edición: 2361 , Lunes, 11 diciembre 2017
07/02/2012
Cruce de acusaciones a propósito de la reforma

Banca y Gobierno muestran sus diferencias de fondo sobre la crisis

El Decreto Ley de la reforma financiera elige al inmobiliario como chivo expiatorio
El sector logró financiación en 2011 sin tantos problemas como sostiene el Gobierno
Emilio Botín, presidente de Grupo Santander
Juan José González

El Ejecutivo afirma en el decreto reformista -y con especial referencia- que los problemas ocasionados por el sector inmobiliario a los balances bancarios y, por tanto, a su falta de saneamiento, esta bloqueando el acceso de las entidades financieras al mercado de capitales. Esta posición del Ejecutivo, plasmada ahora en el citado decreto, parece haber irritado a un sector amplio de la banca y, particularmente, a los más grandes y medianos. Por alusiones, puede decirse que directas, no se pueden poner dudas acerca de la solvencia ni rentabilidad de los tres primeros grupos financieros españoles; Santander, Caixabank y BBVA, los cuales mantienen una amplia ventaja en los principales parámetros de gestión frente a sus competidores europeos, tal y como vienen mostrando estos días las cifras en la presentación de resultados.

El sector bancario contesta con cifras la aseveración del Ejecutivo, convencido éste de que es tan sólo la fuerte exposición al riesgo inmobiliario el origen del mal que impide que Santander y BBVA, por poner dos ejemplos de grandes demandantes de crédito, puedan financiarse sin problemas. Las cifras del sector muestran que en el período de mayor actividad en los mercados de capitales en el pasado ejercicio –en el primer cuatrimestre- el sector bancario levantó de los mercados 37.572 millones de euros, de los que 19.000 millones correspondieron a los dos más grandes. Incluso, las dos entidades han emitido en los últimos meses del año pasado y sin grandes dificultades en un mercado internacional dominado por las mismas incertidumbres que al principio de 2011.

Si los inversores hubiesen albergado dudas respecto a la solvencia o rentabilidad de los bancos españoles, difícilmente les habrían prestado cerca de 43.000 millones de euros el pasado ejercicio, luego hay que pensar en que la base sobre la que se construye el razonamiento del Gobierno en el Decreto Ley de reforma, no es correcta si se apunta al riesgo y exposición en el inmobiliario. Otro asunto es que a la sombra de esa, en principio coartada oficial, el Ejecutivo quiera conseguir despejar de problemas el camino de las ayudas de Bruselas a la reforma del sector bancario, idea demasiado burda como para que las autoridades comunitarias hicieran la vista gorda.

Para el Gobierno la banca es un chivo expiatorio, y en correspondencia con esta idea, la banca no siente reparo en hacer idéntica consideración hacia el Gobierno. Así que, al amparo de ese cruce de consideraciones, el Decreto Ley de la reforma del sector financiero, aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes, tiene a bien oficializar la teoría de los economistas radicales del departamento económico acerca de la relación entre financiación de la banca y su exposición al riesgo inmobiliario. Por su parte, el sector bancario escenifica su contrariedad con mensajes como el enviado por el primer banquero, Emilio Botín.

Colea, y seguirá coleando, la sentencia dictada por el presidente del grupo Santander en su causa por la adjudicación de la paternidad de la crisis española a una persona física. El veredicto, recientemente conocido, confirmó los temores previos a la comunicación de la sentencia: culpable en primer grado. Una sentencia que deja marcada a toda una época de gestión económica y política de la crisis contemporánea más profunda, como ha sido la correspondiente al zapaterismo. Botín aseguró en su afirmación que los políticos eran los culpables de la actual situación, sin querer ofender demasiado al alumno que fue suyo; José Luís, a quien en su mesa de despacho instruyó –aseguran conocedores del contenido de aquella lección- acerca de los flujos de capital privado en España y de la red del banco, grosso modo, pues el castellano leonés no lograba conciliar el significado de perímetro bancario ni la formación bruta de capital fijo –vulgarmente, inversión-.

Al final, la sentencia de Botín encuentra numerosos fundamentos de derecho, en este caso, de razón, sobre las actividades desarrolladas por los condenados, ministros del área económica, vicepresidentes y presidente incluidos. Sin embargo, se olvida la sentencia de un parte fundamental en sus consideraciones finales, como es que la comisión del delito –no reconocer la crisis entre otros muchos- no habría sido posible sin la cooperación de un sector bancario -y entre ellos, y con notable sobresaliente, Santander- que llegó a acumular en tan sólo tres ejercicios un 48% más en crédito hipotecario que la base de depósitos de particulares, con el resultado final –actual- de una deuda que difícilmente borrarán las dos siguientes generaciones de herederos de los actuales deudores. Así las cosas, los banqueros –y entre ellos el juez Botín, y a efectos jurídicos- se convierten en estos cruces de opiniones en cooperadores necesarios en los mismos cargos que los condenados políticos.

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