alrededor de un 15% del sector.

Aunque todavía no se conocen cifras oficiales, los sindicatos han revelado que en Galicia solo se ha dado de alta un 14% del total, mientras que en el País Vasco lo ha hecho un 60%.

Además, Comisiones Obreras estima que del total de 488.000 empresas que en la actualidad trabajan en el sector de la construcción en España, 228.000 no cuentan con trabajadores asalariados por lo que no están obligadas a darse de alta en el Registro, tal y como sucede con los autónomos que no cuentan con empleados.

La inscripción debe formalizarse ante cada comunidad autónoma, lo que ha generado ciertos problemas, puesto que cada una ha establecido criterios diferentes a la hora de determinar qué empresas deben acreditarse y cuáles no. Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sólo es obligatorio el registro para las empresas que desarrollan todo su trabajo dentro del recinto de la obra, mientras que en Galicia se amplía esa obligación a todos los vehículos que sean contratados por la empresa responsable del tajo. También a los que llevan materiales hasta allí o se encargan del desplazamiento de los operarios.

Las empresas contratistas y subcontratistas  deben renovar la inscripción cada tres años y solicitar la cancelación de la inscripción cuando dejen de cumplir los requisitos previstos para la entrada y permanencia en el Registro. Las comunidades autónomas pueden suprimir la inscripción ante incumplimientos laborales graves de las empresas.

El objetivo de esta nueva obligación administrativa es controlar a las empresas que entran en las cadenas de subcontratación para garantizar que cumplen unas normas mínimas de organización interna que acrediten la calidad en el empleo y, por lo tanto, la seguridad de su plantilla, requerimientos exigidos por la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.

El formulario de solicitud de registro, junto a la declaración jurada, exige al solicitante una descripción detallada del tipo de trabajos que realiza, la relación de los medios materiales y personales de que dispone y sus respectivas cualificaciones. Es decir, obliga a las empresas a certificar la formación que han recibido sus trabajadores para desempeñar las tareas asignadas.

Esta ley, ampliada por el decreto que acaba de entrar en vigor, señala en su exposición de motivos que, diez años después de ser aprobada la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, resulta un ´hecho incontestable´ que la construcción continúa registrando una siniestralidad laboral muy notoria, sobre todo debido a las ´cadenas de subcontratación´.

Describe asimismo que ésta ha sido una práctica habitual en el sector y que la subcontratación llevada al extremo apenas si deja margen empresarial, con lo cual favorece el trabajo sumergido. Un tipo de fraude que, a su vez, va en detrimento de las medidas de seguridad y es un factor que acentúa los riesgos laborales en las obras.

La normativa señala que las empresas deben contar con un número de trabajadores indefinidos no inferior al 10% durante los dieciocho primeros meses de vigencia de esta ley, ni al 20% durante los meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.

El Registro, además de mejorar los contratos de miles de trabajadores eventuales de empresas constructoras, va a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en uno de los sectores que más accidentes laborales sufre.

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