edición: 2827 , Jueves, 17 octubre 2019
08/03/2018
banca 
El conflicto, en zona de peligro

Banco Santander se juega un bloqueo en el mercado norteamericano

El tiro por elevación de los inversores del Popular supone el mayor riesgo hasta ahora para el negocio de la entidad financiera en el país
Juan José González
Un grupo de 45 inversores mexicanos toman la iniciativa en un nuevo movimiento legal con acciones orientadas a poner en marcha un proceso ordinario de arbitraje internacional. Solicitan lo perdido por su inversión en el Popular (468 millones de euros, equivalente al 4,02% de banco) al Reino de España a través de una demanda al Gobierno español. Si éste no reembolsa lo perdido, recurrirán al arbitraje internacional. Por si no fuera suficiente, reclaman también al Santander los papeles secretos de la resolución de la JUR, y lo hacen ante un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, mercado comprometido para Santander y donde ahora se juega el riesgo de un bloqueo de su actividad. No son personas físicas ni jurídicas de medio pelo, sino accionistas con el 4,02% del capital del Banco Popular, 45 inversores y una decena de sociedades a las que tribunal neoyorquino escuchará con atención. Insisten en su reclamación -al igual que Santander y autoridades implicadas persisten en su ocultación- no sólo solicitan la devolución de lo perdido por la quiebra, unos 468 millones de euros, sino que exigen la reparación por lo que entienden se trató de una emboscada política y financiera en la que participaron instituciones públicas y privadas. La reclamación de los 45 accionistas mexicanos, con su decena de sociedades, se convierte en la pesadilla de Boadilla, al tiempo que abre un nuevo frente nada cómodo para un Gobierno que, apoyando la resolución del Popular, trataba de evitar un nuevo fiasco similar al de Bankia y que de ninguna forma se podía -ni se puede- permitir.
Para el comprador, sin embargo, el frente judicial se multiplica y complica al tiempo que amenaza con un riesgo razonable como es un posible bloqueo del banco en el mercado norteamericano. Un problema que el banco llevaba hasta ahora con relativa dificultad, aunque controlado, pero que ahora adquiere una dimensión mayor en tanto que sí puede producir daños mayores en las cuentas del Santander. Y no sólo en las cuentas. Una huella en la salud financiera y reputacional del banco que seguramente no pasará inadvertida para analistas, calificadoras, inversores y clientes particulares que verán en la ocultación y falta de transparencia del Santander una mancha, un perjuicio y, por tanto, un daño para la entidad financiera.

Por eso, el movimiento de los inversores con su reclamación en el Tribunal Federal de Nueva York para que Santander y la JUR hagan público la parte confidencial del informe Deloitte, sitúa el conflicto legal entre inversores demandantes y el Santander adjudicatario por resolución en un punto crítico. Crítico significa que ahora los inversores reclaman al Reino de España, a través de la petición directa al Gobierno, de la devolución de 468 millones de euros que invirtieron en la adquisición del 4% del Popular. Creen los reclamantes en la complicidad del Ejecutivo español en las jornadas previas a la decisión de la resolución de la JUR.

Lo creen en base a las sospechosas salidas de depósitos del banco que en cantidad de 4.000 millones de euros (el 40% de los depósitos del banco) fueron recuperados por empresas públicas. Aquí, la información privilegiada o los chivatazos pueden constituir, si lo estiman los jueces, pruebas de cargo evidentes a favor de los demandantes. Riesgos desconocidos y pasivos ocultos que decía el Santander, allá por el mes de julio pasado, cuando declaró haber provisionado para litigios 5.712 millones de euros, que bien podrían desbordar las previsiones del banco.

Cantidad que, a juicio de los expertos jurídicos (y en línea con el reconocimiento del Santander, en un informe de 162 páginas enviado a la CNMV) ya se demostraba en aquel mes de julio como insuficiente. Tanto es así que posteriormente Santander se vió obligado (por el ERE) a elevar en varias ocasiones la provisión para cubrir compensaciones de distinta naturaleza.

En teoría, debería ser el banco comprador, Santander, el que tomara la iniciativa y coger al toro por los cuernos para explicar, con claridad y transparencia, lo que se oculta en ese misterioso informe de Deloitte. Si algo no se quiere revelar es que se trata de un interés mayor ¿Y quién puede tener más interés -además de quien oculta la información- en conocer toda la información que sirvió para justificar la resolución del Popular? Los accionistas e inversores que ahora acuden al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para que éste solicite al Santander los documentos que los inversores consideran claves en el desenlace de la resolución del Popular.

El nuevo movimiento de unos inversores (y accionistas) muy indignados y cabreados por la postura de los técnicos de la JUR, del Gobierno español, de la CNMV y Banco de España, de la firma autora del informe secreto, Deloitte y del Bando Santander, va en serio en tanto que los afectados por la resolución del banco ha perjudicado sus intereses y la ocultación de la información de la resolución sólo crea desconfianza, emboscada y oscurantismo. Que ya es bastante como para seguir reclamando transparencia y, por supuesto, justicia.

Es probable que los paliativos misericordiosos ideados por la alta dirección del Santander, como el bono para compensar a los accionistas, esto es, para evitar que la montaña de reclamaciones supere cotas inabordables desde el punto de vista de las indemnizaciones, se queden cortos y al final la compra del Popular descabalgue los cálculos más ambiciosos de Santander sobre el retorno por la compra del banco quebrado. Paliativos con los que tampoco evitará el riesgo de bloqueo de la actividad de Santander en EE UU.

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