edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
24/07/2015
banca 
Mala experiencia, peor recuerdo

Políticos progresistas ven en Bankia la banca pública de Juncker

La Comisión Europea quiere evitar la intermediación de la banca convencional en 315.000 millones de euros
Juan José González
Un grupo de políticos y sindicalistas españoles del entorno de la Fundación Alternativas, acaba de encontrar en el llamamiento realizado por Bruselas a los Gobiernos de la Unión Europea, para que consideren la creación de "instituciones de banca pública", ha devuelto las alas a los partidarios -`promotores ideológicos´- de que el sistema financiero español cuente con un brazo de banca pública. Para su puesta en marcha (o en valor, como apuntan) sugieren que sea Bankia el eje sobre el que se mueva la banca pública, puesto que el Estado es el propietario mayoritario. En el intento de resucitar la idea en cuestión, no tienen en cuenta ni el pasado reciente de las cajas de ahorros quebradas ni la línea de liquidez, o asistencia financiera, que mantiene el Banco de España para evitar el cierre o impago definitivo de las deudas que han dejado algunas de ellas. Tampoco entienden que el ICO desarrolla, aunque de forma muy limitada, las funciones pretendidas ahora por Juncker.
En cualquier caso, si la Comisión Europea de Juncker aboga ahora por este tipo de "entidades públicas especializadas" en la financiación empresarial, no estaría demás que explicara las razones cuya influencia han logrado, nada menos, que convertir la desconfianza ideológica en un modelo hasta ahora presentado como paradigma de la mala gestión y fuente de interferencias políticas, en la auténtica solución al problema de la escasez de financiación. Porque no vaya a ser que, pese al desgraciado currículum que acumula la banca pública, los Gobiernos den la espalda a una idea brillante, por mucho que, de entrada, no lo parezca.

Subyace, tanto en el fondo como en la forma, una ligera estela de resentimiento público o institucional hacia el sector bancario europeo, basado en la idea de la incapacidad mostrada en los años duros de la crisis para hacer frente a la demanda de crédito, dejando sin recursos financieros áreas como las que menciona ahora la Comisión Europea. Se refiere en concreto a proyectos de infraestructuras, I+D y otros planes medioambientales, todos ellos generadores de importante actividad empresarial y, por ello, motores de recuperación económica.

En suma, operaciones que, en términos de negocio puro y duro, no fueron consideradas interesantes por la banca comercial. Como también, al enumerar Bruselas los motivos de su nueva idea (bancos nacionales de promoción) parece querer dejar a la banca privada o comercial en un lugar al margen de la intermediación de la colosal línea de financiación de los 315.000 millones de euros de capital público y privado del `Plan Juncker´.

No se escucharon en su día sus críticas o ideas hace apenas unos años cuando las cajas de ahorros, consideradas en ese momento como banca pública (directivos nombrados por los representantes políticos y demás, guiados por criterios de interés dudosamente público) causaron el mayor roto que se le conoce al sistema financiero español.

Y aunque sea cierto que la banca convencional no atendió convenientemente la totalidad de la demanda de crédito empresarial en plena crisis, los `promotores´ de la banca pública no deberían estar tan seguros de su actitud de echarle las culpas al sector bancario por falta de solidaridad, pues se entiende que, tanto pública como privada, la banca se debe guiar siempre por criterios de rentabilidad de los recursos. Al menos, es el reproche que se le hizo en su día a las cajas de ahorros que terminaron en la quiebra.

Quizá haya llegado la mejor ocasión para que se propongan ideas novedosas -de verdad- sobre la financiación empresarial en una fase postcrisis y dejar a un lado el interés en resucitar viejas costumbres políticas -que buscan ejercer el control y la intervención en el sistema financiero- o volver a discusiones rancias y ya solventadas como son el papel y la función que, según los `promotores de la banca pública´, debe cumplir la banca moderna en el sistema financiero.

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