edición: 3054 , Viernes, 25 septiembre 2020
02/05/2011
Multas de 18.000 euros y dos años de inhabilitación para pérdidas de 830 millones

Banco de España y Economía dispuestos a actualizar las sanciones a la banca

Las impuestas a las intervenidas CCM y Cajasur evidencian su desfase legal
Juan José González

A veinte días de cumplirse el año de la intervención de Cajasur, la caja de la Iglesia, por parte del Banco de España, el supervisor ha logrado sacar adelante y con notable esfuerzo de dedicación jurídica, una propuesta –al ministerio de Economía- de sanción de 38 exdirectivos y exconsejeros de la entidad financiera andaluza, cuya intervención fue aprobada el 21 de mayo de 2010. Con independencia de que la tardanza en la decisión, acorde con la celeridad y velocidad con que se desarrollan las decisiones judiciales en España, incluso, con la cuantía de la propuesta de sanción a los entonces gestores financieros con 2,4 millones de euros, llama la atención la actuación del Banco central español, obstinado en su tozudez de aplicar una legislación atrasada y caduca a conductas de administradores que en pleno siglo XXI, conocedores de una legislación permisiva por laxa, no tienen el menor escrúpulo en emprender aventuras financieras y empresariales fuera de todo lugar y tiempo. Porque, si al final esta sale mal, el Estado siempre salva de la quiebra y las multas no son para echarse a temblar. Por ello, ya se trabaja en una propuesta de reforma de legislación mercantil y penal que pondrá al día sanciones más acordes con la realidad, tamaño y volumen de las aventuras.

Gran Bretaña, Suiza, Irlanda e incluso, hasta Islandia, ya tienen en marcha las nuevas normas que rigen algunas conductas de los banqueros, una vez que la factura que han debido pagar por la crisis de sus bancos privados respectivos con cargo a las cuentas públicas y su consiguiente repercusión sobre el déficit del Estado, algo que, afortunadamente no ha sucedido en España. La sanción, o propuesta de sanción a Cajasur, puesto que el Banco de España la ‘eleva’ al ministerio de Economía para que éste la apruebe, deniegue o modifique, era esperada por el sector para comprobar hasta qué punto el legislador mantenía, y seguía, aplicando la misma vía de sanciones que llevó a cabo en Caja Castilla La Mancha hace ahora dos años, a la vez que un año antes de producirse la segunda intervención en una entidad financiera, allá por el 28 de marzo de 2009.

Y efectivamente, el Banco de España clavó en Cajasur el guión aplicado en la CCM: sanciones de entre 18.000 euros a 180.000 euros a los firmantes de las actas de consejo en determinadas decisiones, además de inhabilitación de uno a cinco años en el cargo. De esta forma, no parece que en la decisión de la semana pasada del Banco de España sobre Cajasur, haya habido cambios en los criterios y razonamientos para proponer sanciones a conductas que se han saldado, ya entrados en el siglo XXI, con desaguisados contables –y sus repercusiones laborales-. Desaguisados que dibujan a la perfección un esperpento, mejor dicho, dos, puesto que el de la CCM le va a la zaga a la andaluza.

El de Cajasur –el desaguisado- se saldó con pérdidas, inicialmente estimadas por el supervisor, de 600 millones de euros para unos fondos propios de 230 millones sobre un activo de 19.000 millones de euros. El de la CCM –también desaguisado- fue  superior, al ser intervenida con 831 millones de pérdidas y un patrimonio neto negativo de 252 millones. Curiosamente, las dos compartían un rating de BB+, lo que llevó a afirmar a un inspector del Banco central que la manchega, como la andaluza, hacía tiempo que se encontraba en el reino de Dios, en otro mundo.

Cuestiones espirituales al margen, el Banco de España se ha propuesto juzgar las más terrenales, y en estas ha descubierto errores flagrantes. Como por ejemplo, las deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control de los riesgos en el sector inmobiliario. Estas actuaciones tuvieron lugar a lo largo de los últimos seis ejercicios, entre 2005 y 2010, siendo la base de las irregularidades contables en la entidad. Por la misma vía, la andaluza, también a juicio del Banco de España, incurrió en varios incumplimientos de los coeficientes de solvencia, así como la excesiva concentración de riesgos empresariales. Cuestión al margen, es la relativa al incumplimiento del pliego de actuaciones acordado por la caja y el supervisor para llegar a la fusión con Unicaja, salvavidas ‘terrenal’ de la entidad de la Iglesia que habría garantizado su viabilidad, pero que el consejo de la intervenida incumplió y que el supervisor califica de presunta infracción.

Como colofón a las intervenciones de las dos entidades –CCM y Cajasur- el legislador entiende y el ministerio de Economía comprende, que el escenario de las crisis bancarias  ya no se corresponde, ni de lejos, con el que reflejan las normas mercantiles y penales, conforme a las que el Banco de España acaba de sancionar a los 38 directivos de Cajasur, la misma que en su día se aplicó al presidente, director general y veinte consejeros de la también intervenida Caja de Castilla La Mancha.

Ahora la cuestión que aparece en el horizonte más próximo es saber si, en las tres o cuatro entidades en las que próximamente entrarán los administradores públicos, por la vía de las ayudas del Frob, serán necesarias actuaciones que terminen en propuesta de sanción como las de Cajasur y CCM. Y en este caso, sí que sería necesaria la aplicación de las nuevas normas mercantiles que ya están en marcha, si bien, en esta ocasión, la capacidad para acelerar los cambios estará en el ministerio de Economía y no en el Banco de España.

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