edición: 2747 , Miércoles, 26 junio 2019
06/10/2014
OBSERVATORIO DE ECONOMÍA

Avances en el `Compliance´ del buen gobierno corporativo

Alain Casanovas* (KPMG)

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el pasado 30 de mayo el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del buen gobierno corporativo.  Este texto señala que la complejidad de las estructuras de gobierno corporativo de determinadas entidades y su falta de transparencia, hacen difícil determinar la cadena de responsabilidad, que ha sido una de las causas de la crisis financiera.

La pertinencia de este Proyecto de Ley no sólo radica en aclarar la cadena de responsabilidad en las organizaciones, sino también en otros aspectos como evitar la asunción imprudente de riesgos, cuestión que enlaza con una parte de los cometidos de Compliance. En este sentido, teje un hilo directo de responsabilidad hacia el consejo de administración, cuando entiende que forma parte del núcleo esencial de sus labores de gestión y supervisión, la gestión de riesgos, otorgándole incluso el estatuto de competencia indelegable.

Ciertamente se puede –y en entidades cotizadas, deben- delegar dicha labor a una Comisión específica, pero ello no obsta la obligación de supervisar su efectivo funcionamiento, así como el de los órganos delegados y directivos que hubiera designado. Las entidades cotizadas deberán constituir, al menos, una comisión de auditoría y una, o dos comisiones, de nombramientos y retribuciones. Entre las funciones mínimas de la comisión de auditoría se cuenta la supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.

Puesto que estos últimos riesgos derivan del incumplimiento de la normativa –fiscal- y para guardar consistencia con ese enfoque, parece que los Sistemas de Gestión de Cumplimiento (Compliance Management Systems –CMS-), destinados a prevenir y gestionar otros riesgos de incumplimiento, se encontrarían dentro del ámbito de supervisión de la comisión de auditoría. Sin embargo, aunque muchas de las comisiones de auditoría ya están asumiendo ese rol, existen organizaciones que prefieren ubicar su CMS al amparo de otras comisiones: la de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), por ejemplo, al entender que el cumplimiento de las normas y estándares éticos -y prevención de los riesgos derivados de su vulneración- es una cuestión más vinculada a una gestión responsable.

Posiblemente no era necesario que el Proyecto de Ley se decantase hacia una solución u otra, siendo lo realmente importante que la gestión de los riesgos de incumplimiento (incluidos los de la normativa fiscal) estuviesen ubicados en el entorno de mayor eficacia, según las circunstancias de cada organización. Por otra parte, estando en tramitación parlamentaria un Proyecto de modificación del Código Penal que introduce la obligatoriedad de modelos de prevención de los riesgos penales en las empresas, llama la atención el silencio del texto acerca de ellos y el gran protagonismo que otorga a la gestión de riesgos fiscales, como si el pago de los impuestos tuviese mayor conexión con el buen gobierno que velar por bienes jurídicos especialmente protegidos, como la vida o la salud de las personas.
Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones, y así llama la atención que una norma sobre buen gobierno corporativo se adentre en terrenos proclives a malas praxis. Así, en relación con el deber de lealtad de los administradores, se establece la obligación de adoptar ciertas medidas que les prevengan incurrir en conflicto de interés: abstenerse de obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.

Es llamativo que tratándose de conductas peligrosamente próximas al delito de corrupción entre particulares, introducido en nuestro ordenamiento en el año 2010, su prohibición sea susceptible de dispensa por acuerdo de la Junta General. Con toda seguridad no ha sido esa la intención del Legislador pero, junto con los otros aspectos apuntados anteriormente, denota cierta falta de sensibilidad con las mejores prácticas de Compliance. Sea como sea, es siempre positivo avanzar en la mejora del buen gobierno corporativo, aunque no se aúnen inicialmente las tendencias más avanzadas en materia de cumplimiento de las normas y estándares éticos.

*Socio responsable de Cumplimiento Legal de KPMG Abogados

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