edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
20/12/2018
banca 
LA OREJA DE LARRAZ

Banco de España puede limitar la parte de la renta disponible que un prestatario puede destinar al pago de su deuda

Javier Ardalán
Banco de España podrá fijar límites sobre la parte de la renta disponible que un prestatario puede destinar al pago de su deuda o al endeudamiento máximo que puede obtener dadas las garantías aportadas.
También está habilitado a partir de ahora para incrementar los requerimientos de capital sobre una cartera de exposiciones específica, para limitar las exposiciones de las entidades de crédito a sectores económicos concretos y para establecer límites y condiciones sobre la concesión de préstamos, adquisición de renta fija y derivados por parte de las entidades de crédito.

Así, se regula en el Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas microprudenciales, en el que se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para establecer limitaciones a la exposición agregada ante un determinado sector económico o categorías de activos por parte de entidades aseguradoras y reaseguradoras, y se le otorga la posibilidad de fijar condiciones a las transferencias de riesgos y carteras de seguros que realicen las citadas entidades. Todo ello, siempre que puedan afectar a la estabilidad del sistema financiero.

También, se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder establecer limitaciones a determinadas actividades por sus entidades supervisadas que generen un aumento excesivo del riesgo o del endeudamiento de los agentes económicos que pudiera afectar a la estabilidad financiera.

La Junta Europea de Riesgo Sistémico conminaba a los Estados miembros de la Unión Europea a crear o designar una autoridad con potestades microprudenciales en su Recomendación ya mencionada de 2011. España es uno de los dos únicos países entre los veintiocho que conforman la Unión Europea que aún no cuenta con una autoridad macroprudencial nacional. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional ha insistido repetidamente en la necesidad de que España cuente con una autoridad macroprudencial nacional. 

En concreto, en el Programa de Evaluación del Sector Financiero para España de 2017, el Fondo Monetario Internacional apunta que “El establecimiento de un Consejo del Riesgo Sistémico interinstitucional potenciaría la vigilancia del riesgo sistémico y la toma de decisiones microprudenciales ayudaría a abordar la creciente interconexión sistémica del sector financiero”.

Hasta la creación de esta autoridad, la disposición transitoria única prevé que estas comunicaciones se realicen al Comité de Estabilidad Financiera. Este órgano está compuesto por representantes de los supervisores sectoriales y del Ministerio de Economía y Empresa y tiene como tarea principal la discusión sobre posibles vulnerabilidades para la estabilidad financiera con vistas a prevenir crisis con efectos potencialmente sistémicos. De hecho, está previsto que sea sustituido por la autoridad macroprudencial nacional cuando esta se cree. Así, este comité es el idóneo para recibir dichas comunicaciones en tanto no esté operativa esta última.

En vista de las recomendaciones formuladas a nivel internacional por el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Estabilidad Financiera y la Junta Europea de Riesgo Sistémico relativas a la introducción en el corto plazo de las herramientas microprudenciales necesarias para hacer frente a posibles vulnerabilidades para el sistema financiero, resulta extraordinariamente urgente y necesario abordar esta cuestión sin dilación.

En concreto, y en línea con lo establecido en el artículo 458 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de julio de 2012, y la recomendación del Fondo Monetario Internacional en su Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2017, resulta necesario y urgente dotar al Banco de España de la potestad para fijar límites al endeudamiento de los agentes económicos. Las herramientas actualmente existentes actúan fundamentalmente vía precios, encareciendo la concesión de crédito a través de la imposición de colchones de capital. 

Estas herramientas tienen un impacto sólo indirecto sobre los flujos de crédito y, de hecho, su efectividad se ve disminuida cuando las entidades ya tienen unos requerimientos prudenciales relativamente elevados, como sucede en la actualidad tras el notable incremento de estos tras las recientes reformas financieras.

Así, resulta necesario que el Banco de España pueda limitar vía cantidades la concesión de crédito de forma directa. Por extensión, y para evitar el trasvase de la actividad crediticia del sector bancario a los sectores del mercado de valores o asegurador, se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para poder establecer restricciones respecto a las entidades sujetas a su supervisión.

Adicionalmente, resulta necesario y urgente atribuir al Banco de España la capacidad para limitar la asunción de riesgos a nivel sectorial, restringiendo las medidas a las exposiciones a un sector determinado en el que se concentran los riesgos. Así, y como sucedió en la reciente crisis en el caso del sector inmobiliario, es posible que las vulnerabilidades estén ubicadas en áreas muy concretas del sistema. Las autoridades financieras deben responder ante la aparición de riesgos tratando de limitar su intervención al ámbito específico en el que realmente resulta necesaria.

Con este último objetivo, en este real decreto-ley se atribuye al Banco de España potestad para, con un enfoque sectorial, fijar el colchón de capital anticíclico y límites a la exposición. En el caso de los fondos de inversión, es necesario y urgente atribuir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores potestad para, en determinadas circunstancias, poder fijar requerimientos de liquidez a las instituciones y entidades de inversión colectiva. 

Las primeras constituyen fondos abiertos, es decir, con capacidad de sus partícipes para hacer retiradas de fondos en cualquier momento, lo que los hace especialmente vulnerables ante posibles retiradas masivas por tensiones de mercado. Además, estos fondos son comercializados entre particulares, lo que los hace sensibles desde el punto de vista social.

Por su parte, en el caso del sector asegurador, para evitar la transferencia de riesgos de un sector a otro resulta necesario atribuir al actual supervisor, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, aquellas herramientas que en el sector asegurador ayuden a evitar esas transferencias de riesgos, así como un posible arbitraje regulatorio.

Una vez detectadas estas herramientas con capacidad para contribuir a mitigar eventuales perturbaciones con un potencial impacto sistémico, resulta urgente y necesario que estas estén inmediatamente disponibles para su posible utilización por parte de los supervisores sectoriales.

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