edición: 28267 , Jueves, 17 octubre 2019
15/03/2017
Contaminación metropolitana, un negocio

Ayuntamientos y CC AA, a la caza de las subvenciones estatales al automóvil

Medidas restrictivas -presión a usuarios y al Estado- el medioambiente es un problema con mucho dinero
Juan José González
Las preocupaciones medioambientales tienden en estos tiempos a inundar los despachos de los gobiernos locales y autonómicos, aunque sean los de Barcelona y Madrid los que, dado su tamaño y peso político, hayan alcanzado hasta la fecha mayor eco e interés mediático. Y no serán los últimos porque en el cambio climático se dan cita, por asociación de utilidad mutua, intereses políticos y económicos. Políticos en tanto visibilidad pública de una batalla que tiene buena `venta´, al mostrar la preocupación por la calidad del aire, del agua y demás elementos. Y económicos en tanto -y también batalla- que implica el movimiento de capitales, esto es, programas, planes y proyectos cuyo soporte económico conlleva una asignación presupuestaria y acceso a fondos que el Estado central destina a los programas de ayudas; en otras palabras, subvenciones. Y así, amparados en la buena `venta´ de lo `verde´ y ecológico, combinados con las preocupaciones sobre la salud pública y el ocio, proliferan y se multiplican las medidas para contener -y disminuir- la contaminación metropolitana, las boinas que reflejan los hábitos energéticos de la población.
Es cierto que la mayoría de la población mundial vive en lugares donde no se siguen las directrices más elementales que propone de forma reiterativa la Organización Mundial de la Salud. Ciudades con la mayor concentración de industrias e intensidad de tráfico rodado y sin que el Gobierno central, en el caso de España, haya puesto algún empeño como el que ahora muestran algunas corporaciones locales, casos de Barcelona y Madrid. Y aunque es probable que estos esfuerzos no logren resolver todos los problemas de contaminación medioambiental, sirven, al menos, para proyectar una determinada imagen de gobierno con su rédito político adjunto.

Pero el interés político de los gobiernos locales y autonómicos se mezcla en el caso de la automoción con el interés económico por las ayudas y subvenciones que desde el Estado se realizan con destino al sector del automóvil. Y en concreto, son las ayudas concedidas por la Administración central a los planes de incentivos al vehículo eficiente (Plan PIVE) el filón económico que se pretende abordar por parte de las Administraciones locales. Planes que han recibido cerca de 2.600 millones de euros (entre préstamos y subvenciones) desde 2009 procedentes del Estado y que se deberían sumar a otros préstamos al sector que fueron destinados a programas de fomento de la competitividad por valor de 4.000 millones de euros.

Los planes del ministerio de Industria en el presente ejercicio contemplan la actualización -o regreso a las ayudas al sector- de algunos planes como el PIVE o el Movele para subvencionar los vehículos eléctricos y dirigidos al consumidor en lugar de ayudas y préstamos a los fabricantes del sector. En principio, la idea que guía los nuevos planes de Industria consistiría en alinearse con las iniciativas de las Administraciones locales en materia medioambiental, para hacer frente al cambio climático, reducir las emisiones contaminantes de los vehículos al tiempo que resolver el problema del envejecimiento del parque automovilístico.

España fabrica al año casi tres millones de automóviles y es el octavo fabricante mundial: unas 5,5 unidades salen cada minuto de las 17 fábricas instaladas en el país. Si bien la mayor parte de los vehículos están destinados al comercio exterior, no debería ser un problema aumentar la parte destinada al mercado interior de las unidades menos contaminantes. Sirva de ejemplo en este apartado de coches con menores emisiones el hecho de que hace tres meses los coches que circulaban por las ciudades españolas, propulsados por gas natural, apenas alcanzaban las 6.200 unidades, lo que da una idea del atraso en la sustitución de combustibles más contaminantes y, por tanto, en el retraso de la lucha contra el cambio climático.

Pero difícilmente se puede aspirar a resolver los problemas y los efectos del cambio climático en las ciudades, si los esfuerzos se realizan sólo desde el lado de la regulación, de las medidas y ordenanzas municipales y autonómicas para limitar el acceso a determinadas zonas urbanas de las capitales. Ni tampoco si la calidad del aire depende en gran medida de elementos tales como la calefacción doméstica, los procesos industriales y el transporte por carretera, es decir, del 70% de la contaminación. De ahí que las medidas restrictivas propuestas vayan a tener tan sólo un efecto disuasorio en la utilización del coche y no en la sustitución por un vehículo eficiente, lo que sin duda, pertenece más al ámbito estatal, donde se encuentran la financiación con subvenciones o con incentivos fiscales, que son, precisamente los que aspiran a gestionar las autoridades locales.

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